23 febrero 2017

La cuestión del domicilio de las personas jurídicas en la tasación de costas de la ejecución.


En el proceso de ejecución suele plantearse el debate sobre la inclusión de los honorarios y derechos del letrado y del procurador cuando en aplicación de lo dispuesto en el art.32.5 LEC, se alega que la ley permite valerse de dichos profesionales cuando el domicilio de la parte defendida está en lugar distinto al de aquel en que se tramita el juicio. Petición que obliga a dos pronunciamientos diferentes: la posibilidad de la aplicación del mandato al proceso de ejecución y, la precisión de lo que deba entenderse por un domicilio en lugar distinto al de aquel en que se tramita el juicio. 

Respecto a la primera cuestión la discutida excepción del art. 32.5 LEC sobre el domicilio de la parte defendida, será siempre objeto de pronunciamiento en una sentencia (vide «salvo que el Tribunal aprecie») y no cabrá, en la liquidación de las costas, una resolución sobre este particular. Esto es, la tasación es un mero cauce de liquidación de cantidades ilíquidas, en el que no podrían alterarse las bases de cálculo que pertenecen a una fase del proceso definitivamente cerrada (por todos ATS, Sala 1ª, 15 de abril de 2015, ROJ: ATS 2741/2015) y de esta definición se concluye que no cabría discutir en esta sede la exégesis del repetido art. 32.5 LEC, al tratarse de una cuestión ajena a la liquidación que nos ocupa. 

Entrando en el segundo interrogante, la regla general sería la de que el domicilio de las personas jurídicas vendría a identificarse con cualquier lugar donde la entidad ostentase una mínima infraestructura material y humana (sucursales, agencias, delegaciones, establecimientos abiertos al público etc.) siendo así además que el art. 51.1 LEC admite que las personas jurídicas sean demandadas «en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado, para actuar en nombre de la entidad», de forma que, en su representación pueda obrar en el pleito cualquiera de sus dependientes o apoderados sin necesidad de desplazamiento (ex. SAP VIZCAYA, 503/2010, Sección 3ª, 27 de Octubre de 2010, ROJ SAP BI 1632/2010). 

Pero, ¿qué sucede cuando la sociedad tiene un domicilio en el lugar distinto del art. 32.5 LEC y ninguna sucursal, delegación o agencia en territorio nacional ya que opera en el mismo, sin ningún límite geográfico, mediante una web, el correo electrónico, el teléfono y el fax? En estos supuestos la regla general sería otra ya que si bien ejercería las principales funciones de su instituto en todo el territorio nacional (ex. art. 41 CC), el lugar que podría fijarse como domicilio carecería de relevancia a los efectos del art. 32.5 LEC. 

En estos casos no cabría una interpretación del tantas veces citado art. 32.5 LEC que desconociera la realidad social del tiempo en que ha de aplicarse, su espíritu y finalidad (art. 3.1 CC) y, del mismo modo que una sociedad puede decidir que sus relaciones comerciales se realicen al margen de sucursales, delegaciones o agencias, pues así lo permite el desarrollo tecnológico, no puede admitirse que por mor de un domicilio social, sito en el lugar que estima procedente, pueda ver indebidamente favorecida por la inclusión en la tasación de costas de los honorarios del Letrado o los derechos del Procurador (ex. AAP ALICANTE, 106/2015, Sección 8ª, 21 de abril de 2015, ROJ AAP A 33/2015) 

En definitiva conviene no olvidar que el art. 32.5 LEC es una modificación del art. 11 LEC 1881, con lo que nada podía prever sobre la cuestión que se ventila y que según el ATC del Pleno, 333/2006, de 26 de septiembre, la razonabilidad del elemento diferencial establecido por el legislador en el primero (la distancia al lugar de la celebración del juicio), se reconoce a quien encuentra mayores dificultades para comparecer y defenderse a sí mismo, al tener su domicilio en lugar distinto de aquél en el cual debe celebrarse el juicio; justificación que mal puede predicarse de una sociedad que solo actúa a través de internet y de otros medios de comunicación.

