15 septiembre 2016

Un Letrado de la A. de Justicia puede conseguir en el TJUE el reconocimiento que se nos niega en España (II).


Escribí hace meses que cuando se publicó la famosa y única Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de 28 de septiembre de 2011 (LA LEY 187848/2011) que resolvió un conflicto suscitado entre un Ayuntamiento y una Audiencia Provincial sobre un procedimiento de Jura de cuentas contra el Consistorio, no pocos quisieron extraer la conclusión que la Jurisprudencia confirmaba el contenido administrativo de los entonces Secretarios Judiciales, olvidando que el expediente de jura de cuentas no había perdido su carácter jurisdiccional tras la Ley Orgánica 13/2009, pues la nueva regulación permitía la aplicación de la doctrina jurisprudencial anterior en la materia y la citada jura no era un algo extraño al proceso; antes al contrario, se justificaba por su existencia. 

Luego vinieron las famosas cuestiones prejudiciales contra la hipoteca, la ejecución hipotecaria y el monitorio y en una de esas búsquedas sobre la famosa abusividad, encontré una cuestión publicada en el portal del Tribunal de Justicia de Unión Europa que formulaba el Secretario Judicial de Terrasa. Gracias a este Letrado de la Administración de Justicia, que se llama Óscar Ricardo Cabrera Galeano y es (o era) titular de la Secretaría del Juzgado de lo Social Número 2 e Interino de la del Juzgado de Violencia sobre la mujer único radicadas en la susodicha localidad tenemos hoy las CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT presentadas el 15 de septiembre de 2016 (asunto C‑503/15) sobre la cuestión prejudicial que planteó el día 23 de septiembre de 2015 y que, entre otras cosas, dice lo siguiente:


