20 abril 2017

¿Y por qué esta fiesta es gratis?: a propósito del copago en justicia y de los consumidores.


Hagamos una previa aclaración. A la derecha, la gestión de la justicia le importa treinta y tres y a la izquierda, esa cantidad por tres y aún me quedo corto. No me extiendo mucho: la derecha ve la justicia como un mal necesario y no sabe lo que hacer con ella; la izquierda como un asunto electoral, que permite colocar tres o cuatro consignas y cientos de querellas a ver si hay suerte (moda, por cierto, a la que luego se han apuntado todos los demás). De los nacionalistas no sé qué decir, porque empeñados en poner fronteras en cada barrio les preocupa la identidad y nada la eficacia y en estas, no es de extrañar el altísimo nivel intelectual de todos los debates que protagoniza el llamado tercer poder del estado (todo con minúsculas). 

Y ¿es necesario el copago en justicia? Estupenda pregunta que contesto con rotundidad: Si. Y ¿por qué? Vuelvo a contestar con rotundidad: la mitad (cómo poco) de los asuntos que entran en los Juzgados merece el calificativo de “litigiosidad artificial”, innecesaria, inasumible y, en consecuencia, prescindible. Esto se ha escrito y publicado. El problema es que estos debates no pueden abrirse como quien se va a la playa, porque el vecino de sombrilla tiene a mano, un inteligentísimo abanico de respuestas: “ataque a la tutela judicial efectiva”, “los derechos de los pobres” y la “justicia para ricos”. ¿Justicia para ricos? Pero ¿ustedes creen que los ricos acuden a la justicia para solventar sus problemas? y a, propósito ¿qué es un rico? Cuando llevamos al “absurdo” esta clase de eslóganes, no hay nada detrás. 

¿Quieren un debate serio? Calculen lo que cuesta el tiempo que emplea un funcionario Judicial, el trabajador de correos, un Juez, un Letrado de Justicia y otro funcionario de Gestión o Tramitación en un juicio verbal de 200,00€ y añadan el coste de la Sala y el sistema de grabación. Puedo quedarme escaso con los 200,00€ - que juicios hay y no pocos de ese importe e inferior-, así que vayamos a un juicio ordinario de 6.000,00€: cuando la sentencia se recurre en apelación y se obliga a intervenir, para empezar, a otros tres magistrados no estamos hablando de justicia. Y eso por no hablar de las cientos de denuncias penales contra vecinos (cuestión de educación que se resuelve en España a multa limpia) o, de los procesos contenciosos administrativos que se interponen por funcionarios, haya o no derecho, porque en asuntos de personal la cosa iba de gratis, aunque muchas veces también gracias a comportamientos de las administraciones públicas que lindan con el ilícito penal. 

En tales circunstancias la tasa judicial respondió a la famosa ley española del péndulo, que no tiene definición, pero si una secuencia temporal que comenzó cuando el movimiento del mismo llegó a un extremo (cualquier cosa terminaba en un Juzgado) y que finalizó cuando el péndulo, por una ley de la física que no explico, acabó en el otro (Juzgados atascados y falta de dinero para crear nuevas “unidades judiciales”). En el recorrido se queda – o, el péndulo se llevó por delante- el derecho a la justicia gratuita y la deficiente gestión de las Comunidades Autónomas, pero esto es solo a medias, porque el primero consiste en pagar, pagar y pagar a los Colegios de Abogados y de Procuradores y de la segunda responde siempre el maestro armero; de hecho, es muy habitual que los gestores de la cosa pública judicial salten de puesto en puesto y, de derecho, que solo hayan sabido construir edificios (“ciudades de las justicias”) y eso, creo, tiene poco mérito, nulo esfuerzo intelectual y mucho de LEGO®. 

Llegados aquí más de un lector estará con él “y tú más”, el horario de los juzgados o, el maltrato del Juez del Quince, pero si hablamos de péndulo habrá que dar una explicación al movimiento y no a su ausencia; esto es, el colapso en los Juzgados no lo han provocado los funcionarios que se van una hora de cafés, ni los juicios que se retrasan una hora o más, ni el Juez del Quince y dramático es, que tampoco sepamos realmente la causa, porque seguimos sin tener en justicia datos fiables de nada, ni modo de obtenerlos a corto plazo. Con lo que entran en juego los volúmenes: (a) el de las modas (cesiones de créditos, ejecuciones hipotecarias, SWAP, preferentes y reclamaciones de consumidores), (b) el de la necesidad (monitorios por gastos de propiedad horizontal, que se han triplicado) y (c) el del gasto (imposibilidad de seguir montando juzgados a la puerta de cada domicilio) y como quiera que los volúmenes no han disminuido, la solución fue echarle mano o, mejor garra, al bolsillo del ciudadano. 

Sí, claro, habría una primera y única solución: inmediata devolución al Estado de las competencias transferidas en Justicia y supresión de todas las Consejerías del ramo, pero luego es muy probable que me cayera de la cama y despertara al vecino del golpetazo. Eso por no indicar que la red de intereses creados es de tal magnitud, que salvo imposición europea mediante una cuestión prejudicial se antoja imposible esta devolución. 

Así que justificado el movimiento del péndulo y partiendo del hecho reconocido que España está llena de españoles, el Ministerio de Justicia no hizo otra cosa que seguir el ejemplo de la Dirección General de Tráfico. Esto es, imponer tasas desproporcionadas y no olvidemos tampoco que desde la casa se había reclamado con insistencia que se pusiera coto al abuso con el que se empleaba la Justicia (¿recuerdan alguna pretensión de justicia gratuita que se haya calificado de insostenible?) y frente a ello siempre se había sacado a paseo el art. 24 Constitución, no una alternativa. 

El problema no se limitaba a la desprotección del ciudadano frente a la Administración, que es ahora máxima, sino a que nadie parece importarle, salvo a dos o tres Colegios de Abogados y eso también tiene su explicación. Nos movemos según nos tocan el bolsillo o, los privilegios y, después de sucesivas congelaciones o disminuciones de sueldo, a pocos nos importa si, por la tasa judicial el asunto llegaba o no la apelación; salvo, claro está, que uno fuera el apelante. 

Ni que decir tiene que la supresión de la tasa no sirve contra las modas que bambolean la Justicia española. Y ahora estamos con el arbitraje y la mediación tratando de ver cómo es posible, si lo es, que los miles de asuntos que acechan la estabilidad física de los edificios judiciales tengan alguna salida rápida que no sea la papelera. 

No me ocupare del arbitraje, al que se han apuntado los Colegios de Abogados y sus minutas de honorarios, sino a la mediación, que es una suerte de conciliación en la que el Juzgado se pone en medio de las partes para que se lleven bien o para no se sabe bien qué, porque hasta ayer, la función del Juzgado consistía precisamente en ponerse en medio de los llamados litigantes a fin de ordenar una salida racional al asunto. Folios y más folios en el estudio de la cuestión (o sea, en cómo darse la mano) cuando basta echar un vistazo a cualquier sede judicial para comprobar que el problema no tiene que ver con el derecho, sino con la educación, pero ahí seguimos dándole vueltas a la teoría o a los calamares, que tanto da. 

