30 diciembre 2016

Implantando Geranios en la Justicia de la Comunidad Valenciana


Siempre que uno dedica unas líneas, siquiera sea un miserable párrafo, a lo de la Administración de la Administración de Justicia del Tribunal Constitucional, alguien se mosquea o, se enfada, o quien sabe, porque de reconocimiento facial no ando sobrado y bien por babor o por estribor, según el colorín gobernante, me sorprende algún reproche lo que a sensu contrario implica, que las posibilidades de acceder a un mando en plaza disminuyen en la misma proporción. 

El problema es que hoy han coincidido en el tiempo, la publicación en el BOE de del Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo al informe sobre la utilización del fax como vía de recepción de escritos procesales, para que se adopten las medidas que se consideren oportunas en consonancia con la normativa vigente, en el que se lee que abogados, procuradores y graduados sociales no podrán enviar por fax a partir del 1 de enero de 2017 escritos en relación con asuntos en trámite en el Tribunal Supremo y el informe del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (o sea CTEAJE) sobre la Comunidad Valenciana del mes de diciembre de 2016


Observen, por favor, las columnas de “estrategia de implantación” y de “situación de implantanción”.


 
Se preguntarán: ¿y los geranios?,¿dónde están los geranios? o, dicho de otra forma ¿qué se ha implantado en la Justicia de la Comunidad Valenciana en los últimos veinte años? Ni idea, estimados lectores, aunque es algo que debiera preocuparnos teniendo en cuenta que ni una sola de las CCEE (comunicaciones electrónicas) funciona al margen de LEXNET y que de las fechas previstas guárdense como si les persiguiera una tormenta, porque si mala ha sido la inexistente gestión, peor puede ser la que se rija por el principio de la entrada de un elefante en cualquier cacharrería ajena. 

No es problema de medios, poner ladrillos para hacer edificios sabemos todos y, montar unidades judiciales (sic) al lado de cada parada de autobús para los que los operadores jurídicos (sic) puedan desplazarse a su (sic) juzgado (sic) sin tener que coger el coche o la moto, requieren un nulo esfuerzo intelectual. Cuestiones distintas son que esas medidas mejoren la Administración de Justicia y que los edificios y las unidades judiciales (sic) precisen el mismo mantenimiento y gasto que los geranios y sus injertos y, en este punto nos estampamos contra la famosa gestión o, mejor dicho contra su inexistencia. 

Inexistencia que debería implicar responsabilidad, al menos en Islandia y Dinamarca, pero claro esto es España y, como todos sabemos nuestro problema es que no se invierte lo suficiente en educación. No estarían esperando que identificara a los responsables de la situación ¿verdad? 

21 diciembre 2016

La conciliación y el burofax gratuito: sobre el AAP VALENCIA de 22 de julio de 2016.


Sabido es del espíritu conciliatorio de la sociedad española y del éxito que tienen las llamadas técnicas alternativas de resolución de conflictos en la administración de justicia y así la mediación, la conciliación, el arbitraje y cualquier otra herramienta inventada o por inventar en los próximos lustros solo servirá para que imprentas y editoriales publiquen manuales y cartelería de diferentes tamaños. Loable finalidad sino fuera porque ese no sería, en teoría, el primer objetivo de la herramienta, pero puestos a examinar el asunto con cierta objetividad no pongo reparo alguno, solo faltaría, a que las editoriales puedan seguir haciendo su trabajo. 

Por lo que respecta a la famosa conciliación de la LEC 1881 interruptora de la prescripción, la Ley 15/15 ha demostrado lo que todos sabíamos: la conciliación intrajudicial (sic) o intraprocesal (sic) gratuita sigue sustituyendo al burofax como medio de comunicación. Nada más. 

Y bajo esta premisa la Diligencia de ordenación dijo esto:


Por presentado el anterior escrito por el Procurador XXXXXX, en nombre y representación de ASEGURADORA XXXXXXXXX; regístrese y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 139.1, 141.1 y 16.4 LJV 15/2015 y previamente a un pronunciamiento sobre su admisión, se da plazo de CINCO DÍAS al solicitante para que aclare el objeto de la conciliación y determine con claridad y precisión el de la avenencia, FORMULANDO LA PROPUESTA DE ACUERDO que entienda adecuada al supuesto ya que (i) los requerimientos que aparecen en la referida solicitud incumplen las previsiones de la ley sobre la finalidad del acto, que debe ser el de alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito, y (ii) vistos los términos en que se redacta la demanda y que no se aporta ningún documento, se impide la determinación sobre lo que debe ser objeto de debate. Se advierte al solicitante que si la subsanación no se llevara a cabo en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivarán las actuaciones (art. 16.4 LJV) .

