La cuestión compleja en la ejecución de la jura de cuentas.

La regulación de la jura de cuentas en la Ley de Enjuiciamiento civil constituye una vía privilegiada de protección de los derechos y honorarios de abogados y de procuradores, siendo así que en el caso de los primeros se ampara el pago de los «honorarios que hubieren devengado en el asunto», siempre que se presente una «minuta detallada» (art.35.1 LEC). 

Dice el ATS, Sala 1ª, del 17 de junio de 2015 (ROJ: ATS 5027/2015) que las características propias del procedimiento de jura de cuenta conducen a reconocerle un carácter incidental, es decir, un procedimiento en dependencia inmediata con un pleito principal. Estas características serían las siguientes: (i) presupone siempre un proceso anterior; (ii) los sujetos legitimados activamente serían los abogados y los procuradores que hubieran intervenido en el proceso precedente; (iii) la integración del sujeto pasivo y del objeto vendrían, igualmente, determinados por el proceso anterior; (iv) la comprobación de los presupuestos y requisitos para su admisión y el examen de las posibles excepciones e impugnaciones habrían de hacerse en relación con el pleito anterior; (v) la clase de resolución que en la ley ha elegido el legislador para su conclusión adoptará la forma de decreto; (vi) lo decidido en este trámite, como norma, no tendría efectos de cosa juzgada, en cuanto podría promoverse un juicio posterior; (vii) la competencia funcional para su tramitación correspondería al órgano que conoció del proceso anterior; y (viii) la propia sistemática seguida para la regulación del procedimiento se sitúa entre las disposiciones relativas a la intervención de los abogados y procuradores, y no dentro de los procesos especiales. 

Y en palabras de la STS, Sala 1ª, de 19 de junio de 2008 (ROJ: STS 4138/2008), la jura de cuentas sería un procedimiento ejecutivo, de naturaleza sumaria y especial, que otorgaría una singular protección a los letrados, en cuanto les posibilitaría a hacer efectivos de forma expeditiva los créditos derivados de su actuación profesional en los procesos, evitándoles acudir a la vía declarativa ordinaria, la cual, de todas formas, no quedaría excluida ya que el interesado podría optar por una u otra. 

No obstante, en los casos en los que por el requerido de pago se formularan excepciones que desbordasen los límites del procedimiento, debería someterse la cuestión al juicio declarativo correspondiente. De lo contrario, se ampararían situaciones de abuso, al tiempo que quedaría mermado el derecho de defensa. Aunque tampoco bastaría cualquier alegación de cuestión compleja, sino que por el órgano judicial habría de determinarse sí efectivamente las razones esgrimidas por el demandado contarían con visos de verosimilitud. Para terminar, deberá atenderse a la obligación de solventar la reclamación y la impugnación que en su caso pudiera formularse, según el estado de las actuaciones y, de la documental que hubiera podido aportarse. Pues bien, dicho todo lo anterior, el problema surge cuando el demandado guarda silencio frente al requerimiento y una vez despachada ejecución formula una oposición fundada en la existencia de una «cuestión compleja», que excedería los reducidos límites del art. 35 LEC y que tampoco encontraría acomodo, en principio, en los arts. 556 y ss. LEC. Digo que excedería los límites del art. 35 LEC porque en tales circunstancias, nos encontraríamos con una problemática que presentaría una complejidad que excedería del ámbito del juicio sumario y debería examinarse en el juicio declarativo (ATS, Sala 1ª, 20 de septiembre de 2011, ROJ: ATS 9983/2011). 

Y ¿qué sucede con la ejecución? Adviértase que en este supuesto lo que el ejecutado plantearía sería la inexistencia del arrendamiento de servicios entre las partes y por ende, de una relación entre el letrado y la parte en el que estaría incluido el proceso que originó la reclamación del primero. Esto es, lo que realmente se sometería a consideración del órgano judicial sería la eficacia y el alcance de lo pactado y, pese a ello la oposición que se articulase no prosperaría salvo, claro está, la decisión que pudiera adoptarse en el proceso declarativo sobre esta cuestión. 

Ahora bien la reciente Sentencia TJUE, Sala Quinta, de 16 de febrero de 2017 (asunto C‑503/15), puede haber abierto la puerta a otra interpretación. La sentencia define la jura de cuentas como un procedimiento que se sitúa al margen del sistema jurisdiccional nacional. Por una parte, la incoación del procedimiento de jura de cuentas no da lugar a que, por causa de litispendencia, pueda impedirse que un tribunal ordinario sustancie autónomamente un proceso declarativo o un procedimiento monitorio, ni tampoco constituye una causa de inadmisibilidad de los motivos que pudieran formularse, simultánea o sucesivamente, ante tal tribunal ordinario, y, por otra parte, el decreto por el que se pone fin al expediente de jura de cuentas es similar a una resolución de carácter administrativo, puesto que tal decreto, aun siendo firme e inmediatamente ejecutivo, sin que se admita contra él ningún recurso, no goza de los atributos de una resolución judicial, especialmente de la fuerza de cosa juzgada material. 

De las consideraciones anteriores resultaría que, en el ámbito del expediente de jura de cuentas, el Letrado de la Administración de Justicia no constituiría un «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE y sería el juez de la ejecución competente para acordar el apremio sobre la cantidad debida, quien debería examinar —de oficio si fuera necesario— el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual que figurase en el contrato celebrado entre un abogado y un cliente suyo (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2015, C‑32/14 y de 18 de febrero de 2016, C‑49/14) y, por la misma razón, podría admitirse la oposición que el ejecutado formulase por la existencia de una «cuestión compleja» entre las partes.

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