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Más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo.


Los nombramientos en una Secretaría de Gobierno y de algunos Coordinadores provinciales han abierto un debate que si me permiten tiene escaso recorrido, por no decir ninguno y en el que no cabe la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para abrir alguna senda. No estamos ante nada nuevo. Lo explica el catedrático Alejandro Nieto en “EL DESGOBIERNO DE LO PUBLICO” (páginas 184 y 185) y que aprovecho para ilustrar determinadas ideas. 

Hasta 1964 la vida de los funcionarios estaba programada. El funcionario ingresaba en el escalón inferior y con el transcurso de los años iba ascendiendo de peldaño en peldaño, adquiriendo experiencia en cada uno de ellos y viendo aumentadas correlativamente sus retribuciones. Hoy la carrera ha desaparecido. Cada funcionario ocupa un determinado puesto de trabajo y, desde él puede saltar a cualquier parte. Por decirlo con otras palabras: hoy - en los escalafones funcionariales civiles- el equivalente de un teniente novato puede saltar de un golpe – y así sucede todos los días- a general. 

El Estatuto de Empleo Público ha quebrado a los supervivientes la espina dorsal, que era cabalmente la carrera: un régimen tan singular que les permitía identificarse con el patrón – nada menos que la Administración del Estado-, participar con dignidad en el ejercicio de sus prerrogativas y, sobre todo, distanciarse de los políticos y estar en condiciones de resistir algunas de sus influencias más ilegitimas, puesto que la carrera suponía – tal era su verdadero sentido- una eficaz trinchera de protección. En estas condiciones los funcionarios eran ciertamente subordinados de los políticos, pero también sus colaboradores. 

La alternativa que sustituye a la carrera es el sistema de puestos de trabajo. El problema – sigo nuevamente a Alejandro Nieto- es que es un sistema ventajoso desde el punto de vista operativo ya que no político, pero con la condición de que se implante realmente, algo que en España no se ha hecho, ni intentado seriamente hacer y, tardará gracias a la falta de dinero. El nuevo régimen (RPT) ofrece la ventaja que los ascensos dependen únicamente de las condiciones de los candidatos sin que los mejores tengan que soportar el purgatorio de años de servicio en puestos inferiores ni sea preciso acumular experiencias. Todo depende, de la agudeza y de la imparcialidad de juicio del superior, aunque a cualquiera se le alcanza – y su verificación casuística es sencilla- que el motor de los ascensos, más que los méritos funcionales del agraciado, es su color político. Y desde esta perspectiva era cuestión de tiempo que la libre designación terminara convirtiéndose en el libre albedrío. 

Llegados a este punto sucede que bajo el principio de más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo, la opción de presentarse a un cargo directivo desaparece de la agenda de una parte importante de la carrera y sin solución de continuidad también lo hace la promoción profesional, inexistente y la motivación. 

Este discurso tiene, en el caso de los Letrados de la Administración de Justicia, otros dos factores negativos añadidos: las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. Los funcionarios de un cuerpo único de la Administración del Estado sirven destinos en Comunidades Autónomas dónde a ese color político del Gobierno se suma un segundo, que puede ser distinto del primero (o, no) y el idioma propio del territorio (o, no). Idioma que, por cierto, se impone por el nacionalista de guardia y su interpretación de la legalidad. 

Configurada la estructura (Ministerio de Justicia, Secretarios de Gobierno, Secretarios Coordinadores Provinciales y Letrados) surge otra paralela del Consejo General del Poder Judicial que ataca al escalón inferior del Cuerpo en materias propias de este. El Consejo no reconoce ninguna jerarquía ajena a la que marcan sus propias instrucciones y reglamentos y, no tiene reparo para pedir cuentas a los Letrados de la Administración de Justicia del último escalón (todos los de 2ª y 3ª categorías) cómo y cuándo tiene a bien y, lo que quizá sea peor sabedor que los escalones superiores (Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores Provinciales) ya solo responderán ante quien les nombró. Es el fin del círculo del libre albedrío.

Comentarios

  1. Creo que es la mejor explicación resumida, de cómo está hoy en día el cuerpo de los LAJ.
    No se ha podido explicare mejor.

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