Ir al contenido principal

Los medios de prueba electrónicos y su incorporación al proceso


Señala DELGADO MARTIN («La prueba digital. Concepto, clases, aportación al proceso y valoración», Diario La Ley, Nº 6, Sección Ciberderecho, 11 de Abril de 2017, LA LEY 3841/2017) que en cualquier orden jurisdiccional, la prueba electrónica o digital atravesaría las siguientes fases: la obtención de la información o de los datos, su incorporación al proceso y, por último su valoración; si bien con la advertencia que, a diferencia de otros órdenes jurisdiccionales (singularmente el penal) la obtención de la información en el proceso civil implica que los datos deberán encontrarse en el dispositivo del que sea titular la parte interesada ya que en otro caso solo podrían aportarse por orden judicial. 

Salvado lo anterior el siguiente problema a resolver afectaría a la forma de incorporación al proceso y al de la acreditación de la autenticidad y la integridad, lo que nos conduciría a la concurrencia de tres presupuestos: 

— La prueba digital habrá de ser relevante para acreditar los hechos objeto del proceso y tener una aptitud o idoneidad para formar la debida convicción del juzgador (pertinencia) y asimismo habrá de ser útil para esclarecer los hechos controvertidos (necesidad). 

— Habrá de ser lícita y por tanto respetuosa con los derechos fundamentales. En este punto importa destacar que la obtención de la prueba digital puede afectar a varios derechos fundamentales: a la intimidad personal (art. 18.1 CE), al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y al derecho a la autodeterminación informativa en el ámbito de la protección de datos personales (art. 18.4 CE). 

Pues bien, sobre la cuestión relativa a la ilicitud de la prueba electrónica el concepto de secreto de la comunicación cubrirá no sólo el contenido de la comunicación, sino también la identidad subjetiva de los interlocutores y el derecho podría conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto —la que suponga aprehensión física del soporte del mensaje (con conocimiento o no del mismo) o captación, de otra forma, del proceso de comunicación— como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo). 

La protección del derecho al secreto de las comunicaciones alcanza al proceso de comunicación y finalizado, la protección constitucional de lo recibido se realizará, en su caso, a través de las normas que tutelan la intimidad u otros derechos, de modo que alcanzaría a las interferencias habidas o producidas en ese proceso. El concepto de secreto en el art. 18.3 CE tiene un carácter formal en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. Y a la vista de ello no sería posible apreciar, por ejemplo, una vulneración de este derecho constitucional en el caso que el perito informático no interfiera ningún proceso de comunicación ajeno (vide SAP VALENCIA, 242/2012, Sección 9ª, 21 de junio de 2012, ECLI:ES:APV:2012:2697). 

—Por último y en tercer lugar deberá acceder al proceso de conformidad con los requisitos exigidos por la normativa procesal del orden jurisdiccional civil. Paradigma de tal requisito lo encontramos en la SAP MURCIA, 752/2012, Sección 4ª, 22 de noviembre de 2012 (LA LEY 197890/2012) en la que se confirmó la decisión de la instancia de rechazar la pertinencia de un informe pericial que se había aportado en el acto de la vista. Se lee en la sentencia que un detective privado no sería un perito (no tendría conocimientos técnicos, artísticos, científicos o prácticos especiales), sino un mero testigo, que vio u oyó determinados hechos o conversaciones, por lo que su consideración sería la de testigo y aunque pudiera haber obtenido grabaciones de imágenes y sonidos, tampoco estaríamos ante una prueba pericial. 

En suma la prueba digital podrá ser incorporada al juicio por diferentes medios de prueba siendo así que, en principio, todos los previstos por la Ley serían aptos para tal finalidad y en primer lugar, el contenido podría ser impreso en papel y presentado al proceso como un documento (prueba documental). Podría también incorporarse mediante la aportación del propio documento electrónico (arts. 299.2, 383 y 384 LEC y art. 3 Ley de Firma Electrónica) y en tercer lugar, podrían tener acceso al proceso a través de otros medios de prueba: el interrogatorio de parte, la testifical, la pericial o el reconocimiento judicial.

Comentarios

Entradas populares de este blog

El embargo de las cuentas bancarias en las que se ingresa el sueldo o pensión.

Uno de los supuestos más frecuentes en la práctica es el embargo de cuentas corrientes en las que se ingresa únicamente al ejecutado el sueldo o la pensión de la Seguridad Social, planteándose el problema de si estamos embargando el sueldo o por el contrario de si se trata de un saldo cualquiera más del ejecutado, «y dado que no existe una previsión legal de resolución del problema —en este sentido el Auto de la AP de Zaragoza de fecha 6 de octubre de 2003— “la solución al mismo será la de atender a la finalidad teleológica que inspiran aquellos supuestos de excepción al embargo, es decir, la protección de la subsistencia del ejecutado o su familia”, y en este examen, adquiere relevancia el tiempo al que corresponda la mensualidad ingresada en relación a la orden de retención de los saldos, y en relación a las cuantías mínimas a las que se refiere el art. 607 LEC» (Auto AP Lérida, Sección 2.ª, de 2 de septiembre de 2004, ROJ: AAP L 407/2004). 
 Y añade: En consecuencia debe prevalecer e…

El recurso de revisión contra las resoluciones del Secretario Judicial.

Dice el artículo 454.bis 2. LEC que
 “El recurso de revisión deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido. Cumplidos los anteriores requisitos, el Secretario judicial, mediante diligencia de ordenación, admitirá el recurso concediendo a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman conveniente. Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, el Tribunal lo inadmitirá mediante providencia. Transcurrido el plazo para impugnación, hayanse presentado o no escritos, el Tribunal resolverá sin más trámites, mediante auto, en un plazo de cinco días. Contra las resoluciones sobre admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno. Mandato que se completa con la exigencia delartículo 448.1 LEC y así, la resolución del Secretario Judicial deberá afectar desfavorablemente al recurrente. 
El artículo 454.bis 2 LEC no autoriza una corrección generalizada de…

El derecho de los ocupantes a permanecer en el inmueble.

Los arts. 661 y 675 LEC tratan de solventar el problema de la ocupación por terceras personas de los bienes inmuebles embargados o, hipotecados, quienes sin haber tenido noticia, ni intervención en el proceso de ejecución, deban hacer frente a la privación de la posesión, pese a ostentar un título que eventualmente pudiera subsistir después de la pérdida del dominio por el ejecutado. Ese conflicto entre los derechos del ejecutante y del ocupante fue resuelto por la doctrina tradicional en el sentido de que la ejecución purgaba no sólo el arrendamiento, sino cualquier situación posesoria, pero a raíz de diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional con relación, en su mayor parte, al derogado procedimiento judicial sumario del art. 131 LH (por todas STC 6/1992 de 16 de enero, 21/1995 y 158/1997 de 2 de octubre), se llegó a la conclusión de que los órganos judiciales deberían examinar cada caso para apreciar, según las circunstancias, si la situación posesoria debía subsistir.…