El Decreto inadmitió la solicitud por la siguiente fundamentación:


Primero. Dice la SAP BARCELONA, Sección 19ª de 9 de julio de 2015 (ROJ: SAP B 6890/2015) que en un acto de conciliación, el demandante (en terminología de la LEC de 1881), formula una reclamación, manifestando los fundamentos en que la apoye. El destinatario de esta reclamación no es el Juez competente, sino el demandado, que puede allanarse a la reclamación u oponerse. Ocurre que con frecuencia el acto de conciliación ha sido y es utilizado con otras finalidades, incluyendo manifestaciones sobre hechos que no son propiamente pretensiones. 
La reciente Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, precisa ahora con absoluta claridad el objeto y finalidad del acto de conciliación y los requisitos procesales de aquel y de esta y, se podrá intentar para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito (art. 139.1 LJV), pero siempre que se determine con claridad y precisión cuál sea el objeto de la avenencia (art. 141.1 LJV) en tanto el acto comenzará con la exposición de su reclamación por el solicitante, manifestando los fundamentos en que la apoye (art. 145.1 LJV). 
Esto es, la nueva regulación de la conciliación responde a su naturaleza, constituyendo un negocio jurídico particular, semejante en cuanto a sus efectos a la transacción (ex. SAP BILBAO, Sección 4ª, 14 de abril de 2015, ROJ: SAP BI 740/2015); transacción que se define en el art. 1809 CC como un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado y, que requiere en el acto de que nos ocupa, la existencia de un ofrecimiento claro, que de ser aceptado cree o modifique una situación jurídica (ex. SAP MADRID, Sección 19ª, 28 de mayo de 2015, ROJ: SAP M 8118/2015) 
Segundo. Como se ha dicho en el fundamento precedente, la conciliación al amparo de la nueva ley requiere una propuesta de acuerdo, que facilite una posterior negociación entre los interesados y, en su caso, una ulterior avenencia, finalidad que se traduce en la obligación de registrar la comparecencia en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen (art. 145.4 LJV) y, de la relación entre la solicitud de conciliación presentada por XXXXXX y su reproducción en el escrito de 27 de enero de 2016 se concluye lo siguiente: 
(i) la finalidad de la solicitante no es la de llegar a un acuerdo para evitar un pleito y, lejos de ello estamos ante una petición que se formula contra tres demandados en la que no existe la debida precisión sobre los particulares que permitan, respecto a cada uno de ellos, la negociación a la que ahora alude la ley, con reclamaciones de cantidad que se fundan en manifestaciones de la parte y que terminan con la genérica del ordinal 4º del escrito de 11 de febrero y,   
(ii) no se ha aportado tampoco ningún documento que permita suplir la deficiencia que se advierte en el ordinal anterior y que ya se indicó en la diligencia de ordenación de 2 de febrero de 2016; aportación cuya relevancia se ha puesto de manifiesto en el Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueban los modelos normalizados previstos en las leyes de Enjuiciamiento Civil y de Jurisdicción Voluntaria (BOE 27 de enero de 2016) y, bajo tales consideraciones habrá de concluirse que no estamos ante una verdadera conciliación, lo que supone el incumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 139.1, 141.1 y 145.1 LJV y, por tanto, que deba inadmitirse a trámite.