Y mientras tanto esperamos que los miles de consumidores que no sabíamos lo que firmábamos, inunden por segunda vez los Juzgados civiles con toda clase de reclamaciones por abusividades varias, al mismo tiempo que acuden (en esta parada quien firma se bajo hace tiempo) a las sucursales bancarias atraídos por esos créditos de pronta entrega e interés remuneratorio cercano al 20% ¿Cercano al 20%?, pero ¿de verdad se creían que llevarse por delante la ejecución hipotecaria y parte del sistema créditicio iba a salir gratis? 

Pero lo peor de todo es que la cosa no tiene solución. Es imposible reformar la casa sin un plan y este debe diseñarse a largo plazo y ni este, ni aquel pueden sujetarse a los vaivenes electorales (esperen que ahora vuelvo de echarme unas risas o unos lloros, lo que prefieran) y como eso es imposible y basta echarle un vistazo a cualquier parlamento de los dieciocho que nos pagamos por estos lares para llegar a esa conclusión, nos queda la moda. Y de la moda de las unidades judiciales al lado de cada parada de autobús y de la nueva oficina judicial, hemos pasado a la moda de la justicia digital y electrónica y, como no hay dinero para tanto desfile, muchas sedes judiciales dan pena, cuando no asco, la nueva oficina judicial está a punto de cumplir diez años sin haber empatado un partido en una gran capital de provincia (por número de órganos judiciales afectados por el invento) y, los sistemas informáticos echan el humo característico de las locomotoras de hace dos siglos.

11 abril 2017

El plazo del año para el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble.


El art. 675 LEC establece que si el adquirente lo solicitara, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado, mientras que si estuviera ocupado, el Letrado de la Administración de Justicia acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal hubiera resuelto, con arreglo a lo previsto en el art. 661.2 LEC, que el ocupante u ocupantes no tendrían derecho a permanecer en él. 

El tercer supuesto es el que motiva un doble interrogante. Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido previamente según lo dispuesto en el art. 661.2 LEC, el adquirente podrá pedir al Tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes pudieran considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario, transcurrido el cual la pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el juicio que corresponda. 

Y ¿dónde se encontraría el doble interrogante? En el cómputo del plazo del año o, mejor dicho, en su inicio y en la definición de «adquirente». Respecto a la primera cuestión, la ley fija el «dies a quo» en el momento en el que se produce «la adquisición del inmueble» y dice la STS, Sala 1ª, de 18 de marzo de 2009 (ROJ: STS 1141/2009) que en los casos de venta judicial en pública subasta la perfección se produciría con el acto de la subasta y aprobación del remate, y la consumación de la venta, que producirá los efectos traslativos de dominio, con la adjudicación al adquirente del bien subastado, esto es, en el momento en que se dicte el decreto de adjudicación. De ahí que con independencia de la impropiedad que supone el empleo del término «venta» para identificar la enajenación forzosa que se lleva a cabo mediante la subasta judicial, es lo cierto que, en todo caso, la repetida enajenación deberá perfeccionarse y consumarse ya que en nuestro sistema jurídico el contrato de compraventa no transmite la propiedad sino va seguido de la tradición. 

Iniciándose el cómputo en la fecha del dictado del decreto o, en el momento en el que se produzca su firmeza, sucede que la tradición se producirá con la plasmación de la venta en el testimonio del decreto de aprobación (o de adjudicación) expedido por el Letrado de la A. de Justicia. Requisito de titulación indispensable para que pueda entenderse que se ha producido la transmisión del dominio, la cual exige que exista título y que concurra modo de adquirir mediante la tradición o entrega (art. 609 CC). Y lo dicho significa que la posesión del art. 675 LEC se estaría refiriendo en todo caso al lanzamiento, pues la entrega del testimonio conllevaría la de la primera. 

Por lo demás, habrá que tener en cuenta que no serían posibles interrupciones del plazo de tal modo que solicitado el lanzamiento deberá llevarse a cabo y, si el adquiriente solicitará la suspensión de la diligencia o ésta debiera repetirse, ni se reanudaría el plazo que faltara por cumplir, ni comenzaría a correr de nuevo: el Juzgado estaría cumpliendo una diligencia ya acordada. En el mismo sentido el plazo del año tampoco admitiría prorrogas y no podría interrumpirse por la existencia de sucesivos ocupantes y, aunque en la práctica se ordene el lanzamiento pese a tener constancia del abandono del inmueble, vuelve a insistirse en que nos encontraríamos ante el cumplimiento de una resolución judicial por lo que cuando el Servicio Común devolviera el mandamiento sin haber practicado el lanzamiento no volveríamos a iniciar el cómputo del plazo. 

Solventado el primer interrogante y entrando ahora en el segundo, precisaremos que el «adquirente» no sería el «ejecutante» y, por tanto, a este también se le aplicaría el plazo del año cuando se hubiera adjudicado el inmueble. Se confunde en esta sede lo que es el objeto de la ejecución con el derecho del ejecutante a la satisfacción de su título y, mientras aquel suele consistir en la realización de bienes en una vía de apremio, este se limita al pago (en la ejecución dineraria y en la hipotecaria), por lo que no existiría un hipotético derecho del ejecutante a la entrega del inmueble ajeno al art. 675 LEC y al repetido plazo del año. 

Por idéntica razón que el ocupante sea o no el ejecutado es una cuestión que en nada afecta a la limitación temporal del mandato, pues no se trataría de «hacer efectiva la posesión del ejecutante adjudicatario del inmueble, mediante el lanzamiento de la propia parte ejecutada» como erróneamente suele entenderse, sino como hemos visto de satisfacer el título ejecutivo mediante la realización del bien.

05 abril 2017

Comunicación de los LAJ de Valencia sobre la gestión de los asuntos de la cláusula suelo


Como sabrán los lectores, Valencia ha sido una de las ciudades especialmente afectadas por los llamados pleitos en masa contra entidades bancarias. La avalancha se solucionó mediante la designación de varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que en número variable de tres a cinco según los meses, eran los encargados de la vista de los juicios verbales y de las audiencias previas y de las vistas de los juicios ordinarios. Varios funcionarios del Decanato de Valencia y una Letrado de la Administración de Justicia gestionaron las Salas necesarias, de tal modo que los Juzgados de Primera Instancia continuaban con la tramitación de cada asunto desde el registro de la demanda hasta la vista y, desde el dictado de la sentencia hasta su definitivo cumplimiento, lo que incluía la ejecución y la posible oposición que se formulase. 

