28 junio 2017

Dos guerras perdidas y la certificación del art.654.3 LEC.


Hay dos guerras pérdidas en los Juzgados. Y escribo de guerras y no de batallas porque ahora que nos invade la cuarta cesión de créditos a fondos domiciliados fuera de España, si alguien cree que el art. 1535 CC regula la figura tiene el mismo derecho a creer que los Reyes Magos vienen de París (creo que era algo por el estilo, pero hay horas que uno no está para lindezas poéticas) y eso que vamos camino de tener consumidores y sus quejas hasta la próxima década. 

La segunda guerra se ha perdido con los Registros de la Propiedad que ya se han convertido por su derecho propio en una segunda instancia paralela a la que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial para los Juzgados de Primera Instancia. Y como ahora no lo recordarán hagamos memoria (a secas). La Ley 1/2013 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificó el art. 654 LEC, introduciendo un apartado 3 que padece una desafortunada redacción y provoca una complicada exégesis. Dice así: «en el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Además el tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del remate, y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas».  
La lectura del mandato no suscita dudas: cuando haya deuda pendiente, habrá certificación y, perdón, pero nada más lejos de la realidad. 

La primera duda es a resolver es determinar sobre la ejecución a la que nos referimos. La exposición de motivos de la ley 1/2013 indica que para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarán los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero. Además, se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y se establece que, en caso de que el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal deje de devengar interés. 

Todo eso no aparece en el precepto, aunque la aclaración nos pueda obligar a concluir que el art.654.3 LEC regula el importe por el que se seguirá la ejecución dineraria del art.579 LEC, para el supuesto que toda la deuda no se hubiera saldado en la ejecución hipotecaria anterior. Desde este punto de partida y como quiera que el art. 570 LEC impide terminar una ejecución hasta que el título no se haya satisfecho y que el primer apartado del citado art. 654 LE regula el destino del precio del remate para las ejecuciones, sin distinguir la naturaleza del título ejecutivo, parece lógico entender que el desglose que prevé el art. 654.3 LEC se aplicará solo a las ejecuciones hipotecarias y cualquiera que sea el bien que se haya realizado, lo que deberá entenderse sin perjuicio de las especialidades que contiene el art. 579.2 LEC respecto a las viviendas habituales. 

En cuanto a la certificación no faltan opiniones que la consideran documento imprescindible para promover esta continuación de la ejecución y, de ahí que si no se hubiere expedido no podría iniciarse la ejecución del art. 579 LEC, al no constar claramente las cantidades por las que habría de despacharse ejecución en concepto de intereses moratorios y costas. Por tanto, se requerirá al demandante para que, en el supuesto de solicitar el despacho de ejecución por las cantidades restantes, previamente solicite en el proceso hipotecario del que trae causa, la expedición de la referida certificación, y cuando sea traída al proceso de ejecución, despachar ésta. 

Por varias razones en modo alguno puede compartirse esta opinión. La primera atañe al título ejecutivo. La postura mayoritaria defiende que será la escritura de préstamo en aquella parte del crédito que no haya sido satisfecho por la adjudicación. Hablaríamos de la ejecución de un título no judicial, que podría despacharse contra los fiadores y en la que estos dispondrían de los motivos de oposición propios de dicha clase de título, pero la novedosa redacción del art. 579.2 LEC y el reconocimiento como título ejecutivo del decreto que dicta el Letrado de la Administración de Justicia, también permite colegir la posibilidad que sea el decreto de adjudicación el título ejecutivo de la posterior ejecución ordinaria en la parte no satisfecha. En este caso, no habría más intereses que los del art. 576 LEC desde la fecha del decreto de adjudicación, regulándose las costas por lo dispuesto en el art. 539 LEC. 

La segunda se refiere al momento en que la ejecución hipotecaria termina ya que lo hace con el dictado de alguna de las resoluciones del art. 670 LEC. Por tanto, la liquidación de intereses y la tasación de costas será siempre anterior a la resolución que la pone término, pues de otro modo es imposible conocer la existencia del sobrante (sirva a modo de ejemplo y por todos, el ap. 2 del art. 670 LEC) impidiéndose, en otro caso, el cumplimiento del art. 674 LEC. Por lo dicho, el art. 671 LEC dispone que el ejecutante puede optar por la adjudicación, por la cantidad adeudada por todos los conceptos o por diferentes porcentajes del valor de tasación, según los casos, lo que también finalizará la ejecución hipotecaria, pero sin ninguna liquidación o tasación posterior. No hay en la Ley un tertium genus: la adjudicación por el 50 %, el 60 % o el 70 % del valor de tasación más todos los conceptos debidos. 

La tercera y última razón es que la certificación no es un título ejecutivo, ni sirve para liquidar ninguna deuda a los efectos de la posterior demanda de ejecución de título no judicial. Y de hecho el ejecutante podrá reclamar en la nueva ejecución solo la diferencia entre el importe de adjudicación y aquel por el que se despachó la primera ejecución hipotecaria más los intereses del art. 576 LEC.

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