20 abril 2017

¿Y por qué esta fiesta es gratis?: a propósito del copago en justicia y de los consumidores.


Hagamos una previa aclaración. A la derecha, la gestión de la justicia le importa treinta y tres y a la izquierda, esa cantidad por tres y aún me quedo corto. No me extiendo mucho: la derecha ve la justicia como un mal necesario y no sabe lo que hacer con ella; la izquierda como un asunto electoral, que permite colocar tres o cuatro consignas y cientos de querellas a ver si hay suerte (moda, por cierto, a la que luego se han apuntado todos los demás). De los nacionalistas no sé qué decir, porque empeñados en poner fronteras en cada barrio les preocupa la identidad y nada la eficacia y en estas, no es de extrañar el altísimo nivel intelectual de todos los debates que protagoniza el llamado tercer poder del estado (todo con minúsculas). 

Y ¿es necesario el copago en justicia? Estupenda pregunta que contesto con rotundidad: Si. Y ¿por qué? Vuelvo a contestar con rotundidad: la mitad (cómo poco) de los asuntos que entran en los Juzgados merece el calificativo de “litigiosidad artificial”, innecesaria, inasumible y, en consecuencia, prescindible. Esto se ha escrito y publicado. El problema es que estos debates no pueden abrirse como quien se va a la playa, porque el vecino de sombrilla tiene a mano, un inteligentísimo abanico de respuestas: “ataque a la tutela judicial efectiva”, “los derechos de los pobres” y la “justicia para ricos”. ¿Justicia para ricos? Pero ¿ustedes creen que los ricos acuden a la justicia para solventar sus problemas? y a, propósito ¿qué es un rico? Cuando llevamos al “absurdo” esta clase de eslóganes, no hay nada detrás. 

¿Quieren un debate serio? Calculen lo que cuesta el tiempo que emplea un funcionario Judicial, el trabajador de correos, un Juez, un Letrado de Justicia y otro funcionario de Gestión o Tramitación en un juicio verbal de 200,00€ y añadan el coste de la Sala y el sistema de grabación. Puedo quedarme escaso con los 200,00€ - que juicios hay y no pocos de ese importe e inferior-, así que vayamos a un juicio ordinario de 6.000,00€: cuando la sentencia se recurre en apelación y se obliga a intervenir, para empezar, a otros tres magistrados no estamos hablando de justicia. Y eso por no hablar de las cientos de denuncias penales contra vecinos (cuestión de educación que se resuelve en España a multa limpia) o, de los procesos contenciosos administrativos que se interponen por funcionarios, haya o no derecho, porque en asuntos de personal la cosa iba de gratis, aunque muchas veces también gracias a comportamientos de las administraciones públicas que lindan con el ilícito penal. 

En tales circunstancias la tasa judicial respondió a la famosa ley española del péndulo, que no tiene definición, pero si una secuencia temporal que comenzó cuando el movimiento del mismo llegó a un extremo (cualquier cosa terminaba en un Juzgado) y que finalizó cuando el péndulo, por una ley de la física que no explico, acabó en el otro (Juzgados atascados y falta de dinero para crear nuevas “unidades judiciales”). En el recorrido se queda – o, el péndulo se llevó por delante- el derecho a la justicia gratuita y la deficiente gestión de las Comunidades Autónomas, pero esto es solo a medias, porque el primero consiste en pagar, pagar y pagar a los Colegios de Abogados y de Procuradores y de la segunda responde siempre el maestro armero; de hecho, es muy habitual que los gestores de la cosa pública judicial salten de puesto en puesto y, de derecho, que solo hayan sabido construir edificios (“ciudades de las justicias”) y eso, creo, tiene poco mérito, nulo esfuerzo intelectual y mucho de LEGO®. 

Llegados aquí más de un lector estará con él “y tú más”, el horario de los juzgados o, el maltrato del Juez del Quince, pero si hablamos de péndulo habrá que dar una explicación al movimiento y no a su ausencia; esto es, el colapso en los Juzgados no lo han provocado los funcionarios que se van una hora de cafés, ni los juicios que se retrasan una hora o más, ni el Juez del Quince y dramático es, que tampoco sepamos realmente la causa, porque seguimos sin tener en justicia datos fiables de nada, ni modo de obtenerlos a corto plazo. Con lo que entran en juego los volúmenes: (a) el de las modas (cesiones de créditos, ejecuciones hipotecarias, SWAP, preferentes y reclamaciones de consumidores), (b) el de la necesidad (monitorios por gastos de propiedad horizontal, que se han triplicado) y (c) el del gasto (imposibilidad de seguir montando juzgados a la puerta de cada domicilio) y como quiera que los volúmenes no han disminuido, la solución fue echarle mano o, mejor garra, al bolsillo del ciudadano. 

