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Supuestos de subsanación ajenos a la audiencia previa y a la vista del juicio verbal.


— La consignación en la interposición del recurso de apelación (art. 449.6º LEC) 

Dice el Tribunal Supremo que el incumplimiento del presupuesto del art. 449.1 LEC, para la procedencia de los recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal y casación, no podrá ser subsanado mediante un pago o consignación extemporánea y solo será posible la subsanación de la acreditación del pago o consignación (AATS de 25 de septiembre de 2007, 23 de marzo de 2010 y 25 de mayo de 2010). Este criterio se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional elaborada en relación con otros precedentes normativos del art. 449 LEC que puede resumirse en los siguientes puntos:

a) La consignación para recurrir no constituye un mero requisito formal, sino una exigencia sustantiva o esencial, cuya finalidad es asegurar los intereses a quien ha obtenido una sentencia favorable, es un requisito esencial para acceder a los recursos que no cabe reputar desproporcionado, atendidos los fines a los que está ordenado. 

b) Este presupuesto deberá interpretarse una manera finalista o teleológica, atendiendo tanto a la propia finalidad que con su imposición persigue el legislador — asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio—, como al principio de interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva y a la regla general del art. 11.3 LOPJ. 

c) Debe distinguirse entre el hecho del pago o consignación en el momento procesal oportuno, y el de su prueba o acreditación. Será posible la subsanación de la falta de acreditación del cumplimiento cuando no se hubiese facilitado justificación de ese extremo, pero no la subsanación del pago o consignación en sí mismo. 

d) Solo podrá fundar una resolución de no— admisión del recurso por este motivo, la previa concesión de un plazo para la subsanación de la falta de acreditación de su cumplimiento. 

e) La decisión de no admitir el recurso por la falta de un requisito esencial se compadece plenamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de derecho a acceder y utilizar los medios de impugnación dispuestos por el legislador, de manera que solo tras ser establecidos en la Ley pasarán a formar parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, aunque siempre en la concreta configuración de cada una de las leyes de enjuiciamiento. Este criterio coincide con el aplicado por el Tribunal Supremo para el examen del cumplimiento del art. 449 LEC cuando afecta a otra clase de procesos distintos de los arrendaticios que llevan aparejado el lanzamiento (SSTS de 24 de noviembre de 2010, 5 de mayo de 2010, 29 de septiembre de 2010 y 19 de mayo de 2011). 

— La subsanación de los defectos en los actos de postulación o representación procesal. 

El Tribunal Supremo mantiene un criterio amplio en el régimen de subsanabilidad de defectos procesales que afectan a los requisitos de postulación dada la función de las normas que la regulan y, considera subsanable tanto la justificación del cumplimiento del requisito, como el propio cumplimiento del requisito en sí, mediante la fijación de un plazo de subsanación antes de extraer la consecuencia jurídica que a su falta se anuda legalmente (STS, Sala 1ª, 179/2015, 12 de mayo de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:2060) 

— La subsanación de los actos de comunicación. 

Advierte la STS, Sala 1ª, 171/2019, 20 de marzo de 2019 (ECLI: ES:TS:2019:898) que los actos de comunicación del órgano jurisdiccional con las partes poseen una especial trascendencia ya que son los medios idóneos para que la tutela judicial sea efectiva, siendo así que sólo mediante el conocimiento de las resoluciones judiciales podrán las partes adoptar una conducta defensiva. Por ello, los preceptos legales reguladores de los actos de comunicación procuran garantizar el conocimiento efectivo y oportuno de las resoluciones por sus destinatarios y, de ahí que el art. 166.1 LEC sancione con nulidad los actos de comunicación que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en la ley y puedan causar indefensión. Sanción, que dicho sea, incumbirá evitar a la parte actora cuando su quehacer procesal provoque el desconocimiento y la consiguiente indefensión de la parte contraria. 

Ahora bien, la indefensión a la que nos referimos tendrá que haberse producido de manera efectiva, de tal modo que cuando la persona notificada, citada o emplazada se hubiera dado por enterada en el procedimiento, las diligencias de comunicación practicadas irregularmente surtirán todos sus efectos. Lo recoge el art. 166.2 LEC, como excepción a la regla general de nulidad de los actos de comunicación irregulares causantes de indefensión establecida en el párrafo precedente y por lo mismo cuando, pese al defecto, un acto de comunicación viciado de nulidad llega a conocimiento de su destinatario, éste puede, o bien darlo por válido y conservar las actuaciones, o bien impugnarlo; lo que no debe hacer es dejar que las actuaciones avancen sin hacer notar la falta y, posteriormente, cuando le interese, pretender la declaración de nulidad de una notificación que, si bien inicialmente fue nula, luego quedó subsanada. 

En suma aunque el acto de comunicación adoleciere de alguna irregularidad, deberá producir plenos efectos, pues lo que no puede proteger el derecho es el desinterés, la pasividad o negligencia del interesado que adquirió, a pesar de un posible defecto de comunicación, conocimiento del acto o resolución judicial por otros medios distintos, supuesto en el que no podrá alegar indefensión, al depender su conducta activa o pasiva de su exclusiva conveniencia y acomodo. 

— La subsanación de falta de entrega de las copias con los escritos. 

