La suspensión del lanzamiento por prejudicialidad penal.



Cuando el adquirente de una finca lo solicite, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado (art. 675 LEC). La petición de lanzamiento se notificará a los ocupantes indicados por el adquirente, con citación a una vista en la que podrán alegar y probar lo que consideren oportuno respecto de su situación. El Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolverá sobre el lanzamiento, que decretará en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieren sin justa causa (art. 675.3 LEC). 

Pero ¿qué ocurre cuando el ocupante se persona y solicita la suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal? Planteado el primer interrogante aparecen inmediatamente otros dos: la posibilidad que un tercero ajeno en principio a la ejecución formulara esta clase de peticiones y, si deberíamos analizar por separado cada clase de ejecución, pues la hipotecaria finaliza con el Decreto de adjudicación y el resto de las ejecuciones con el dictado del Decreto del art. 570 LEC. 

En cuanto a los derechos del tercero se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones. El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) «garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se dicte en un proceso judicial el derecho a conocer su existencia, a fin de que tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos». Y esta necesidad de promover la defensa, en la medida de lo posible, mediante la debida contradicción, impone a los órganos judiciales un especial deber de diligencia que tiene especial importancia en el proceso de ejecución. En concreto, y por lo que respecta a la posibilidad de intervenir en un proceso de ejecución, el derecho a la tutela judicial efectiva habilita a quienes ostenten algún derecho o interés legítimo que pueda verse afectado por los actos de ejecución a comparecer y actuar en el procedimiento, aunque no hubieran sido parte en el proceso principal y a este fin los arts. 270 LOPJ y 260.2 LEC exigen que las resoluciones judiciales se notifiquen no sólo a las partes procesales, sino también a las personas a quienes se refieren o puedan causar perjuicio (SSTC 229/2000, de 2 de octubre, y 56/2001, de 26 de febrero) (vide STC, Sala Segunda, 190/2014 de 17 de noviembre de 2014) 

En consecuencia, concluye la STC, Sala Segunda, 190/2014 de 17 de noviembre de 2014 (LA LEY 170331/2014) «nuestra doctrina impone, con absoluta claridad, que la interdicción de la indefensión consagrada en el art. 24.1 CE implique a los órganos judiciales en el deber de velar por que quienes ostenten algún derecho o interés legítimo en un proceso de ejecución, aunque no hayan sido parte en el proceso principal, puedan comparecer y ser oídos en el mismo para garantizar su defensa, sin perjuicio del pronunciamiento que pueda recaer y de la posible existencia de otras acciones que puedan corresponder a los afectados (STC 43/2010, de 26 de julio, FJ 2)». 

Admitida la posibilidad de la intervención del ocupante en lo relativo al lanzamiento del inmueble, deberemos tratar por separado la ejecución hipotecaria de los demás procesos de apremio. En el primer caso nos encontraremos con un proceso finalizado en el que no habría nada que suspender, siendo así que la suspensión por la citada prejudicialidad penal del art. 697 LEC es muy clara cuando la sujeta a la acreditación, conforme a lo dispuesto en el art. 569 LEC, de la existencia de una causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución. Esto es, la suspensión se relaciona directamente con la falsedad de la escritura de hipoteca o con la ilicitud del despacho ejecutivo y, dejando al margen singularidades que no nos afectan, ningún ocupante podría acreditar tales particulares. En suma, se produciría el lanzamiento sin perjuicio de acudir a un proceso declarativo posterior. 

No llegamos a otra conclusión cuando el ocupante haya tenido alguna clase de relación contractual con el ejecutado y esa sea la causa de la prejudicialidad. El art. 569 LEC es una mera modulación del art. 40 LEC, exigiéndose que la decisión de la causa sea determinante para la continuación del proceso de ejecución. En otras palabras, para que surja una cuestión prejudicial penal se requeriría como condictio iuris el carácter decisivo de la calificación jurídico-penal en la resolución del pleito civil. Y difícilmente podrá concurrir dicho requisito si el pleito civil está resuelto por sentencia firme y los hechos a que se circunscribe la investigación penal en manera alguna pueden determinar la falsedad o nulidad de la sentencia. 

La reciente STS, Sala 1º, 3 de febrero de 2016 (ROJ: STS 92/2016) aclara que cuando se pretende obtener la suspensión por prejudicialidad penal será preciso razonar de qué forma el pronunciamiento penal podrá condicionar la decisión del proceso civil, pues no obligará a suspender la valoración penal que puedan tener algunos de los elementos de convicción traídos al proceso civil. La prejudicialidad penal vendrá determinada por los hechos objeto del proceso, no por su valoración. Los tribunales civiles deberán partir de los hechos declarados probados por las resoluciones firmes dictadas por tribunales de la jurisdicción penal, y, en especial, no podrán basar su decisión en la existencia de unos hechos que una sentencia penal haya declarado inexistentes. Pero ello no impide que en cada jurisdicción haya de producirse un enjuiciamiento y una calificación en el plano jurídico de forma independiente y con resultados distintos si ello resulta de la aplicación de los criterios de valoración propios de una y otra jurisdicción y de los diferentes principios que informan el proceso civil y el proceso penal, o, más exactamente, el ejercicio privado de los derechos y el ejercicio del ius puniendi. Esto es, aunque la decisión del tribunal penal fuera absolutoria, ello no determinaría la desestimación de las pretensiones formuladas en este proceso civil, pues no relevaría al tribunal civil de aplicar, conforme a los criterios y principios que rigen el enjuiciamiento de las cuestiones civiles, las normas contables y las del mercado de valores. De tal modo que si en el proceso penal no se considerara acreditada la falsedad de los documentos, en el plano fáctico tal decisión no supondría tanto una declaración de inexistencia de hechos (ya hemos dicho que no existe controversia sobre los hechos fundamentales), vinculante en el proceso civil, como una afirmación de que no se había alcanzado el estándar de prueba exigible en el proceso penal.

Dicho de otra forma, una cosa es la falsedad del título por el que se despachó ejecución y otra bien distinta la relación del ejecutado con el ocupante y los hechos de apariencia delictiva en el segundo caso no afectarán, ni privarán de validez, a la ejecución del primero.

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