Confirmado el Decreto en el ulterior recurso de revisión, el AAP VALENCIA Sección 6ª de 22 de julio de 2016 (Rollo 480/2016) confirmó las resoluciones de la instancia. Destaco el siguiente fundamento:


TERCERO.-Dada la naturaleza de la jurisdicción voluntaria en el que simplemente se solicitaba la intervención del juez sin que estuviera entablada contienda alguna entre las partes, era tradicional que se planteara la jurisprudencia cual pudiera ser el motivo legal que permitiera rechazar la petición inicial, cuando dicha petición, incluso una petición de pago de cantidades, se entendía que bien podía discutirse en el acto "ad hoc" al que conduciría la admisión, acto en el que el juez podía y debía actuar esa función conciliadora y que, en definitiva, era preventiva del posible litigio. 
Se indicaba asimismo (AP de Jaén) que únicamente por las causas tasadas establecidas en el artículo 460 de la ley de 1881 era posible rechazar la solicitud de la parte, resultando la materia perfectamente susceptible de transacción o compromiso entre las partes, por lo que consideraba más que aventurado deducir "ex ante" cual tuviera que ser la actitud de la parte al no conseguir ese allanamiento que, en línea de principio, venía pidiendo. Se argumentaba que, en todo caso correspondía a la supuesta deudora no comparecer al acto o no avenirse y que ninguna irregularidad se cometería en el caso de que el acreedor evidenciara de manera pública la persistencia en el ejercicio de la acción que no abandonaba en el tiempo. En definitiva, se posicionaba la jurisprudencia en la circunstancia de que la solicitud de conciliación no era sino el uso de un derecho de manera legítima y que no habían motivos relevantes que impidieran cercenarlo. En resumen, es la postura que sostiene la parte recurrente. 
No obstante, analizada la nueva regulación de la materia, entendemos que la cuestión, tal y como valoró el Juzgado de Primera Instancia ha variado, pues el artículo 14 de la nueva ley de jurisdicción voluntaria, Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, regula la iniciación del expediente en los siguientes términos: “1. Los expedientes se iniciarán de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o por solicitud formulada por persona legitimada, en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del solicitante, con indicación de un domicilio a efectos de notificaciones. Se expondrá a continuación con claridad y precisión lo que se pida, así como una exposición de los hechos y fundamentos jurídicos en que fundamenta su pretensión. También se acompañarán, en su caso, los documentos y dictámenes que el solicitante considere de interés para el expediente, y tantas copias cuantos sean los interesados. 2. En la solicitud se consignarán los datos y circunstancias de identificación de las personas que puedan estar interesados en el expediente, así como el domicilio o domicilios en que puedan ser citados o cualquier otro dato que permita la identificación de los mismos. 3. Cuando por ley no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, en la Oficina Judicial se facilitará al interesado un impreso normalizado para formular la solicitud, no siendo en este caso necesario que se concrete la fundamentación jurídica de lo solicitado”. 
Y, a diferencia de lo que sucedía en la anterior legislación, en dicha ley se establece un control “de oficio”, de posibles defectos u omisiones, ya que atribuye al Letrado de la administración de Justicia, la posible apreciación de la falta de competencia y otros defectos u omisiones, pues en el caso de considerar -una vez examinada la solicitud- que pueden existir posibles defectos u omisiones en las solicitudes presentadas dará el Letrado de la Administración de Justicia, en su caso, un plazo de cinco días para proceder a su subsanación. Si ésta no se llevara a cabo en el plazo señalado, tendrá por no presentada la solicitud y archivará las actuaciones en aquellos expedientes que sean de su competencia. Es lo que ha acaecido en el presente caso, en que advertidos una serie de posibles defectos consistente en la ausencia de particulares respecto a cada parte frente a la que se pretende el acto de conciliación, y la falta de aportación de documento alguno que permita comprobar las alegaciones frente a las que se solicita asentimiento, dejó transcurrir la parte el plazo concedido sin atender el requerimiento, y recurriendo el Decreto de archivo razonando su no obligación de atender tal requerimiento al entender que no existió falta de concreción, ni existía obligación alguna de aportación de documentos. 
Es cierto que el artículo 14 de la LJV, parece dejar al criterio de la parte la presentación o no de documentos, cuando regula en la solicitud “se expondrá a continuación con claridad y precisión lo que se pida, así como una exposición de los hechos y fundamentos jurídicos en que fundamenta su pretensión. También se acompañarán, en su caso, los documentos y dictámenes que el solicitante considere de interés para el expediente, y tantas copias cuantos sean los interesados”. Pero lo cierto es que la solicitud de conciliación presentada en el caso que se nos somete, es una enunciación de diversas afirmaciones de la parte solicitante de la conciliación, a las que se pide tan sólo a las personas a las que va dirigido indiscriminadamente que reconozcan los hechos que se describen, y las cantidades que se reclamaban como adeudadas. 
Por tanto, no puede sino concluirse que el letrado de la Administración de Justicia actuó en ejercicio de las facultades que le confiere la LJV, y que no fue atendido el requerimiento efectuado, por lo que, debe asimismo considerarse correcta la decisión de archivar el expediente, al no haberse recurrido el inicial requerimiento, y dejado transcurrir el plazo sin atenderlo, por lo que el posterior recurso de revisión, no pudo prosperar, como acontece con el presente recurso de apelación. Entendemos que el recurso de apelación debe ser desestimado y confirmada la resolución recurrida.

