28 junio 2016

El recurso de revisión no sustituye a la impugnación de la tasación de costas (ATS, 13-4-2016).


La parte condenada en costas recurre en revisión un decreto argumentando que los honorarios del letrado minutante eran excesivos por aplicación del límite del tercio del art. 394.3 LEC y que la ley permite la revisión del citado decreto, aunque la tasación no haya sido impugnada, cuando no se ajusta a los límites del art. 243.3 LEC. 

El ATS, Sala 1ª, de 13 de abril de 2016 (ROJ: ATS 3078/2016) desestima el recurso. Del art. 243 LEC se deduce que la facultad del Letrado de la Administración de Justicia en orden a la exclusión de determinadas partidas de los derechos o de las minutas al practicar la tasación de costas, sin necesidad de esperar a una eventual impugnación de la parte perjudicada, resulta indiscutible. El letrado de la Administración de Justicia no solo decide sobre la exclusión de los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, o de las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito. Además, el art. 243 LEC faculta al letrado de la Administración de Justicia para reducir el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel cuando excedan de la tercera parte de la cuantía del pleito, salvo que se haya declarado la temeridad del litigante condenado en costas. 

El párrafo tercero del art. 243.2 LEC obliga al Letrado de la Administración de Justicia a aplicar el límite legal previsto en el art. 394.3 LEC (en el caso de condena en costas de primera instancia y, por remisión del art. 398 LEC, a las costas en apelación y en los recursos extraordinarios), y deja claro a quién está atribuida la competencia para la aplicación de la limitación de los honorarios del letrado minutante a la tercera parte de la cuantía del procedimiento y en qué momento debe ser apreciada la limitación. 

Pero ello, sin perjuicio de que pueda impugnarse la tasación de costas practicada, bien por el condenado, bien por el beneficiario de la condena en costas si se reducen los honorarios en cuantía superior a dicho límite, cuando lo único que se discute - partiendo de la corrección del importe o cuantía de la minuta- es la aplicación del límite a cuyo pago viene obligado el condenado en costas, la impugnación deberá tramitarse por el cauce de indebidos. Precisamente, porque no se cuestiona la correcta aplicación de normas orientadoras, carece de sentido recabar el informe del colegio de abogados en cuanto a la corrección de la minuta de un letrado incluida en una tasación de costas. 

El art. 245 LEC, referido a la impugnación de la tasación de costas, regula los incidentes a través de los cuales se instrumenta la oposición a la tasación de costas y en el caso de que el letrado de la Administración de Justicia no haya aplicado de oficio la reducción de los honorarios en el momento de tasar las costas (art. 243.2. III LEC ), la parte condenada, en el trámite de impugnación previsto en el art. 245.2 LEC, tiene la posibilidad y la carga de poner de manifiesto esa infracción, y si no lo hace no puede plantearlo a través del recurso de revisión contra el decreto que aprueba la tasación de costas.


En definitiva, el hecho de que el límite establecido en el art. 394.3 LEC sea aplicable de oficio por el letrado de la Administración de Justicia a la hora de practicar la tasación de costas, sin tener que esperar a que sea esgrimido por la parte condenada a través del trámite de impugnación, no significa que en el supuesto de que no se haya aplicado dicho reducción la parte perjudicada no esté obligada a reaccionar en tiempo y forma, con la debida diligencia, en defensa de sus derechos, a través de la impugnación de la tasación de costas. Se trata de un requisito inexcusable y una carga impuesta a la parte, ya que de no hacerlo así pierde la oportunidad de denunciar la irregularidad en la práctica de la tasación de costas a través del recurso de revisión contra el decreto que la aprueba .

Así que si la parte condenada no impugnó dentro de plazo la tasación de costas, el recurso de revisión interpuesto se convertirá en una impugnación extemporánea de la tasación.

22 junio 2016

Sobre la incomparecencia del Procurador al acto de la vista (STS 15-6-2016)


La STS Pleno Sala de lo Civil de 15 de junio de 2016 (Roj: STS 2737/2016) estima el recurso por infracción procesal contra la SAP Alicante (sección 8.ª) de 7 de junio de 2013 y la del Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de dicha ciudad anulando la sentencia recurrida así como la dictada en primera instancia y las actuaciones realizadas desde la celebración del juicio, volviendo al momento procesal anterior al mismo para nuevo señalamiento. 

