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Mostrando entradas de junio, 2017

Dos guerras perdidas y la certificación del art.654.3 LEC.

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Hay dos guerras pérdidas en los Juzgados. Y escribo de guerras y no de batallas porque ahora que nos invade la cuarta cesión de créditos a fondos domiciliados fuera de España, si alguien cree que el art. 1535 CC regula la figura tiene el mismo derecho a creer que los Reyes Magos vienen de París (creo que era algo por el estilo, pero hay horas que uno no está para lindezas poéticas) y eso que vamos camino de tener consumidores y sus quejas hasta la próxima década. 
La segunda guerra se ha perdido con los Registros de la Propiedad que ya se han convertido por su derecho propio en una segunda instancia paralela a la que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial para los Juzgados de Primera Instancia. Y como ahora no lo recordarán hagamos memoria (a secas). La Ley 1/2013 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificó el art. 654 LEC, introduciendo un apartado 3 que padece una d…

Y ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo eres tú (un vistazo a la conciliación del año 2015)

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Se me escapó de las manos minuto y medio antes de dar comienzo al acto, así que me deshice de la toga, apague la cámara, mejor dicho, salí de la aplicación y apague el ordenador y con cara de no saber lo que había pasado, que no lo sabía, pregunté a los abogados el motivo de suspender la conciliación: habían llegado a un acuerdo. 
¿Un acuerdo? ¿Un acto de conciliación que termina con un acuerdo? Ni que decir tiene que el espejismo duró lo que tardó el agente del Decanato en traer el reparto del día y, colocarme en la situación previa al acuerdo de minutos antes y, posterior a la entrada en vigor de la Ley 15/15 de Jurisdicción voluntaria. La verdad es que desde la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 hubo un par de ratos e incluso de tardes, para pensar y repensar lo que podríamos haber hecho con la conciliación, -aparte de repetir, claro está, lo de potenciar los medios de solución intra, para y extrajudiciales-, pero por lo visto las agendas estaban tan ocupadas que nos quedamos con l…

De los consumidores, de un perrito piloto y de una buena mesa.

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Allá por el lejano año del Señor del 2013, junio, escribí que con los Jueces se vivía mejor, o muchísimo mejor y previo reconocimiento de la patata que para quien redacta era la NOJ desde el primer borrador y que me presenté a Secretario Coordinador Provincial en el año 2005, ejerciendo desde ese año de Presidente de la comunidad de vecinos cuando me toca, concluí que con los Jueces al mando se vivía mejor porque siempre se sabía por dónde podía venir el golpe y quién podía dártelo. 
Pero como todo lo que es susceptible de empeorar, empeora, ni los Jueces – la mayoría- saben ahora cómo viven, ni nosotros, o sea, Letrados de la Administración de Justicia sabemos en qué esquina nos espera la siguiente sorpresa en la forma jurídica que prefieran y, menos cuando el pueblo español siempre prefiere un mal pleito, una mala sentencia y una horrible ejecución antes de llegar a ningún acuerdo. ¿Acuerdo?, ¿he escrito acuerdo? Disculpen. Hagamos difícil lo fácil y pónganse en situación. Letrado de…

La convocatoria de la subasta y la notificación del señalamiento.

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Con el fin de no arrebatar al ejecutado cualquier bien que posea, despojándole de todo lo que no sea inembargable, sino sólo de los bienes que efectivamente tengan valor económico suficiente, ordena la ley que no se saquen a subasta ni un bien determinado, ni un lote de bienes, cuando sea previsible que con la realización no se va a obtener una cantidad de dinero que cubra, como mínimo, los gastos de la subasta (art. 643 LEC). 
La convocatoria a subasta se realiza por decreto y por una diligencia de ordenación se comunicará a las partes que no se convocará (arts. 644 y 545.7 LEC). Esta sorprendente antinomia de imposible explicación, la suscita la nueva redacción del art. 644 LEC que no solo requiere un decreto, sino que además obliga a que sea firme (art. 645 LEC) y todo ello cuando sigue sin aclararse qué se entiende por «gastos originados por la subasta» . El cálculo de los gastos parece atribuirse de hecho al Letrado de la A. de Justicia, ya que nada se dispone en sentido contrario…