La conciliación y el burofax gratuito: sobre el AAP VALENCIA de 22 de julio de 2016.


Sabido es del espíritu conciliatorio de la sociedad española y del éxito que tienen las llamadas técnicas alternativas de resolución de conflictos en la administración de justicia y así la mediación, la conciliación, el arbitraje y cualquier otra herramienta inventada o por inventar en los próximos lustros solo servirá para que imprentas y editoriales publiquen manuales y cartelería de diferentes tamaños. Loable finalidad sino fuera porque ese no sería, en teoría, el primer objetivo de la herramienta, pero puestos a examinar el asunto con cierta objetividad no pongo reparo alguno, solo faltaría, a que las editoriales puedan seguir haciendo su trabajo. 

Por lo que respecta a la famosa conciliación de la LEC 1881 interruptora de la prescripción, la Ley 15/15 ha demostrado lo que todos sabíamos: la conciliación intrajudicial (sic) o intraprocesal (sic) gratuita sigue sustituyendo al burofax como medio de comunicación. Nada más. 

Y bajo esta premisa la Diligencia de ordenación dijo esto:


Por presentado el anterior escrito por el Procurador XXXXXX, en nombre y representación de ASEGURADORA XXXXXXXXX; regístrese y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 139.1, 141.1 y 16.4 LJV 15/2015 y previamente a un pronunciamiento sobre su admisión, se da plazo de CINCO DÍAS al solicitante para que aclare el objeto de la conciliación y determine con claridad y precisión el de la avenencia, FORMULANDO LA PROPUESTA DE ACUERDO que entienda adecuada al supuesto ya que (i) los requerimientos que aparecen en la referida solicitud incumplen las previsiones de la ley sobre la finalidad del acto, que debe ser el de alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito, y (ii) vistos los términos en que se redacta la demanda y que no se aporta ningún documento, se impide la determinación sobre lo que debe ser objeto de debate. Se advierte al solicitante que si la subsanación no se llevara a cabo en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivarán las actuaciones (art. 16.4 LJV) .

El Decreto inadmitió la solicitud por la siguiente fundamentación:


Primero. Dice la SAP BARCELONA, Sección 19ª de 9 de julio de 2015 (ROJ: SAP B 6890/2015) que en un acto de conciliación, el demandante (en terminología de la LEC de 1881), formula una reclamación, manifestando los fundamentos en que la apoye. El destinatario de esta reclamación no es el Juez competente, sino el demandado, que puede allanarse a la reclamación u oponerse. Ocurre que con frecuencia el acto de conciliación ha sido y es utilizado con otras finalidades, incluyendo manifestaciones sobre hechos que no son propiamente pretensiones. 
La reciente Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, precisa ahora con absoluta claridad el objeto y finalidad del acto de conciliación y los requisitos procesales de aquel y de esta y, se podrá intentar para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito (art. 139.1 LJV), pero siempre que se determine con claridad y precisión cuál sea el objeto de la avenencia (art. 141.1 LJV) en tanto el acto comenzará con la exposición de su reclamación por el solicitante, manifestando los fundamentos en que la apoye (art. 145.1 LJV). 
Esto es, la nueva regulación de la conciliación responde a su naturaleza, constituyendo un negocio jurídico particular, semejante en cuanto a sus efectos a la transacción (ex. SAP BILBAO, Sección 4ª, 14 de abril de 2015, ROJ: SAP BI 740/2015); transacción que se define en el art. 1809 CC como un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado y, que requiere en el acto de que nos ocupa, la existencia de un ofrecimiento claro, que de ser aceptado cree o modifique una situación jurídica (ex. SAP MADRID, Sección 19ª, 28 de mayo de 2015, ROJ: SAP M 8118/2015) 
Segundo. Como se ha dicho en el fundamento precedente, la conciliación al amparo de la nueva ley requiere una propuesta de acuerdo, que facilite una posterior negociación entre los interesados y, en su caso, una ulterior avenencia, finalidad que se traduce en la obligación de registrar la comparecencia en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen (art. 145.4 LJV) y, de la relación entre la solicitud de conciliación presentada por XXXXXX y su reproducción en el escrito de 27 de enero de 2016 se concluye lo siguiente: 
(i) la finalidad de la solicitante no es la de llegar a un acuerdo para evitar un pleito y, lejos de ello estamos ante una petición que se formula contra tres demandados en la que no existe la debida precisión sobre los particulares que permitan, respecto a cada uno de ellos, la negociación a la que ahora alude la ley, con reclamaciones de cantidad que se fundan en manifestaciones de la parte y que terminan con la genérica del ordinal 4º del escrito de 11 de febrero y,   
(ii) no se ha aportado tampoco ningún documento que permita suplir la deficiencia que se advierte en el ordinal anterior y que ya se indicó en la diligencia de ordenación de 2 de febrero de 2016; aportación cuya relevancia se ha puesto de manifiesto en el Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueban los modelos normalizados previstos en las leyes de Enjuiciamiento Civil y de Jurisdicción Voluntaria (BOE 27 de enero de 2016) y, bajo tales consideraciones habrá de concluirse que no estamos ante una verdadera conciliación, lo que supone el incumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 139.1, 141.1 y 145.1 LJV y, por tanto, que deba inadmitirse a trámite.

