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La cancioncilla de la ineficaz ejecución pública (o de la invisibilidad de los LAJS) (i)


Cuando el monitorio era cualquier cosa menos un monitorio y tenía toda clase de trabas legales (en realidad doctrinales, impuestas por personal ajeno a la obra y cercano a los campus universitarios) nadie podía imaginar que en la actualidad un altísimo porcentaje de reclamaciones de cantidad acudan a esa vía procesal y, cuando hablo de porcentaje no toco de oídas, sino de palotes, los de la estadística que reclama el Consejo General del Poder Judicial aunque no sepa bien para qué y, así el número de monitorios en un trimestre supera a todas las demás reclamaciones (juntas) que padecemos en el Juzgado, incluyendo los exhortos, que han sido seis y un título ejecutivo europeo. 

Si a ese hecho se añade que personal administrativo se encarga de dar trámite a tales reclamaciones y que se agotan en un par de resoluciones, pasando a ejecución, lógico parece que cuando se canturrea la cancioncilla de la presunta ineficacia de la ejecución (pública) de esa orden de pago (el decreto que pone fin al monitorio) y por extensión de todos los demás títulos ejecutables (sentencias, autos, escrituras, pólizas y laudos), demos algún dato cierto y objetivo ajeno a la creencia de que no hay ejecución eficaz porque no hay ganas de trabajar o medios para hacerlo, lo que nos lleva, ocioso es decirlo, pero se dice, a que la iniciativa privada acabaría con la bolsa de resoluciones pendientes al toque del 7ª de Caballería. 

Y ¿qué pasa con el dinero?, ¿no será que no hay una ejecución eficaz porque no hay con que pagar? y el embargo ¿nos gusta llenar de anotaciones los libros de los Registros de la Propiedad para que alguien practique el abecedario? y ¿no me dicen nada de los vehículos que nadie quiere, salvo las unidades de Hacienda y de la TGSS que saben qué hacer con ellos, porque tienen donde depositarlos? Podría seguir haciendo preguntas retóricas hasta el año que viene, pero lo de la canturreo de la ineficacia que no se contesta nunca desde la Administración de Justicia, comienza a producir cierto hartazgo y cansancio ya no hablemos de la calidad del sonetillo y de su coincidencia con la realidad. 

El problema, como en tantas otras ocasiones, es que cada Juzgado funciona con una ley de procedimiento, en el orden jurisdiccional que sea y aunque los protocolos de los órganos superiores del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia eran los llamados a salvar esas diferencias, parece ser que como en tiempos sucedía con la “independencia de la grapa” de algunos Jueces, ahora resulta que todo es “independencia y autonomía” en el Cuerpo de Letrados y, que no cabe unificar nada, porque cualquier cosa sería “procesal” y por tanto “autónomo”. Y así nos va y les pongo un ejemplo: las famosas liquidaciones de intereses, que no tienen ningún trámite en la ley tardan meses en unos Juzgados y semanas en otros. La razón se encuentra en que en unos se mal aplica el art. 24 CE y la obligación de notificar personalmente todo lo notificable, mientras que en los otros se hace una lectura de la norma aplicada al supuesto particular (ejecutado que no ha sido notificado ni localizado nunca, ha rechazado correo y se gana un puesto de honor en el tablón de edictos del juzgado). Que eso puede y debe protocolizarse, como dicen los modernos y mi reglamento coreano (lo digo por la extensión no vayan a pensar otra cosa), es de cajón. No les hablaré de la acumulación de ejecuciones por gastos de propiedad horizontal, ni de la manía de triplicar los procesos de ejecución presentando tantas demandas como títulos disponga el actor. 

Sí de cajón, como también lo es el agotamiento producen la reiteración de inútiles diligencias de averiguación y de ejecución cuando la información patrimonial de la que se dispone es anual (no diaria, ni semanal) y el derecho a los recursos y, antes que a nadie le de un infarto, habrá de recordarse que estamos en un proceso de ejecución, o sea, en el trámite en el que toca pagar, hacer o no hacer, nada más y sin embargo, el art. 24 CE brillando con luz propia puede convertir ese proceso en una suerte de carrera de obstáculos para caballos. O hipopótamos, para hipopótamos. 

De hecho el art. 258 CP demuestra la incapacidad de los Juzgados civiles (los sociales tienen detrás al FOGASA y a los contenciosos les basta un requerimiento) para ejecutar sus resoluciones y, por supuesto, la necesidad de una reforma normativa del proceso de ejecución por personal de la obra y no ajeno a la misma, llevando el impulso de oficio hasta sus últimas consecuencias y en un lenguaje tal que no suscite ninguna duda sobre lo que quiso decir o no decir el legislador, que tan entretenidos nos tiene en algunas ocasiones. 

Me queda el ciudadano, ese personaje entrañable que nunca sabe lo que firma y que no sabe lo que debe y, que de cuando en cuando acude al mostrador con una educación que se ha dejado en la puerta de casa, reclamando esto, lo otro y lo de más allá. Tutela judicial efectiva y gratuidad de la justicia que se emparejan con un romanticismo sin igual con el ejecutado que paga cuando en el último día de la subasta electrónica comprueba que hay un postor y que la cosa, esta vez, ha ido en serio; como si después de años la cosa no hubiera ido en serio y, sí la cosa va en serio desde el primer minuto y si ese principio (la obligación) se aplicara a rajatabla, dejaría de escucharse la cancioncilla de la ineficacia de la ejecución pública, porque quisiera recordarles que lo del 7ª de Caballería no acabó bien y que fue un desastre gracias al General Custer.

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