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La ejecución del decreto aprobatorio de las operaciones divisorias.


Las conocidas como divisiones de herencias constituyen en la actualidad un expediente de dudosa eficacia dado que la falta de acuerdo previa a la presentación de la solicitud, permite que dentro del proceso se dicten sentencias sobre los bienes del inventario (art. 794.3 LEC) y las operaciones divisorias (art. 787.5 LEC), aunque puedan los interesados hacer valer los derechos que creyeran corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda. Sentencia, que con arreglo a lo dispuesto en el art. 787.5 LEC, se ejecutará mediante la entrega a cada uno de los interesados lo que en ellas le hubiera sido adjudicado (art. 788.1 LEC). 

El problema surge cuando los interesados llegan a un acuerdo en la valoración, liquidación y adjudicación de los bienes y el contador partidor así lo recoge en el cuaderno particional, solicitando sin otro trámite el dictado del Decreto del art. 787.2 LEC. Importa destacar que este acuerdo nada tiene que ver con la previsión del art. 789 LEC respecto a la posibilidad de los interesados de separarse del proceso y de adoptar los acuerdos que estimen convenientes. Esto es, en el primero, el acuerdo no solo se plasma en el documento que refleja las operaciones divisorias, sino que evita la intervención del órgano judicial; en el segundo, la finalización del expediente no se relaciona con su objetivo (la división del patrimonio) sino con el criterio de los interesados, quedando aquel inconcluso. 

Pero ¿éste Decreto sería ejecutable en un proceso de ejecución? Para contestar a esta pregunta deberemos analizar si dicha resolución podría considerarse un título ejecutivo del art. 517.2.9º LEC y entiendo que la respuesta debe ser negativa, pues aunque formalmente tengamos una resolución procesal sucede, por una parte, que el art. 517.2.9º LEC relaciona el título con la fuerza ejecutiva que le otorga la ley y, por otra, que no hay previsión alguna sobre la ejecución de la resolución que nos ocupa. 

El decreto del art. 787 LEC se funda en la conformidad de los interesados a las operaciones de división y liquidación y, de ahí que el art. 788.1 LEC disponga que aprobadas definitivamente las particiones, el Letrado de la Administración de Justicia procederá a entregar a cada uno de los interesados lo que en ellas le haya sido adjudicado y los títulos de propiedad, poniéndose previamente en éstos por el actuario notas expresivas de la adjudicación. Y, por lo mismo no solo agotará sus efectos en el procedimiento del que trae causa, sino que no cabría integrarlo, ni completarlo, mediante su ejecución. 

Téngase en cuenta, además, que estaríamos ante obligaciones de dar (arts. 701 y ss. LEC) y de hacer (arts. 705 y ss. LEC) y en ambos casos, la falta de intervención judicial en el expediente de división, conllevaría la imposibilidad de adoptar ninguna de las medidas ejecutivas que prevé la ley para el cumplimiento de dichas obligaciones y, en particular, la del art. 708 LEC, que expresamente requiere el dictado de una resolución judicial o arbitral firme que condene a emitir una declaración de voluntad. 

En segundo lugar, se ignora quien ocuparía la posición de parte ejecutada, pues podría suceder que todos los interesados incumplieran lo pactado o, peor aún, que el cumplimiento fuera parcial, con lo que no solo tendríamos ejecuciones cruzadas, sino que además debería integrarse el decreto antes del despacho de la ejecución interpretando los términos de un acuerdo en el que, como hemos dicho, no hubo intervención del órgano judicial, lo que carece de cualquier soporte normativo. 

En tercer lugar, también se desconoce qué clase de oposición a la ejecución y qué motivos podrían articularse contra su despacho y, obsérvese en este punto que tratándose de una sentencia —caso en el que también se aplicaría el art. 788 LEC—, no tendría eficacia de cosa juzgada y podrían los interesados hacer valer los derechos que creyeran corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que correspondiera (art.787.5 LEC), luego parece lógico y hasta obligado, que dicha previsión se aplique al tantas veces citado decreto aprobatorio, aunque en un principio los interesados nada opusieran a las operaciones divisorias. 

Y, por último, no encontramos tampoco argumentos en sentido contrario en el AAP CANTABRIA, 24/2017, Sección 2ª, de 23 de enero de 2017 (ECLI:ES:APS:2017:162A). Esta resolución entiende que por su propia naturaleza, el decreto que aprueba las operaciones nace de la conformidad presunta —en cuanto que no expresada a través de una transacción o acuerdo que permita su homologación— derivada de no oponerse y de forzar el incidente contencioso previsto en el art. 787 LEC, constituyendo una resolución procesal, no judicial, dictada por un Letrado de la Administración de Justicia, que por disposición legal llevaría aparejada ejecución (art. 517.2.9º LEC), con lo que abriría el abanico de las causas de oposición a las previstas en el art. 557 LEC. 

Hemos explicado antes las razones por las que no cabría hacer una exégesis literal del art.517.2.9º LEC, pero es que además en esa resolución se lee «que ni en el ámbito de la ejecución es posible volver a valorar los motivos que pudieron ser objeto de alegación durante la fase declarativa, ni los actos propios de la parte hoy recurrente permite aceptar ahora un comportamiento contradictorio (art. 7 CC) en la fase de ejecución del anterior procedimiento» y son estas afirmaciones, precisamente, las que contradicen la naturaleza ejecutiva del decreto del art. 787 LEC, pues el único proceso declarativo previo se daría en el caso de que el expediente de división terminara con una sentencia.

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