Confirmado el Decreto en el ulterior recurso de revisión, el AAP VALENCIA Sección 6ª de 22 de julio de 2016 (Rollo 480/2016) confirmó las resoluciones de la instancia. Destaco el siguiente fundamento:


TERCERO.-Dada la naturaleza de la jurisdicción voluntaria en el que simplemente se solicitaba la intervención del juez sin que estuviera entablada contienda alguna entre las partes, era tradicional que se planteara la jurisprudencia cual pudiera ser el motivo legal que permitiera rechazar la petición inicial, cuando dicha petición, incluso una petición de pago de cantidades, se entendía que bien podía discutirse en el acto "ad hoc" al que conduciría la admisión, acto en el que el juez podía y debía actuar esa función conciliadora y que, en definitiva, era preventiva del posible litigio. 
Se indicaba asimismo (AP de Jaén) que únicamente por las causas tasadas establecidas en el artículo 460 de la ley de 1881 era posible rechazar la solicitud de la parte, resultando la materia perfectamente susceptible de transacción o compromiso entre las partes, por lo que consideraba más que aventurado deducir "ex ante" cual tuviera que ser la actitud de la parte al no conseguir ese allanamiento que, en línea de principio, venía pidiendo. Se argumentaba que, en todo caso correspondía a la supuesta deudora no comparecer al acto o no avenirse y que ninguna irregularidad se cometería en el caso de que el acreedor evidenciara de manera pública la persistencia en el ejercicio de la acción que no abandonaba en el tiempo. En definitiva, se posicionaba la jurisprudencia en la circunstancia de que la solicitud de conciliación no era sino el uso de un derecho de manera legítima y que no habían motivos relevantes que impidieran cercenarlo. En resumen, es la postura que sostiene la parte recurrente. 
No obstante, analizada la nueva regulación de la materia, entendemos que la cuestión, tal y como valoró el Juzgado de Primera Instancia ha variado, pues el artículo 14 de la nueva ley de jurisdicción voluntaria, Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, regula la iniciación del expediente en los siguientes términos: “1. Los expedientes se iniciarán de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o por solicitud formulada por persona legitimada, en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del solicitante, con indicación de un domicilio a efectos de notificaciones. Se expondrá a continuación con claridad y precisión lo que se pida, así como una exposición de los hechos y fundamentos jurídicos en que fundamenta su pretensión. También se acompañarán, en su caso, los documentos y dictámenes que el solicitante considere de interés para el expediente, y tantas copias cuantos sean los interesados. 2. En la solicitud se consignarán los datos y circunstancias de identificación de las personas que puedan estar interesados en el expediente, así como el domicilio o domicilios en que puedan ser citados o cualquier otro dato que permita la identificación de los mismos. 3. Cuando por ley no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, en la Oficina Judicial se facilitará al interesado un impreso normalizado para formular la solicitud, no siendo en este caso necesario que se concrete la fundamentación jurídica de lo solicitado”. 
