29 noviembre 2016

La retroactividad en la fijación del tipo de subasta.


Dice el art. 682.2 LEC que:


«2. Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes: 
1° Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario».

Y la duda que nos surge la siguiente: ¿sería aplicable dicho requisito formal sobre el límite del tipo de subasta a las escrituras formalizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1/2013 que cumplían la normativa exigida en el momento de otorgarse? y por tanto ¿esa modificación legislativa deberá observarse en todo tipo de procesos de ejecución hipotecaria? 

Para resolver tal cuestión hay que acudir al art. 2.3 CC, según el cual «las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusiesen lo contrario», de cuya aplicación resulta que la nueva exigencia del art. 682.2.1º, tras la reforma operada por la Ley 1/2013, no puede alcanzar a una escritura pública otorgada con anterioridad a la misma. Lo contrario sería dejar sin fuerza ejecutiva todas las escrituras de hipoteca otorgadas antes de la dicha, que estuvieran redactadas conforme a la normativa vigente en el momento de su otorgamiento y resultaría afectado el principio constitucional de seguridad jurídica (ex. STS 11 de enero de 2013) que exige el conocimiento previo de la norma que ha de aplicarse a las situaciones y relaciones jurídicas, de manera que no previéndose el carácter retroactivo de las modificaciones operadas a las escrituras otorgadas con anterioridad a la reforma, y constando el precio de tasación en la escritura, no podría aplicarse ese efecto retroactivo (AAP BARCELONA 180/2016, Sección 1ª, 19 de mayo de 2016, ROJ: AAP B 702/2016; y AAP MALAGA, 287/2015, Sección 5ª, 30 de octubre de 2015, ROJ: AAP MA 51/2015). 

El siguiente interrogante a resolver sería el de sí procedería inadmitir todas las ejecuciones hipotecarias en las que en las escrituras de hipoteca el tipo fijado no llegase a los límites establecidos en el art. 682.2.1ª LEC, compeliendo a los acreedores a interponer un juicio declarativo, lo que se rechaza siendo lo más práctico y ajustado a la Ley, lejos de entrar en la abusividad de la cláusula, la posible subsanación en esta fase sin esperar a completar el título posteriormente. 

Cuestión distinta es que se hayan de observar las normas procesales vigentes en el momento del comienzo de la litispendencia (ex art. 410 LEC). Esto nada tendría que ver con la «retroactividad», que existiría únicamente en el caso de que se ordenara la aplicación de una norma posterior a actuaciones procesales realizadas o iniciadas antes de su publicación o del inicio de su vigencia. Y ninguna duda puede albergarse acerca de que las Disposiciones Transitorias de la Ley 1/2013 establecen la eficacia retroactiva de esta última al prevenir que «Esta Ley será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la misma, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento » (DT Primera), y que «La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , introducidas por la presente Ley serán de aplicación a los procesos de ejecución iniciados a su entrada vigor, únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes de realizar» (DT Cuarta, apdo.1). En consecuencia, a los procesos de ejecución que se inicien tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013 se exigirá que el tipo de subasta fijado por las partes sea de, al menos, el 75 % por ciento de la tasación practicada con arreglo a las disposiciones de la Ley 2/1981 (AAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 167/2016, Sección 5ª, 1 de abril de 2016, ROJ: AAP GC 43/2016). 

Esta doctrina obligaría a distinguir aquellos supuestos en que el proceso de ejecución, basado en una hipoteca constituida con anterioridad, se inició tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, en cuyo supuesto sería exigible que en la propia demanda ejecutiva se acompañara la tasación realizada y se señalara como valor a efectos de subasta al menos el 75% de ese valor, de aquellos otros que estuvieran en curso cuando se promulgó la citada Ley 1/2013. En éstos, la fijación de un valor de salida de la subasta inferior al 75% del valor de tasación no impediría su prosecución pero, como mucho, antes de los anuncios de la subasta, se habría de fijar el nuevo precio de salida, resultante de aplicar, cuando menos, el 75% del valor de tasación.

17 noviembre 2016

¡¡Una comisión a babor en la administración de la administración de Justicia!!


Quizá a más de un lector no le guste este comentario, pero si llegan hasta el final (y será duro porque en Justicia cuando redactamos, redactamos aunque no sirva de nada) verán que el primer problema a solventar es el de las comisiones. Sí el de esas comisiones mixtas, que se constituyen para unirse, reunirse y volver a unirse y no resolver absolutamente nada, en el país de las maravillas que permitió el Tribunal Constitucional con esas administraciones de las administraciones de las Justicias. Que no falte la plurinacionalidad, oigan. 

