17 noviembre 2016

¡¡Una comisión a babor en la administración de la administración de Justicia!!


Quizá a más de un lector no le guste este comentario, pero si llegan hasta el final (y será duro porque en Justicia cuando redactamos, redactamos aunque no sirva de nada) verán que el primer problema a solventar es el de las comisiones. Sí el de esas comisiones mixtas, que se constituyen para unirse, reunirse y volver a unirse y no resolver absolutamente nada, en el país de las maravillas que permitió el Tribunal Constitucional con esas administraciones de las administraciones de las Justicias. Que no falte la plurinacionalidad, oigan. 

En un reciente Acuerdo aprobado por unanimidad por la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña se lee, entre otras cosas, que teniendo en cuenta un informe emitido por el jefe del Área de Inspección dependiente de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a propósito de la inspección realizada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 16 de Barcelona, llevada a cabo, al parecer, por encargo del Hble. Conseller de Justícia, a partir de las que se dicen quejas manifestadas por el colectivo de procuradores (sic) en relación con las deficiencias de funcionamiento de dicho órgano, se efectúan determinadas consideraciones:


4ª.- El informe de inspección remitido se desencadena a partir de quejas que se dice que advertían de “la pendencia y el retraso en la tramitación de los asuntos” que afectan al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 16 de Barcelona, y se describe como objetivo de la actividad inspectora el de “obtener información sobre la situación del Juzgado a fin de identificar la causa de la congestión, para que el Departament adopte, si fuese necesario, las medidas que contribuyan a agilizar la resolución del procedimiento y mejorar la prestación del servicio”. 
5ª.- En el curso de la inspección realizada, la unidad inspectora dependiente del Departament, según refiere en su informe, llega a concertar y mantiene una entrevista con la Magistrada titular del órgano, y también con la Letrada de la Administración de Justicia, en indagación personal y directa de las causas de lo que aquella unidad valora como retardo en la resolución de los procesos, sin que conste que la Sra. inspectora del Departament de Justicia hubiere entrado en contacto físico con los procesos, con lo que ello supondría de acceso ilegítimo a datos e informaciones reservadas únicamente accesibles para las partes y, en el contexto de una inspección del órgano judicial, a quien orgánicamente tiene asignada funciones inspectoras. 
6ª.- Más allá de la iniciativa reconocida en el mentado art. 171.4 de la LOPJ, cualquier actuación inspectora de Juzgados y Tribunales resulta extraña y ajena tanto el Ministerio de Justicia como al Departament de Justicia de la Generalitat, quien carece absolutamente de habilitación legal para desplegar actividad inspectora alguna orientada a los fines que guiaron la inspección realizada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 16 de Barcelona, de tal forma que se tendrá por no realizada y sin efectos, en aquello que exceda de las comprobaciones para las que el Departament de Justicia de la Generalitat viene apoderado en los Decretos de traspaso competencial citados en el informe sobre marco normativo, esto es, en materia de medios materiales y personales, así como de ordenación de los servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales.

Obsérvese al extremo al que ha llegado esa jugada maestra del Tribunal Constitucional sobre la administración de la administración de Justicia y, como la segunda administración no solo se ha comido a la primera, sino que ahora va a por la Justicia, cuya primera defensa se ha encargado a Magistrados y Letrados de Justicia, que con los años vamos teniendo justas las ganas para reñir con nadie y menos con alguien que no sea el pariente, la parienta y los hijos.


8ª.- La actividad desplegada por la Unidad inspectora del Departament de Justicia se dice realizada a indicación del Conseller de Justícia y a partir de noticias que se atribuyen a “quejas formuladas por el colectivo de procuradores”, sin identificar la naturaleza y fuentes de dichas quejas. 
9ª.- Es patente que, teniendo constituida esta Sala de Gobierno una Comisión mixta con el Consejo de Ilustres Colegios de Procuradores de Cataluña para el estudio y abordaje de las deficiencias u otras cuestiones de interés para tales profesionales, orientadas siempre hacia una mejora del sistema de justicia, y que las quejas que se dicen canalizadas hacia la Consejería de Justicia no fueron nunca advertidas ni puestas de manifiesto en dicha Comisión mixta, será procedente asegurar la verdadera naturaleza de esas quejas, su alcance y, al tiempo, las razones por las que se prescindió en su denuncia de la Comisión mixta, por si ésta hubiere de variar su significación.

Sí que vamos servidos, con la goleta escorada, tripulación transferida que recibe órdenes de tierra y la plurinacionalidad berreando por la popa, resulta que el vigía intuye la presencia de una comisión mixta que anda comiéndole las millas y, pese a no tener autorización ninguna manda un trozo de abordaje, al que hay que recibir porque sí y porque en el fondo todos sabemos que en estas estamos solos y que mañana con suerte será otro día. 

No esperarían que hiciera un comentario incendiario sobre la intervención de la Consejería de Justicia en el Juzgado ¿verdad? Tengo años suficientes y alguna que otra lectura sobre la historia de España para formular una única pregunta: ¿qué relevancia tiene el Colegio de Procuradores en el orden contencioso?

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