La omisión del traslado de copias no es subsanable, porque la subsanación del art. 231 LEC se refiere a los actos defectuosos, pero no a los no realizados y podrá corregirse la falta de acreditación o un traslado deficiente aunque, en ningún caso, el omitido. Al decidir el Tribunal Supremo sobre supuestos relativos al cumplimiento del requisito ha conciliado dos principios: 

(i) la imposibilidad de subsanar el traslado de las copias una vez que se ha producido la preclusión del trámite para la realización del acto procesal de la parte (AATS de 6 de julio de 2004 y 17 de julio del 2007) (consúltese la STS, Sala 1ª, 360/2018, 15 de junio de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:2187) 

(ii) la imposibilidad de trasladar a la parte las deficiencias de funcionamiento de la Administración de Justicia (AATS de 22 de enero de 2002 y de 9 de abril de 2002), ambos conformes con lo declarado por el Tribunal Constitucional en la STC 107/2005, de 9 de mayo. 

— La subsanabilidad del error en la presentación del escrito ante otro juzgado hecha en plazo. 

No causa indefensión a la parte recurrente, ni menoscaba su derecho a la tutela judicial efectiva la interpretación judicial acerca de que resulta extemporánea la llegada fuera de plazo de un escrito de parte presentado en tiempo, pero en otro órgano judicial distinto del competente ( SSTC 117/99, 260/2000, 41/2001 y 90/2002; AATC 134/97, 80/99, 137/99 y 182/99 ) y que no existe vulneración de tal derecho cuando la falta de respuesta en el fondo se deba a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o profesionales que las representen o defiendan (SSTC 112/93, 364/93, 158/94, 262/94, 18/96 y 137/96), siendo igualmente doctrina constitucional que el acceso a los recursos extraordinarios es una cuestión de orden público procesal sustraída al poder de disposición de las partes e incluso del propio órgano jurisdiccional (SSTC 90/86, 93/93 y 37/95 entre otras), por lo que la Sala — que es la titular de la última palabra en materia de acceso a los recursos extraordinarios— al controlar la recurribilidad y la preparación deberá atender, en todo caso, a los criterios jurídicos correctos y efectivamente procedentes, sean o no coincidentes con los expuestos por el tribunal a quo al denegar la preparación 

Pero esta doctrina ya lejana del Tribunal Supremo deberá completarse con la contenida en la STC, 55/2019, 6 de mayo de 2019 (ECLI:ES:TC:2019:55) sobre cuándo se produce la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en el caso que la parte incurra en un error al confeccionar un escrito que consigna para su unión a un procedimiento que se encuentra en vía de recurso y, que podría aplicarse sin dificultad a otros supuestos en los que el error privase a la parte del acceso al proceso. De todas formas esa sentencia solo puede entenderse en relación una implantación tecnológica apresurada en la que se han reducido a dos las posibilidades procesales (escritos iniciadores y de trámite) y a otros dos los formularios correspondientes: el de los escritos y el de los actos de comunicación. 

El Tribunal Constitucional fija dos reglas: la primera, si la omisión o el error en la identificación es determinante de su no incorporación, la parte incurrirá en falta de diligencia, excluyente de la lesión del derecho a la tutela judicial del art. 24.1 CE; mientras que si constasen otros datos que razonablemente permitan la unión del escrito a las actuaciones correspondientes, la responsabilidad se desplazará al órgano judicial. Y, la segunda, que la insuficiente identificación de que adolezca el escrito de personación será un defecto subsanable, en tanto no adquiera firmeza la resolución judicial que declare precluído el trámite. En esta misma línea, la identificación del proceso será suficiente cuando, pese a expresarse incorrectamente el número de identificación del proceso de que dimanaba el recurso — ya en el encabezamiento o en el cuerpo del escrito— , el dato constaba correctamente en el propio cuerpo o en el suplico del escrito. También se admite la posibilidad de rectificar o subsanar los errores u omisiones identificativos de que adolezca el escrito de personación. 

Doctrina plenamente aplicable a las comunicaciones electrónicas en la administración de justicia que se realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal (art. 33.2 Ley 18/2011) y en tal sentido importa destacar que ni la Ley 18/2011, ni el Real Decreto 1065/2015, regulan el tratamiento de los posibles errores cometidos al cargar los datos en las distintas casillas que trae el impreso normalizado, pues lo único que el sistema exige es que se carguen los datos que resultan obligatorios, pero no verifica in situ que los mismos sean fidedignos. Es un sistema de transmisión de información y archivos por técnicas criptográficas cuyo propósito es permitir la comunicación segura entre el órgano judicial y las partes y eso explica que, en los casos de mera indicación errónea de alguno de los datos del formulario, el remitente no reciba un aviso de error del sistema ni el repudio de la transmisión. El error en alguno de los datos del formulario normalizado no podrá condicionar por sí sola la validez del acto de comunicación correctamente realizado. No impugnados los datos de la transmisión electrónica y del recibo que la acredita, el control que cabe por las leyes procesales y la doctrina del Tribunal Constitucional es aquel que cada órgano judicial deberá llevar a cabo sobre el escrito procesal que recibe (el «documento principal»; en su caso con sus documentos anexos) y al que debe de proveer.

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