28 junio 2017

Dos guerras perdidas y la certificación del art.654.3 LEC.


Hay dos guerras pérdidas en los Juzgados. Y escribo de guerras y no de batallas porque ahora que nos invade la cuarta cesión de créditos a fondos domiciliados fuera de España, si alguien cree que el art. 1535 CC regula la figura tiene el mismo derecho a creer que los Reyes Magos vienen de París (creo que era algo por el estilo, pero hay horas que uno no está para lindezas poéticas) y eso que vamos camino de tener consumidores y sus quejas hasta la próxima década. 

La segunda guerra se ha perdido con los Registros de la Propiedad que ya se han convertido por su derecho propio en una segunda instancia paralela a la que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial para los Juzgados de Primera Instancia. Y como ahora no lo recordarán hagamos memoria (a secas). La Ley 1/2013 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificó el art. 654 LEC, introduciendo un apartado 3 que padece una desafortunada redacción y provoca una complicada exégesis. Dice así: «en el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Además el tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del remate, y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas».  
La lectura del mandato no suscita dudas: cuando haya deuda pendiente, habrá certificación y, perdón, pero nada más lejos de la realidad. 

La primera duda es a resolver es determinar sobre la ejecución a la que nos referimos. La exposición de motivos de la ley 1/2013 indica que para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarán los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero. Además, se prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses y se establece que, en caso de que el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal deje de devengar interés. 

Todo eso no aparece en el precepto, aunque la aclaración nos pueda obligar a concluir que el art.654.3 LEC regula el importe por el que se seguirá la ejecución dineraria del art.579 LEC, para el supuesto que toda la deuda no se hubiera saldado en la ejecución hipotecaria anterior. Desde este punto de partida y como quiera que el art. 570 LEC impide terminar una ejecución hasta que el título no se haya satisfecho y que el primer apartado del citado art. 654 LE regula el destino del precio del remate para las ejecuciones, sin distinguir la naturaleza del título ejecutivo, parece lógico entender que el desglose que prevé el art. 654.3 LEC se aplicará solo a las ejecuciones hipotecarias y cualquiera que sea el bien que se haya realizado, lo que deberá entenderse sin perjuicio de las especialidades que contiene el art. 579.2 LEC respecto a las viviendas habituales. 

En cuanto a la certificación no faltan opiniones que la consideran documento imprescindible para promover esta continuación de la ejecución y, de ahí que si no se hubiere expedido no podría iniciarse la ejecución del art. 579 LEC, al no constar claramente las cantidades por las que habría de despacharse ejecución en concepto de intereses moratorios y costas. Por tanto, se requerirá al demandante para que, en el supuesto de solicitar el despacho de ejecución por las cantidades restantes, previamente solicite en el proceso hipotecario del que trae causa, la expedición de la referida certificación, y cuando sea traída al proceso de ejecución, despachar ésta. 

Por varias razones en modo alguno puede compartirse esta opinión. La primera atañe al título ejecutivo. La postura mayoritaria defiende que será la escritura de préstamo en aquella parte del crédito que no haya sido satisfecho por la adjudicación. Hablaríamos de la ejecución de un título no judicial, que podría despacharse contra los fiadores y en la que estos dispondrían de los motivos de oposición propios de dicha clase de título, pero la novedosa redacción del art. 579.2 LEC y el reconocimiento como título ejecutivo del decreto que dicta el Letrado de la Administración de Justicia, también permite colegir la posibilidad que sea el decreto de adjudicación el título ejecutivo de la posterior ejecución ordinaria en la parte no satisfecha. En este caso, no habría más intereses que los del art. 576 LEC desde la fecha del decreto de adjudicación, regulándose las costas por lo dispuesto en el art. 539 LEC. 

La segunda se refiere al momento en que la ejecución hipotecaria termina ya que lo hace con el dictado de alguna de las resoluciones del art. 670 LEC. Por tanto, la liquidación de intereses y la tasación de costas será siempre anterior a la resolución que la pone término, pues de otro modo es imposible conocer la existencia del sobrante (sirva a modo de ejemplo y por todos, el ap. 2 del art. 670 LEC) impidiéndose, en otro caso, el cumplimiento del art. 674 LEC. Por lo dicho, el art. 671 LEC dispone que el ejecutante puede optar por la adjudicación, por la cantidad adeudada por todos los conceptos o por diferentes porcentajes del valor de tasación, según los casos, lo que también finalizará la ejecución hipotecaria, pero sin ninguna liquidación o tasación posterior. No hay en la Ley un tertium genus: la adjudicación por el 50 %, el 60 % o el 70 % del valor de tasación más todos los conceptos debidos. 