A. Sobre el expediente de jura de cuentas seguido ante los secretarios judiciales   
41. El expediente de jura de cuentas regulado en los artículos 34 LEC y 35 LEC permite a los abogados obtener un título ejecutivo para sus reclamaciones de pago de honorarios y no comporta debate contradictorio en cuanto al fondo, siempre que el deudor no lo desencadene formulando oposición. En esa medida, el procedimiento que es objeto del presente asunto es semejante al proceso monitorio que era objeto de los asuntos Banco Español de Crédito y Finanmadrid, puesto que este último proceso prevé el traslado de la iniciativa procesal ―denominado «inversión del contencioso»― al deudor, de modo que la carga de iniciar un procedimiento contradictorio recae sobre el destinatario del requerimiento de pago si no quiere que éste adquiera carácter ejecutivo. (14) 
42. La jura de cuentas, que surgió como procedimiento especial para la reclamación de los honorarios de abogado devengados en el contexto de un procedimiento jurisdiccional concreto, no es la única posibilidad que tienen los abogados para reclamar sus honorarios, dado que pueden también acudir a un procedimiento declarativo o bien a un proceso monitorio. 
43. La jura de cuentas debe seguirse ante el secretario judicial del órgano jurisdiccional que hubiera conocido del procedimiento jurisdiccional en que el abogado actuó por cuenta del cliente y se dirige únicamente al cobro de los honorarios devengados en el mismo. 1. Sobre el desarrollo de la jura de cuentas ante los secretarios judiciales 
44. Cuando los abogados presentan reclamación por impago de sus honorarios ante los secretarios judiciales, éstos comprueban si los créditos se corresponden con los servicios prestados por dichos abogados en los procedimientos correspondientes y excluyen aquéllos que no son susceptibles de reintegro. (15) A continuación, los secretarios judiciales requieren a los deudores para que paguen dichas sumas; si los deudores no formulan oposición, se despacha ejecución. 
45. Si, en cambio, los deudores rechazan la reclamación por no tratarse de honorarios debidos, los secretarios judiciales examinan la cuenta, las actuaciones procesales y la documentación aportada y dictan a continuación decreto determinando las cantidades que hayan de satisfacerse a los abogados. (16) 
46. Si, por otra parte, los honorarios se impugnan por excesivos y no existe presupuesto previo aceptado por los impugnantes, los secretarios judiciales en cuestión proceden a su regulación conforme al procedimiento de tasación de costas previsto en los artículos 241 y siguientes LEC; de conformidad con el artículo 246 LEC, dicho procedimiento prevé la posibilidad de oír a los acreedores y de recurrir a los colegios de abogados correspondientes. (17) 
47. Según su propio tenor, los artículos 34 LEC y 35 LEC sólo prevén expresamente en los supuestos en que se haya formulado oposición que los secretarios judiciales dicten un decreto fijando la cantidad debida por honorarios. Ahora bien, los secretarios judiciales también dictan resoluciones cuando examinan la cuenta del abogado, cuando (en su caso) excluyen los créditos que no son susceptibles de reintegro, cuando requieren a los deudores de conformidad con el artículo 35 LEC, apartado 2, párrafo primero, para que paguen dichas sumas, y cuando a falta de oposición se despacha ejecución por dichos créditos de conformidad con el artículo 35 LEC, apartado 3. Por ello, el concepto de «resoluciones de los secretarios judiciales» designa en lo sucesivo tanto los decretos que los secretarios dictan en caso de oposición (previstos expresamente en los artículos 34 LEC y 35 LEC) como las resoluciones que adoptan al requerir a los deudores para que satisfagan los créditos que previamente han examinado y al despachar la ejecución de los mismos por no haberse formulado oposición. Es de suponer que tales resoluciones también se dictan en forma de decreto. 2. Sobre los efectos de las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas 
48. Según los artículos 34 LEC y 35 LEC, las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas no serán susceptibles de recurso, pero no prejuzgarán la sentencia que pudiere recaer en juicio ulterior. Por tanto, las cantidades determinadas por los secretarios judiciales en concepto de reclamación de honorarios podrán ser modificadas ulteriormente en procedimiento ordinario. Así pues, dichas resoluciones de los secretarios judiciales surten efectos de cosa juzgada formal, pero no de cosa juzgada material. 
49. Es así puesto que la cosa juzgada formal únicamente supone, de acuerdo con el artículo 207 LEC, que contra una resolución ya no quepa recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque haya transcurrido el plazo fijado. En cambio, la cosa juzgada material implica, de acuerdo con el artículo 222 LEC, apartado 1, que el contenido de la resolución en cuestión resultará vinculante también para cualquier procedimiento ulterior. 
50. No obstante, el hecho de que las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas carezcan de fuerza de cosa juzgada material no obsta en absoluto a su carácter ejecutivo: de acuerdo con los artículos 34 LEC y 35 LEC, los deudores quedan obligados a satisfacer la cantidad que hayan determinado los secretarios judiciales, bajo apercibimiento de apremio. 3. Sobre la ejecución de dichas resoluciones de los secretarios judiciales 