Sí, claro, habría una primera y única solución: inmediata devolución al Estado de las competencias transferidas en Justicia y supresión de todas las Consejerías del ramo, pero luego es muy probable que me cayera de la cama y despertara al vecino del golpetazo. Eso por no indicar que la red de intereses creados es de tal magnitud, que salvo imposición europea mediante una cuestión prejudicial se antoja imposible esta devolución. 

Así que justificado el movimiento del péndulo y partiendo del hecho reconocido que España está llena de españoles, el Ministerio de Justicia no hizo otra cosa que seguir el ejemplo de la Dirección General de Tráfico. Esto es, imponer tasas desproporcionadas y no olvidemos tampoco que desde la casa se había reclamado con insistencia que se pusiera coto al abuso con el que se empleaba la Justicia (¿recuerdan alguna pretensión de justicia gratuita que se haya calificado de insostenible?) y frente a ello siempre se había sacado a paseo el art. 24 Constitución, no una alternativa. 

El problema no se limitaba a la desprotección del ciudadano frente a la Administración, que es ahora máxima, sino a que nadie parece importarle, salvo a dos o tres Colegios de Abogados y eso también tiene su explicación. Nos movemos según nos tocan el bolsillo o, los privilegios y, después de sucesivas congelaciones o disminuciones de sueldo, a pocos nos importa si, por la tasa judicial el asunto llegaba o no la apelación; salvo, claro está, que uno fuera el apelante. 

Ni que decir tiene que la supresión de la tasa no sirve contra las modas que bambolean la Justicia española. Y ahora estamos con el arbitraje y la mediación tratando de ver cómo es posible, si lo es, que los miles de asuntos que acechan la estabilidad física de los edificios judiciales tengan alguna salida rápida que no sea la papelera. 

No me ocupare del arbitraje, al que se han apuntado los Colegios de Abogados y sus minutas de honorarios, sino a la mediación, que es una suerte de conciliación en la que el Juzgado se pone en medio de las partes para que se lleven bien o para no se sabe bien qué, porque hasta ayer, la función del Juzgado consistía precisamente en ponerse en medio de los llamados litigantes a fin de ordenar una salida racional al asunto. Folios y más folios en el estudio de la cuestión (o sea, en cómo darse la mano) cuando basta echar un vistazo a cualquier sede judicial para comprobar que el problema no tiene que ver con el derecho, sino con la educación, pero ahí seguimos dándole vueltas a la teoría o a los calamares, que tanto da. 

Y mientras tanto esperamos que los miles de consumidores que no sabíamos lo que firmábamos, inunden por segunda vez los Juzgados civiles con toda clase de reclamaciones por abusividades varias, al mismo tiempo que acuden (en esta parada quien firma se bajo hace tiempo) a las sucursales bancarias atraídos por esos créditos de pronta entrega e interés remuneratorio cercano al 20% ¿Cercano al 20%?, pero ¿de verdad se creían que llevarse por delante la ejecución hipotecaria y parte del sistema créditicio iba a salir gratis? 

Pero lo peor de todo es que la cosa no tiene solución. Es imposible reformar la casa sin un plan y este debe diseñarse a largo plazo y ni este, ni aquel pueden sujetarse a los vaivenes electorales (esperen que ahora vuelvo de echarme unas risas o unos lloros, lo que prefieran) y como eso es imposible y basta echarle un vistazo a cualquier parlamento de los dieciocho que nos pagamos por estos lares para llegar a esa conclusión, nos queda la moda. Y de la moda de las unidades judiciales al lado de cada parada de autobús y de la nueva oficina judicial, hemos pasado a la moda de la justicia digital y electrónica y, como no hay dinero para tanto desfile, muchas sedes judiciales dan pena, cuando no asco, la nueva oficina judicial está a punto de cumplir diez años sin haber empatado un partido en una gran capital de provincia (por número de órganos judiciales afectados por el invento) y, los sistemas informáticos echan el humo característico de las locomotoras de hace dos siglos.

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