15 diciembre 2016

Sobre el embargo de una finca por una deuda garantizada con hipoteca.


Bajo el sistema anterior tanto el embargo como su anotación preventiva venían siendo decretados en los supuestos de ejecución del crédito hipotecario por la vía del juicio ejecutivo, lo que incluso podía dar lugar a alguna ventaja procesal. Una de ellas —entiendo que única—consistía en conseguir la coordinación de la situación registral con la procesal desde el comienzo de la ejecución, especialmente en el caso del tercer poseedor. Así con el embargo y su anotación podía ocurrir que se practicara sobre la finca del deudor o, que se denegara porque hubiera pasado a poder de un tercero, en cuyo caso debería realizarse el correspondiente requerimiento de pago. 

No obstante, en el proceso de ejecución común no será necesario el embargo del bien hipotecado porque no añadiría nada a la hipoteca, salvo confusión. En este sentido dice el AAP MADRID, Sección 21ª, 28 de abril de 1998 (ROJ: AAP M 602/1998) que no procederá el embargo del bien hipotecado, ni su anotación preventiva en el Registro de la Propiedad con lo que debería, en su momento, abrirse directamente la vía de apremio, expidiendo mandamiento al Registro de la Propiedad para que librara y remitiera al Juzgado la certificación de cargas y gravámenes. 

El Registrador, con arreglo a lo dispuesto en el art. 143 RH, hará constar, por nota al margen de la correspondiente inscripción de hipoteca, que ha expedido la certificación de cargas. Aclara la resolución de la Audiencia de Madrid, que ese artículo distingue dos supuestos: por una parte, que ya conste anotación preventiva de embargo —porque no fuera el bien especialmente hipotecado—en cuyo caso el Registrador tendría que hacer constar la expedición de la certificación de cargas por nota al margen de la anotación de embargo practicada; y, por otra parte, que no constase anotación preventiva de embargo —porque fuera el bien especialmente hipotecado– en cuyo caso el Registrador tendría que hacer constar la expedición de la certificación de cargas por nota al margen de la correspondiente inscripción de hipoteca. La última frase de este párrafo segundo del artículo del Reglamento: «No procederá la extensión de esta nota si antes no se ha hecho la anotación preventiva del embargo correspondiente», habrá de entenderse referida solo a aquéllos casos en los que la anotación preventiva fuera necesaria, es decir respecto de bienes no hipotecados especialmente. Y una última advertencia: la redacción del art. 143 Reglamento continúa refiriéndose al derogado art. 1489 LEC 1881. 

Obsérvese que el «embargo ejecutivo» y la «hipoteca» sujetan unos determinados bienes a una ejecución; cumpliendo la función de concretar aquellos sobre los que una determinada actividad de apremio habrá de versar. Estas comunes características han llevado a un sector de la doctrina a calificar la hipoteca de «embargo convencional anticipado». Pero ello no empaña el hecho que los efectos que produce el embargo se habrán conseguido con la hipoteca y en consecuencia, resultará innecesario embargar el bien hipotecado. Una vez incoada la ejecución, el bien hipotecado podrá ser sometido a la actividad de apremio, sin necesidad de practicar sobre el mismo el embargo. 

Para Cachón Cadenas —ya en el año 1991— resultaba superfluo insistir en este tema y era cuestión pacífica en la doctrina procesalista que el embargo de un bien hipotecado era innecesario. Bastaba indicar el que la ley prescindía, sin más, del embargo cuando se trataba de un proceso de ejecución que recaía únicamente sobre los bienes hipotecados (ex. art. 131 LH). Solo excepcionalmente el ejecutante tendría interés en ese embargo en el caso que al comenzar la ejecución estuviera pendiente de resolución firme un procedimiento en el que se discutiera la validez de la hipoteca. 