En el asunto en cuestión según la Audiencia Provincial se reconoció (i) que no compareció la Procuradora por lo que no pudo hacerlo en forma la parte actora en el acto del juicio; (ii) que no se tuvo por incomparecida a la parte actora de manera automática sino que se concedió un tiempo para intentar la comunicación con la Procuradora para conocer y justificar la razón de la incomparecencia; y (iii) que transcurrido el tiempo concedido, al no dar justificación alguna sobre la incomparecencia de la Procuradora, se procedió a la celebración del juicio sin tener por comparecida a la parte actora. 

Tampoco pudo considerarse como circunstancia de fuerza mayor (art. 183.1 LEC) la supuesta enfermedad alegada por la Procuradora mediante escrito presentado al día siguiente pues el parte médico que acompaña está expedido a las 22,19 horas del día 26 de julio cuando el juicio estaba previsto ese mismo día a las 9,00 horas en el que se indicó que padecía "desde hace 24 hs inicia dolor abdominal intenso tipo cólico". No se acreditó suficientemente la existencia de causa de fuerza mayor pues no estaba impedida la Procuradora para comunicar al Juzgado al momento de la celebración del juicio su imposibilidad para asistir al mismo o, al menos, haber informado con anterioridad al Letrado de las razones de su incomparecencia. 

Y dice el Tribunal Supremo:


Es cierto que el legislador ha querido que en el acto del juicio las partes comparezcan representadas por su procurador y asistidas de abogado, lo que viene establecido en el artículo 432.1 LEC como garantía procesal de la propia parte y no de la contraria ni de la actuación del tribunal. 
En el caso presente los demandantes comparecieron por sí con su abogado defensor, no haciéndolo la procuradora que los representaba por causas en ese momento ignoradas, sin que pudiera ser localizada pese a que consta que se intentó. Ante tal situación, cabía a la juzgadora de primera instancia adoptar distintas soluciones y optó finalmente por la más perjudicial para los derechos de la parte demandante, que quedó indefensa al no poder practicar la prueba que le había sido admitida, ya que se le tuvo por no comparecida. 
La norma del artículo 432 LEC -que se considera infringida- es clara al requerir la presencia de procurador y letrado para que la comparecencia de la parte en el juicio pueda entenderse correctamente efectuada. No obstante, ante una situación como la que se dio en el caso presente en que, sin conocimiento de la causa motivadora por la parte ni por su abogado, no comparece la procuradora y no es posible su localización, es preciso determinar si resulta proporcionada, y acorde con los derechos constitucionales de tutela judicial y defensa en juicio, la consecuencia de tener por no presente a la parte y privarle de cualquier intervención, incluida la práctica de la prueba que se le había admitido y que podía llevarse a cabo en ese momento sin detrimento alguno de derechos para la contraria. 
La inasistencia del procurador al acto del juicio, cuando le consta el señalamiento y no alega causa justificada para ello, podrá comportar incumplimiento de deberes profesionales de carácter estatutario y de las obligaciones propias de la relación de apoderamiento, con las consecuencias a que haya lugar -incluso el artículo 553-3º LOPJ prevé la incomparecencia como generadora de posible responsabilidad disciplinaria exigible por el tribunal- pero no ha de suponer la privación al litigante de toda posibilidad de defensa en juicio cuando el mismo está presente y asistido técnicamente por abogado. 
A tal conclusión conduce, además, la propia previsión del legislador para el caso de la suspensión de vistas, regulada en el artículo 188 LEC , pues en su apartado 1.5º dispone que la celebración de las vistas en el día señalado sólo podrá suspenderse en los siguientes supuestos y, entre ellos, «por muerte, enfermedad, imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas suficientemente a juicio del secretario judicial, tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183, siempre que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y no se cause indefensión ...». 
La lectura de dicha norma pone de manifiesto que la concurrencia de iguales circunstancias -que incluso pueden ser inmediatas a la celebración del juicio- no está previsto que provoquen la suspensión de la vista cuando afectan al procurador y no al abogado, siendo así que en cualquier caso si el tribunal considera imprescindible en el caso dicha presencia siempre puede instar a la parte a que se lleve a cabo la sustitución por otro procurador en los amplios términos que permite el artículo 29 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre , incluso sin necesidad de apoderamiento previo, como también prevé el artículo 543.4 LOPJ ; igualmente la ley no ha exigido de modo especial la presencia del procurador en la audiencia previa al juicio cuando comparezcan las propias partes, según dispone el artículo 414 LEC

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15 junio 2016

Impugnación de la tasación de costas, legitimación e inadmisión.