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cláusula suelo y una segunda posible entrada masiva de asuntos bancarios motivo, que se redactara por los Letrados de la Administración de Justicia de Valencia el documento que a continuación se recoge:


Comunicación de los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia sobre la gestión de los asuntos de la cláusula suelo. 
1. Postura sobre la posible atribución a un solo Juzgado de Primera Instancia de los asuntos sobre la cláusula suelo. 
1.1. Dado el desconocimiento sobre los términos en los que el Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado respecto a la atribución a un único Juzgado de todos los asuntos sobre la cláusula suelo y, de los requisitos que deberá o no reunir el órgano afectado, la Junta observa que en las condiciones actuales de medios informáticos y personales dicha atribución no es una medida adecuada para responder al probable incremento de asuntos y, solo garantizará a muy corto plazo su colapso. 
2. Postura sobre el mantenimiento del refuerzo transversal mediante el nombramiento de Jueces de refuerzo. 
2.1. Durante los últimos tres años todos los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de Valencia se han reforzado con tres o cuatros Jueces que solo han resuelto determinados asuntos bancarios. Dicho refuerzo no ha supuesto ningún incremento de plantilla, ni mejora en los medios informáticos y, pese a ello el registro de más de 20.000 demandas ha provocado una multiplicación imposible de cuantificar en las resoluciones de trámite, el movimiento en la cuenta de consignaciones, las diligencias de tasaciones de costas, su impugnación y en los despachos de ejecución. Súmese a lo dicho la atención al público y a profesionales que tampoco ha merecido ninguna dotación extraordinaria para los órganos judiciales afectados. 
2.2. Dado que como en el caso del plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, también se desconoce si se va a mantener el refuerzo transversal en forma de nombramientos de Jueces para sentenciar los asuntos sobre la cláusula suelo, Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia muestran su preocupación a que por segunda vez se obligue a los órganos judiciales de la Primera Instancia de Valencia a tramitar y a gestionar una avalancha de procesos, cuyo número y dificultad jurídica se ignora en la actualidad, sin auxilio o dotación complementaria de ninguna clase. 
2.3. En consecuencia, los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia entienden que cualquier medida de refuerzo que sobrecargue la actividad diaria de dichos órganos, deberá realizarse con arreglo a un plan que vaya más allá del nombramiento de Jueces encargados de sentenciar asuntos ya que de nada sirve dicha celeridad resolutiva en determinados asuntos, si no puede observarse en los demás procesos, ni mantenerse aquella en la tramitación posterior al dictado de la correspondiente resolución o, en la ejecución. 
Se ha remitido esta comunicación al Ilte. Secretario Coordinador Provincial de Valencia y entregado al Ilmo. Magistrado-Juez Decano de Valencia.

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28 marzo 2017

¿Triciclo o patines? La última sobre la NOJ en la Comunidad Valenciana (III)


Y miren, como esto de la implantación a martillo de la Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana no le importa a nadie en la casa, salvo un par de Magistrados de trinchera que anda moviéndose por aquí y por allá con nulo éxito de crítica y escaso de público, he pensado que quien redacta estas líneas debe dejarse arrastrar por el impulso modernizador de esa nueva organización de la oficina judicial que se rige por el principio de “se hace camino al andar” aunque nadie sepa dónde está el camino, ni si al final del mismo hay un precipicio. 

Con esta introducción ya indico que este será el último comentario sobre la Nueva Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana, sus sesiones de formación informática de tres horas en salones de actos o en las salas de bodas de los decanatos, sus miles de modelos triplicados en el Cicerone procesal y su versión 19 y, por supuesto, sus servicios generales, comunes, mediopensionistas y ocasionales y, el tránsito de procesos o de pedazos procesales entre unos, otros y los de más allá. 

Así que llegados a este punto son cuatro las importantísimas dudas que me asaltan. ¿Estaremos asistiendo al definitivo ocaso de la grapa judicial, subespecie de la grapa de tono cobrizo o grisáceo, que a modo de plaga infectan procesos y archivos? y, por necesarias alusiones ¿los fasteneres corren el mismo riesgo de desaparición gracias a que los pedazos procesales saltarán de ordenador en ordenador -y no de mesa en mesa-, aunque no necesariamente en el mismo orden jurisdiccional, ni entre los encargados de su tramitación? 

¿Patines o un triciclo? Esta es la tercera cuestión que me tiene alterado el sueño, porque como se queda un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) por cada tres Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD), los años van cayendo y no conozco a ningún LAJ que tenga seis brazos y cuatro piernas, será imprescindible algún soporte que facilite el desplazamiento autónomo entre aquellas y, permita desempeñar esas notabilísimas funciones que cada reforma adjudica al Cuerpo. 

Y nos queda la cuarta y última: ¿seguirán haciéndose los miles de testimonios de sentencias, autos y decretos mientras los originales de esos documentos se conservan en cajas sin orden, índice y en concierto propio de la anarquía? Supongo que lo ignoran pero el primer gasto que se ahorró la administración – y con razón- fue el de la encuadernación de esos miles de folios. 

Pasen un buen día y si hacen algún comentario y no leen una respuesta es que no puedo hacerla. He entrado en un bucle informático del que todavía no he logrado salir.

21 marzo 2017

El pago o cumplimiento como motivo de oposición a la ejecución.


Una larga tradición en nuestro proceso que confunde su finalidad de declarar el derecho y de ejecutarlo, con el inexistente de las partes a servirse del mismo así como prácticas carentes de sentido con las nuevas tecnologías, transforma los requisitos del pago o cumplimiento del título y con ello afecta a los límites del despacho de ejecución y de una posible oposición. La reforma del expediente de consignación en la Ley 15/2015 y una adecuada exégesis de las normas procesales obligaría a despejar el proceso de estas costumbres y, a que el pago o cumplimiento fuera ajeno al mismo hasta que apareciera como motivo de oposición a la ejecución. 

Les dejo el artículo publicado en la ley sobre esta cuestión.

10 marzo 2017

Depósitos para recurrir y tutela judicial efectiva (versión 2017).


Permítanme que reitere una anécdota. En las dos últimas audiencias previas en las que he intervenido, los recursos de reposición interpuestos se fundaron en el artículo 24 CE y aún después de la aclaración solicitada a la parte, no hubo forma de averiguar qué infracción se había cometido; llegándose a afirmar, en uno de los casos, que la interpretación del Tribunal Constitucional en materia de recursos no admitía restricciones de ninguna clase. 

Evidentemente nadie afirma que esta anécdota sea regla general, pero tampoco puede menospreciarse el hecho del aumento desproporcionado de los recursos ordinarios (reposición, reforma y apelación) que enfrenta el derecho de acceso al recurso con la dilación indebida. No lo digo yo, aunque lo piense. La Exposición de motivos de la Ley Orgánica complementaria de la Ley de reforma para la implantación de la nueva oficina judicial (que modifica la LOPJ 6/1985) justificó la introducción de un depósito para recurrir en la finalidad de disuadir a quienes recurrían sin fundamento jurídico alguno, para que no prolongaren indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso. 

La contundencia con la que se expresa el legislador no paró en la dilación indebida, sino que advirtió del “uso abusivo” del recurso. Nadie que, en la actualidad, se relacione con esta Administración puede sorprenderse con esta afirmación y menos aún, entender atacado cualquier derecho. No existe en nuestro ordenamiento el derecho al recurso sin más y porque sí – entiéndase la libertad de estilo- y eso es, precisamente, lo que sucede en la actualidad. 