En definitiva, —seguimos ahora al AAP VALLADOLID, 195/2007, Sección 1ª, 5 de noviembre de 2007 (LA LEY 273269/2007)— si bien el procedimiento especial solo es aplicable, tal y como indica el art. 682.1 LEC, cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes pignorados o hipotecados en garantía de la deuda por la que se proceda, nada impide que cuando además del bien gravado con la prenda o hipoteca se persigan otros bienes por el cauce del procedimiento común, le sean de aplicación en la medida de lo posible a esta ejecución las normas recogidas en el capítulo destinado al procedimiento especial, siempre y cuando dicha ejecución se siga respecto de los bienes hipotecados. Así acontece en lo relativo a la emisión de la certificación de dominio y cargas ya que ningún óbice procesal impide que en la persecución de los bienes hipotecados, aún por la vía del procedimiento de ejecución ordinario o común, pueda reclamarse del Registro de la Propiedad la certificación del art. 688 LEC, que no es sino la del art. 656 del mismo texto legal referida al procedimiento de apremio. 

Ahora bien, si se decretara el embargo y se extendiera la anotación debería cerciorarse el Juzgado en la redacción del mandamiento que en el Registro de la Propiedad se hiciera constar la conexión entre la anotación y la inscripción del crédito hipotecario que se estuviera ejecutando, porque en otro caso, la citada anotación aparecería desvinculada de la hipoteca, lo que podría provocar serios conflictos en el momento de la inscripción del decreto de adjudicación o, peor aún, cancelar cargas posteriores a la hipoteca y anteriores a la anotación de embargo. 

Dicho todo esto, la Resolución DGR y N de 14 de diciembre de 2015 (BOE de 30 de diciembre de 2015) en una sorprendente calificación decide abrir el conflicto que refería en el párrafo anterior, obligando a practicar una anotación preventiva de embargo en el caso que el ejecutante acuda a la ejecución ordinaria en tanto así lo presupone (sic) el art. 127 LH cuando en relación a los terceros poseedores se establece que «cada uno de los terceros poseedores, si se opusiere, será considerado como parte en el procedimiento respecto de los bienes hipotecados que posea, y se entenderán siempre con el mismo y el deudor todas las diligencias relativas al embargo y venta de dichos bienes…». 

El mismo criterio fue defendido por la Dirección General en Resoluciones de 10 de diciembre de 1997 y 23 de julio de 1999. Diciendo esta última que si entre la inscripción de la hipoteca y la anotación de embargo practicada por el ejercicio de la acción ejecutiva ordinaria resultaran cargas intermedias su cancelación devendría imposible, si dichos titulares no tuvieron en el procedimiento la posición jurídica prevista en el ordenamiento, al ignorar que la ejecución que se llevaba a cabo afectaba a la hipoteca inscrita con anterioridad a sus derechos. 

Adviértase, que la defensa de la anotación se funda en una presuposición y en una anotación de embargo ya practicada, que es precisamente la que no debería producirse, pero no queda ahí la cosa ya que para evitar «unos efectos tan distorsionadores», resultara preciso que desde el mandamiento de anotación, se ponga de manifiesto en el Registro de la Propiedad que el crédito que dio lugar a la ejecución sería el crédito garantizado con la hipoteca. 

Esta teoría nos lleva a un curioso resultado, pues mientras se habrá despachado ejecución por la hipoteca, el Registro, que de momento no es parte en ninguna ejecución, parece obligar a que se realice un embargo en la ejecución (probablemente una mejora del art. 612 LEC) sobre el mismo bien. Esa traba nos abocará a los límites del art. 613 LEC; a que no sepamos si lo que ejecutamos es la hipoteca o el embargo (no hablemos ya de terceros interesados, ni de postores), ni a que deberá cancelarse en el caso de venta o adjudicación.

09 diciembre 2016

El TJUE declara su incompetencia sobre el Arancel de los Procuradores.