51 En relación con la ejecución propiamente dicha, el Derecho español contempla dos procedimientos ejecutivos distintos en función de la naturaleza del título ejecutivo. De acuerdo con el artículo 556 LEC, apartados 1 y 2, cuando se trata de resoluciones «procesales» o arbitrales (18) o de acuerdos de mediación, el ejecutado puede formular oposición (que no suspende el curso de la ejecución), siendo posible alegar tan sólo el pago o cumplimiento, la caducidad de la acción ejecutiva o los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución. En cambio, cuando se trata de títulos no judiciales ni arbitrales, (19) el artículo 557 LEC prevé la formulación de una serie significativamente más amplia de causas de oposición que, además, sí suspenden el curso de la oposición y que, en particular, permiten aducir la existencia de cláusulas abusivas. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 552 LEC, apartado 1, el juez o magistrado encargado de la ejecución de títulos no judiciales ni arbitrales comprueba de oficio si existen cláusulas abusivas. (20) 
52. No parece que esté suficientemente aclarado a cuál de esas dos categorías se hayan de asignar las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas. El Gobierno español entiende que se trata de títulos no judiciales ni arbitrales de los del artículo 557 LEC y que, por ello, al ejecutar dichas resoluciones, los jueces o magistrados de la ejecución deben de oficio comprobar si existen cláusulas abusivas. Esta tesis es uno de los fundamentos básicos de la argumentación del Gobierno español tanto en relación con la condición de «órgano jurisdiccional» de los secretarios judiciales como en relación con la contestación de las cuestiones prejudiciales planteadas. 
53. Sin embargo, la argumentación de España no es muy convincente, puesto que, si se sigue cuidadosamente la cadena de remisiones de las disposiciones de la LEC que se ocupan de la ejecución (artículos 517 LEC, 556 LEC y 557 LEC), resulta que las resoluciones de los secretarios judiciales se ejecutarán como resoluciones judiciales. 
54. El Gobierno español basa su tesis en que, al definir los títulos no judiciales ni arbitrales, el artículo 557 LEC remite al artículo 517, apartado 2, de la misma norma, el cual define a su vez la totalidad de los títulos ejecutivos y cita en su número 9.º las «demás resoluciones “procesales” y documentos que, por disposición de esta [...] ley, lleven aparejada ejecución», (21) entre los que a su vez están las resoluciones dictadas en la jura de cuentas de acuerdo con los artículos 34 LEC y 35 LEC. 
55. No obstante, el artículo 557 LEC, apartado 1, remite sólo a «otros documentos con fuerza ejecutiva a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del artículo 517» (22) y no a las «demás resoluciones “procesales”» que también se mencionan en la misma disposición, puesto que éstas últimas se regulan en el artículo 556 LEC, el cual, según su propio tenor, tiene por objeto precisamente la ejecución de las «resoluciones “procesales”». 
56. Además, los decretos dictados por los secretarios judiciales en la jura de cuentas de acuerdo con los artículos 34 LEC y 35 LEC no están entre los «documentos con fuerza ejecutiva» a que se refiere el artículo 517 LEC, apartado 2, número 9.º, sino entre las «resoluciones procesales» a que se refiere la misma disposición, puesto que, de conformidad con el artículo 206 LEC, apartado 2, dichos decretos quedan subsumidos en el concepto de «resoluciones» del mismo órgano. Por tanto, a efectos del artículo 556 LEC, los decretos dictados por los secretarios judiciales en la jura de cuentas son, sin género de dudas, resoluciones «procesales», por lo que, a la hora de proceder a su ejecución, se han de asimilar a las resoluciones judiciales. 
57. A pesar de que se le insistiera sobre el particular en la vista, el Gobierno español no supo aportar alegaciones fundamentadas para refutar esta interpretación, que se basa en el tenor expreso de las disposiciones de la LEC, contentándose en su lugar con una referencia vaga a la «interpretación sistemática» de dichas disposiciones, pero sin pronunciarse con precisión sobre el tenor de las mismas. 
58. En realidad, frente a dicha alegación, una interpretación sistemática de la LEC también confirma que, a efectos de su ejecución, las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas están sometidas a la regulación recogida en el artículo 556 LEC de la misma manera que lo están las resoluciones judiciales, puesto que la Ley 13/2009, que trasladó a los secretarios judiciales la competencia para conocer de la jura de cuentas, (23) modificó también el título del artículo 556 LEC, que antes era «Oposición a la ejecución de resoluciones judiciales o arbitrales» y ahora es «Oposición a la ejecución de resoluciones “procesales” o arbitrales»; por ello, tal como explica expresamente el preámbulo de la Ley 13/2009, «con el objeto de unificar la terminología y adaptarla a las nuevas competencias del Secretario judicial, se utiliza la expresión “resoluciones ‘procesales’”, para englobar tanto las resoluciones judiciales [...] como las del Secretario judicial». (24) 
59. En contra del criterio del Gobierno español, estas palabras prueban la voluntad del legislador español no sólo de transferir a los secretarios judiciales la competencia sobre la jura de cuentas, otrora reservada a jueces y magistrados, sino también de asegurarse de que, de acuerdo con el artículo 556 LEC, la ejecución de las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en dicho procedimiento deba despacharse del mismo modo que la de las resoluciones judiciales. 
60. Por lo tanto, en el presente procedimiento prejudicial se ha de considerar que las resoluciones dictadas en la jura de cuentas por los secretarios judiciales están equiparados, a efectos de su ejecución, a las resoluciones judiciales. Ello supone que en esa ejecución no están previstas ni la obligación de comprobar de oficio si existen cláusulas abusivas ni la posibilidad de formular una oposición que se base en la existencia de dichas cláusulas y suspenda el curso de la ejecución..

