Los requisitos para la investigación judicial del patrimonio del ejecutado.

Los arts. 590 y 591 LEC exigen el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) instancia del ejecutante que no puede designar bienes; 2) identificación de las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas físicas y jurídicas que deban facilitar la relación de bienes o derechos del ejecutado; 3) expresión de las razones que tenga para considerar que aquellas personas o entidades puedan proporcionar datos útiles a efectos del embargo; y 4) que se trate de organismos y registros a los que no pueda acceder la parte. 

El cumplimiento de todos esos requisitos se produce formalmente en la demanda ejecutiva y como simples formulismos que se repiten para evitar que algún juzgado niegue la averiguación, pero el legislador civil olvida dos extremos de cierta importancia: a) las restricciones a la cesión de datos que hacen muy difícil la intervención de la parte ejecutante y b) la necesaria «agilidad procesal» en la tramitación de la investigación, que sólo se consigue mediante el empleo de medios informáticos. Con ello se concluye que en la práctica diaria de los juzgados el conflicto no aparece en la interpretación del art. 590 LEC (mucho menos en la del art. 591 LEC), ni en las razones por las que el ejecutante no puede designar bienes, sino en la reiteración del empleo de los medios de investigación. 

¿Quiere ello decir que las partes y los órganos judiciales incumplen el mandato del legislador? No y con rotundidad: sencillamente unas y otros se adaptan a cada título y a cada ejecución. En este sentido precisa el AAP BARCELONA, Sección 15.ª, de 25 de junio de 2007 (ROJ: AAP B 8984/2007) que el art. 590 LEC no ampara la indagación del patrimonio de terceros, ni podrá servir de cobertura a una instrucción en el sentido de investigación judicial al servicio del ejecutante, sobre operaciones llevadas a cabo por personas contra las que no se dirige la ejecución o sobre su patrimonio, porque las facultades de investigación judicial en la ejecución civil se limitan por el precepto en el aspecto objetivo (el patrimonio) y subjetivo (del ejecutado). No se duda que el conocimiento de determinados contratos, los pagos efectuados en su cumplimiento y el patrimonio de terceros sean útiles para la ejecutante, pero el art. 590 LEC no responde a la finalidad de las diligencias preparatorias o preliminares, ni permite una investigación patrimonial general de aquellos. 

Completando esa teoría el AAP VALLADOLID, Sección 1ª, de 18 de abril de 2008 (ROJ: AAP VA 122/2008) sostiene que una interpretación literal e inflexible del art. 590 LEC contravendría el espíritu del proceso de ejecución diseñado en la Ley de Enjuiciamiento Civil que se mostraba en exceso complaciente con el deudor arrojando sobre el ejecutante la carga de averiguar los bienes del patrimonio del ejecutado. 

Aclarado este particular nos centramos en la reiteración de las peticiones de investigación y en el acceso de la parte a datos que puede obtener por sí misma. Las primeras son un efecto pernicioso del empleo del Punto Neutro Judicial o de los servicios de averiguación patrimonial de los Juzgados, de tal modo que la parte ejecutante, solicita la práctica de diligencias de investigación que ya se han realizado con anterioridad una o varias veces (v. gr. cuentas bancarias, devolución de IRPF o informes de vida laboral). ¿Habría algún límite para esta práctica? Aclara el AAP CASTELLÓN, Sección 3.ª, de 20 de febrero de 2009 (ROJ: AAP CS 54/2009) que podría analizarse una petición concreta a fin de valorar si reúne los requisitos del art. 590 LEC y decidir sobre su procedencia para la satisfacción del acreedor en función de las circunstancias concretas del proceso de ejecución, pero no podrá eliminarse la oportunidad que la Ley procesal concede al acreedor de solicitar la investigación sin analizar si cumple la petición en cada caso los requisitos legales. 

No obstante, sería perfectamente admisible un límite temporal en las peticiones de investigación, lo que siempre dependerá de las actuaciones de cada ejecución y por tanto, del resultado de las diligencias realizadas. La diligencia de ordenación que se dictase podría impugnarse en reposición (arts. 545.7 y 451 LEC), pero sin que la interposición implicara su admisión ya que la valoración de la «inutilidad de la medida de investigación» exigiría al ejecutante que precisara con claridad la infracción cometida por la diligencia denegatoria (art. 452 LEC). Lo que no vale, dicho llanamente, es la reiteración sin más como sucede en el caso de las peticiones dirigidas a la TGSS o al INEM, que además carecen de sentido al obtenerse la información en tiempo real. 

En cuanto a los límites en el acceso y la intervención de la parte ejecutante hay que tener en cuenta que salvo el caso de los Registros de la Propiedad y Mercantiles, los ejecutantes no tienen acceso a ningún otro que interese a la vía de apremio, por lo que, en la actualidad, tiene poca justificación su intervención. Y aquí entramos en un terreno farragoso, porque la repetida intervención, sin más, del ejecutante chocará con la agilidad del Punto Neutro Judicial y la supresión del papel en las oficinas judiciales. No se trata de ver quién lo hace sino de la sencillez y de la velocidad a la que se hace y debe advertirse que el tantas veces citado Punto Neutro Judicial facilita información de todos los bienes o derechos del patrimonio del ejecutado y que obtenida podría ordenarse el embargo de determinados bienes; otra lectura del art. 590 LEC supondría desconocer la realidad. 

Cuestión muy distinta, por último, es que la parte decidiera emplear a su costa medios de averiguación ajenos a los de los órganos judiciales, lo que sería ciertamente admisible, pero que quedarían al margen de lo establecido en los arts. 589 y 590 LEC.

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