En lo que nos interesa la Audiencia Provincial de Zaragoza (asunto 532/15) planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:


1) Si la existencia de una norma jurídica dictada por el Estado que impone el control del mismo en la fijación de los derechos de los procuradores, al señalar mediante un reglamento su exacto y obligatorio importe y atribuir a los órganos judiciales, especialmente en caso de condena en costas, su control ulterior en cada caso concreto para la fijación de los mismos, aunque éste se limite a verificar la aplicación estricta del arancel, sin posibilidad en supuestos excepcionales y mediante decisión motivada de apartarse de los límites señalados por la norma de aranceles, es conforme a los arts. 4.3 [TUE] y 101 del TFUE. 
2) Si la delimitación de los conceptos “razón imperiosa de interés general”, “proporcionalidad” y “necesidad” en los arts. 4 y 15 de la Directiva [2006/123] realizada por el Tribunal de [Justicia] permite a los tribunales de los Estados en supuestos en los que existe una cobertura reglamentaria por parte del Estado, en cuanto a la fijación del importe de los servicios y una tácita declaración, por ausencia de regulación de la norma de transposición, sobre la existencia de una imperiosa razón de interés general, aunque su confrontación con la jurisprudencia comunitaria no permita sostenerlo, estimar que existe en un supuesto concreto una limitación no amparada en el interés general y, por tanto, inaplicar o moderar la norma jurídica reguladora de la retribución de los procuradores de los tribunales 
3) Si la fijación de una norma jurídica de estas características pudiera ser contrario al derecho a un proceso equitativo en los términos interpretados por el Tribunal de [Justicia].

Y el Juzgado de Primera Instancia de Olot (asunto 538/15) las siguientes:


1) ¿Resulta compatible el artículo 101 del TFUE, en relación con el artículo 10 y el 4.3 del TUE, con la regulación que establece el arancel de los procuradores, Real Decreto 1373/2003 [...], que somete su retribución a un arancel o baremo de mínimos, que solo se puede alterar en un 12 % al alza o a la baja cuando las autoridades del Estado, [incluidos] sus jueces, [no] pueden apartarse de esos mínimos ni en caso de concurrir circunstancias extraordinarias? 
2) A efectos de aplicación del mencionado baremo legal, y no aplicar los mínimos que establece: ¿pueden considerarse circunstancias extraordinarias que exista gran desproporción entre los trabajos efectivamente realizados y el importe de honorarios que resulte de la aplicación del baremo? 
3) ¿Es compatible el art. 56 del TFUE con el Real Decreto 1373/2006? 
4) ¿Cumple dicho Real Decreto los requisitos de necesidad y proporcionalidad del art. 15.3 de la Directiva [2006/123]? 
5) ¿Incluye el artículo 6 del [CEDH] el derecho a poderse defender de forma efectiva frente a una determinación de los honorarios de procurador que resulten desproporcionadamente elevados y que no se correspondan con el trabajo efectivamente realizado?.

La SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 8 de diciembre de 2016 (en los asuntos acumulados C‑532/15 y C‑538/15) indica que de reiterada jurisprudencia se desprende que los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas. El Tribunal de Justicia ya ha indicado que, por este motivo, no puede apreciar a la luz de la Carta una normativa nacional que no se inscriba en el marco del Derecho de la Unión. En cambio, cuando una normativa nacional está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia debe proporcionar, en el marco de una remisión prejudicial, todos los elementos de interpretación necesarios para que el órgano jurisdiccional nacional pueda apreciar la conformidad de dicha normativa con los derechos fundamentales cuyo cumplimiento debe garantizar (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 19 y jurisprudencia citada). 

En el marco de las presentes peticiones de decisión prejudicial, la normativa nacional controvertida en el litigio principal regula, con carácter general, determinadas costas en el ámbito de la administración de justicia. Tal normativa no tiene por objeto aplicar disposiciones del Derecho de la Unión. Por otro lado, este último Derecho no contiene ninguna normativa específica en la materia o que pueda afectar a la normativa nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, apartado 32). 

Declarando en consecuencia:


1) El artículo 101 TFUE, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que somete los honorarios de los procuradores a un arancel que sólo puede alterarse en un 12 % al alza o a la baja, habiendo de limitarse los órganos jurisdiccionales nacionales a verificar su aplicación estricta, sin poder apartarse, en circunstancias excepcionales, de los límites fijados en dicho arancel. 
2) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es incompetente para responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera del asunto C‑532/15 y a las cuestiones prejudiciales tercera a quinta del asunto C‑538/15, planteadas, respectivamente, por la Audiencia Provincial de Zaragoza y el Juzgado de Primera Instancia de Olot.