Llegando a las siguientes conclusiones


146. A la vista de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones formuladas por el Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Barcelona) en los términos siguientes: 
1) En el contexto del procedimiento regulado en los artículos 34 y 35 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, debe considerarse que los secretarios judiciales sí son «órganos jurisdiccionales» facultados, con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para plantear peticiones de decisión prejudicial. 
2) La Directiva 93/13/CEE, en relación con la Directiva 2005/29/CE y con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en la que, como sucede con la controvertida en el procedimiento principal, los órganos encargados de instruir los procedimientos mediante los que se resuelve sobre las reclamaciones de honorarios (expedientes de jura de cuentas) no pueden comprobar de oficio si en el contrato celebrado entre un abogado y un consumidor existen cláusulas abusivas o si se han dado prácticas comerciales desleales. 
3) La Directiva 93/13 no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el procedimiento principal a condición de que dicha normativa admita una práctica de prueba suficiente como para permitir la comprobación efectiva de si existen cláusulas abusivas, extremo que corresponde comprobar al tribunal nacional.

07 septiembre 2016

El cumplimiento o la satisfacción del título ejecutivo fuera del plazo de oposición a la ejecución.


Dispone el art. 556.1 LEC que si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. También podrá oponer los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones constasen en documento público. 

Esta primera oposición no suscita ningún interrogante ajeno a su resolución y a la justificación documental de la que disponga el ejecutado. El problema surge cuando el ejecutado, fuera del plazo de la oposición, manifiesta que ha cumplido e insiste en que el Juzgado dicte el decreto del art. 570 LEC. En tales ocasiones esa simple alegación, pues no otra cosa cabe colegir de un escrito de parte de esa naturaleza, se solventa mediante el traslado a la ejecutante y la posterior continuación de la ejecución en los términos en los que fue despachada, cuando aquella rechaza que se haya producido la satisfacción del título. En este caso no cabrá otra alternativa ya que cualquier petición de la ejecutada interrumpiría la ejecución. 

Distinto sería el supuesto en el que la parte ejecutada facilitara un medio de prueba que justificara el cumplimiento que manifiesta, o al menos que provocara una duda razonable sobre la satisfacción del título. En este punto la ley no dice nada y serían varias las posibilidades. 

La primera sería la del art 562.1.3º LEC. El ejecutado presentaría un escrito al que adjuntaría la documental que fundara su petición y previa audiencia a la parte ejecutante se dictaría el decreto del art. 570 LEC o, en su caso, un decreto que ordenara la continuación de la ejecución. La ventaja de este medio es triple: el trámite carece de complejidad; cabría revisión ante el Juez y evitará entorpecimientos del ejecutado en tanto el documento deberá ser muy claro y no suscitar dudas interpretativas ya que no podemos olvidar que la petición se producirá en el curso de una ejecución en la que no hubo oposición en el plazo legalmente previsto. 

La segunda posibilidad nos conduce al procedimiento incidental (arts. 387 a 393 LEC), pero se trata de una interpretación sumamente forzada. Obsérvese, en primer lugar, que el art. 387 LEC define la cuestión incidental como la que siendo distinta de la que constituye el objeto principal del pleito, guarde con éste relación inmediata, así como la que se suscite respecto de presupuestos y requisitos procesales de influencia en el proceso. No hace falta un análisis sumamente riguroso para concluir que la petición que nos ocupa nada tiene que ver con la definición de la «cuestión incidental» que hace la ley y de hecho, no habría una «cuestión incidental» en tanto el cumplimiento del título ejecutivo es el objeto principal del proceso de ejecución. 

