Chapuza procesal en el monitorio europeo


La Ley 4/2011 introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Civil la Disposición final vigésima tercera dedicada a regular las medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo. 

El problema que nos sorprende es qué hacer cuando el requerido de pago se limita a presentar el Formulario F, del citado Reglamento (CE) 1896/2006 ya que vendrían en aplicación los siguientes apartados de la Disposición que se indica:


7. El demandado podrá presentar en el plazo de treinta días desde la notificación del requerimiento escrito de oposición, valiéndose del formulario F del anexo VI del Reglamento (CE) 1896/2006. 
8. En el caso de que se presente escrito de oposición en el plazo señalado, el secretario judicial comunicará al demandante que habrá de instar la continuación del asunto por el procedimiento que corresponda con arreglo a las normas procesales españolas ante el Juzgado de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social que corresponda, a menos que ya hubiera solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso y; 
11. Las cuestiones procesales no previstas en el Reglamento (CE) 1896/2006 para la expedición de un requerimiento europeo de pago se regirán por lo previsto en esta Ley para el proceso monitorio .

Parece claro que la presentación del citado formulario obliga, según el art. 17 del Reglamento, a continuar el proceso con arreglo a las normas del proceso civil ordinario que corresponda, a menos que el demandante hubiera solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se pusiera fin al proceso, rigiéndose el traslado al proceso civil ordinario por el Derecho del Estado miembro de origen. 

Empero la claridad del mandato dista de ser tal, pues el art. 818 LEC prevé, por una parte, que si el deudor presentare escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se resolverá definitivamente en el juicio que corresponda; por otra, que el escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención fuere necesaria por razón de la cuantía, según las reglas generales y, por último, que cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, se dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de diez días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los arts. 438 y ss. LEC. 

Pero cuando hay una oposición en la que no consta motivación alguna, ni el óbice articulado y si actor tampoco solicita que, en tal supuesto, se ponga fin al proceso, estamos ante un vacío legal que deberá llenarse con arreglo a lo dispuesto en el art. 26 del citado Reglamento y el apartado 11 de la Disposición final vigésima tercera de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y se afirma esto porque la reforma del art.818 LEC dada por Ley 42/2015, modificó la regulación de la oposición del requerido, que ha pasado a ser una especie de demanda que el actor-requirente deberá contestar por escrito. 

¿La solución? Conceder nuevo plazo para que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 818 LEC el requerido especifique el motivo de oposición que articula o, en su caso, presente el escrito al que se refiere dicho precepto y, ello bajo el apercibimiento, en otro caso, de finalizar el proceso en la forma prevista en el art. 816.1 LEC.

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