La lógica procesal del Tribunal Supremo que contradice la lógica política del Tribunal Constitucional.


Dictada providencia de señalamiento para votación y fallo, en la que se designó ponente, se interpuso recurso de reposición denunciándose como infringidos el art. 180 LEC en relación en el art. 206 LOPJ ya que la competencia para la designación se atribuye a los letrados de la administración de justicia; cuestionándose, en segundo lugar, que en la providencia recurrida no se expresaron las causas por las que se procedió a designar un nuevo ponente en sustitución de quien había sido designado inicialmente por una diligencia de ordenación anterior, provocando indefensión a la parte, al existir causa de recusación que había sido denunciada a través del correspondiente incidente. 

El recurso se desestimó en ATS, Sala 1ª, 11 de mayo de 2016 (Roj: ATS 4105/2016) por lo siguiente: 

(1) Por razones de claridad expositiva se comenzará dando respuesta a la cuestión planteada en segundo lugar relativa a la falta de indicación en la providencia del señalamiento de las causas para el cambio de ponente, pues solo desde el entendimiento del funcionamiento del Tribunal Supremo y en concreto de esta Sala Primera, pueden abarcarse las dos cuestiones planteadas por el recurrente. 

En relación a la falta de motivación del cambio de ponente, hay que indicar que estas causas están expresadas en el Acuerdo de 12 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 2 de noviembre de 2015, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en 2016, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 30 de noviembre de 2015. Por tanto, la providencia de señalamiento designando nuevo ponente es acorde con la previsión contenida en dicho acuerdo relativa a que en el momento del señalamiento de las vistas o de la votación y fallo de los recursos de la Sala Primera se proceda a un reajuste de las ponencias entre los Magistrados. 

En cuanto al cambio de ponente el Tribunal Constitucional mantiene que el órgano jurisdiccional ha de cumplir el deber procesal «de poner en conocimiento de las partes la composición de la Sección o de la Sala que va a juzgar el litigio o causa», así como el de notificar a las partes el nombre del Magistrado designado Ponente en el pleito o causa (art. 203.2 LOPJ), porque sólo tal comunicación permite a las partes, en momento procesal hábil, instar el oportuno incidente procesal de recusación en relación con aquellos Jueces o Magistrados que pudieran hallarse incursos en causa legal para ello; esto es sería tan sólo la privación a la parte de su derecho a formular la recusación del Magistrado en quien concurriera causa legal, la que convertiría la simple irregularidad procesal en lesión del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías, y entre ellas, la esencial de que sea decidido por un juzgador imparcial. Por tanto, habría sido necesario para apreciar la referida vulneración que concurriese una causa de recusación y que se hubiese impedido por parte de esta Sala el ejercicio del derecho a recusar, lo cual no se ha producido en el presente caso, pues el cambio de ponente fue notificado a la parte y la recusación ha sido presentada el mismo día que el recurso de reposición contra la providencia de señalamiento, cuya tramitación pende de la resolución de este recurso de reposición.


(2) En cuanto a la alegada falta de competencia existente en la providencia recurrida por entender que corresponde la designación del magistrado ponente al letrado de la Administración de Justicia, es cierto que conforme a lo dispuesto en el art. 180 LEC, la designación del magistrado ponente corresponde el Secretario Judicial o letrado de la Administración de Justicia, según el turno establecido para la Sala o Sección al principio de cada año judicial exclusivamente sobre la base de criterios objetivos. Así, por diligencia de ordenación fue designado un magistrado ponente en el presente rollo de actuaciones. Pero también es cierto que conforme a lo dispuesto en el art. 250 LOPJ corresponde a los Presidentes de Sala el señalamiento de las vistas o trámite equivalente y el del comienzo de las sesiones del juicio oral, competencia que el art. 182 LEC expresa en los siguientes términos «corresponderá a los Presidentes de Sala [...] de los órganos colegiados el señalamiento de fecha y hora para la deliberación y votación de los asuntos que deban fallarse sin celebración de vista». 
Por tanto, la providencia de señalamiento de fecha y hora de la votación y fallo del asunto ha sido dictada por quien legalmente tiene atribuida dicha competencia, quien conjuntamente con el letrado de la administración de justicia, reasigna las ponencias en atención a las causas previstas en el acuerdo antes mencionado y conforme al orden de su conclusión, salvo en los supuestos en los que la ley dispone otra cosa (249 LOPJ)

Comentarios

Entradas populares de este blog

Felicidades y gracias.

El recurso de revisión contra las resoluciones del Secretario Judicial.

La nueva jura de cuentas y su impugnación.