En segundo lugar, no debe olvidarse que la ley arbitra un mecanismo de oposición a la ejecución (arts. 556 y ss LEC) y que no podrá reproducirse en el tiempo salvo causas muy excepcionales. Quiere esto decir, por una parte, que la supletoriedad del art. 388 LEC es aparente, pues como hemos dicho no habría una verdadera «cuestión incidental» y por otra que de la relación entre los arts. 565 y 570 LEC, fácilmente se concluye que resuelta la oposición a la ejecución o transcurrido el plazo para formularla, podrán rechazarse todas las peticiones que se dirijan a entorpecer el curso de la ejecución. 

Lo dicho nos llevaría a una tercera posibilidad: la satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto del art. 22 LEC. Esto es, si dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hubiera satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor o por cualquier otra causa, se pondría de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretaría por el Letrado de la Administración de Justicia la terminación del proceso. En otro caso se convocaría a las partes, en el plazo de diez días, a una comparecencia que versaría sobre ese único objeto decidiéndose mediante auto contra el que cabría recurso de apelación. 

A mi entender esta sería la mejor solución de las tres posibles por dos razones. En primer lugar porque el supuesto que analizamos encontraría acomodo en las «circunstancias sobrevenidas» al nacimiento del título ejecutivo y además, tendría un soporte legal añadido en el art. 19 LEC en cuanto a la vigencia del principio dispositivo, lo que permitiría tramitar la petición del ejecutado, por defecto, en forma de acuerdo con suspensión del proceso y con el límite temporal que pactara o se resolviera en el decreto. 

La segunda razón atañe al trámite pues tanto la comparecencia, como su objeto y la resolución que la termina en forma de auto, responden a la estructura del proceso de ejecución y a las resoluciones que en el mismo se dictan (art. 545 LEC).

01 septiembre 2016

El principio general del derecho a ninguna obligación (o a la vía penal)


Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que las líneas del proceso estaban más o menos marcadas y en el que la disconformidad con la resolución del juzgado se mostraba con el correspondiente recurso. La reforma de la oficina judicial del año 2009 y la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia terminó de romper una presa que ya hacía aguas y que había transformado el recurso en un derecho al pataleo, pero fuera del proceso tirando de quejas en cualquier administración o de querellas: era el triunfo del art. 24 CE en la interpretación del Tribunal Constitucional de los años noventa o del Tribunal Supremo en la exigencia del depósito para recurrir. Cito este último caso porque en la actualidad son mínimos los supuestos en los que se consigna el depósito cuando se interpone un recurso y lo que era una excepción (la subsanación) es ahora la regla general.  
Ni que decir tiene que cuando a la sociedad se le vende un producto que solo tiene derechos y ninguna obligación, lógico parece que cuando acude a un órgano judicial tenga el derecho a ganar y que si no lo hace (por la razón que sea, que dará igual) algún responsable tendrá que rendir cuentas. 

Este proceder, que poco a poco va extendiéndose en la Administración de Justicia, no solo se asienta en la ausencia de una inspección informática de Juzgados y Tribunales (inexistente en la actualidad y, en este siglo al paso que vamos), sino en la inexistente sanción automática al ciudadano que acude a un órgano judicial sin razón para ello; y adviértase que en el término “ciudadano” se incluye también a la Administración que con reiteración obvia pronunciamientos judiciales del mismo sentido. 