El plazo de impugnación de la tasación es el de los diez días del traslado del artículo 244.1 LEC, que vencido hará entrar en juego la inadmisión del artículo 245.4 LEC. Y dice este último que en el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta. 

Hago aquí una aclaración. Lo que se impugna es la tasación de costas, que suele recogerse en una diligencia, pero no las diligencias de ordenación que acuerda la práctica y el traslado. Puede darse el caso – y escribo por experiencia- que se recurra en reposición la diligencia de ordenación que ordena la práctica de la tasación de costas o que se presente un escrito solicitando su aclaración. Ese quehacer está prohibido por la ley y en los dos casos hay que rechazar, sin otro trámite, la petición que se formule. 

Respecto a la legitimación no hay que darle muchas vueltas al asunto. Solo podrán impugnar la tasación las partes litigantes, no los profesionales que intervinieron en el proceso, ni quienes presentaron facturas, y ello porque las costas, que han de ser objeto de tasación, en su caso, dan lugar a una relación, derivada de una resolución judicial, entre la parte vencedora beneficiada con la condena en costas y la parte condenada al pago de las mismas (SAP BARCELONA, 525/2004, Sección 13ª, 13 julio 2004, ROJ: SAP B 9274/2004). Y solventando una impugnación por falta de legitimación en la impugnación de una tasación de costas reitera la SAP BARCELONA, 209/2011, Sección 1ª, 17 de mayo de 2011 (ROJ: SAP B 4826/2011) que el titular del crédito resultante de una condena en costas es la parte procesal. Se trata de un crédito que entra en el patrimonio del acreedor que es la parte procesal (no su Letrado), pues es el arrendatario (cliente) el obligado a satisfacer el importe del servicio prestado ya que solamente entre ambos se ha constituido tal relación, por lo que los derechos y obligaciones que puedan surgir como consecuencia de tal contrato solamente les afectan a ellos y no a los terceros condenados al pago, conforme se establece por reiterada jurisprudencia. 

Ahora bien, mientras el condenado al pago podrá impugnar todos y cada uno de los apartados de la tasación, la parte vencedora quedará limitada por el artículo 245.3 LEC a una impugnación: (a) por no haberse incluido en la tasación gastos debidamente justificados y reclamados (b) por no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios de su abogado, o de perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel que hubiese actuado en el proceso a su instancia, o (c) por no haber sido incluidos correctamente los derechos de su procurador. 

La intervención de letrado y de procurador en la impugnación será necesaria por relación con el proceso en el que se ha practicado la tasación de costas (artículo 31 LEC) y en el caso de fallecimiento del litigante, el letrado necesitará nuevo poder de los herederos para promover o, en su caso, continuar, con la impugnación de la tasación de costas (SAP MALAGA, 560/2008, Sección 4ª, 7 de octubre de 2008, ROJ: SAP MA 1689/2008). 

Presentado el escrito de impugnación vuelve a precluir el trámite de alegaciones y no se podrán introducir posteriormente ulteriores motivos para impugnar la tasación, salvo que fuesen apreciables de oficio (SAP LA CORUÑA, 371/2010, Sección 3ª, 22 de septiembre de 2010, ROJ: SAP C 2449/2010) y para el caso de superar el trámite de admisión, la falta de mención de las razones de la impugnación podría luego transformarse en su desestimación (SAP ALICANTE, 431/2009, Sección 8ª, 17 de noviembre de 2009, ROJ: SAP A 3645/2009) . 

