28 marzo 2017

¿Triciclo o patines? La última sobre la NOJ en la Comunidad Valenciana (III)


Y miren, como esto de la implantación a martillo de la Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana no le importa a nadie en la casa, salvo un par de Magistrados de trinchera que anda moviéndose por aquí y por allá con nulo éxito de crítica y escaso de público, he pensado que quien redacta estas líneas debe dejarse arrastrar por el impulso modernizador de esa nueva organización de la oficina judicial que se rige por el principio de “se hace camino al andar” aunque nadie sepa dónde está el camino, ni si al final del mismo hay un precipicio. 

Con esta introducción ya indico que este será el último comentario sobre la Nueva Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana, sus sesiones de formación informática de tres horas en salones de actos o en las salas de bodas de los decanatos, sus miles de modelos triplicados en el Cicerone procesal y su versión 19 y, por supuesto, sus servicios generales, comunes, mediopensionistas y ocasionales y, el tránsito de procesos o de pedazos procesales entre unos, otros y los de más allá. 

Así que llegados a este punto son cuatro las importantísimas dudas que me asaltan. ¿Estaremos asistiendo al definitivo ocaso de la grapa judicial, subespecie de la grapa de tono cobrizo o grisáceo, que a modo de plaga infectan procesos y archivos? y, por necesarias alusiones ¿los fasteneres corren el mismo riesgo de desaparición gracias a que los pedazos procesales saltarán de ordenador en ordenador -y no de mesa en mesa-, aunque no necesariamente en el mismo orden jurisdiccional, ni entre los encargados de su tramitación? 

¿Patines o un triciclo? Esta es la tercera cuestión que me tiene alterado el sueño, porque como se queda un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) por cada tres Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD), los años van cayendo y no conozco a ningún LAJ que tenga seis brazos y cuatro piernas, será imprescindible algún soporte que facilite el desplazamiento autónomo entre aquellas y, permita desempeñar esas notabilísimas funciones que cada reforma adjudica al Cuerpo. 

Y nos queda la cuarta y última: ¿seguirán haciéndose los miles de testimonios de sentencias, autos y decretos mientras los originales de esos documentos se conservan en cajas sin orden, índice y en concierto propio de la anarquía? Supongo que lo ignoran pero el primer gasto que se ahorró la administración – y con razón- fue el de la encuadernación de esos miles de folios. 

Pasen un buen día y si hacen algún comentario y no leen una respuesta es que no puedo hacerla. He entrado en un bucle informático del que todavía no he logrado salir.

21 marzo 2017

El pago o cumplimiento como motivo de oposición a la ejecución.


Una larga tradición en nuestro proceso que confunde su finalidad de declarar el derecho y de ejecutarlo, con el inexistente de las partes a servirse del mismo así como prácticas carentes de sentido con las nuevas tecnologías, transforma los requisitos del pago o cumplimiento del título y con ello afecta a los límites del despacho de ejecución y de una posible oposición. La reforma del expediente de consignación en la Ley 15/2015 y una adecuada exégesis de las normas procesales obligaría a despejar el proceso de estas costumbres y, a que el pago o cumplimiento fuera ajeno al mismo hasta que apareciera como motivo de oposición a la ejecución. 

Les dejo el artículo publicado en la ley sobre esta cuestión.

10 marzo 2017

Depósitos para recurrir y tutela judicial efectiva (versión 2017).


Permítanme que reitere una anécdota. En las dos últimas audiencias previas en las que he intervenido, los recursos de reposición interpuestos se fundaron en el artículo 24 CE y aún después de la aclaración solicitada a la parte, no hubo forma de averiguar qué infracción se había cometido; llegándose a afirmar, en uno de los casos, que la interpretación del Tribunal Constitucional en materia de recursos no admitía restricciones de ninguna clase. 

Evidentemente nadie afirma que esta anécdota sea regla general, pero tampoco puede menospreciarse el hecho del aumento desproporcionado de los recursos ordinarios (reposición, reforma y apelación) que enfrenta el derecho de acceso al recurso con la dilación indebida. No lo digo yo, aunque lo piense. La Exposición de motivos de la Ley Orgánica complementaria de la Ley de reforma para la implantación de la nueva oficina judicial (que modifica la LOPJ 6/1985) justificó la introducción de un depósito para recurrir en la finalidad de disuadir a quienes recurrían sin fundamento jurídico alguno, para que no prolongaren indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso. 

La contundencia con la que se expresa el legislador no paró en la dilación indebida, sino que advirtió del “uso abusivo” del recurso. Nadie que, en la actualidad, se relacione con esta Administración puede sorprenderse con esta afirmación y menos aún, entender atacado cualquier derecho. No existe en nuestro ordenamiento el derecho al recurso sin más y porque sí – entiéndase la libertad de estilo- y eso es, precisamente, lo que sucede en la actualidad. 