16 febrero 2017

Felipe II y la reforma de la Justicia: un análisis para no pisar charcos.


Andaba dándole vueltas a la formación informática de dos horas en los salones de actos o, en las salas de bodas de los edificios judiciales, que solo sirve para echar un vistazo a los compañeros, sin barra de bar por medio o en medio y a que gracias a Dios, ni pilotos, ni capitanes de barcos gozan de dicha suerte académica, cuando entre cláusula y cláusula abusiva y monitorio de reclamación de gastos de propiedad horizontal, me ha venido a cuento lo mucho que hemos avanzado en esto de la reforma de la Justicia. 

Observen. No puede hablarse de la transferencia de la casa a pedazos a las Comunidades Autónomas, pese a que según las zonas tengamos seis, siete u ocho velocidades y alguna vaya de paseo de la mano de su enamorado; tampoco del éxito o del fracaso de las cientos de reformas legales que nuestro legislador, –al que no tenemos el gusto, porque no nos lo han presentado– publica y olvida; imposible aventurar una opinión sobre el funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ni sobre la legislación que los sustenta; mal asunto el de tratar de racionalizar la ubicación de los órganos judiciales y su número, aunque sea imposible que haya uno al lado de cada Mercadona o, frente a la parada del autobús del cole de los niños; dejaremos para mejor ocasión lo de las tasas y la gratuidad de la justicia, gratuidad que, por cierto, pagamos todos; y quizá para otro año podamos dedicar algún segundo, no más, a las licenciaturas de derecho, si es que se siguen llamando así y a las ochenta y tantas facultades que tenemos en España. 

Así mirado y aprovechando la ola podríamos dedicarle unas líneas a las cláusulas abusivas, que creo que casi nadie ha estudiado en los últimos años, pero su relación con la reforma de la Justicia es discutible, salvo que mejorásemos el sistema de los siete Magistrados que por rotación han intervenido en Valencia en cada uno de los Juzgados de Primera Instancia. Y escribo mejorásemos porque dejaré para otro momento, que nunca llegará, la opinión sobre la diferencia entre las famosas preferentes y las acciones y, el curso procesal de cada asunto, que no pasa de los cinco minutos. 

Total que llegados a este punto creo que lo mejor es que nos centremos en Felipe II y su Consejo de Castilla y su indiscutible relación con la Nueva Oficina Judicial, aunque ahora que lo pienso no contaba uno con las nacionalidades actuales y sus historias y, como se me está haciendo tarde y veo próximo un charco cercano, por volumen, a un pantano, parece oportuno que también dejemos este análisis para mejor ocasión.

11 febrero 2017

Una regla de tres en la oficina judicial de la Comunidad Valenciana (I)


No sé si lo saben, pero se lo cuento. En la Comunidad Valenciana se han empeñado en clavar la nueva oficina judicial en la Administración de la Administración de Justicia a golpe de publicaciones en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma y salga el sol o se ponga por donde tenga a bien, resulta que con un sistema informático que no va ni con carbón – quizá con carbón habría alguna posibilidad-; tirando cada Juzgado de los modelitos que entiende más oportuno, porque desde el famoso volcado informático del año 2010 todo el mundo se ha puesto de perfil en este asunto– y eso que casí no se han publicado leyes, decretos y órdenes en el BOE desde el año 2010- y siendo, creo, la única Comunidad Autónoma que no permite, porque no puede, las comunicaciones electrónicas con los profesionales, resulta que tirando de una regla de tres un Letrado de la Administración de Justicia se queda con tres Juzgados y el resto a mogollón, permítanme el vocablo, a ejecutar o, a pasearse, porque en Valencia capital habrá más de segundo que de lo primero. 

