27 mayo 2017

Hartazgo.


No me llama la atención que profesionales de cincuenta años y con más de veinte de ejercicio -o mejor dicho, desde que aprobamos la oposición y repito, desde que aprobamos la oposición, porque todos los funcionarios de los grupos A de la Administración del Estado hemos aprobado una oposición y no un master, tres cursos, dos trabajos o, peculiaridades académicas varias- piensen, pensemos, en lo que nos queda para despedirnos de la tutela judicial efectiva de los 152.954 abogados ejercientes en el censo del año 2016 (en el año 2015 fueron 151.866) y de los derechos de los millones de conciudadanos que o, nunca han sabido lo que firmaban o, nunca han leído nada de lo que sabían. O lo sabían todo por la televisión, que de todo hay y como dice un antiguo portero del Real Madrid en “situaciones difíciles” “hagámoslo fácil”. 

Claro que sí “hagámoslo fácil”, con ochenta y dos facultades de derecho produciendo abogados en cuatro años y un master, cualquiera puede cascarle un recurso de casación al Tribunal Supremo, así que tampoco podrá sorprendernos que la conciliación haya sustituido al burofax de correos, que las demandas de los juicios ordinarios traten de ganar el asunto por el peso y por no la calidad de la fundamentación y, que sigamos prefiriendo un buen pleito a cualquier clase de acuerdo. De hecho ya son legión los abogados que se traen de casa y por escrito, las conclusiones de los juicios que luego leen sin recato y, todo ello después de la práctica de una prueba que era imprescindible en la audiencia previa o multitudinaria en el juicio verbal y que se obvia por que, evidentemente, no venía escrita, ni concluida de casa. 

Y es que en el otro lado, en el nuestro, solo cabe guardar un prudente silencio, que todo pase y a ver si con suerte nos dejan en paz. El caso Mari Luz fue paradigmático en este sentido y un buen aviso a navegantes: se centró el foco en el Magistrado y en la Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal y, no en los incompetentes que han regido y rigen la gestión de la Administración de Justicia desde que el Tribunal Constitucional tuvo la ocurrencia de partir aquella en tres trocitos. No niego responsabilidades en la casa, pero por aquí pasan y pasan saltimbanquis que van y vienen y, a ninguno se le piden cuentas por nada y, sucede que en mi Juzgado todos, comenzando por la Magistrado y terminando por el Auxilio Judicial, tiramos de agenda a pezuña para computar plazos o señalamientos, porque el famoso Cicerone de gestión procesal es un programa tan obsoleto y, hay que dar tantos pasos para cualquier cosa que al final lo más práctico es el bolígrafo y el papel. 

Valencia no tiene facultad de Veterinaria (la pública más cercana está en Zaragoza), ni de Ciencias del Mar, pero tiene cuatro estupendas facultades de Derecho y sumamos y seguimos y si los planes de estudios de los años setenta eran como eran, los de ahora son con son y, de hecho una de ellas produce un licenciado de Derecho en un año con las convalidaciones oportunas. Con el título, el master, y los artículos 24 CE y 231 LEC la cosa está hecha. 

¿La cosa está hecha? Pues claro que está hecha y encima transporta un virus contagioso, porque por edad, por modificaciones legales y por la situación económica, esos abogados de los años ochenta y noventa están desapareciendo o ya evitan los enfrentamientos en los juicios y prefieren mandar a gente de sus despachos a que cojan tablas y, ojalá que el público de ese teatro fuera también funcionarios cogiendo tablas, pero cuando eso no sucede vamos pensando que lo mejor es cumplir sesenta años y llegar a treinta años de servicio

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