Lo que no vale son las impugnaciones genéricas en las que se alega, por ejemplo, que se infringe el límite del artículo 394.3 LEC sin aclarar respecto a qué cantidad y partida; que la cuenta de derechos del Procurador es indebida o que la minuta del letrado no es detallada, antes al contrario, pasado el filtro jurídico que hace el Letrado de la A. de Justicia corresponde al impugnante precisar su desacuerdo con la tasación y las razones que le llevan a tal conclusión. El artículo 245 LEC no presenta ninguna dificultad interpretativa con lo que no cabe subsanación (artículo 231 LEC), no hay obligación de averiguar qué es lo que se impugna y además se prevé un recurso de reposición, que siempre deberá sujetarse al requisito de admisión del artículo 452.1 LEC (el impugnante tendrá que precisar con toda claridad qué infracción se cometió en el decreto de inadmisión a trámite de la impugnación de la tasación de costas). 

Por último, la denominación de la impugnación por la parte no afecta ni a la admisión, ni a la tramitación posterior. Esta es una cuestión que el  Letrado de la A. de Justicia está obligado a examinar, impulsando el trámite como corresponda y de ahí, por ejemplo, que si se impugnan los derechos del Procurador por indebidos, pero sin atacar partida alguna, sino solo su cuantía, deba inadmitirse la impugnación, sin perjuicio de revisar el cálculo realizado.

10 junio 2016

Revisión o no revisión, frente a todas las resoluciones que dicten los LAJ, esa es la cuestión.


Esta semana, o la pasada, se publicó otra reflexión doctrinal sobre la auto cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional, resolvió tres años después de auto plantearse la necesidad de articular algún sistema para revisar todas las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia. 

La cosa por lo visto debe ser importantísima y voces más autorizadas que la mía, faltaría, proclaman la obligatoriedad de expandir, que no de extender, la revisión judicial a cualquier cosa que firme el arriba firmante; valga la singular redundancia. ¿Y qué hacer ante tal dilema? Perdonen un momento, que se ha vuelto a caer parte del archivo cartonero que inunda desbordado las instalaciones y, me indica la Auxilio – antes Agente- que han parado de llevarse papeles en el Instancia 18 porque abajo, en el archivo, no hay sitio para ninguna grapa más. ¿La junta de expurgo? Bien, gracias por preguntar, cumpliendo años como los demás. Dele recuerdos. 

Repito la pregunta: ¿qué hacer ante tal dilema planteado por el Tribunal Constitucional? Vaya, ruego me disculpen. Llaman del Decanato para que se bajen tres asuntos de BANKIA y se recojan cuatro sentencias. Lo de BANKIA ya es apasionante: este trimestre hay siete magistrados poniendo sentencias, se celebran juicios y audiencias previas de dos minutos en la Sala de vistas del Juzgado y en las de los otros diecisiete de la instancia y, está prohibida la palabra allanamiento por algunas diligencias penales que se tramitan en la Audiencia Nacional, con lo que hay estar interpretando lo que no se quiere decir y parece adivinarse. Que haya siete magistrados y un único Letrado de refuerzo (que hubo que nombrar a la fuerza ahorcan de la firma electrónica y de la imposible ubicuidad de los titulares de las mismas) es la respuesta a las posturas de la jerarquía en uno y otro cuerpo y, es evidente que cuando uno se pone de perfil durante mucho tiempo acaba invisible. 

Bueno, a ver si puedo responder al interesantísimo debate doctrinal originado por el Tribunal Constitucional. Y me temo que no. Urgentísimo requerimiento para que informe sobre la falta de cumplimentación de los boletines del INE, porque no coinciden los datos de los desahucios de la estadística a palotes del Consejo General del Poder Judicial con los del instituto estadístico nacional. Lógico, la aplicación del INE no permite registrar todas las resoluciones que dicta el Juzgado y así es imposible que dos más dos sean igual a cuatro: ¿hace falta decirlo? Parece que sí. Rectifico – ya me extrañaba- cuando quieren un dato paloteado o que te lo saques de la manga, recibes una educadísima (sic) petición que se encabeza con buenos días (sic y sic) y termina con muchas gracias (sic y sic) y reciba un cordial saludo (sic, sic, sic y sic). Así que no hay que informar nada, de momento.

¿Y el dilema? ¿qué dilema? Todavía estamos rehaciendo modelos de los inventos legislativos con dinamita del año pasado; sobre los desahucios corremos una pancarta (era un velo, pero se queda cortísimo) y los concursos siguen progresando adecuadamente hacia el precipicio. Ahora, que si quieren comenzar el modelito por el pie poniéndole un recurso de revisión y luego redactar lo demás, están en su perfecto derecho; no sería la primera casa que en esta administración se construye por el tejado, ni será la última y así nos va.

