El cumplimiento o la satisfacción del título ejecutivo fuera del plazo de oposición a la ejecución.


Dispone el art. 556.1 LEC que si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. También podrá oponer los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones constasen en documento público. 

Esta primera oposición no suscita ningún interrogante ajeno a su resolución y a la justificación documental de la que disponga el ejecutado. El problema surge cuando el ejecutado, fuera del plazo de la oposición, manifiesta que ha cumplido e insiste en que el Juzgado dicte el decreto del art. 570 LEC. En tales ocasiones esa simple alegación, pues no otra cosa cabe colegir de un escrito de parte de esa naturaleza, se solventa mediante el traslado a la ejecutante y la posterior continuación de la ejecución en los términos en los que fue despachada, cuando aquella rechaza que se haya producido la satisfacción del título. En este caso no cabrá otra alternativa ya que cualquier petición de la ejecutada interrumpiría la ejecución. 

Distinto sería el supuesto en el que la parte ejecutada facilitara un medio de prueba que justificara el cumplimiento que manifiesta, o al menos que provocara una duda razonable sobre la satisfacción del título. En este punto la ley no dice nada y serían varias las posibilidades. 

La primera sería la del art 562.1.3º LEC. El ejecutado presentaría un escrito al que adjuntaría la documental que fundara su petición y previa audiencia a la parte ejecutante se dictaría el decreto del art. 570 LEC o, en su caso, un decreto que ordenara la continuación de la ejecución. La ventaja de este medio es triple: el trámite carece de complejidad; cabría revisión ante el Juez y evitará entorpecimientos del ejecutado en tanto el documento deberá ser muy claro y no suscitar dudas interpretativas ya que no podemos olvidar que la petición se producirá en el curso de una ejecución en la que no hubo oposición en el plazo legalmente previsto. 

La segunda posibilidad nos conduce al procedimiento incidental (arts. 387 a 393 LEC), pero se trata de una interpretación sumamente forzada. Obsérvese, en primer lugar, que el art. 387 LEC define la cuestión incidental como la que siendo distinta de la que constituye el objeto principal del pleito, guarde con éste relación inmediata, así como la que se suscite respecto de presupuestos y requisitos procesales de influencia en el proceso. No hace falta un análisis sumamente riguroso para concluir que la petición que nos ocupa nada tiene que ver con la definición de la «cuestión incidental» que hace la ley y de hecho, no habría una «cuestión incidental» en tanto el cumplimiento del título ejecutivo es el objeto principal del proceso de ejecución. 

En segundo lugar, no debe olvidarse que la ley arbitra un mecanismo de oposición a la ejecución (arts. 556 y ss LEC) y que no podrá reproducirse en el tiempo salvo causas muy excepcionales. Quiere esto decir, por una parte, que la supletoriedad del art. 388 LEC es aparente, pues como hemos dicho no habría una verdadera «cuestión incidental» y por otra que de la relación entre los arts. 565 y 570 LEC, fácilmente se concluye que resuelta la oposición a la ejecución o transcurrido el plazo para formularla, podrán rechazarse todas las peticiones que se dirijan a entorpecer el curso de la ejecución. 

Lo dicho nos llevaría a una tercera posibilidad: la satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto del art. 22 LEC. Esto es, si dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hubiera satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor o por cualquier otra causa, se pondría de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretaría por el Letrado de la Administración de Justicia la terminación del proceso. En otro caso se convocaría a las partes, en el plazo de diez días, a una comparecencia que versaría sobre ese único objeto decidiéndose mediante auto contra el que cabría recurso de apelación. 

A mi entender esta sería la mejor solución de las tres posibles por dos razones. En primer lugar porque el supuesto que analizamos encontraría acomodo en las «circunstancias sobrevenidas» al nacimiento del título ejecutivo y además, tendría un soporte legal añadido en el art. 19 LEC en cuanto a la vigencia del principio dispositivo, lo que permitiría tramitar la petición del ejecutado, por defecto, en forma de acuerdo con suspensión del proceso y con el límite temporal que pactara o se resolviera en el decreto. 

La segunda razón atañe al trámite pues tanto la comparecencia, como su objeto y la resolución que la termina en forma de auto, responden a la estructura del proceso de ejecución y a las resoluciones que en el mismo se dictan (art. 545 LEC).

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