La liquidación de intereses de la mora procesal.


Dentro del concepto de intereses distinguimos, a efectos del proceso de ejecución, los intereses moratorios y los intereses legales o procesales, sin que puedan confundirse los de demora del art.1108 CC con los del art. 576 LEC ya que aquéllos exigen siempre la petición de parte, mientras que estos se impondrán cuando se condene a cantidad líquida, con independencia de su petición y además, en su cálculo habrá de partirse de la cifra concedida, no de la reclamada. 

La obligación de pago de intereses del art. 576 LEC, se genera «ope legis» por propio imperativo legal y surgirá de forma automática desde que se concrete en la decisión judicial la cuantía líquida a pagar, sin necesidad de petición expresa e incluso aunque nada se dijera sobre dicho extremo y siempre, claro está, que no hubiera pacto expreso de las partes. Se aplica de oficio en favor del acreedor, en un devengo anual igual al del interés del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda según el citado pacto de las partes o por disposición especial de la ley. El cómputo se iniciará desde que se dicta sentencia en primera instancia (o cualquier otra resolución procesal que tenga fuerza ejecutiva) y en caso de revocación parcial el Tribunal resolverá conforme su prudente arbitrio. 

Pero ¿cuando finaliza? La STS, Sala 1ª, 579/2008, 12 de junio de 2008 sostuvo que la consignación de la cantidad objeto de condena realizada por el deudor tras la sentencia tendría carácter liberatorio o, con mayor propiedad equivaldría al efectivo pago, de suerte que debería situarse en dicho hecho el término final del devengo de los intereses objeto de condena. Resultaría irrelevante que la sentencia no fuera firme en el momento en que se hizo la consignación, y que el Juzgado careciera entonces de competencia funcional por razón de la pendencia del recurso de apelación, primero, y del de casación, después, pues era el órgano jurisdiccional que conoció del asunto en primera instancia y el competente para llevar a cabo la ejecución de la sentencia. La consignación así efectuada liberaría al deudor. 

Sin embargo la reciente STS, Sala 1ª, 3/2018, 10 de enero de 2018 reconociendo que el deudor tendría derecho a liberarse de su obligación y que, si el acreedor se negase sin razón a admitir el pago que se le ofreciera, el deudor quedaría libre mediante la consignación (art. 1176 CC), para que se extinguiera la referida obligación sería precisa la aceptación de la consignación por el acreedor o que existiera una declaración judicial de que estuviera bien hecha (arts. 99.2 II, 3, 4 y 5 Ley 15/2015). Por tanto, la consignación no se entendería producida por la puesta de la cosa a disposición de la autoridad judicial. En el caso examinado solo constaba un certificado de la transferencia realizada a la cuenta del Juzgado. No constaba un decreto del letrado de la Administración de Justicia teniendo por aceptada la consignación (art. 99.3 LJV) ni, en defecto de aceptación por los demandantes, un auto judicial que tuviera por bien hecha la consignación (art. 99.5 LJV). En definitiva, no podría afirmarse que se hubiera extinguido la obligación de restituir a los demandantes las cantidades debidas. 

Habría una postura intermedia y que consistiría en que la consignación de la cantidad objeto de condena tendría una finalidad liberatoria cuando el condenado lo pusiera en conocimiento del órgano judicial, tanto el ingreso o la transferencia, como su finalidad, sin que pudiera admitirse la primera sin realizar ninguna clase de comunicación. No acaban ahí los interrogantes. Una adecuada práctica obligaría a liquidar los intereses en el proceso de ejecución y como resultado del pago del principal: la dificultad es mínima y de hecho ni tan siquiera sería necesario el dictado de ninguna resolución, pues bastaría con que el ejecutante facilitase una tabla de cálculo con el importe, el periodo y el porcentaje aplicado en cada tramo. 

En otro caso podría seguirse el trámite de los arts. 714 y 715 LEC o el que entendiese más adecuado cada órgano judicial. De hecho sorprende que pese a la reiterada crítica no se haya dado todavía una respuesta adecuada a la omisión que nos ocupa y que sigamos ignorando cómo podrían liquidan los intereses en el proceso de ejecución. Recuérdese, por lo demás, que el art. 576 LEC empeoró la redacción del derogado art. 921 LEC 1881, haciendo desaparecer el día final del cómputo y cualquier referencia para el caso de recurso. 

Dicho esto, no entiendo admisible acudir al incidente de liquidación de daños y perjuicios (arts. 712 y ss. LEC), pese a que sea la postura casi unánime en la práctica, porque no estamos liquidando ningún daño que precise discusión o prueba y la oposición del deudor podría llevarnos, en una interpretación literal, a un juicio verbal (art.715 LEC). 

En consecuencia podría seguirse idéntico trámite del previsto para la tasación de costas y, por tanto, con el mismo plazo de diez días para alegaciones o impugnación, dictándose el decreto que correspondiera. Si tenemos en cuenta que la liquidación de los intereses es el único pronunciamiento huérfano de título ejecutivo en forma de auto o de decreto y que su dictado parece imprescindible —aunque en realidad sea innecesario en cuanto resultado de una operación matemática fundada en un pronunciamiento procesal— el trámite de la tasación de costas nos ahorraría un proceso paralelo y permitiría «acumular» en una única resolución los intereses y las costas. 

¿Cabría la intervención de oficio del Letrado de la A. de Justicia? Razones de estricta legalidad aconsejarían —pese a que no haya previsión legal— una cierta tutela sobre los despachos ejecutivos de las reclamaciones monitorias que se postulan con inclusión de intereses, sin otra precisión y haciendo el cómputo desde la fecha de interposición de la demanda de proceso monitorio. Nada dice el art. 815 LEC, lo que es lógico por cuanto si la deuda generó o no intereses deberá resolverse conforme a las normas sustantivas y en cuanto a los intereses del art. 576 LEC, sólo procederían en el caso de que no atendido el requerimiento de pago, se dictase auto despachando ejecución contra el deudor según lo dispuesto en el art. 816 LEC (AAP 54/2011, LOGROÑO, Sección 1ª, 9 de mayo de 2011, ROJ: AAP LO 176/2011). Se concluye, por tanto, que en la demanda de ejecución de una reclamación monitoria no habría más intereses que los del art. 576 LEC desde la fecha del auto despachando ejecución y que no entraría en juego el «pacto» de dicho artículo por falta de pronunciamiento judicial previo al efecto.

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