La petición de copias de las grabaciones no interrumpe plazos (STS 24 de abril 2018)


¿Se le ha acabado la paciencia al Tribunal Supremo con la tutela judicial efectiva y sus extralimitadas interpretaciones en el cumplimiento de los requisitos procesales? Sin que pueda darse una respuesta definitiva la STS, Sala 1ª, 244/2018, 24 de abril de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:1483) sí que apunta en esa dirección al estimar un recurso extraordinario por infracción procesal, anular la sentencia de una Audiencia Provincial y desestimar un recurso de apelación porque fue interpuesto fuera de plazo, lo que implicó la declaración de firmeza de la sentencia de primera instancia. 

El relato de los hechos que nos ocupan es el siguiente

El 16 de mayo de 2016 se dictó una sentencia en primera instancia, notificada el día 17 de mayo de 2016. El plazo de veinte días para recurrir en apelación vencía el 15 de junio y el recurso podía presentarse hasta el 16 de junio de 2016 a las 15:00 horas por aplicación del art. 135.5 LEC. 

El 14 de junio de 2016, a las 21,55 horas, el demandado presentó un escrito en el que solicitó la expedición de una copia de la grabación de la vista, con suspensión del plazo para interponer el recurso de apelación y por decreto de 14 de julio de 2016, el letrado de la administración de justicia acordó realizarla y suspender el plazo para formular el recurso de apelación, por apreciar concurrencia de fuerza mayor, "contando dicha suspensión desde el día 14 de junio de 2016". 

Por diligencia de ordenación de 15 de julio de 2016, se acordó el levantamiento de la suspensión del plazo acordado por el decreto, haciendo constar a la parte demandada que le restaban dos días para interponer el recurso de apelación. Sin embargo, en escrito del 18 de julio, el demandado alegó que la grabación presentaba defectos técnicos, por lo que interesó una grabación correcta y que se volviera a suspender el plazo para interponer el recurso de apelación. Por diligencia de ordenación de 19 de julio de 2016, se acordó hacer entrega de la grabación y reanudar el cómputo de los dos días que restaban para interponer el recurso de apelación a partir de la notificación de la resolución, notificación que se produjo ese mismo día. El 20 de julio de 2016 se presentó el recurso de apelación por el demandado. 

La Audiencia Provincial desestimó la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación formulada por el apelado porque pese al error que supuso suspender el plazo para apelar la sentencia, dado que la solicitud de una copia de la grabación del juicio no sería causa de suspensión del plazo, el apelante siguió escrupulosamente las pautas marcadas en las resoluciones que dictó el letrado de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia, por lo que "la interpretación que nos sugiere la apelada podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, a partir de una interpretación muy restrictiva". 

Hasta este punto y dejando al margen la forma de las resoluciones, esto es, más o menos, lo que hacemos todos cuando nos viene un cliente a última hora del viernes diciendo que no le funciona el CD, no ve la grabación o no escucha nada y, el plazo del recurso acaba el lunes siguiente. Hasta este momento también, todos accedemos a dichas peticiones porque el derecho a la tutela judicial efectiva en la interpretación que dan la casi unanimidad de las Audiencias Provinciales siempre es contraria al cumplimiento de los requisitos procesales; no al estricto cumplimiento, sino al simple cumplimiento, de tal modo que hasta que la parte no tiene la copia o accede a la grabación del juicio se amplía de hecho (o de derecho como fue el caso) el plazo que corresponda. Y, por último, hasta esta resolución, el Tribunal Supremo siempre había confirmado esa interpretación flexible y buena prueba de ello la tenemos en la consignación de los depósitos para interponer recursos en la que la regla general es ahora la subsanación (aunque no sea tal) por su omisión. 

Así que en este caso y en un cambio de rumbo ciertamente novedoso y, desde luego, muy grato, dice el Tribunal Supremo:

Ciertamente, la solicitud de una copia de la grabación de la vista formulada por el demandado con una antelación inferior a cuarenta y ocho horas respecto del último momento en que era posible presentar el recurso de apelación, no puede ser considerada en ningún caso como una causa de fuerza mayor que justifique la suspensión del plazo para apelar. 
4. El demandado pudo haber obtenido la copia de la grabación semanas atrás, desde el mismo momento en que se celebró la vista o, en todo caso, desde que se le notificó la sentencia perjudicial para sus intereses que determinó su decisión de recurrir, y no lo hizo hasta que estaba prácticamente agotado el plazo para recurrir, por razones que solo a él son imputables.
En tales circunstancias, la solicitud de una copia de la grabación no puede permitir la prórroga del plazo de interposición del recurso. En este caso, el plazo de veinte días hábiles previsto en la ley se vio ampliado en la práctica por otro periodo similar. La imposibilidad de recibir la copia de la grabación de la vista dentro del plazo de recurso no es una causa de fuerza mayor, pues en este caso tal imposibilidad fue debida a la falta de diligencia de la parte que pretendía interponer el recurso, que la solicitó cuando el plazo para recurrir estaba a punto de expirar.

Y en cuanto al argumento de la Audiencia Provincial sobre que el recurrente había seguido las pautas marcadas por el órgano judicial:

no se considera acertado, porque estas "pautas" fueron acordadas y notificadas al demandado una vez transcurrido con creces el plazo que tenía para recurrir la sentencia. Por tanto, las "pautas" del letrado de la administración de justicia no pudieron determinar la conducta del recurrente, que decidió dejar transcurrir el plazo de interposición del recurso sin presentarlo. 
6. Que el tribunal no diera respuesta, positiva o negativa, a la solicitud de suspensión del plazo para recurrir antes de que dicho plazo transcurriera, solo es imputable al propio recurrente, que formuló la solicitud cuando quedaban menos de cuarenta y ocho horas para interponer el recurso, con lo que era prácticamente imposible que el tribunal pudiera contestar a la solicitud de modo que el recurrente tuviera tiempo de interponer el recurso dentro de plazo. 
7. Por tanto, el apelante formuló una solicitud infundada de suspensión del plazo de recurso, que por su falta de fundamento y por el momento en que se produjo ha de ser considerada abusiva, a la que el órgano judicial no dio respuesta antes del transcurso del plazo para recurrir porque era prácticamente imposible hacerlo, por lo cual el recurrente no tenía la expectativa legítima de que el plazo fuera correctamente suspendido. Si no presentó el recurso de apelación en plazo (por más que en un momento posterior se dictara una resolución contraria a Derecho que accedía a tal suspensión con efecto retroactivo al momento en que la suspensión fue solicitada), tal circunstancia solo es imputable al propio recurrente.

En conclusión:

8. La consecuencia de lo expuesto es que el recurso de apelación ha de considerarse formulado fuera de plazo. La desestimación por la Audiencia Provincial de la alegación de inadmisión formulada por el apelado ha de considerarse contraria a Derecho, vulnera las normas esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra la de la improrrogabilidad de los plazos procesales, e infringe el derecho del demandante a la igualdad de armas procesales en cuanto al respeto de los plazos procesales y a que la resolución que estimó su pretensión solo fuera revocada por la formulación de un recurso dentro del plazo previsto por las leyes para interponerlo. 
Debe recordarse que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ampara a ambas partes, no solo a quien pretende interponer un recurso. La parte contraria tiene derecho a que el proceso se desarrolle con respeto del principio de igualdad de armas procesales, y que los plazos se cumplan para ambas partes.

Y tenga en cuenta el lector, por último, la supletoriedad de la legislación procesal civil respecto a los demás órdenes jurisdiccionales (art.4 LEC)

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