El legislador tenía otras dos opciones para frenar esa avalancha de impugnaciones de trámite: fijar una cuantía mínima para el acceso a la segunda instancia y el llamado “permiso para la apelación”. La primera, que no parece tener predicamento, haría irrecurribles los procesos “antieconómicos”, entendiendo por tales aquellos en los que la inversión que hace la Administración para prestar la tutela judicial excede desproporcionadamente la cuantía de la acción ejercitada. La segunda funciona en otros países a modo de obstáculo procesal para el acceso a la segunda instancia, pero precisamente por ello no ahorra a los órganos de la primera instancia ningún recurso y además, el éxito de la medida viene condicionado por el criterio de otro magistrado – el que concede el permiso- con lo que se antojaba una tarea de titanes distinguirlo del vigente recurso de queja. Despejada esta incógnita, la medida de la introducción de una tasa para recurrir fue acertada y como también lo fue que afectase a toda clase de recursos, ordinarios y extraordinarios. 

Pero esto es España y disculpándome por anticipado por si algún lector se ofende ya que es un Letrado de la Administración de Justicia quien suscribe estas líneas, tardamos bien poco en interpretar la norma en beneficio del recurso aunque con ello nos lleváramos por delante el trámite del mismo y, sin entrar en lo que tiene preferencia, sorprende que luego haya quien se extrañe de la anarquía procesal que vivimos. Dicho de otra forma, una cosa es subsanar un defecto y otra muy distinta dar una segunda oportunidad para realizar un acto omitido. La subsanación regía en el Derecho Español cuando aprobé la oposición (oposición que nada tiene que ver con un curso, un master o cualquier otro apaño académico-práctico) ; lo otro, lo de la segunda oportunidad era algo propio del Derecho Anglosajón, se creaba derecho donde no lo había

Por razones que a pocos escapa ni se me ocurre entrar en el asunto de la cuantía del depósito – comparen los 50,00€ para una casación con la carta de la mayoría de los restaurantes de España– habida cuenta que la Justicia debe ser el único servicio público gratuito y más gratuito; ni en el destino de los depósitos, tampoco lo haré en su aplicación a las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia, no vaya a ser que el Tribunal Constitucional se auto-planteé otra cuestión de inconstitucionalidad y la tengamos dentro de cinco años. 

Empero sí que entraré en el hecho que en la actualidad que casi nadie cumple a la primera. Y escribo esto porque hasta la intervención del Tribunal Supremo no se advertían especiales problemas en la aplicación práctica de la norma porque el depósito se consignaría en la Cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado o tribunal (Disposición adicional 15ª.6) y se había previsto un trámite de subsanación de dos días de cualquier defecto, omisión o error en la constitución del depósito con lo que sería la parte la que, en su caso, sufriría las consecuencias de un error en el ingreso mediante la inadmisión del recurso. 

Pues bien el ATS, Sala 1ª de 30 de noviembre de 2010 (ROJ: ATS 14628/2010) abrió una senda en la que nunca debió aventurarse. En esa resolución y en otras del mismo año se resolvió que la Disposición Adicional 15ª se refería a tres posibles deficiencias en la constitución del depósito: defecto, omisión o error. El defecto o error en la constitución del depósito, por la propia naturaleza de los términos utilizados por el legislador, partían de la existencia de un depósito realizado, aun cuando este depósito se hubiera realizado bien de manera defectuosa, bien de manera errónea. La cuestión que planteaba más problemática era la de determinar el alcance que había de darse a la posible subsanabilidad de la deficiencia consistente en la omisión en la constitución del depósito ya que la forma en que estaba redactado dicho término permite varias interpretaciones: Se podía partir de una interpretación amplia y favorable a la posible subsanación y considerar que el término omisión comprendía la posibilidad de subsanación por no haber efectuado aún consignación o, por haberla efectuado fuera del plazo legalmente establecido para ello, o por el contrario, y manteniendo una postura más restrictiva, considerar que la omisión indicada partía del presupuesto de que el depósito debía estar constituido y la omisión, defecto o error se refería a la acreditación de la constitución del mismo, de tal manera que la existencia del depósito era presupuesto de hecho de la deficiencia subsanable. 

Como ya imaginan el Tribunal Supremo entendió que la ley permitía la subsanación no solo de los supuestos en los que no se hubiera aportado el justificante que acreditase o justificase la constitución del depósito, sino que comprendía también la posibilidad de subsanación por no haber efectuado aún la consignación o por haberla efectuado fuera del plazo legalmente establecido para ello. Se consideró que esta interpretación favorable a la posible subsanación enlazaba con principio general de subsanabilidad de los actos procesales y con la consideración del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial efectiva del art. 24 CE y con el llamado principio de proporcionalidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había puesto de manifiesto en diversas ocasiones que debía de haber un equilibrio justo entre el respeto de los requisitos formales y el derecho de acceso a los tribunales (ver, entre muchas otras, Sentencia de 19 febrero 1998 [TEDH 1998\7]). 

