Ir al contenido principal

El letrado de la Administración de Justicia en el expediente digital.


La revista Practica de Tribunales número 131 (marzo- abril 2018) publica el trabajo titulado La importancia de la figura del letrado de la administración de Justicia en el nuevo expediente judicial. 

La Disposición adicional undécima de la Ley 18/2011, de 5 de julio, «reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia» dispone que todo proyecto de ley que disponga o incluya reformas en las leyes procesales podrá ir acompañado de una declaración de requerimientos tecnológicos para su correcta implantación y aplicación. En ese mandato se contiene un resumen del largo proceso de desarrollo del expediente judicial electrónico en España y también, de su aislamiento respecto a las reformas orgánicas y procesales que se han sucedido. Esa falta de coordinación no solo afecta al impacto de cada una de estas, sino también a la intervención de todos los implicados en la implantación del referido expediente electrónico y entre ellos la de los Letrados de la Administración de Justicia que se encuentran, como estudiaremos en este trabajo, con una legislación que solo parcialmente se adapta a las funciones que aquel exige.

Comentarios

Entradas populares de este blog

El embargo de las cuentas bancarias en las que se ingresa el sueldo o pensión.

Uno de los supuestos más frecuentes en la práctica es el embargo de cuentas corrientes en las que se ingresa únicamente al ejecutado el sueldo o la pensión de la Seguridad Social, planteándose el problema de si estamos embargando el sueldo o por el contrario de si se trata de un saldo cualquiera más del ejecutado, «y dado que no existe una previsión legal de resolución del problema —en este sentido el Auto de la AP de Zaragoza de fecha 6 de octubre de 2003— “la solución al mismo será la de atender a la finalidad teleológica que inspiran aquellos supuestos de excepción al embargo, es decir, la protección de la subsistencia del ejecutado o su familia”, y en este examen, adquiere relevancia el tiempo al que corresponda la mensualidad ingresada en relación a la orden de retención de los saldos, y en relación a las cuantías mínimas a las que se refiere el art. 607 LEC» (Auto AP Lérida, Sección 2.ª, de 2 de septiembre de 2004, ROJ: AAP L 407/2004). 
 Y añade: En consecuencia debe prevalecer e…

El recurso de revisión contra las resoluciones del Secretario Judicial.

Dice el artículo 454.bis 2. LEC que
 “El recurso de revisión deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido. Cumplidos los anteriores requisitos, el Secretario judicial, mediante diligencia de ordenación, admitirá el recurso concediendo a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman conveniente. Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el Tribunal lo inadmitirá mediante providencia. Transcurrido el plazo para impugnación, hayanse presentado o no escritos, el Tribunal resolverá sin más trámites, mediante auto, en un plazo de cinco días. Contra las resoluciones sobre admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno. Mandato que se completa con la exigencia delartículo 448.1 LEC y así, la resolución del Secretario Judicial deberá afectar desfavorablemente al recurrente. 
El artículo 454.bis 2 LEC no autoriza una corrección generalizada de…

El derecho de los ocupantes a permanecer en el inmueble.

Los arts. 661 y 675 LEC tratan de solventar el problema de la ocupación por terceras personas de los bienes inmuebles embargados o, hipotecados, quienes sin haber tenido noticia, ni intervención en el proceso de ejecución, deban hacer frente a la privación de la posesión, pese a ostentar un título que eventualmente pudiera subsistir después de la pérdida del dominio por el ejecutado. Ese conflicto entre los derechos del ejecutante y del ocupante fue resuelto por la doctrina tradicional en el sentido de que la ejecución purgaba no sólo el arrendamiento, sino cualquier situación posesoria, pero a raíz de diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional con relación, en su mayor parte, al derogado procedimiento judicial sumario del art. 131 LH (por todas STC 6/1992 de 16 de enero, 21/1995 y 158/1997 de 2 de octubre), se llegó a la conclusión de que los órganos judiciales deberían examinar cada caso para apreciar, según las circunstancias, si la situación posesoria debía subsistir.…