El legislador tenía otras dos opciones para frenar esa avalancha de impugnaciones de trámite: fijar una cuantía mínima para el acceso a la segunda instancia y el llamado “permiso para la apelación”. La primera, que no parece tener predicamento, haría irrecurribles los procesos “antieconómicos”, entendiendo por tales aquellos en los que la inversión que hace la Administración para prestar la tutela judicial excede desproporcionadamente la cuantía de la acción ejercitada. La segunda funciona en otros países a modo de obstáculo procesal para el acceso a la segunda instancia, pero precisamente por ello no ahorra a los órganos de la primera instancia ningún recurso y además, el éxito de la medida viene condicionado por el criterio de otro magistrado – el que concede el permiso- con lo que se antojaba una tarea de titanes distinguirlo del vigente recurso de queja. Despejada esta incógnita, la medida de la introducción de una tasa para recurrir fue acertada y como también lo fue que afectase a toda clase de recursos, ordinarios y extraordinarios. 

Pero esto es España y disculpándome por anticipado por si algún lector se ofende ya que es un Letrado de la Administración de Justicia quien suscribe estas líneas, tardamos bien poco en interpretar la norma en beneficio del recurso aunque con ello nos lleváramos por delante el trámite del mismo y, sin entrar en lo que tiene preferencia, sorprende que luego haya quien se extrañe de la anarquía procesal que vivimos. Dicho de otra forma, una cosa es subsanar un defecto y otra muy distinta dar una segunda oportunidad para realizar un acto omitido. La subsanación regía en el Derecho Español cuando aprobé la oposición (oposición que nada tiene que ver con un curso, un master o cualquier otro apaño académico-práctico) ; lo otro, lo de la segunda oportunidad era algo propio del Derecho Anglosajón, se creaba derecho donde no lo había

Por razones que a pocos escapa ni se me ocurre entrar en el asunto de la cuantía del depósito – comparen los 50,00€ para una casación con la carta de la mayoría de los restaurantes de España– habida cuenta que la Justicia debe ser el único servicio público gratuito y más gratuito; ni en el destino de los depósitos, tampoco lo haré en su aplicación a las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia, no vaya a ser que el Tribunal Constitucional se auto-planteé otra cuestión de inconstitucionalidad y la tengamos dentro de cinco años. 

Empero sí que entraré en el hecho que en la actualidad que casi nadie cumple a la primera. Y escribo esto porque hasta la intervención del Tribunal Supremo no se advertían especiales problemas en la aplicación práctica de la norma porque el depósito se consignaría en la Cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado o tribunal (Disposición adicional 15ª.6) y se había previsto un trámite de subsanación de dos días de cualquier defecto, omisión o error en la constitución del depósito con lo que sería la parte la que, en su caso, sufriría las consecuencias de un error en el ingreso mediante la inadmisión del recurso. 

Pues bien el ATS, Sala 1ª de 30 de noviembre de 2010 (ROJ: ATS 14628/2010) abrió una senda en la que nunca debió aventurarse. En esa resolución y en otras del mismo año se resolvió que la Disposición Adicional 15ª se refería a tres posibles deficiencias en la constitución del depósito: defecto, omisión o error. El defecto o error en la constitución del depósito, por la propia naturaleza de los términos utilizados por el legislador, partían de la existencia de un depósito realizado, aun cuando este depósito se hubiera realizado bien de manera defectuosa, bien de manera errónea. La cuestión que planteaba más problemática era la de determinar el alcance que había de darse a la posible subsanabilidad de la deficiencia consistente en la omisión en la constitución del depósito ya que la forma en que estaba redactado dicho término permite varias interpretaciones: Se podía partir de una interpretación amplia y favorable a la posible subsanación y considerar que el término omisión comprendía la posibilidad de subsanación por no haber efectuado aún consignación o, por haberla efectuado fuera del plazo legalmente establecido para ello, o por el contrario, y manteniendo una postura más restrictiva, considerar que la omisión indicada partía del presupuesto de que el depósito debía estar constituido y la omisión, defecto o error se refería a la acreditación de la constitución del mismo, de tal manera que la existencia del depósito era presupuesto de hecho de la deficiencia subsanable. 

Como ya imaginan el Tribunal Supremo entendió que la ley permitía la subsanación no solo de los supuestos en los que no se hubiera aportado el justificante que acreditase o justificase la constitución del depósito, sino que comprendía también la posibilidad de subsanación por no haber efectuado aún la consignación o por haberla efectuado fuera del plazo legalmente establecido para ello. Se consideró que esta interpretación favorable a la posible subsanación enlazaba con principio general de subsanabilidad de los actos procesales y con la consideración del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial efectiva del art. 24 CE y con el llamado principio de proporcionalidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos había puesto de manifiesto en diversas ocasiones que debía de haber un equilibrio justo entre el respeto de los requisitos formales y el derecho de acceso a los tribunales (ver, entre muchas otras, Sentencia de 19 febrero 1998 [TEDH 1998\7]). 

Eso no era una subsanación, era una segunda oportunidad para el cumplimiento de un requisito que no suscitaba duda alguna, pero abierta la puerta cualquiera la cerraba y, por eso en el ATS, Sala 1ª, de 11 de febrero de 2015 (ROJ: ATS 621/2015) el recurrente se quejó de que la Audiencia Provincial no le había indicado que, en caso de recurrir la sentencia, debían constituirse los preceptivos depósitos y, ello pese a que se le concedieron diez días para la consignación los depósitos y la justificación del pago de la tasa judicial. Y un tercer otrosí: "aunque pueda argumentarse sobre el contenido impreciso de la diligencia de ordenación por la que la secretario judicial de la Audiencia Provincial requirió a la recurrente para la subsanación de la falta de constitución del depósito para recurrir [ en el presente caso, la de 29 de abril de 2014 ], en esa diligencia se citó expresamente la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ , por lo que la recurrente -asistida de abogado y procurador- no puede alegar ignorancia respecto una norma que, además, ya llevaba tiempo en vigor cuando la recurrente fue requerida". 

Ahora estamos en la tercera fase, la de la proporcionalidad, que no es otra cosa que más de lo mismo y, así en ATS, Sala 1ª, del 14 de diciembre de 2016 (ROJ: ATS 11041/2016) se indica que no es admisible la pretensión de dar validez a la interposición del recurso sin haber constituido el preceptivo depósito so pretexto de infracción del principio de proporcionalidad y de tutela judicial efectiva, e infracción de la jurisprudencia del TEDH, toda vez que la LOPJ en su DA 15.ª, exige la constitución de un depósito para cada uno de los recursos extraordinarios que se interpongan. 

Y de momento el éxito de la subsanación es notable, tan notable que como era de esperar es ahora la regla general: primero se omite y luego se subsana y, cuando se omite y no se subsana nos aparece una nulidad de actuaciones que va camino de convertirse en un recurso ordinario como cualquier otro.

