La novedosa oposición por «el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible» que introdujo la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social en el art. 695 LEC, trató de cumplir la exigencia impuesta en la Sentencia TJUE de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11) en el sentido que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se oponía a la normativa española cuando, al mismo tiempo que no preveía en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituyera el fundamento del título ejecutivo, tampoco permitía que el juez que conociera del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adoptara medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas fuera necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.
Pero al hacer esa introducción literalmente y sin facilitar ningún elemento de juicio para analizar porqué una cláusula contractual debía calificarse como abusiva, no cerró la puerta a la inseguridad jurídica que el retraso de la reforma originó y de hecho la ausencia transformó, en un primer momento, la genérica declaración del art.695.1.4ª LEC en un cajón de sastre en el que cabía cualquier cosa después del primer control de legalidad tras el despacho de ejecución (art. 552.1 LEC). De hecho parecía evidente que si la demanda de ejecución superaba el primer control de legalidad, no era admisible que luego, sin que el ejecutado formulara oposición, el Juez pudiera volver a reexaminar la abusividad.
Pues bien, al contrario de lo que se afirma en el párrafo anterior, la intervención de oficio del órgano judicial será posible en cualquier momento de la ejecución y conviene recordar que la Sentencia del TJUE, 4 de junio de 2009 (asunto C 243/08), señala que una cláusula contractual abusiva no vincula al consumidor, por lo que no será necesario que haya impugnado previamente con éxito tal cláusula, debiendo el juez nacional examinar de oficio el carácter abusivo tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello. Es más, a la hora de cumplir la mencionada obligación el juez nacional tendrá, en virtud de la Directiva, el deber de excluir la aplicación de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras haber sido informado al respecto por dicho juez, manifestara su intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solo no distinguió entre procesos declarativos, de ejecución o hipotecarios, sino que extendió la facultad de declarar de oficio la abusividad de una cláusula en contratos celebrados con consumidores a los órganos de apelación (Sentencia TJUE de 30 de mayo de 2013, asunto C-488/11), pronunciamientos de los que se colige que nada impide un nuevo examen sobre la abusividad de las cláusulas del título ejecutivo antes del fin de la ejecución.
El problema en la ejecución hipotecaria se centra en la cláusula de vencimiento anticipado y en la intervención del Juez, pues una vez despachada ejecución o resuelta la oposición a la ejecución que haya podido formularse, permanecerá ajeno al proceso y aunque pudiera interponerse un recurso de revisión contra el decreto de adjudicación, no podría evitar el límite del art. 454 bis LEC respecto al objeto de la citada impugnación, que siempre estaría relacionada con la adjudicación y no con la ejecución, de tal modo que no sería posible una especie de revisión completa de aquella.
Entrando ahora en la cláusula de vencimiento anticipado el AAP VALENCIA, Sección 9ª de 15 de septiembre de 2015 (ROJ: AAP V 240/2015) con cita de otras resoluciones sostuvo que el vencimiento anticipado, en sí mismo, no comportaba sino un derecho de la ejecutante que no era nulo per se, siempre que su ejercicio no fuera abusivo. Es decir, ante el incumplimiento del deudor de la obligación esencial de pago de las cuotas convenidas, podía aceptarse la validez de dicha cláusula siempre que aquel incumplimiento fuera relevante, sin que pudiera, por tanto, fundarse el vencimiento anticipado en «cualquier» incumplimiento. Lo que cabía examinar, en definitiva, eran las concretas circunstancias en que se había hecho uso de tal cláusula. Y el Auto del TJUE de 11 de Junio de 2015 (asunto C-602/13), resolvió que la Directiva 93/13 debía interpretarse en el sentido de que, cuando un juez nacional hubiera constatado el carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no hubiera llegado a aplicarse no se oponía por sí sola a que el juez nacional dedujera todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la mencionada cláusula. Partiendo de lo anteriormente expuesto se resolvió que si la cláusula, en su redacción, era nula y aunque se hubiera ajustado el ejercicio del derecho a la norma legal vigente (art. 693.2 LEC) tal derecho se apoyaba en una cláusula nula por lo que habría de declararse el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria.
La doctrina que se cita ha encontrado reflejo en la STS Pleno Sala 1ª de 23 diciembre de 2015 (ROJ: STS 5618/2015) y en el reciente AAP VALENCIA, Sección 9ª de 9 de marzo de 2016 (Rollo de apelación 1034/2015), que con cita a la sentencia del Tribunal Supremo aclara que dicha resolución – y esto es lo esencial – declara la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipada sometida a su consideración, y por tanto inaplicable. Las apreciaciones incluidas en la fundamentación jurídica (motivo quinto, apartados 4, 5, 6 y 7) sobre la aplicación integradora del art. 693.2 de la LEC no dejan de ser meras reflexiones dirigidas a las entidades bancarias respecto a las alternativas para la canalización de sus reclamaciones frente a un eventual incumplimiento del deudor, y constituyen, por ello, un mero «óbiter dicta», sin fuerza vinculante. No cabe perder de vista que el pronunciamiento que resulta de la Sentencia del Pleno, es la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula que permitía el vencimiento anticipado de la obligación por falta de pago, a su vencimiento, de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus intereses.
La conclusión que se extrae del relato que precede permite dar respuesta a la segunda cuestión planteada (conocimiento por el Juez de la posible existencia de una cláusula abusiva) en tanto no se ha fijado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni por el Tribunal Supremo ningún límite temporal y, de ahí que el Letrado de la Administración de Justicia venga obligado a dar audiencia a las partes cuando a resultas de su intervención en la ejecución en un momento posterior al trámite de oposición, aprecie la posible existencia de la abusividad que se analiza.
