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La cuestión del domicilio de las personas jurídicas en la tasación de costas de la ejecución.


En el proceso de ejecución suele plantearse el debate sobre la inclusión de los honorarios y derechos del letrado y del procurador cuando en aplicación de lo dispuesto en el art.32.5 LEC, se alega que la ley permite valerse de dichos profesionales cuando el domicilio de la parte defendida está en lugar distinto al de aquel en que se tramita el juicio. Petición que obliga a dos pronunciamientos diferentes: la posibilidad de la aplicación del mandato al proceso de ejecución y, la precisión de lo que deba entenderse por un domicilio en lugar distinto al de aquel en que se tramita el juicio. 

Respecto a la primera cuestión la discutida excepción del art. 32.5 LEC sobre el domicilio de la parte defendida, será siempre objeto de pronunciamiento en una sentencia (vide «salvo que el Tribunal aprecie») y no cabrá, en la liquidación de las costas, una resolución sobre este particular. Esto es, la tasación es un mero cauce de liquidación de cantidades ilíquidas, en el que no podrían alterarse las bases de cálculo que pertenecen a una fase del proceso definitivamente cerrada (por todos ATS, Sala 1ª, 15 de abril de 2015, ROJ: ATS 2741/2015) y de esta definición se concluye que no cabría discutir en esta sede la exégesis del repetido art. 32.5 LEC, al tratarse de una cuestión ajena a la liquidación que nos ocupa. 

Entrando en el segundo interrogante, la regla general sería la de que el domicilio de las personas jurídicas vendría a identificarse con cualquier lugar donde la entidad ostentase una mínima infraestructura material y humana (sucursales, agencias, delegaciones, establecimientos abiertos al público etc.) siendo así además que el art. 51.1 LEC admite que las personas jurídicas sean demandadas «en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado, para actuar en nombre de la entidad», de forma que, en su representación pueda obrar en el pleito cualquiera de sus dependientes o apoderados sin necesidad de desplazamiento (ex. SAP VIZCAYA, 503/2010, Sección 3ª, 27 de Octubre de 2010, ROJ SAP BI 1632/2010). 

Pero, ¿qué sucede cuando la sociedad tiene un domicilio en el lugar distinto del art. 32.5 LEC y ninguna sucursal, delegación o agencia en territorio nacional ya que opera en el mismo, sin ningún límite geográfico, mediante una web, el correo electrónico, el teléfono y el fax? En estos supuestos la regla general sería otra ya que si bien ejercería las principales funciones de su instituto en todo el territorio nacional (ex. art. 41 CC), el lugar que podría fijarse como domicilio carecería de relevancia a los efectos del art. 32.5 LEC. 

En estos casos no cabría una interpretación del tantas veces citado art. 32.5 LEC que desconociera la realidad social del tiempo en que ha de aplicarse, su espíritu y finalidad (art. 3.1 CC) y, del mismo modo que una sociedad puede decidir que sus relaciones comerciales se realicen al margen de sucursales, delegaciones o agencias, pues así lo permite el desarrollo tecnológico, no puede admitirse que por mor de un domicilio social, sito en el lugar que estima procedente, pueda ver indebidamente favorecida por la inclusión en la tasación de costas de los honorarios del Letrado o los derechos del Procurador (ex. AAP ALICANTE, 106/2015, Sección 8ª, 21 de abril de 2015, ROJ AAP A 33/2015) 

En definitiva conviene no olvidar que el art. 32.5 LEC es una modificación del art. 11 LEC 1881, con lo que nada podía prever sobre la cuestión que se ventila y que según el ATC del Pleno, 333/2006, de 26 de septiembre, la razonabilidad del elemento diferencial establecido por el legislador en el primero (la distancia al lugar de la celebración del juicio), se reconoce a quien encuentra mayores dificultades para comparecer y defenderse a sí mismo, al tener su domicilio en lugar distinto de aquél en el cual debe celebrarse el juicio; justificación que mal puede predicarse de una sociedad que solo actúa a través de internet y de otros medios de comunicación.

Comentarios

  1. Con el debido respeto, me parece una interpretación contraria a la ley y los principios generales del derecho, non alterum laedere. Las sociedades deben tener un domicilio, y verse obligadas a litigar indebidamente fuera del mismo sin duda les ocasiona un daño que debe ser resarcido, salvo mejor opinión.

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