La retroactividad en la fijación del tipo de subasta.


Dice el art. 682.2 LEC que:


«2. Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes: 
1° Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario».

Y la duda que nos surge la siguiente: ¿sería aplicable dicho requisito formal sobre el límite del tipo de subasta a las escrituras formalizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1/2013 que cumplían la normativa exigida en el momento de otorgarse? y por tanto ¿esa modificación legislativa deberá observarse en todo tipo de procesos de ejecución hipotecaria? 

Para resolver tal cuestión hay que acudir al art. 2.3 CC, según el cual «las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusiesen lo contrario», de cuya aplicación resulta que la nueva exigencia del art. 682.2.1º, tras la reforma operada por la Ley 1/2013, no puede alcanzar a una escritura pública otorgada con anterioridad a la misma. Lo contrario sería dejar sin fuerza ejecutiva todas las escrituras de hipoteca otorgadas antes de la dicha, que estuvieran redactadas conforme a la normativa vigente en el momento de su otorgamiento y resultaría afectado el principio constitucional de seguridad jurídica (ex. STS 11 de enero de 2013) que exige el conocimiento previo de la norma que ha de aplicarse a las situaciones y relaciones jurídicas, de manera que no previéndose el carácter retroactivo de las modificaciones operadas a las escrituras otorgadas con anterioridad a la reforma, y constando el precio de tasación en la escritura, no podría aplicarse ese efecto retroactivo (AAP BARCELONA 180/2016, Sección 1ª, 19 de mayo de 2016, ROJ: AAP B 702/2016; y AAP MALAGA, 287/2015, Sección 5ª, 30 de octubre de 2015, ROJ: AAP MA 51/2015). 

El siguiente interrogante a resolver sería el de sí procedería inadmitir todas las ejecuciones hipotecarias en las que en las escrituras de hipoteca el tipo fijado no llegase a los límites establecidos en el art. 682.2.1ª LEC, compeliendo a los acreedores a interponer un juicio declarativo, lo que se rechaza siendo lo más práctico y ajustado a la Ley, lejos de entrar en la abusividad de la cláusula, la posible subsanación en esta fase sin esperar a completar el título posteriormente. 

Cuestión distinta es que se hayan de observar las normas procesales vigentes en el momento del comienzo de la litispendencia (ex art. 410 LEC). Esto nada tendría que ver con la «retroactividad», que existiría únicamente en el caso de que se ordenara la aplicación de una norma posterior a actuaciones procesales realizadas o iniciadas antes de su publicación o del inicio de su vigencia. Y ninguna duda puede albergarse acerca de que las Disposiciones Transitorias de la Ley 1/2013 establecen la eficacia retroactiva de esta última al prevenir que «Esta Ley será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la misma, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento » (DT Primera), y que «La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , introducidas por la presente Ley serán de aplicación a los procesos de ejecución iniciados a su entrada vigor, únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes de realizar» (DT Cuarta, apdo.1). En consecuencia, a los procesos de ejecución que se inicien tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013 se exigirá que el tipo de subasta fijado por las partes sea de, al menos, el 75 % por ciento de la tasación practicada con arreglo a las disposiciones de la Ley 2/1981 (AAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 167/2016, Sección 5ª, 1 de abril de 2016, ROJ: AAP GC 43/2016). 

Esta doctrina obligaría a distinguir aquellos supuestos en que el proceso de ejecución, basado en una hipoteca constituida con anterioridad, se inició tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, en cuyo supuesto sería exigible que en la propia demanda ejecutiva se acompañara la tasación realizada y se señalara como valor a efectos de subasta al menos el 75% de ese valor, de aquellos otros que estuvieran en curso cuando se promulgó la citada Ley 1/2013. En éstos, la fijación de un valor de salida de la subasta inferior al 75% del valor de tasación no impediría su prosecución pero, como mucho, antes de los anuncios de la subasta, se habría de fijar el nuevo precio de salida, resultante de aplicar, cuando menos, el 75% del valor de tasación.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Felicidades y gracias.

El recurso de revisión contra las resoluciones del Secretario Judicial.

La nueva jura de cuentas y su impugnación.