04 marzo 2017

El mecanismo del sacapuntas en la NOJ de la Comunidad Valenciana (II)


Recordarán que hace un tiempo se pusieron de moda las Ciudades de las Justicias, que consistían, básicamente, en hacer un edificio y meter dentro a todos los órganos judiciales de la ciudad. La dificultad de la idea, próxima a la comprensión del funcionamiento de un sacapuntas manual, pareció calar en algunos sitios y junto a la de Valencia, encontramos el invento en Málaga y Barcelona. La falta de dinero y la creación de nuevas unidades judiciales – cursilada que reemplazo al tradicional de órganos judiciales- provocó que dejaran de construirse estos edificios y, se pensara en reformar la estructura de la casa antes de seguir jugando a la arquitectura. 

Y aquí apareció la Nueva Oficial Judicial (NOJ, en adelante) y que consiste, básicamente, en que los Jueces van por una carretera y todos los demás por otra paralela, con las correspondientes conexiones entre las dos vías para que aquellos cumplan su obligación constitucional de juzgar y ejecutar y, todos los demás hagamos que sea posible. La genialidad de la idea obliga a que las conexiones funcionen, lo hagan bien y rápido y, de eso se ocupa la informática. 

Informática que en Valencia no funciona. Y pese a que no funcione se han empeñado en colocarnos en la NOJ porque sí, razón de peso donde las haya y, que ya ha provocado frases antológicas como la siguiente: -Según los cálculos que hemos hecho cada Juez se queda con dos tramitadores y medio gestor. A lo que añado: - Y con un tercio de un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). 

Otro sí. Desaparecen los auxilios de todos los Juzgados y cada día mandarán a uno donde toque, mientras en estos, el LAJ que se quede patinará entre los tres juzgados que le toquen; el Magistrado se quedará con sus dos funcionarios y medio y, el resto seguirá donde trabaja en la actualidad, pero pertenecerá a un servicio común de ejecución que nadie sabe dónde estará, aunque ya existe en el papel del Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. 

En un Juzgado de Primera Instancia en la actualidad tenemos: 1 MAG.X 1 LAJ.X 3 GP.X 5 TRAM. X 1 AUX. Con la NOJ el mismo Juzgado quedaría así: 1 MAG. X 1/3 LAJ. X ½ GP. X 2 TRAM

Los otros 2/3 del LAJ se irían a un servicio de ejecución así como los 2/3 de los Gestores y los 3 Tramitadores, pero sin moverse físicamente del Juzgado y, a la espera de la creación del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, que de momento se queda en el papel. 

Lean, si les apetece, un informe que redacté para el Secretario Coordinador de Valencia.

02 marzo 2017

Regreso al futuro: El libro blanco de la Justicia y mi amigo el astronauta (1999-2017)


La revista Secretarios Judiciales (1998-2003) del grupo editorial La Ley fue intento de entrar en el mercado de lo procesal y de hecho murió de éxito, pero llevándose por delante a otra revista del mismo grupo editorial en la que se invertía setenta y tres veces más ( y más allá). Hoy recupero uno de los trabajos que publique en la revista para que los jóvenes y las jovenas que se dedican a esto, aprecien lo mucho que ha cambiado la forma de gestionar la casa desde el año 1999.
 

23 febrero 2017

La cuestión del domicilio de las personas jurídicas en la tasación de costas de la ejecución.


En el proceso de ejecución suele plantearse el debate sobre la inclusión de los honorarios y derechos del letrado y del procurador cuando en aplicación de lo dispuesto en el art.32.5 LEC, se alega que la ley permite valerse de dichos profesionales cuando el domicilio de la parte defendida está en lugar distinto al de aquel en que se tramita el juicio. Petición que obliga a dos pronunciamientos diferentes: la posibilidad de la aplicación del mandato al proceso de ejecución y, la precisión de lo que deba entenderse por un domicilio en lugar distinto al de aquel en que se tramita el juicio. 

Respecto a la primera cuestión la discutida excepción del art. 32.5 LEC sobre el domicilio de la parte defendida, será siempre objeto de pronunciamiento en una sentencia (vide «salvo que el Tribunal aprecie») y no cabrá, en la liquidación de las costas, una resolución sobre este particular. Esto es, la tasación es un mero cauce de liquidación de cantidades ilíquidas, en el que no podrían alterarse las bases de cálculo que pertenecen a una fase del proceso definitivamente cerrada (por todos ATS, Sala 1ª, 15 de abril de 2015, ROJ: ATS 2741/2015) y de esta definición se concluye que no cabría discutir en esta sede la exégesis del repetido art. 32.5 LEC, al tratarse de una cuestión ajena a la liquidación que nos ocupa. 

Entrando en el segundo interrogante, la regla general sería la de que el domicilio de las personas jurídicas vendría a identificarse con cualquier lugar donde la entidad ostentase una mínima infraestructura material y humana (sucursales, agencias, delegaciones, establecimientos abiertos al público etc.) siendo así además que el art. 51.1 LEC admite que las personas jurídicas sean demandadas «en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado, para actuar en nombre de la entidad», de forma que, en su representación pueda obrar en el pleito cualquiera de sus dependientes o apoderados sin necesidad de desplazamiento (ex. SAP VIZCAYA, 503/2010, Sección 3ª, 27 de Octubre de 2010, ROJ SAP BI 1632/2010). 

Pero, ¿qué sucede cuando la sociedad tiene un domicilio en el lugar distinto del art. 32.5 LEC y ninguna sucursal, delegación o agencia en territorio nacional ya que opera en el mismo, sin ningún límite geográfico, mediante una web, el correo electrónico, el teléfono y el fax? En estos supuestos la regla general sería otra ya que si bien ejercería las principales funciones de su instituto en todo el territorio nacional (ex. art. 41 CC), el lugar que podría fijarse como domicilio carecería de relevancia a los efectos del art. 32.5 LEC. 

En estos casos no cabría una interpretación del tantas veces citado art. 32.5 LEC que desconociera la realidad social del tiempo en que ha de aplicarse, su espíritu y finalidad (art. 3.1 CC) y, del mismo modo que una sociedad puede decidir que sus relaciones comerciales se realicen al margen de sucursales, delegaciones o agencias, pues así lo permite el desarrollo tecnológico, no puede admitirse que por mor de un domicilio social, sito en el lugar que estima procedente, pueda ver indebidamente favorecida por la inclusión en la tasación de costas de los honorarios del Letrado o los derechos del Procurador (ex. AAP ALICANTE, 106/2015, Sección 8ª, 21 de abril de 2015, ROJ AAP A 33/2015) 

En definitiva conviene no olvidar que el art. 32.5 LEC es una modificación del art. 11 LEC 1881, con lo que nada podía prever sobre la cuestión que se ventila y que según el ATC del Pleno, 333/2006, de 26 de septiembre, la razonabilidad del elemento diferencial establecido por el legislador en el primero (la distancia al lugar de la celebración del juicio), se reconoce a quien encuentra mayores dificultades para comparecer y defenderse a sí mismo, al tener su domicilio en lugar distinto de aquél en el cual debe celebrarse el juicio; justificación que mal puede predicarse de una sociedad que solo actúa a través de internet y de otros medios de comunicación.

16 febrero 2017

Felipe II y la reforma de la Justicia: un análisis para no pisar charcos.


