La desaparición de la dación de cuenta (art. 455 LOPJ) y la transformación de obligación de custodia (art. 458.1 LOPJ)


Entendía la doctrina que la dación de cuenta implicaba una misión técnica de cooperación por la que el entonces Secretario Judicial estudiaba, valoraba y relataba al juez las peticiones de las partes contenidas en los escritos que se presentaban, pronunciándose sobre lo que debía acordarse. 

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003 atribuyó al secretario judicial la dación de cuenta en los términos establecidos en las leyes procesales (art. 455 LOPJ), lo que condujo a las previsiones del art. 178 LEC y a una dación de cuenta que tenía que ver únicamente con la responsabilidad por la falta de pronunciamiento del Juez o Tribunal y no con el impulso del proceso. Con la implantación de la Nueva Oficina Judicial, el concepto volvió a sufrir una modificación: una cosa es lo que dijera el art. 178 LEC y otra bien distinta su encaje en el expediente digital (LexNet), en los Servicios Comunes (donde no había Juez) y en los casos en los que la competencia de la resolución del asunto correspondiera al Secretario Judicial. La Ley Orgánica 7/2015 de 21 julio, conserva la responsabilidad del Letrado de la Administración sobre la dación de cuenta, pero no respecto a su efectiva prestación. 

Explica CASADO RODRIGUEZ (La reforma del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial; los Letrados de la Administración de Justicia», Diario La Ley, Nº 8591, Sección Documento on-line, 27 de Julio de 2015, LA LEY 5032/2015) que en su forma tradicional tuvo sentido en otro ámbito histórico, tecnológico, normativo, organizativo e incluso físico, muy diferente al actual. La dación de cuenta se justificó en un momento en el que el desarrollo tecnológico era nulo. Los escritos entraban en papel, se registraban en libros manuscritos, no existían ordenadores ni aplicaciones informáticas. Y la dación de cuenta podía tener sentido dentro del organigrama de los antiguos juzgados, aunque hoy dentro del nuevo diseño, sería impensable que personalmente el Letrado de un servicio común (ámbito natural del mismo) deba dar cuenta individualmente a cada uno de los Jueces (pueden ser decenas) a los que sirve ese servicio. 

Dicho todo lo anterior, la redacción actual del art. 455 LOPJ es inaplicable en un entorno tecnológico avanzado (sic), siendo así que la labor técnica del entonces Secretario Judicial de cooperación con el Juez acabó con la reforma de la Oficina Judicial y la separación de funciones de unos y de otros, de tal forma que en una interpretación literal de la ley — y nada aconsejable en la práctica diaria— la dación de cuenta, en último término, se ha sustituido de hecho por el recurso de revisión del art. 454 bis LEC. En consecuencia la dación de cuenta desaparece con el expediente electrónico judicial (art. 455 LEC) y tendrá más que ver con la dirección técnico procesal de la oficina judicial (arts. 454.2 y 457 LEC) que con la misión de cooperación que en tiempos pudo justificarla

Y en cuanto a la custodia, que últimamente acercaba a los Letrados a una responsabilidad cuasi objetiva en el caso de extravío de algún documento o del propio expediente, no hace falta un análisis excesivamente riguroso, ni profundo para concluir que la función del art. 458.1 LOPJ solo puede entenderse en relación a las medidas de seguridad que se implanten para garantizar que el acceso al expediente digital solo se produce por las personas autorizadas, de tal modo que si bien no se producirá la sustracción o el extravío de ningún documento, se multiplicaran las posibilidades de su alteración o modificación mediante el intento de accesos no autorizados al sistema.

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