El pago del título ejecutivo y su incidencia en las costas de la ejecución


Uno de los quebraderos de cabeza más habituales en los Juzgados aparece cuando en la ejecución de títulos procesales el deudor paga después de la demanda y antes del despacho de ejecución o, en el tiempo que media entre el despacho y la notificación al ejecutado. 

Cuando hablamos del «pago» nos referimos – aunque sea erróneamente- a la consignación en la cuenta de consignaciones del Juzgado del principal objeto de condena, lo que sería equivalente al cumplimiento del título e impediría el despacho de ejecución. Pago que no incluiría, ni debiera hacerse, las cantidades presupuestadas para los intereses y costas de la propia ejecución; una cosa es que se pidan en la demanda de ejecución (siempre en el máximo del 30% que permite el art. 575 LEC) y otra bien distinta que puedan reclamarse al demandado que no tendría la condición de parte ejecutada. Tesis que se sustenta en que no habrá proceso de ejecución propiamente dicho, hasta que no quede definitivamente fijada la cantidad por la que haya de procederse a la ejecución o vía de apremio. 

A idéntica conclusión llegamos en el caso de pago extraprocesal previo al despacho de ejecución. Cumplido el título ejecutivo, sería inadmisible el despacho por los intereses y costas en cálculo provisional de una ejecución que carecería de objeto (arts. 553.1.2.º y 575.1 y 2 LEC). Recuérdese, por cierto, que en el art. 575.1 LEC se vincula el despacho de ejecución con la «cantidad que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta» por lo que no podrán reclamarse los intereses y las costas presupuestadas si el principal ya se hubiera satisfecho. 

¿Cuál podría ser entonces, el fundamento o la razón que obligara al despacho de ejecución en estos casos? Lo dice la Audiencia de Madrid: el plazo hábil de que dispone el condenado para hacer el pago de lo debido, con el efecto de neutralizar la ejecución e impedir ser condenado en costas está previsto en el art. 548 LEC, como plazo de cumplimiento voluntario de las resoluciones de condena durante el que no cabrá despachar ejecución así que transcurrido el mismo estará obligado a soportar la ejecución y las costas inherentes a la misma y, ello aunque satisficiera la deuda antes de ser notificado del despacho de ejecución, en tanto continuaría obligado a soportar las consecuencias del procedimiento de ejecución, pues con su pasividad provocó el nacimiento de un proceso judicial que, de otro modo, se habría evitado (AAP MADRID Sección 14ª del 21 de septiembre de 2012, ROJ: AAP M 15519/2012); lo contrario equivaldría a dejar el pago de costas subordinado a la celeridad del órgano judicial en resolver sobre la pretensión ejecutiva. En resumen: el pago posterior al comienzo del proceso de ejecución (que se fijaría en el momento de la presentación de la demanda) implicaría, de forma automática, el devengo de las costas de la ejecución principal. 

Esta postura supondría la infracción del art. 549.1.2º LEC pues no habría tutela ejecutiva que satisfacer en relación con el título ejecutivo y tampoco podría reclamarse cantidad alguna con arreglo a lo dispuesto en el art. 575 LEC; y pese que no se desconozca la doctrina que afirma que las costas no son una sanción, sino una contraprestación de los gastos ocasionados al que obtuvo la victoria (el demandante no podrá resultar perjudicado económicamente debiendo hacer frente a unos gastos que debería abonarlos el vencido en el pleito), no podrán imponerse automáticamente las costas por el transcurso del plazo del art. 548 LEC sin atender a las circunstancias de cada ejecución; la práctica demuestra que el cómputo del art. 548 LEC puede presentar alguna dificultad (especialmente en el caso del recurso de apelación), que se realizan traslados de copias de las demandas de ejecución (con lo que se producen pagos voluntarios previos al despacho de ejecución que no merecen ser sancionados) y que de lo que en definitiva se trata es del cumplimiento del título ejecutivo. 

Ahora bien, si seguimos la tesis de la imposición automática de las costas de la ejecución, no solo la repetida imposición responderá a una especie de sanción al ejecutado por el agotamiento del plazo de cortesía (art. 548 LEC) si no que obligaría a despachar ejecución por los «intereses y las costas que se reclaman en cálculo provisional» y, además, por todas las cantidades que aparecieran en la demanda ejecutiva según el título ejecutivo, con la salvedad que en la misma resolución debería acordarse la entrega del principal objeto de condena —consignado en la cuenta de juzgado—, resolviéndose lo que correspondiera sobre los intereses y las costas de la ejecución. Obsérvese que en este caso sería posible que la tasación de costas se practicara con arreglo al importe por el que se hubiera despachado la ejecución.

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