La tercera y última razón es que la certificación no es un título ejecutivo, ni sirve para liquidar ninguna deuda a los efectos de la posterior demanda de ejecución de título no judicial. Y de hecho el ejecutante podrá reclamar en la nueva ejecución solo la diferencia entre el importe de adjudicación y aquel por el que se despachó la primera ejecución hipotecaria más los intereses del art. 576 LEC.

22 junio 2017

Y ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo eres tú (un vistazo a la conciliación del año 2015)


Se me escapó de las manos minuto y medio antes de dar comienzo al acto, así que me deshice de la toga, apague la cámara, mejor dicho, salí de la aplicación y apague el ordenador y con cara de no saber lo que había pasado, que no lo sabía, pregunté a los abogados el motivo de suspender la conciliación: habían llegado a un acuerdo. 

¿Un acuerdo? ¿Un acto de conciliación que termina con un acuerdo? Ni que decir tiene que el espejismo duró lo que tardó el agente del Decanato en traer el reparto del día y, colocarme en la situación previa al acuerdo de minutos antes y, posterior a la entrada en vigor de la Ley 15/15 de Jurisdicción voluntaria. La verdad es que desde la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 hubo un par de ratos e incluso de tardes, para pensar y repensar lo que podríamos haber hecho con la conciliación, -aparte de repetir, claro está, lo de potenciar los medios de solución intra, para y extrajudiciales-, pero por lo visto las agendas estaban tan ocupadas que nos quedamos con la “finalidad de evitar un pleito con un acuerdo” y, “¿qué es un acuerdo?” y tú lo preguntas: un acuerdo eres tú. 

Y con ese instrumental de tiritas y alcohol de 96 para una operación a corazón abierto, hemos logrado, después de casi dos años de esmerada aplicación, convertir a los órganos judiciales en un servicio de burofax gratuito, aunque eso sí, para evitar un pleito y, ¿el acuerdo?, el acuerdo y tú lo preguntas: el acuerdo eres tú. Lo que sin solución de continuidad debería llevarnos a pensar muy seriamente en la posibilidad, que no deshecho, de estudiar el asunto desde la perspectiva de la competencia desleal o, mejor desde la tecnológica y ya que están -que no estamos-, dispuestos a servir de mensajería instantánea “para evitar pleitos” quizá sería lógico una dotación informática con códigos de barras, tabletas y todos esos cacharros que emplean las empresas del ramo además de gorras, chalecos y uniformes varios. 

Así que llegados a este punto y por si algún lector anda perdido: 

-No es una conciliación la petición de notificar unas cuantas facturas para desgravar el IVA. 

-Tampoco lo es la comunicación de un siniestro a ninguna aseguradora y menos aún, la de informes médicos al que se acompaña, como quien no quiere la cosa, un requerimiento por el total de no se sabe bien qué. Dejaré para peor ocasión el asunto de la inexistencia del acto de conciliación en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y a que la conciliación no es un requerimiento extrajudicial. 

-¿Dónde han visto una conciliación en el hecho de contestar a una comunicación de una empresa o, de un organismo público a una previa reclamación del conciliante?, ¿para evitar un pleito? Sí ya le han dicho que nones y que les demandes. 

-Los asuntos de familia tienen mal acomodo en este expediente y no solo por la indisponibilidad del estado civil, sino por la necesidad de prueba y, a ver si vamos a necesitar un Juez para que nos rectifique el quincuagésimo punto del acta de la junta del mes de mayo y para una división de cosa común nos basta con un requerimiento y un “acuerdo para evitar el pleito”. 

-Los productos financieros darían juego en la celebración del art.145 Ley 15/15, pero mira por donde ni hay propuesta de acuerdo, ni ganas de alcanzarlo, salvo que se pague todo lo que se requiere y ya saben, por eso de hagamos difícil lo fácil e imposible lo difícil. 

¿Y que nos quedaría entonces para evitar un pleito? Nada, salvo la engorrosa querella posterior (por lo criminal, no lo olviden) a un prescindible acto al que no viene nunca el citado o el citador, según se tercie. De hecho y si se fijan, el requerimiento para evitar un pleito es un monitorio de manual y además sin costas, con lo que no se acierta a comprender la necesidad de provocar un señalamiento, una grabación y un decreto cuando puede hacer lo mismo un monitorio de págueme lo que me debe o aguante la ejecución o; cualquier empresa de mensajería. 

El acuerdo implica, por definición, una transacción y esta supone renuncia a alguna de las pretensiones de los afectados y eso está ahora en la ley, otra cosa es que no queramos verlo o que no nos interese hacerlo.