Andaba dándole vueltas a la formación informática de dos horas en los salones de actos o, en las salas de bodas de los edificios judiciales, que solo sirve para echar un vistazo a los compañeros, sin barra de bar por medio o en medio y a que gracias a Dios, ni pilotos, ni capitanes de barcos gozan de dicha suerte académica, cuando entre cláusula y cláusula abusiva y monitorio de reclamación de gastos de propiedad horizontal, me ha venido a cuento lo mucho que hemos avanzado en esto de la reforma de la Justicia. 

Observen. No puede hablarse de la transferencia de la casa a pedazos a las Comunidades Autónomas, pese a que según las zonas tengamos seis, siete u ocho velocidades y alguna vaya de paseo de la mano de su enamorado; tampoco del éxito o del fracaso de las cientos de reformas legales que nuestro legislador, –al que no tenemos el gusto, porque no nos lo han presentado– publica y olvida; imposible aventurar una opinión sobre el funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ni sobre la legislación que los sustenta; mal asunto el de tratar de racionalizar la ubicación de los órganos judiciales y su número, aunque sea imposible que haya uno al lado de cada Mercadona o, frente a la parada del autobús del cole de los niños; dejaremos para mejor ocasión lo de las tasas y la gratuidad de la justicia, gratuidad que, por cierto, pagamos todos; y quizá para otro año podamos dedicar algún segundo, no más, a las licenciaturas de derecho, si es que se siguen llamando así y a las ochenta y tantas facultades que tenemos en España. 

Así mirado y aprovechando la ola podríamos dedicarle unas líneas a las cláusulas abusivas, que creo que casi nadie ha estudiado en los últimos años, pero su relación con la reforma de la Justicia es discutible, salvo que mejorásemos el sistema de los siete Magistrados que por rotación han intervenido en Valencia en cada uno de los Juzgados de Primera Instancia. Y escribo mejorásemos porque dejaré para otro momento, que nunca llegará, la opinión sobre la diferencia entre las famosas preferentes y las acciones y, el curso procesal de cada asunto, que no pasa de los cinco minutos. 

Total que llegados a este punto creo que lo mejor es que nos centremos en Felipe II y su Consejo de Castilla y su indiscutible relación con la Nueva Oficina Judicial, aunque ahora que lo pienso no contaba uno con las nacionalidades actuales y sus historias y, como se me está haciendo tarde y veo próximo un charco cercano, por volumen, a un pantano, parece oportuno que también dejemos este análisis para mejor ocasión.

11 febrero 2017

Una regla de tres en la oficina judicial de la Comunidad Valenciana (I)


No sé si lo saben, pero se lo cuento. En la Comunidad Valenciana se han empeñado en clavar la nueva oficina judicial en la Administración de la Administración de Justicia a golpe de publicaciones en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma y salga el sol o se ponga por donde tenga a bien, resulta que con un sistema informático que no va ni con carbón – quizá con carbón habría alguna posibilidad-; tirando cada Juzgado de los modelitos que entiende más oportuno, porque desde el famoso volcado informático del año 2010 todo el mundo se ha puesto de perfil en este asunto– y eso que casí no se han publicado leyes, decretos y órdenes en el BOE desde el año 2010- y siendo, creo, la única Comunidad Autónoma que no permite, porque no puede, las comunicaciones electrónicas con los profesionales, resulta que tirando de una regla de tres un Letrado de la Administración de Justicia se queda con tres Juzgados y el resto a mogollón, permítanme el vocablo, a ejecutar o, a pasearse, porque en Valencia capital habrá más de segundo que de lo primero. 

Digo lo de pasearse porque en ese estupendo edificio que padecemos, nadie ha tenido a bien explicar cómo transitaran los expedientes desde los Juzgados, perdón las UPAD´S, a los Servicios de Ordenación del Proceso y de Ejecución; comentario que viene a cuento porque en el año del Señor que vivimos no se ha solucionado el asuntillo del archivo de cada órgano judicial y los cientos de coleccionables de cartón que produce anualmente y, va a ser un no parar de reír o llorar si a ese tránsito desde el sótano y el garaje, hay que sumar otro interno en el edificio entre las UPADS, los SCOP, los SCEJ y los demás acrónimos que se nos ocurran. Quizá el director de pista de algún gran aeropuerto o estación de tren pudiera controlar la situación, pero le costará. 

Y supongo que como en todas las ocasiones que han precedido en esto de la reforma de la Justicia y su destino en lo universal, la regla de tres para el Letrado de la Administración de Justicia será a coste cero, gratuita o, como decían los clásicos: por la cara. Estupendo panorama porque si con un Juzgado, perdón UPAD, en la Primera Instancia ya vas con la lengua fuera de la boca a días alternos, con el triple de trabajo y sin patines – supongo que también nos los tendremos que comprar- ignoró como será posible mantener el equilibrio físico y procesal. Perdón, que no se me olvide: como los Letrados ya no tenemos que entrar en Sala, tenemos tiempo para todo; hasta para aprender a patinar, añado. 

No se trata solo que ninguna gran capital haya puesto en marcha esto de la nueva oficina judicial –ni una, oiga- y que como todo el mundo sabe los experimentos se deben hacer con gaseosa, sino que no tenemos un solo dato, ni uno, que justifique la regla de tres en los respectivos órdenes jurisdiccionales y, menos cuando pretende montarse en un ale-hop un Servicio de Ejecución creado ex novo y al mismo tiempo de la nada, con plantilla reducida que no se sabe de dónde sale y con los Letrados sobrantes de las UPAD. 

En la Justicia Española los especialistas en hacer rascacielos por los tejados o, transatlánticos a pedales son legión y uno, la verdad, comienza a cansarse de esta clase de ingeniería, porque como hay varios mandos en plaza – habitualmente peleados, faltaría más- y todos con ganas de inmortalizarse, hemos llegado a un punto en el que el único sitio seguro para aguardar la próxima y definitiva reforma de la justicia se encuentra debajo de la mesa del despacho.

02 febrero 2017

Felicidades y gracias.


Y muy orgulloso que anda uno después que S.M. el Rey D. Felipe VI haya recibido a la 41ª Promoción de Letrados de la Administración de Justicia y no ya solo porque fui su orientador hipotecario durante una semana (lo de profesor o tutor me queda muy lejos) y los conozca -o, mejor dicho, las conozca, porque son ellas legión y nosotros la minoría que arrancó con mi promoción, la del año 1993-, sino porque por primera vez salimos de ese anonimato y de paso de la ignorancia que siempre aproxima al precipicio. 

Así que sí, estoy sumamente orgulloso por ellos y porque creo, además, que se lo han ganado. Es cierto, todos hemos opositado y nos hemos dejado años, muchos o pocos, delante de libros, fotocopias y apuntes y quizá alguna noche, colgados de algún cigarrillo y de algunas copas nos hemos preguntado sí merecía la pena tanta hora, tanto disgusto y la madre que parió al censo enfitéutico. 

No voy a contestar a esa pregunta después de casi veinticuatro años haciendo la estadística a palotes, pero lo que ha estudiado esa gente y el tiempo que lleva de prácticas teóricas, prácticas y medio pensionistas y el rigor con el que se desempeñan en las mismas, no tiene rival en ninguna otra promoción. 