De lo contrario, esto es, de seguir evitando límites en uno y otro lado, autos como el de 20 de abril de 2016 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Roj: AAP B 547/2016) terminarán siendo la regla general:


PRIMERO.- En fecha 14 de septiembre de 2015, por el Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Granollers se dictó Auto en las Diligencias Previas nº 2082/2015, seguidas por querella interpuesta por la Procuradora contra Feliciano, Letrado de la administración de justicia del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Granollers, y contra el BBVA por presunto delito de expropiación ilegal previsto en el art. 541 CP, cuya parte dispositiva en lo que afecta al presente recurso es del tenor literal siguiente: "No admito a trámite la querella (...) por considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito." 
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes personadas, contra la misma se ha interpuso por la acusación particular, debidamente personada, recurso de reforma y subsidiario de apelación. Resultando desestimado el primero por auto de fecha 26 de noviembre pasado, al tiempo que se admitía a trámite el de apelación al que se le dio el trámite previsto legalmente por el Juzgado de Instrucción. 
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales exigidas al efecto, habiéndose presentado escritos de oposición al recurso por parte del Ministerio Fiscal y ambos querellados, quienes han solicitado la condena expresa en costas a la apelante por concurrir temeridad y mala fe.
 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
PRIMERO.- Se admiten y dan por reproducidos los de la resolución recurrida, así como los de aquella otra de la que trae causa. El auto impugnado fundamenta la inadmisión de la querella a trámite en el contenido del art. 313 LECrim, entendiendo que los hechos en que se fundamenta ni constituyen el delito pretendido, ni pueden considerarse constitutivos de ilícito penal alguno. Contra tales argumentos se alza el recurrente, primero en reforma y ahora en apelación. Disiente en primer lugar de la interpretación que el auto recurrido hace de los elementos del tipo del mencionado precepto, pretendiendo que el término "expropiación" ha de considerarse en sentido genérico, abarcando la adjudicación de un bien inmueble en trámite de ejecución hipotecaria. Tal interpretación extensiva de un precepto penal contraria "a reo" resulta absolutamente inadmisible, pero es que además la discusión resulta intrascendente a efectos del recurso puesto que la resolución apelada excluye la existencia de cualquier ilícito penal en los hechos denunciados. 
SEGUNDO.- El recurso no puede prosperar. Dejando a un lado el carácter desafortunado y gratuito de algunas expresiones referidas a la resolución que se impugna, lo que se plantea no es sino una disconformidad con la resolución adoptada en el procedimiento hipotecario que, lejos de constituir la "expropiación ilegal" que se pretende, se ha ajustado en todo momento a las normas procesales que lo regulan. El propio apelante reconoce en su escrito que el art. 671 LEC reconoce la posibilidad de adjudicar al acreedor el bien hipotecado cuando a la subasta no concurre postor alguno y se declara desierta por el porcentaje del valor que allí se detalla dependiendo de que se trate o no de la vivienda habitual del deudor. Tal resolución podrá ser objeto de los recursos correspondientes pero en ningún caso justifica el ejercicio de una acción penal. 
TERCERO.- Por todo lo anterior, procede la desestimación del recurso y la confirmación íntegra de la resolución recurrida, sin perjuicio de las acciones que en otros ámbitos puedan corresponder. 
CUARTO.- El art. 240.3 LECrim permite la condena en costas al querellante cuando de las actuaciones resulte que el mismo ha obrado con temeridad o mala fe. La juez de instrucción no se ha manifestado al respecto en primera instancia, pero la interposición del recurso de apelación ha de considerarse, cuando menos, como temeraria, pues ningún profesional del derecho puede desconocer la imposibilidad de que la presente pretensión prospere por las razones que se exponen en su recurso tras la argumentación ofrecida por el auto que inadmitió la querella presentada, lo que lleva a este tribunal a condenar en cuanto a las costas de esta segunda instancia a la parte apelante.

Y de ahí al proceso preventivo habrá un paso. ¿Saben lo que es? No se discute con ninguna de las partes y se dice que sí a todo lo que pidan y en la forma en que lo hagan. No hay en este caso nada nuevo bajo el sol: la medicina en los Estados Unidos se practica de esta forma (evita demandas millonarias) y no pocos protocolos médicos en España están inspirados en ese principio.