14 junio 2017

De los consumidores, de un perrito piloto y de una buena mesa.


Allá por el lejano año del Señor del 2013, junio, escribí que con los Jueces se vivía mejor, o muchísimo mejor y previo reconocimiento de la patata que para quien redacta era la NOJ desde el primer borrador y que me presenté a Secretario Coordinador Provincial en el año 2005, ejerciendo desde ese año de Presidente de la comunidad de vecinos cuando me toca, concluí que con los Jueces al mando se vivía mejor porque siempre se sabía por dónde podía venir el golpe y quién podía dártelo. 

Pero como todo lo que es susceptible de empeorar, empeora, ni los Jueces – la mayoría- saben ahora cómo viven, ni nosotros, o sea, Letrados de la Administración de Justicia sabemos en qué esquina nos espera la siguiente sorpresa en la forma jurídica que prefieran y, menos cuando el pueblo español siempre prefiere un mal pleito, una mala sentencia y una horrible ejecución antes de llegar a ningún acuerdo. ¿Acuerdo?, ¿he escrito acuerdo? Disculpen. Hagamos difícil lo fácil y pónganse en situación. Letrado del Banco que reconoce lo debido por cláusula suelo más intereses y cuatrocientos de costas. Buen acuerdo. La Magistrado y quien suscribe nos miramos. Asunto zanjado. ¿Asunto zanjado? Sí, claro, el letrado del actor indica que no está de acuerdo con el importe de costas y que a poner sentencia. Le faltó decir como “Dios manda” y a proteger a los consumidores de los abusos. 

Así que para vivir mejor no basta ahora con que mande el Juez, que ya no manda, sino tener una buena mesa bajo la que esconderse y guardarse de reformistas conversos, inventores de programas informáticos y dos sesiones de formación; jerarquías de toda clase, suerte y condición y de los ciudadanos. Sí, de los “consumidores”, vocablo que ahora supera a la “democracia” como finalidad primera y única de la Administración de Justicia y, que ya va camino de alcanzar a la “tutela judicial efectiva”. 

Y hablando de consumidores, ¿han observado como los teclados se relamían de “os lo dijimos” por la entrada de demandas en los Juzgados bis? ¡Qué alegría, que alboroto, otro Juzgado colapsado! La rima era con el “perrito piloto”, pero mis nociones de poesía no llegan a mediodía. Hagamos imposible lo difícil y vuelvan a ponerse en situación. Letrado de Banco en juicio ordinario con rebeldía del contrario y 20% de intereses de demora. La Magistrado advierte de la circunstancia y de la posible abusividad y, el letrado indica que no tiene instrucciones y que a poner sentencia. Otro palote más en la estadística de sentencias. 

Con este panorama de sueldos bajos, jefes y de directores de todas las categorías y con el Ministerio de Economía y Hacienda y la Dirección General de Registros y del Notariado, que de procesal no anda sobrada, tratando de imponerme unas curiosas doctrinas tuteladoras de los derechos de “consumidores”, faltaría, ando buscando una buena mesa, amplia y resistente que me permita un estupendo escondite a salvo de derechos, ciudadanos, jerarquías y tutelas judiciales. Aunque tampoco tengo clara su ubicación porque en el piso de arriba han colocado el Juzgado Bis y desconozco si la estructura aguantará el peso de las miles de reclamaciones (también la tradicional demanda ha desaparecido del proceso) de los “consumidores”.

08 junio 2017

La convocatoria de la subasta y la notificación del señalamiento.


Con el fin de no arrebatar al ejecutado cualquier bien que posea, despojándole de todo lo que no sea inembargable, sino sólo de los bienes que efectivamente tengan valor económico suficiente, ordena la ley que no se saquen a subasta ni un bien determinado, ni un lote de bienes, cuando sea previsible que con la realización no se va a obtener una cantidad de dinero que cubra, como mínimo, los gastos de la subasta (art. 643 LEC). 

La convocatoria a subasta se realiza por decreto y por una diligencia de ordenación se comunicará a las partes que no se convocará (arts. 644 y 545.7 LEC). Esta sorprendente antinomia de imposible explicación, la suscita la nueva redacción del art. 644 LEC que no solo requiere un decreto, sino que además obliga a que sea firme (art. 645 LEC) y todo ello cuando sigue sin aclararse qué se entiende por «gastos originados por la subasta» . El cálculo de los gastos parece atribuirse de hecho al Letrado de la A. de Justicia, ya que nada se dispone en sentido contrario, quien resolverá si debe o no convocarse en función de la liquidación que realice. Cuestión distinta es que los juzgados deban adelantar la resolución al decreto en la que se aprueba la valoración definitiva de los bienes (art. 639.4 LEC); actuación que creo errónea por la ubicación sistemática de las dos normas y por el especial contenido de dicha resolución, pero que con la nueva redacción de los arts. 644 y 645 LEC no rebato. 