Y encima se llevan bien; lo sé, quizá haya exagerado sobre esto último, pero miren dibujo un panorama que no esperaba encontrarme y aún a riesgo de incurrir en la exageración, creo que por una vez es el momento y el lugar. 

Así que felicitando también a quien lograra la recepción Real, esta misma noche van a caer un par de cervezas a la salud de la 41ª Promoción de Letrados de la Administración de Justicia. 

Un honor y un placer habernos conocido. Gracias y felicidades.

29 enero 2017

Los requisitos para la investigación judicial del patrimonio del ejecutado.

Los arts. 590 y 591 LEC exigen el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) instancia del ejecutante que no puede designar bienes; 2) identificación de las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas físicas y jurídicas que deban facilitar la relación de bienes o derechos del ejecutado; 3) expresión de las razones que tenga para considerar que aquellas personas o entidades puedan proporcionar datos útiles a efectos del embargo; y 4) que se trate de organismos y registros a los que no pueda acceder la parte. 

El cumplimiento de todos esos requisitos se produce formalmente en la demanda ejecutiva y como simples formulismos que se repiten para evitar que algún juzgado niegue la averiguación, pero el legislador civil olvida dos extremos de cierta importancia: a) las restricciones a la cesión de datos que hacen muy difícil la intervención de la parte ejecutante y b) la necesaria «agilidad procesal» en la tramitación de la investigación, que sólo se consigue mediante el empleo de medios informáticos. Con ello se concluye que en la práctica diaria de los juzgados el conflicto no aparece en la interpretación del art. 590 LEC (mucho menos en la del art. 591 LEC), ni en las razones por las que el ejecutante no puede designar bienes, sino en la reiteración del empleo de los medios de investigación. 

¿Quiere ello decir que las partes y los órganos judiciales incumplen el mandato del legislador? No y con rotundidad: sencillamente unas y otros se adaptan a cada título y a cada ejecución. En este sentido precisa el AAP BARCELONA, Sección 15.ª, de 25 de junio de 2007 (ROJ: AAP B 8984/2007) que el art. 590 LEC no ampara la indagación del patrimonio de terceros, ni podrá servir de cobertura a una instrucción en el sentido de investigación judicial al servicio del ejecutante, sobre operaciones llevadas a cabo por personas contra las que no se dirige la ejecución o sobre su patrimonio, porque las facultades de investigación judicial en la ejecución civil se limitan por el precepto en el aspecto objetivo (el patrimonio) y subjetivo (del ejecutado). No se duda que el conocimiento de determinados contratos, los pagos efectuados en su cumplimiento y el patrimonio de terceros sean útiles para la ejecutante, pero el art. 590 LEC no responde a la finalidad de las diligencias preparatorias o preliminares, ni permite una investigación patrimonial general de aquellos. 

Completando esa teoría el AAP VALLADOLID, Sección 1ª, de 18 de abril de 2008 (ROJ: AAP VA 122/2008) sostiene que una interpretación literal e inflexible del art. 590 LEC contravendría el espíritu del proceso de ejecución diseñado en la Ley de Enjuiciamiento Civil que se mostraba en exceso complaciente con el deudor arrojando sobre el ejecutante la carga de averiguar los bienes del patrimonio del ejecutado. 

Aclarado este particular nos centramos en la reiteración de las peticiones de investigación y en el acceso de la parte a datos que puede obtener por sí misma. Las primeras son un efecto pernicioso del empleo del Punto Neutro Judicial o de los servicios de averiguación patrimonial de los Juzgados, de tal modo que la parte ejecutante, solicita la práctica de diligencias de investigación que ya se han realizado con anterioridad una o varias veces (v. gr. cuentas bancarias, devolución de IRPF o informes de vida laboral). ¿Habría algún límite para esta práctica? Aclara el AAP CASTELLÓN, Sección 3.ª, de 20 de febrero de 2009 (ROJ: AAP CS 54/2009) que podría analizarse una petición concreta a fin de valorar si reúne los requisitos del art. 590 LEC y decidir sobre su procedencia para la satisfacción del acreedor en función de las circunstancias concretas del proceso de ejecución, pero no podrá eliminarse la oportunidad que la Ley procesal concede al acreedor de solicitar la investigación sin analizar si cumple la petición en cada caso los requisitos legales. 

No obstante, sería perfectamente admisible un límite temporal en las peticiones de investigación, lo que siempre dependerá de las actuaciones de cada ejecución y por tanto, del resultado de las diligencias realizadas. La diligencia de ordenación que se dictase podría impugnarse en reposición (arts. 545.7 y 451 LEC), pero sin que la interposición implicara su admisión ya que la valoración de la «inutilidad de la medida de investigación» exigiría al ejecutante que precisara con claridad la infracción cometida por la diligencia denegatoria (art. 452 LEC). Lo que no vale, dicho llanamente, es la reiteración sin más como sucede en el caso de las peticiones dirigidas a la TGSS o al INEM, que además carecen de sentido al obtenerse la información en tiempo real. 

En cuanto a los límites en el acceso y la intervención de la parte ejecutante hay que tener en cuenta que salvo el caso de los Registros de la Propiedad y Mercantiles, los ejecutantes no tienen acceso a ningún otro que interese a la vía de apremio, por lo que, en la actualidad, tiene poca justificación su intervención. Y aquí entramos en un terreno farragoso, porque la repetida intervención, sin más, del ejecutante chocará con la agilidad del Punto Neutro Judicial y la supresión del papel en las oficinas judiciales. No se trata de ver quién lo hace sino de la sencillez y de la velocidad a la que se hace y debe advertirse que el tantas veces citado Punto Neutro Judicial facilita información de todos los bienes o derechos del patrimonio del ejecutado y que obtenida podría ordenarse el embargo de determinados bienes; otra lectura del art. 590 LEC supondría desconocer la realidad. 

Cuestión muy distinta, por último, es que la parte decidiera emplear a su costa medios de averiguación ajenos a los de los órganos judiciales, lo que sería ciertamente admisible, pero que quedarían al margen de lo establecido en los arts. 589 y 590 LEC.

15 enero 2017

La hipoteca y su ejecución (opciones y alternativas procesales).


La Editorial Fe d'Erratas acaba de publicar LA HIPOTECA Y SU EJECUCIÓN (OPCIONES Y ALTERNATIVAS PROCESALES). Ha tardado el asunto porque no he dejado de mirar aterrorizado las páginas oficiales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el CENDOJ y el BOE para ver si nos dábamos un rato de paz procesal y como parece haber llegado, mientras leía, releía y volvía al principio, decidí lanzarme a la piscina de las escrituras y de cómo llegan y salen de los Juzgados. 

Abajo encontraran el índice de la obra y ocioso es decirlo pero está trabajado y digo trabajado, porque no se emplea la imaginación para encontrar el medio de no pagar la hipoteca o, de formular óbices de dudosa eficacia, peor finalidad y muy limitados en el tiempo; antes al contrario, los datos estadísticos del Banco de España y de las entidades financieras señalan que se paga la hipoteca y los deudores, entre los que me encuentro, tratan de cumplir con su cuota mensual. Nadie se merece, en caso de ejecución, que se incremente la deuda con las costas de una oposición que nunca debió formularse. 