07 junio 2016

La petición monitoria en la LPH: gastos, otros recargos, titularidad plural y aprovechamiento por turnos.


El procedimiento monitorio empieza con la petición de la comunidad en la que hay que expresar la identidad del acreedor y del deudor, el domicilio de ambos o el lugar en que residiera o pudiera ser hallado el deudor, el origen y la cuantía de la deuda, junto con los documentos a que se refiere el art. 812 LEC. 

Si la reclamación no supera los 2000€ no será necesario valerse del servicio de procurador o de abogado (arts. 23.2.1.º y 31.2.1.º LEC) y en cualquier caso no será necesario abonar la llamada tasa judicial. 

El párrafo tercero del art. 21 LPH tan sólo permite reclamar «los gastos del requerimiento previo de pago» siempre que conste documentalmente la realización de éste y, se acompañe a la solicitud el justificante de tales gastos, expresión con la que se refiere al acto del requerimiento extrajudicial (pe. el coste del burofax) y en que no podrán englobarse los honorarios extraprocesales de un letrado (SAP ALICANTE, sede ELCHE, 513/2011, Sección 9ª, de 23 de diciembre de 2011, Roj: SAP A 3373/2011). Tampoco podrá incluirse el importe de las notas simples registrales, que no encuentra encaje en lo dispuesto en el art. 21 .3 LPH y ello sin perjuicio del tratamiento que de tales conceptos pueda hacerse, en su caso, en materia de costas. 

Sentado esto la SAP VALENCIA, 185/2012, Sección 7ª, 2 de abril de 2012 (Roj: SAP V 1890/2012) defiende una postura que confunde los conceptos del gasto del acto y el de las costas, que no olvidemos supone en el monitorio de la Ley de Propiedad Horizontal, una excepción. Este pronunciamiento parte del hecho que ninguna norma de la Ley de Propiedad Horizontal, imponen que el Presidente, Vicepresidente, Administrador o, cualquier propietario deban realizar gestión personal de cobro alguno frente al propietario moroso, por lo que si dicha gestión se encarga al correspondiente profesional (en este caso el administrador que a su vez es abogado) nada empiece desde un estricto punto de justicia material, que el precio de dicha gestión sea repercutido sobre el renuente propietario que la propició. Se apoya dicha tesis en la propia Exposición de Motivos de la Ley de Propiedad Horizontal, que trató de establecer un procedimiento ágil y eficaz para el abono de las deudas por gastos comunitarios y todos los gastos extrajudiciales derivados del intento de poner fin a la situación de impago y, en concreto, en el art. 21.3 de la citada Ley al permitir reclamar los gastos derivados del requerimiento previo de pago, siempre que conste documentalmente su realización. 

Pues bien, estamos ante unos conceptos que en ningún caso pueden ser incluidos en el ámbito de la deuda reclamada, que tiene por objeto la reclamación de cantidad debida en concepto de pago de gastos comunes de Comunidad de propietarios de inmueble urbano. Los conceptos de gastos de abogado y procurador tienen la consideración de costas del proceso (art. 241.1.1º LEC), cuya exigibilidad requiere de una previa imposición por el órgano judicial y de su oportuna tasación (SAP MALAGA, 273/2013, Sección 4ª, 14 de mayo de 2013, Roj: SAP MA 1115/2013) 

En cuanto a los recargos para el caso de morosidad leemos en la SAP VALLADOLID, 122/2012, Sección 3ª, 27 de marzo de 2012 (Roj: SAP VA 500/2012) que la obligación de abonar un recargo o la penalización por cuota impagada resulta procedente y exigible cuando se establece por un acuerdo comunitario, se notifica y no se impugna en el tiempo y forma establecidos por la ley, deviniendo en consecuencia de obligado cumplimiento y ejecutivo según lo dispuesto en los arts. 17 y 18.4 LPH. Queda por todo ello dotada la deuda reclamada por la Comunidad, de unos requisitos de certeza exigibilidad y liquidez que desde la óptica de la buena fe y de la seguridad jurídica deben ser tenidos en cuenta. Cuando los intereses de demora se acuerdan por la Junta se convierten para cualquier vecino que incurra en mora en una obligación accesoria, a la que la principal comunica su propia naturaleza, por lo que no ofrece ninguna dificultad incluirla dentro del concepto de gastos comunes, no tanto porque lo sean de todos los vecinos, sino porque lo son sólo de aquellos que incurran en el supuesto de hecho que los desencadena, esto es, el impago de las liquidaciones anuales ordinarias que resultan conformes con el coeficiente habido dentro de la Comunidad de Propietarios (SAP VALENCIA, 557/2010, Sección 11ª, 1 de diciembre de 2010, Roj: SAP V 6178/2010). 