A modo de hipótesis de laboratorio podríamos preguntarnos si en la diligencia de ordenación debería recogerse con algún detalle el cálculo efectuado y qué partidas se comprenden en los «gastos de la subasta». Ambas cuestiones, que se encuentran íntimamente relacionadas, nos obligarían a distinguir los conceptos de costas y de gastos, aunque teniendo en cuenta que el mayor importe, que era el correspondiente a la publicación en los boletines oficiales ha reaparecido en la ejecución civil como gasto impuesto (art. 645 LEC). Sin darle muchas vueltas el gasto comprenderá todo aquel concepto incluible en la tasación de costas (honorarios de letrado, arancel del procurador, honorarios de perito, gastos del depósito, publicación edictal y publicación en otros medios), o más correctamente podrían reducirse a los directamente originados por la subasta (publicación edictal, honorarios de perito y, en su caso, gastos del depósito). 

Tomada la decisión de convocar la subasta, se dictará una primera diligencia de ordenación, en la que se emplazará a las partes para que aleguen lo que tengan por conveniente sobre la formación de lotes (art. 643.1 LEC). Transcurrido el plazo concedido para esas alegaciones, se dictará un decreto en el que se acordará la convocatoria de la subasta (art. 644 LEC). La necesidad de dictar esas dos resoluciones se justifica por el distinto sentido y finalidad de una y otra: la primera tendrá por objeto la convocatoria de la subasta y se fundará en el juicio de valor sobre los gastos que origina; en la segunda, pese a la dicción legal, se anunciará la subasta que se llevara a cabo electrónicamente y, en la que se identificarán los bienes, sea individualmente o formando lotes. La necesidad de firmeza impuesta en el art. 645 LEC, permite que tanto la diligencia como el decreto puedan impugnarse en reposición. 

De la repetida exigencia de firmeza resulta que aunque la ley no fije plazo alguno entre la convocatoria y su celebración, con lo que nada impediría que comenzara la subasta dos días después del dictado del decreto (ex. art.648.2ª LEC), no solo deberá esperarse a que transcurra el plazo de impugnación (art. 451 LEC), sino que la omisión no amparará interpretaciones desorbitadas, que desconociendo la finalidad de la venta, hurten la concurrencia de los licitadores. En consecuencia no ha perdido valor la doctrina sentada por la STS, Sala 1ª, de 21 de noviembre de 2000 (LA LEY 257/2001) en la que se declaró la nulidad de una subasta notarial por vulneración del requisito de la publicidad, razonando que no podía entenderse cumplido al haber mediado desde su anuncio a la celebración, un plazo cuando más, de veinticuatro horas que, lógicamente, era a todas luces insuficiente para provocar la concurrencia de postores que hubieran podido elevar el precio ofrecido, conculcándose así el derecho e interés del propietario a obtener el mayor precio posible. 

No obstante, la novedad que introduce en este punto la Ley 19/2015 consiste la supresión de la obligación de notificar al ejecutado el señalamiento del lugar, día y hora para la subasta en el domicilio que conste en el título ejecutivo y, deberemos entender que la notificación del Decreto del art. 644 LEC practicada con arreglo a las normas generales en la materia, será bastante para evitar cualquier posible indefensión por desconocimiento. Era una práctica muy extendida la de intentar notificar personalmente al ejecutado el señalamiento para subasta, suspendiéndose si resultaba negativa. 

Con la reforma si el ejecutado no se opone a la ejecución, personándose en forma, los actos posteriores, como el acto de comunicación de la subasta, seguirán el régimen normal y, consecuentemente, si posteriormente el deudor no fuera localizado en el domicilio donde primeramente fue hallado, debería recurrirse a la comunicación edictal porque, en definitiva, habría sido el propio demandado quien faltó a su obligación de comunicar al Juzgado su cambio de domicilio y no podría responsabilizarse al órgano judicial de una indefensión que únicamente se explicaría por su propia falta de diligencia (AAP BARCELONA, Sección 14ª, 21 de mayo de 2015, ROJ: AAP B 729/2015). 

En suma, la notificación del señalamiento de la subasta (la del anuncio) se realizará por medio del edicto, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (art. 645.1 LEC).