Eso no era una subsanación, era una segunda oportunidad para el cumplimiento de un requisito que no suscitaba duda alguna, pero abierta la puerta cualquiera la cerraba y, por eso en el ATS, Sala 1ª, de 11 de febrero de 2015 (ROJ: ATS 621/2015) el recurrente se quejó de que la Audiencia Provincial no le había indicado que, en caso de recurrir la sentencia, debían constituirse los preceptivos depósitos y, ello pese a que se le concedieron diez días para la consignación los depósitos y la justificación del pago de la tasa judicial. Y un tercer otrosí: "aunque pueda argumentarse sobre el contenido impreciso de la diligencia de ordenación por la que la secretario judicial de la Audiencia Provincial requirió a la recurrente para la subsanación de la falta de constitución del depósito para recurrir [ en el presente caso, la de 29 de abril de 2014 ], en esa diligencia se citó expresamente la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ , por lo que la recurrente -asistida de abogado y procurador- no puede alegar ignorancia respecto una norma que, además, ya llevaba tiempo en vigor cuando la recurrente fue requerida". 

Ahora estamos en la tercera fase, la de la proporcionalidad, que no es otra cosa que más de lo mismo y, así en ATS, Sala 1ª, del 14 de diciembre de 2016 (ROJ: ATS 11041/2016) se indica que no es admisible la pretensión de dar validez a la interposición del recurso sin haber constituido el preceptivo depósito so pretexto de infracción del principio de proporcionalidad y de tutela judicial efectiva, e infracción de la jurisprudencia del TEDH, toda vez que la LOPJ en su DA 15.ª, exige la constitución de un depósito para cada uno de los recursos extraordinarios que se interpongan. 

Y de momento el éxito de la subsanación es notable, tan notable que como era de esperar es ahora la regla general: primero se omite y luego se subsana y, cuando se omite y no se subsana nos aparece una nulidad de actuaciones que va camino de convertirse en un recurso ordinario como cualquier otro.

04 marzo 2017

El mecanismo del sacapuntas en la NOJ de la Comunidad Valenciana (II)


Recordarán que hace un tiempo se pusieron de moda las Ciudades de las Justicias, que consistían, básicamente, en hacer un edificio y meter dentro a todos los órganos judiciales de la ciudad. La dificultad de la idea, próxima a la comprensión del funcionamiento de un sacapuntas manual, pareció calar en algunos sitios y junto a la de Valencia, encontramos el invento en Málaga y Barcelona. La falta de dinero y la creación de nuevas unidades judiciales – cursilada que reemplazo al tradicional de órganos judiciales- provocó que dejaran de construirse estos edificios y, se pensara en reformar la estructura de la casa antes de seguir jugando a la arquitectura. 

Y aquí apareció la Nueva Oficial Judicial (NOJ, en adelante) y que consiste, básicamente, en que los Jueces van por una carretera y todos los demás por otra paralela, con las correspondientes conexiones entre las dos vías para que aquellos cumplan su obligación constitucional de juzgar y ejecutar y, todos los demás hagamos que sea posible. La genialidad de la idea obliga a que las conexiones funcionen, lo hagan bien y rápido y, de eso se ocupa la informática. 

Informática que en Valencia no funciona. Y pese a que no funcione se han empeñado en colocarnos en la NOJ porque sí, razón de peso donde las haya y, que ya ha provocado frases antológicas como la siguiente: -Según los cálculos que hemos hecho cada Juez se queda con dos tramitadores y medio gestor. A lo que añado: - Y con un tercio de un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). 

Otro sí. Desaparecen los auxilios de todos los Juzgados y cada día mandarán a uno donde toque, mientras en estos, el LAJ que se quede patinará entre los tres juzgados que le toquen; el Magistrado se quedará con sus dos funcionarios y medio y, el resto seguirá donde trabaja en la actualidad, pero pertenecerá a un servicio común de ejecución que nadie sabe dónde estará, aunque ya existe en el papel del Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. 

En un Juzgado de Primera Instancia en la actualidad tenemos: 1 MAG.X 1 LAJ.X 3 GP.X 5 TRAM. X 1 AUX. Con la NOJ el mismo Juzgado quedaría así: 1 MAG. X 1/3 LAJ. X ½ GP. X 2 TRAM

Los otros 2/3 del LAJ se irían a un servicio de ejecución así como los 2/3 de los Gestores y los 3 Tramitadores, pero sin moverse físicamente del Juzgado y, a la espera de la creación del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, que de momento se queda en el papel. 

Lean, si les apetece, un informe que redacté para el Secretario Coordinador de Valencia.

02 marzo 2017

Regreso al futuro: El libro blanco de la Justicia y mi amigo el astronauta (1999-2017)


La revista Secretarios Judiciales (1998-2003) del grupo editorial La Ley fue intento de entrar en el mercado de lo procesal y de hecho murió de éxito, pero llevándose por delante a otra revista del mismo grupo editorial en la que se invertía setenta y tres veces más ( y más allá). Hoy recupero uno de los trabajos que publique en la revista para que los jóvenes y las jovenas que se dedican a esto, aprecien lo mucho que ha cambiado la forma de gestionar la casa desde el año 1999.