Pero tampoco nos sirve de mucho arruinar al ejecutado, que es lo que parece llevar en su logo alguna entidad financiera, quedándose con el bien hipotecado y atacando después todo el patrimonio del deudor (si es que queda algo). No parece de recibo embargar una pensión cuando nos hemos quedado con la vivienda. 

Así que el punto de vista es el del mostrador de un Juzgado, que es el que interesa cuando el Decanato reparte una demanda al que se acompaña la inconfundible copia de una escritura y, sin perjuicio de las imprescindibles miradas por el retrovisor a los Notarios y a los Registradores de la Propiedad, he olvidado los debates doctrinales sobre la hipoteca, sus características, sus requisitos y su futuro, que poco solucionan. 

No pretendan encontrar en el libro todas las respuestas, pero creo que los interrogantes que se han formulado (y son muchos) tienen análisis y solución; que aquellas sean las más adecuadas y estos los más frecuentes es algo que queda al criterio de cada profesional. 

09 enero 2017

Las condiciones de la subasta en la división de la cosa común.


En un comentario anterior traté el asunto de la necesidad de la subasta en la división de la cosa común y ahora nos ocuparemos de las sus condiciones, pues en casi todos los supuestos las partes optan por la subasta.

Pues bien, cuando se trata de la ejecución de sentencias que ordenan la división del bien común en subasta pública, con intervención de licitadores extraños, la remisión a la normativa específica prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, deberá atenerse a la peculiaridad que la mismo presenta. Así pues, con independencia de quién haya promovido la ejecución, cualquiera de las partes, podrá ocupar, indistintamente, la posición de ejecutante/ejecutado o de acreedor/deudor y ambos comuneros, como consecuencia de esa doble cualidad de ejecutantes y ejecutados, acreedores y deudores, podrían pujar o mejorar posturas y ejercer todas y cada una de las facultades que les otorga los arts. 670 y 671 LEC (AAP BARCELONA, Sección 13ª, de 16 de enero de 2013, ROJ: AAP B 220/2013). Tampoco deberían consignar ninguna cantidad para poder tomar parte en la subasta y no habría adjudicación por la cantidad debida por todos los conceptos. 

Obsérvese que esas primeras afirmaciones, que se han extraído de la jurisprudencia de las audiencias provinciales advierten, que las condiciones de la subasta de una cosa común habrán de fijarse atendiendo siempre a las particularidades de cada ejecución y en tal sentido y despachada, cedería el principio dispositivo ante la intervención de oficio del órgano judicial en la valoración del bien y en las condiciones de la subasta. Precisamente por ello en el Decreto de art.551.3 LEC o una diligencia de ordenación, dada la inexistencia de medidas de averiguación o de ejecución, se daría audiencia a las partes sobre la valoración y las posibles condiciones de la puja. 

En cuanto a la valoración del bien y dejando al margen la certificación de titularidad que sí sería necesaria, la realización de la liquidación de cargas no sería imperativa. Señala el AAP BARCELONA, Sección 14ª, de 9 de febrero de 2007 (ROJ: AAP B 73/2007) que no solicitada en su momento la valoración de la finca no podrá luego exigirse el cumplimiento de dichas normas toda vez que no serán de aplicación de oficio; antes bien, sería correcta la venta en pública subasta por el precio fijado por la propia instante en la demanda rectora de la litis. El art. 637 LEC dispone que el avalúo será preciso si las partes no se pusieran de acuerdo sobre su valor, pero fijado sin oposición del demandado habría de estarse al mismo. 

Y en cuanto a la celebración de la subasta habrían de fijarse condiciones singulares respecto al Decreto de convocatoria del art. 645 LEC, que no sería necesario al ser el objeto de la orden general de ejecución; la consignación del 5% del avalúo, de la que estaría exenta todas las partes; la posibilidad de tomar parte en la subasta aunque solo concurriera una de las partes a la misma; el derecho de todas las partes a ceder el remate a un tercero y, en quinto lugar, la sujeción de las resoluciones posteriores a la misma y de los documentos que debieran remitirse al Registro de la Propiedad a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para la subasta de bienes inmuebles. 

Este último punto nos llevaría a un nuevo interrogante: ¿sería posible acudir, en estas ejecuciones, a las normas de la subasta voluntaria de los arts. 108 y ss. Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015? La respuesta es negativa. En primer lugar, no estamos ante ningún expediente de jurisdicción voluntaria sino en un proceso de ejecución de sentencia, con lo que la referencia al «procedimiento de apremio» del art. 108 LJV tendría escasa transcendencia en este asunto, pues aquel siempre se regula por las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, ello sin entrar a analizar lo que realmente quiso decir el Legislador con «procedimiento de apremio». Y en segundo lugar porque el art.111.5 LJV dispone que la publicidad y la celebración de la subasta se ajustará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en todo aquello que no esté previsto en el pliego de condiciones particulares (art.110.1.c) LJV), supletoriedad que privaría de cualquier sentido a la aplicación en estos casos de las normas de la jurisdicción voluntaria y más cuando, como hemos visto antes, el llamado «pliego de condiciones» se fijaría con intervención del órgano judicial. 

En otro sentido y pese a la circunstancia de que en estas ejecuciones no se encontraría obstaculizada la aplicación del art. 671 LEC (AAP MADRID, Sección 10ª, del 1 de marzo de 2016, ROJ: AAP M 130/2016), avisa el AAP CÁCERES, Sección 1ª, de 14 de mayo de 2009 (ROJ: AAP CC 257/2009) que el precepto debería ser objeto de una adecuada interpretación para adaptarlo a la propia naturaleza de la subasta judicial derivada de la extinción del condominio, de modo que ni podría equipararse la condición de acreedor (a la que se refiere el precepto) con la del ejecutante, ni podría pedir el ejecutante la adjudicación por la cantidad que se le debiera por todos los conceptos (porque nada se le debería), ni sería de aplicación el párrafo segundo del indicado precepto dado que, en el caso de que el acreedor, en el plazo de veinte días no hubiera hecho uso de la facultad que contempla el párrafo anterior, el ejecutado no podría instar el alzamiento del embargo porque no existiría ningún bien embargado.

Por último cuando esa primera y única subasta se declarara desierta por falta de licitadores una solución consistiría en la convocatoria de una nueva subasta cuando alguna de las partes lo solicitara, modificando las condiciones de su celebración y en la que, tanto en el supuesto de concurrencia de licitadores extraños como en el de su ausencia, cada parte, pudiera presentar posturas, con adjudicación final a la de mayor cuantía. En tal supuesto tampoco sería necesario el dictado del Decreto del art. 645 LEC, pero sí que sería imprescindible el trámite de audiencia a todas las partes para modificar, en lo que fuera necesario las condiciones de la subasta y las de la adjudicación ya que no cabría repetir la misma subasta declarada desierta.