La convocatoria de la subasta y la notificación del señalamiento.


Con el fin de no arrebatar al ejecutado cualquier bien que posea, despojándole de todo lo que no sea inembargable, sino sólo de los bienes que efectivamente tengan valor económico suficiente, ordena la ley que no se saquen a subasta ni un bien determinado, ni un lote de bienes, cuando sea previsible que con la realización no se va a obtener una cantidad de dinero que cubra, como mínimo, los gastos de la subasta (art. 643 LEC). 

La convocatoria a subasta se realiza por decreto y por una diligencia de ordenación se comunicará a las partes que no se convocará (arts. 644 y 545.7 LEC). Esta sorprendente antinomia de imposible explicación, la suscita la nueva redacción del art. 644 LEC que no solo requiere un decreto, sino que además obliga a que sea firme (art. 645 LEC) y todo ello cuando sigue sin aclararse qué se entiende por «gastos originados por la subasta» . El cálculo de los gastos parece atribuirse de hecho al Letrado de la A. de Justicia, ya que nada se dispone en sentido contrario, quien resolverá si debe o no convocarse en función de la liquidación que realice. Cuestión distinta es que los juzgados deban adelantar la resolución al decreto en la que se aprueba la valoración definitiva de los bienes (art. 639.4 LEC); actuación que creo errónea por la ubicación sistemática de las dos normas y por el especial contenido de dicha resolución, pero que con la nueva redacción de los arts. 644 y 645 LEC no rebato. 

A modo de hipótesis de laboratorio podríamos preguntarnos si en la diligencia de ordenación debería recogerse con algún detalle el cálculo efectuado y qué partidas se comprenden en los «gastos de la subasta». Ambas cuestiones, que se encuentran íntimamente relacionadas, nos obligarían a distinguir los conceptos de costas y de gastos, aunque teniendo en cuenta que el mayor importe, que era el correspondiente a la publicación en los boletines oficiales ha reaparecido en la ejecución civil como gasto impuesto (art. 645 LEC). Sin darle muchas vueltas el gasto comprenderá todo aquel concepto incluible en la tasación de costas (honorarios de letrado, arancel del procurador, honorarios de perito, gastos del depósito, publicación edictal y publicación en otros medios), o más correctamente podrían reducirse a los directamente originados por la subasta (publicación edictal, honorarios de perito y, en su caso, gastos del depósito). 

Tomada la decisión de convocar la subasta, se dictará una primera diligencia de ordenación, en la que se emplazará a las partes para que aleguen lo que tengan por conveniente sobre la formación de lotes (art. 643.1 LEC). Transcurrido el plazo concedido para esas alegaciones, se dictará un decreto en el que se acordará la convocatoria de la subasta (art. 644 LEC). La necesidad de dictar esas dos resoluciones se justifica por el distinto sentido y finalidad de una y otra: la primera tendrá por objeto la convocatoria de la subasta y se fundará en el juicio de valor sobre los gastos que origina; en la segunda, pese a la dicción legal, se anunciará la subasta que se llevara a cabo electrónicamente y, en la que se identificarán los bienes, sea individualmente o formando lotes. La necesidad de firmeza impuesta en el art. 645 LEC, permite que tanto la diligencia como el decreto puedan impugnarse en reposición. 

De la repetida exigencia de firmeza resulta que aunque la ley no fije plazo alguno entre la convocatoria y su celebración, con lo que nada impediría que comenzara la subasta dos días después del dictado del decreto (ex. art.648.2ª LEC), no solo deberá esperarse a que transcurra el plazo de impugnación (art. 451 LEC), sino que la omisión no amparará interpretaciones desorbitadas, que desconociendo la finalidad de la venta, hurten la concurrencia de los licitadores. En consecuencia no ha perdido valor la doctrina sentada por la STS, Sala 1ª, de 21 de noviembre de 2000 (LA LEY 257/2001) en la que se declaró la nulidad de una subasta notarial por vulneración del requisito de la publicidad, razonando que no podía entenderse cumplido al haber mediado desde su anuncio a la celebración, un plazo cuando más, de veinticuatro horas que, lógicamente, era a todas luces insuficiente para provocar la concurrencia de postores que hubieran podido elevar el precio ofrecido, conculcándose así el derecho e interés del propietario a obtener el mayor precio posible. 

No obstante, la novedad que introduce en este punto la Ley 19/2015 consiste la supresión de la obligación de notificar al ejecutado el señalamiento del lugar, día y hora para la subasta en el domicilio que conste en el título ejecutivo y, deberemos entender que la notificación del Decreto del art. 644 LEC practicada con arreglo a las normas generales en la materia, será bastante para evitar cualquier posible indefensión por desconocimiento. Era una práctica muy extendida la de intentar notificar personalmente al ejecutado el señalamiento para subasta, suspendiéndose si resultaba negativa. 

Con la reforma si el ejecutado no se opone a la ejecución, personándose en forma, los actos posteriores, como el acto de comunicación de la subasta, seguirán el régimen normal y, consecuentemente, si posteriormente el deudor no fuera localizado en el domicilio donde primeramente fue hallado, debería recurrirse a la comunicación edictal porque, en definitiva, habría sido el propio demandado quien faltó a su obligación de comunicar al Juzgado su cambio de domicilio y no podría responsabilizarse al órgano judicial de una indefensión que únicamente se explicaría por su propia falta de diligencia (AAP BARCELONA, Sección 14ª, 21 de mayo de 2015, ROJ: AAP B 729/2015). 

En suma, la notificación del señalamiento de la subasta (la del anuncio) se realizará por medio del edicto, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (art. 645.1 LEC).

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