Digo lo de pasearse porque en ese estupendo edificio que padecemos, nadie ha tenido a bien explicar cómo transitaran los expedientes desde los Juzgados, perdón las UPAD´S, a los Servicios de Ordenación del Proceso y de Ejecución; comentario que viene a cuento porque en el año del Señor que vivimos no se ha solucionado el asuntillo del archivo de cada órgano judicial y los cientos de coleccionables de cartón que produce anualmente y, va a ser un no parar de reír o llorar si a ese tránsito desde el sótano y el garaje, hay que sumar otro interno en el edificio entre las UPADS, los SCOP, los SCEJ y los demás acrónimos que se nos ocurran. Quizá el director de pista de algún gran aeropuerto o estación de tren pudiera controlar la situación, pero le costará. 

Y supongo que como en todas las ocasiones que han precedido en esto de la reforma de la Justicia y su destino en lo universal, la regla de tres para el Letrado de la Administración de Justicia será a coste cero, gratuita o, como decían los clásicos: por la cara. Estupendo panorama porque si con un Juzgado, perdón UPAD, en la Primera Instancia ya vas con la lengua fuera de la boca a días alternos, con el triple de trabajo y sin patines – supongo que también nos los tendremos que comprar- ignoró como será posible mantener el equilibrio físico y procesal. Perdón, que no se me olvide: como los Letrados ya no tenemos que entrar en Sala, tenemos tiempo para todo; hasta para aprender a patinar, añado. 

No se trata solo que ninguna gran capital haya puesto en marcha esto de la nueva oficina judicial –ni una, oiga- y que como todo el mundo sabe los experimentos se deben hacer con gaseosa, sino que no tenemos un solo dato, ni uno, que justifique la regla de tres en los respectivos órdenes jurisdiccionales y, menos cuando pretende montarse en un ale-hop un Servicio de Ejecución creado ex novo y al mismo tiempo de la nada, con plantilla reducida que no se sabe de dónde sale y con los Letrados sobrantes de las UPAD. 

En la Justicia Española los especialistas en hacer rascacielos por los tejados o, transatlánticos a pedales son legión y uno, la verdad, comienza a cansarse de esta clase de ingeniería, porque como hay varios mandos en plaza – habitualmente peleados, faltaría más- y todos con ganas de inmortalizarse, hemos llegado a un punto en el que el único sitio seguro para aguardar la próxima y definitiva reforma de la justicia se encuentra debajo de la mesa del despacho.

02 febrero 2017

Felicidades y gracias.


Y muy orgulloso que anda uno después que S.M. el Rey D. Felipe VI haya recibido a la 41ª Promoción de Letrados de la Administración de Justicia y no ya solo porque fui su orientador hipotecario durante una semana (lo de profesor o tutor me queda muy lejos) y los conozca -o, mejor dicho, las conozca, porque son ellas legión y nosotros la minoría que arrancó con mi promoción, la del año 1993-, sino porque por primera vez salimos de ese anonimato y de paso de la ignorancia que siempre aproxima al precipicio. 

Así que sí, estoy sumamente orgulloso por ellos y porque creo, además, que se lo han ganado. Es cierto, todos hemos opositado y nos hemos dejado años, muchos o pocos, delante de libros, fotocopias y apuntes y quizá alguna noche, colgados de algún cigarrillo y de algunas copas nos hemos preguntado sí merecía la pena tanta hora, tanto disgusto y la madre que parió al censo enfitéutico. 

No voy a contestar a esa pregunta después de casi veinticuatro años haciendo la estadística a palotes, pero lo que ha estudiado esa gente y el tiempo que lleva de prácticas teóricas, prácticas y medio pensionistas y el rigor con el que se desempeñan en las mismas, no tiene rival en ninguna otra promoción. 

Y encima se llevan bien; lo sé, quizá haya exagerado sobre esto último, pero miren dibujo un panorama que no esperaba encontrarme y aún a riesgo de incurrir en la exageración, creo que por una vez es el momento y el lugar. 

Así que felicitando también a quien lograra la recepción Real, esta misma noche van a caer un par de cervezas a la salud de la 41ª Promoción de Letrados de la Administración de Justicia. 

Un honor y un placer habernos conocido. Gracias y felicidades.