En un reciente Acuerdo aprobado por unanimidad por la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña se lee, entre otras cosas, que teniendo en cuenta un informe emitido por el jefe del Área de Inspección dependiente de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a propósito de la inspección realizada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 16 de Barcelona, llevada a cabo, al parecer, por encargo del Hble. Conseller de Justícia, a partir de las que se dicen quejas manifestadas por el colectivo de procuradores (sic) en relación con las deficiencias de funcionamiento de dicho órgano, se efectúan determinadas consideraciones:


4ª.- El informe de inspección remitido se desencadena a partir de quejas que se dice que advertían de “la pendencia y el retraso en la tramitación de los asuntos” que afectan al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 16 de Barcelona, y se describe como objetivo de la actividad inspectora el de “obtener información sobre la situación del Juzgado a fin de identificar la causa de la congestión, para que el Departament adopte, si fuese necesario, las medidas que contribuyan a agilizar la resolución del procedimiento y mejorar la prestación del servicio”. 
5ª.- En el curso de la inspección realizada, la unidad inspectora dependiente del Departament, según refiere en su informe, llega a concertar y mantiene una entrevista con la Magistrada titular del órgano, y también con la Letrada de la Administración de Justicia, en indagación personal y directa de las causas de lo que aquella unidad valora como retardo en la resolución de los procesos, sin que conste que la Sra. inspectora del Departament de Justicia hubiere entrado en contacto físico con los procesos, con lo que ello supondría de acceso ilegítimo a datos e informaciones reservadas únicamente accesibles para las partes y, en el contexto de una inspección del órgano judicial, a quien orgánicamente tiene asignada funciones inspectoras. 
6ª.- Más allá de la iniciativa reconocida en el mentado art. 171.4 de la LOPJ, cualquier actuación inspectora de Juzgados y Tribunales resulta extraña y ajena tanto el Ministerio de Justicia como al Departament de Justicia de la Generalitat, quien carece absolutamente de habilitación legal para desplegar actividad inspectora alguna orientada a los fines que guiaron la inspección realizada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 16 de Barcelona, de tal forma que se tendrá por no realizada y sin efectos, en aquello que exceda de las comprobaciones para las que el Departament de Justicia de la Generalitat viene apoderado en los Decretos de traspaso competencial citados en el informe sobre marco normativo, esto es, en materia de medios materiales y personales, así como de ordenación de los servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales.

Obsérvese al extremo al que ha llegado esa jugada maestra del Tribunal Constitucional sobre la administración de la administración de Justicia y, como la segunda administración no solo se ha comido a la primera, sino que ahora va a por la Justicia, cuya primera defensa se ha encargado a Magistrados y Letrados de Justicia, que con los años vamos teniendo justas las ganas para reñir con nadie y menos con alguien que no sea el pariente, la parienta y los hijos.


8ª.- La actividad desplegada por la Unidad inspectora del Departament de Justicia se dice realizada a indicación del Conseller de Justícia y a partir de noticias que se atribuyen a “quejas formuladas por el colectivo de procuradores”, sin identificar la naturaleza y fuentes de dichas quejas. 
9ª.- Es patente que, teniendo constituida esta Sala de Gobierno una Comisión mixta con el Consejo de Ilustres Colegios de Procuradores de Cataluña para el estudio y abordaje de las deficiencias u otras cuestiones de interés para tales profesionales, orientadas siempre hacia una mejora del sistema de justicia, y que las quejas que se dicen canalizadas hacia la Consejería de Justicia no fueron nunca advertidas ni puestas de manifiesto en dicha Comisión mixta, será procedente asegurar la verdadera naturaleza de esas quejas, su alcance y, al tiempo, las razones por las que se prescindió en su denuncia de la Comisión mixta, por si ésta hubiere de variar su significación.

Sí que vamos servidos, con la goleta escorada, tripulación transferida que recibe órdenes de tierra y la plurinacionalidad berreando por la popa, resulta que el vigía intuye la presencia de una comisión mixta que anda comiéndole las millas y, pese a no tener autorización ninguna manda un trozo de abordaje, al que hay que recibir porque sí y porque en el fondo todos sabemos que en estas estamos solos y que mañana con suerte será otro día. 

No esperarían que hiciera un comentario incendiario sobre la intervención de la Consejería de Justicia en el Juzgado ¿verdad? Tengo años suficientes y alguna que otra lectura sobre la historia de España para formular una única pregunta: ¿qué relevancia tiene el Colegio de Procuradores en el orden contencioso?

