Los medios de prueba electrónicos y su incorporación al proceso


Señala DELGADO MARTIN («La prueba digital. Concepto, clases, aportación al proceso y valoración», Diario La Ley, Nº 6, Sección Ciberderecho, 11 de Abril de 2017, LA LEY 3841/2017) que en cualquier orden jurisdiccional, la prueba electrónica o digital atravesaría las siguientes fases: la obtención de la información o de los datos, su incorporación al proceso y, por último su valoración; si bien con la advertencia que, a diferencia de otros órdenes jurisdiccionales (singularmente el penal) la obtención de la información en el proceso civil implica que los datos deberán encontrarse en el dispositivo del que sea titular la parte interesada ya que en otro caso solo podrían aportarse por orden judicial. 

Salvado lo anterior el siguiente problema a resolver afectaría a la forma de incorporación al proceso y al de la acreditación de la autenticidad y la integridad, lo que nos conduciría a la concurrencia de tres presupuestos: 

— La prueba digital habrá de ser relevante para acreditar los hechos objeto del proceso y tener una aptitud o idoneidad para formar la debida convicción del juzgador (pertinencia) y asimismo habrá de ser útil para esclarecer los hechos controvertidos (necesidad). 

— Habrá de ser lícita y por tanto respetuosa con los derechos fundamentales. En este punto importa destacar que la obtención de la prueba digital puede afectar a varios derechos fundamentales: a la intimidad personal (art. 18.1 CE), al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y al derecho a la autodeterminación informativa en el ámbito de la protección de datos personales (art. 18.4 CE). 

Pues bien, sobre la cuestión relativa a la ilicitud de la prueba electrónica el concepto de secreto de la comunicación cubrirá no sólo el contenido de la comunicación, sino también la identidad subjetiva de los interlocutores y el derecho podría conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto —la que suponga aprehensión física del soporte del mensaje (con conocimiento o no del mismo) o captación, de otra forma, del proceso de comunicación— como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo). 

La protección del derecho al secreto de las comunicaciones alcanza al proceso de comunicación y finalizado, la protección constitucional de lo recibido se realizará, en su caso, a través de las normas que tutelan la intimidad u otros derechos, de modo que alcanzaría a las interferencias habidas o producidas en ese proceso. El concepto de secreto en el art. 18.3 CE tiene un carácter formal en el sentido de que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. Y a la vista de ello no sería posible apreciar, por ejemplo, una vulneración de este derecho constitucional en el caso que el perito informático no interfiera ningún proceso de comunicación ajeno (vide SAP VALENCIA, 242/2012, Sección 9ª, 21 de junio de 2012, ECLI:ES:APV:2012:2697). 

—Por último y en tercer lugar deberá acceder al proceso de conformidad con los requisitos exigidos por la normativa procesal del orden jurisdiccional civil. Paradigma de tal requisito lo encontramos en la SAP MURCIA, 752/2012, Sección 4ª, 22 de noviembre de 2012 (LA LEY 197890/2012) en la que se confirmó la decisión de la instancia de rechazar la pertinencia de un informe pericial que se había aportado en el acto de la vista. Se lee en la sentencia que un detective privado no sería un perito (no tendría conocimientos técnicos, artísticos, científicos o prácticos especiales), sino un mero testigo, que vio u oyó determinados hechos o conversaciones, por lo que su consideración sería la de testigo y aunque pudiera haber obtenido grabaciones de imágenes y sonidos, tampoco estaríamos ante una prueba pericial. 

En suma la prueba digital podrá ser incorporada al juicio por diferentes medios de prueba siendo así que, en principio, todos los previstos por la Ley serían aptos para tal finalidad y en primer lugar, el contenido podría ser impreso en papel y presentado al proceso como un documento (prueba documental). Podría también incorporarse mediante la aportación del propio documento electrónico (arts. 299.2, 383 y 384 LEC y art. 3 Ley de Firma Electrónica) y en tercer lugar, podrían tener acceso al proceso a través de otros medios de prueba: el interrogatorio de parte, la testifical, la pericial o el reconocimiento judicial.

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