Y, a diferencia de lo que sucedía en la anterior legislación, en dicha ley se establece un control “de oficio”, de posibles defectos u omisiones, ya que atribuye al Letrado de la administración de Justicia, la posible apreciación de la falta de competencia y otros defectos u omisiones, pues en el caso de considerar -una vez examinada la solicitud- que pueden existir posibles defectos u omisiones en las solicitudes presentadas dará el Letrado de la Administración de Justicia, en su caso, un plazo de cinco días para proceder a su subsanación. Si ésta no se llevara a cabo en el plazo señalado, tendrá por no presentada la solicitud y archivará las actuaciones en aquellos expedientes que sean de su competencia. Es lo que ha acaecido en el presente caso, en que advertidos una serie de posibles defectos consistente en la ausencia de particulares respecto a cada parte frente a la que se pretende el acto de conciliación, y la falta de aportación de documento alguno que permita comprobar las alegaciones frente a las que se solicita asentimiento, dejó transcurrir la parte el plazo concedido sin atender el requerimiento, y recurriendo el Decreto de archivo razonando su no obligación de atender tal requerimiento al entender que no existió falta de concreción, ni existía obligación alguna de aportación de documentos. 
Es cierto que el artículo 14 de la LJV, parece dejar al criterio de la parte la presentación o no de documentos, cuando regula en la solicitud “se expondrá a continuación con claridad y precisión lo que se pida, así como una exposición de los hechos y fundamentos jurídicos en que fundamenta su pretensión. También se acompañarán, en su caso, los documentos y dictámenes que el solicitante considere de interés para el expediente, y tantas copias cuantos sean los interesados”. Pero lo cierto es que la solicitud de conciliación presentada en el caso que se nos somete, es una enunciación de diversas afirmaciones de la parte solicitante de la conciliación, a las que se pide tan sólo a las personas a las que va dirigido indiscriminadamente que reconozcan los hechos que se describen, y las cantidades que se reclamaban como adeudadas. 
Por tanto, no puede sino concluirse que el letrado de la Administración de Justicia actuó en ejercicio de las facultades que le confiere la LJV, y que no fue atendido el requerimiento efectuado, por lo que, debe asimismo considerarse correcta la decisión de archivar el expediente, al no haberse recurrido el inicial requerimiento, y dejado transcurrir el plazo sin atenderlo, por lo que el posterior recurso de revisión, no pudo prosperar, como acontece con el presente recurso de apelación. Entendemos que el recurso de apelación debe ser desestimado y confirmada la resolución recurrida.

Comentarios

  1. Quince años les ha llevado crear una Ley de Jurisdicción Voluntario y, como casi siempre, el copia y pega así como el arrastre por inercia, en el caso concreto de la Conciliación, hacen que tanto Solicitante como Requerido (en los términos de la norma actual) sigan con las mismas intenciones, que casi nunca son las de evitar un pleito, sino las de generar un seudo-pleito gratuito. Y da igual los requerimientos que se le hagan a fin de la subsanación de peticiones genéricas y, en ocasiones, sin sentido. Te las recurren. Mi opinión personal, por supuesto, es que en quince años, podrían haber discurrido una "solución" real adaptados al año 2015 (y siguientes, por lo que parece) y no en un copia y pega de una norma de 1881 en la que los solicitantes van por inercia, al igual que, por lo que parece, el legislador. Muy bueno su blog... y muy ilustrativo. Saludos.

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