08 noviembre 2016

El gravamen necesario para la interposición de un recurso (STS 30-9-2016)


La STS de 30 de septiembre de 2016 (Roj: STS 4280/2016) analiza con detalle el gravamen del art. 448 LEC que permite interponer recurso contra las resoluciones de los Tribunales y Secretarios Judiciales que les afecten desfavorablemente. 

Dice el Tribunal Supremo:


La afectación desfavorable para la parte litigante, lo que ha venido en llamarse el «gravamen», constituye un presupuesto del recurso, que algunas resoluciones de esta Sala han conectado con la legitimación para recurrir, entendido el término legitimación en un sentido amplio. De ahí que, respecto del recurso de apelación, el art. 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevea que la finalidad de este recurso estriba en que se revoque el auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, y que conforme al art. 461.1 de dicha ley, las demás partes puedan impugnar la resolución apelada «en lo que le resulte desfavorable». 
2.- Es doctrina de esta Sala, recogida en la sentencia 432/2010, de 29 de julio, que cita otras resoluciones anteriores, la que afirma que «la posibilidad de interponer recursos y de combatir una concreta resolución corresponde únicamente a quien ocupa la posición de parte agraviada o, siendo tercero, le alcancen los efectos de la cosa juzgada, por lo que es manifiesto que sin gravamen no existe legitimación para recurrir». 
Ese perjuicio ha de ser propio del recurrente, puesto que, como también afirma dicha sentencia, con cita de otras resoluciones anteriores, «tampoco viene permitido a un litigante invocar el perjuicio causado a otro por la decisión de que se trate». 
3.- Afirma también la citada sentencia 432/2010 que «[e]n el ámbito del procedimiento civil, como regla, el recurso se dirige contra el fallo, por lo que el gravamen hay que ponerlo en relación con el pronunciamiento o parte dispositiva de la sentencia, siendo ya clásica la sentencia de 7 de julio de 1983 : "siendo el recurso un medio que el ordenamiento concede para impugnar una resolución judicial a la parte que se estime por ella perjudicada, claro está que constituyendo el interés jurídico el móvil de la acción procesal, carece de legitimación para interponerlo la parte a quien la decisión no le haya ocasionado perjuicio alguno, por lo que resulta inadmisible la apelación de una sentencia por el litigante absuelto aunque lo haya sido por argumentos distintos a los aducidos por el interesado - SS. de 4 noviembre 1957 , 9 marzo 1961 , 27 junio 1967 y 18 abril 1975 , entre otras-, y concretamente que no cabe el recurso interpuesto por el favorecido con un pronunciamiento absolutorio sobre el fondo, por más que obligadamente hayan sido rechazadas las excepciones (S. de 14 junio 1951 )"». 
Pero añade a continuación: «[e]llo, claro está, sin perjuicio de que, como afirma la referida sentencia número 157/2003, del Tribunal Constitucional: "es perfectamente imaginable la existencia de supuestos en los que las declaraciones de la resolución judicial, contenidas en su fundamentación jurídica, generen un perjuicio para el recurrente, con independencia absoluta del contenido de tal parte dispositiva", bien que "la determinación, en cada caso concreto, de si la resolución judicial impugnada causa o no efectivamente un perjuicio al recurrente, dependerá de las específicas circunstancias presentes en el caso, debiendo tenerse en cuenta que no toda afectación de carácter negativo o desfavorable para aquél merecerá necesariamente la consideración de perjuicio a los efectos que nos ocupan, pudiendo exigirse que tal afectación reúna determinada intensidad o caracteres"». 
4.- Como resumen de lo expuesto, puede afirmarse que es presupuesto de admisibilidad del recurso en el proceso civil, y en concreto del recurso de apelación, que la resolución recurrida afecte desfavorablemente al recurrente, por lo general una parte del proceso aunque excepcionalmente pueda ser un tercero al que alcancen los efectos de la cosa juzgada; que ese gravamen ha de ser propio del recurrente, pues no puede recurrirse por el perjuicio causado a otro; y que, como regla general, el perjuicio ha de concretarse en la existencia de un pronunciamiento desfavorable en el fallo o parte dispositiva de la resolución, aunque excepcionalmente pueda recurrirse cuando las declaraciones contenidas en la fundamentación jurídica de la resolución generen por sí solas un perjuicio para el recurrente, sin que la mera disconformidad de la parte con los razonamientos de la resolución constituya por sí misma un perjuicio.