Ahora bien, entre las obligaciones impuestas por la Ley de Propiedad Horizontal no se encuentra el pago de este tipo de recargos o un incremento del interés de demora por encima del legalmente previsto y, de ahí que sus circunstancias de aprobación deberán justificarse (SAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 4ª, 12 de marzo de 2013, Roj: SAP GC 370/2013). 

¿Se admite el monitorio de la LPH en las reclamaciones derivadas del aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles? Existen posiciones encontradas entre las distintas audiencias. Por un lado, se estima que las comunidades de propietarios y el aprovechamiento por turnos no son jurídicamente equiparables, pero por otro se hace referencia a que según la legislación vigente, la normativa sobre propiedad horizontal es aplicable supletoriamente al referido aprovechamiento. 

Dejando al margen el debate sobre la naturaleza jurídica de la figura que nos ocupa el ATS, Sala 1ª, de 10 de febrero de 2016 (Roj: ATS 1058/2016), resolviendo una cuestión de competencia y con cita de los autos de la Sala de 6 de octubre de 2003, 5 de febrero de 2004 y 10 de junio de 2004 mantiene que «las comunidades de titulares de derechos de aprovechamiento por turnos, se rigen según establece el artículo 15 de la Ley 42/1998 de 15 de diciembre, por sus normas estatutarias previstas en la escritura reguladora o las que libremente adoptan los titulares de los derechos, cuyos acuerdos se sujetan a las normas que el precepto establece, siendo de aplicación supletoria y subsidiaria las normas de la Ley de Propiedad Horizontal»; y añade, también literalmente: Esta aplicación supletoria de la Ley de Propiedad Horizontal, hace que el proceso monitorio frente a unos de esos titulares de aprovechamiento requiera para su admisión, la certificación del acuerdo de la Junta, aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad, tal como exige el art. 21 LPH, siendo entonces de aplicación el art. 813 LEC, que en estos casos considera Juzgados competentes el Juez de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor, o el del lugar donde se halle la finca, a elección del solicitante y que es el criterio más justo, pues si no se obligaría a litigar a la Comunidad de Propietarios en todos los lugares en que residieran los que no pagasen debidamente sus cuotas, lo que no parece una solución razonable. 

Por último y aunque la singularidad del supuesto no merezca un análisis enjundioso, la legitimación pasiva del IVIMA y de otros organismos similares ha sido admitida de forma mayoritaria, aunque no exenta de matices y en la SAP MADRID, 169/2012, Sección 21ª, 13 de marzo de 2012 (Roj SAP M 6246/2012) se afirma que en la Audiencia Provincial de Madrid, se ha mantenido el criterio uniforme de que la legislación reguladora de las viviendas de protección oficial, tanto estatal como autonómica, no modifican ni influyen ni afectan a la regulación que, de la contribución de los propietarios de las viviendas y locales a los gastos generales de la casa, se hace en la Ley de Propiedad Horizontal. Y habida cuenta que, la regulación de la contribución de los propietarios de las viviendas y locales a los gastos generales de la casa, constituye «legislación civil» y que, en la Comunidad de Madrid no existe Derecho Civil foral o especial, no se puede invocar, la legislación autonómica madrileña, como modificadora de la «legislación Civil estatal» ya que ello, está proscrito por el art. 149. 1. 8ª CE. En esta materia, por lo que a la Comunidad Autónoma de Madrid se refiere, solo cabe invocar legislación estatal. Esto supone que la comunidad de propietarios podrá para dirigirse contra el titular registral, IVIMA, dado que la comunidad es un ente jurídico ajeno a los pactos contenidos en el contrato de adjudicación de vivienda.