25 abril 2016

La intervención no preceptiva de Letrado y de Procurador (art. 32.5 LEC)


El art. 32.5 LEC excluye de la tasación de costas – no de la condena en costas- los derechos y honorarios de abogados y procuradores en los casos en su intervención no sea preceptiva, salvo que el Tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio. 

El ATC del Pleno, 333/2006, de 26 de septiembre inadmitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona, rechazando que el art. 32.5 LEC incurriera en desigualdad en la ley al considerar que el tratamiento diferenciado en materia de costas, en atención a que la residencia de la parte estuviera en lugar distinto de aquél en el cual se hubiera celebrado el juicio tenía una justificación suficiente, objetiva y conforme con la prevención normativa a la que obedece el precepto. Más aún, acreditada la finalidad constitucionalmente legítima de la diferencia de trato legal, se reconoció igualmente la razonabilidad del elemento diferencial establecido por el legislador en el art. 32.5 LEC (la distancia al lugar de la celebración del juicio), habida cuenta de que, por un lado, ese derecho de reembolso de los honorarios de Letrado se reconoce a quien encuentra mayores dificultades para comparecer y defenderse a sí mismo, al tener su domicilio en lugar distinto de aquél en el cual debe celebrarse el juicio, y de que, por otro lado, la norma se inserta en el seno del ordenamiento procesal civil, en el que las partes, o bien pueden comparecer y defenderse por sí mismas, o bien, de hacerlo a través de terceros, deben, para ello, servirse de quienes ostentan la exclusividad de la representación y defensa procesal de las partes, es decir, a través de Abogado y Procurador (arts. 436 y 438 LOPJ) y que, con sujeción a ciertos límites, los gastos que genere esa intervención puedan incluirse en el contenido de las costas a cuyo pago sea condenada la parte contraria. 

También se puso en duda el mandato ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona planteó una cuestión prejudicial en el sentido de si en el ámbito de protección al acreedor derivado de la Directiva 2000/35 por la “que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales sería posible considerar coste de cobro de la deuda los gastos derivados del uso de abogado y procurador en el proceso monitorio instado para el cobro de dicha deuda”.La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 10 de marzo de 2005. (Asunto C-235/03) resolvió que dado que, sobre la base del Derecho nacional, no era posible incluir en el cálculo de las costas a las que podría ser condenado un particular obligado al pago de una deuda profesional, los gastos derivados de la intervención de un abogado o de un procurador en defensa o representación del acreedor en un proceso judicial de reclamación de dicha deuda, la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no podía servir por sí sola de fundamento a tal posibilidad. 

El problema de tanto recurso se debe a la deficiente redacción del apartado primero del art. 241 LEC cuando establece que tan sólo se incluirán en la tasación de costas los honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas, olvidando que puede no ser necesaria su intervención en el proceso y, sin embargo, tener cabida en la tasación de costas cuando se hubiera apreciado por el tribunal mala fe en la conducta del condenado en costas o el domicilio de la parte representada y defendida se encontrare en lugar distinto a aquel en que se hubiera tramitado el juicio (artículo 32.5 LEC). 

Y por si no tuviéramos bastante los arts. 23.2.1 y 31.2.1 LEC fueron modificados por la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, exceptuando la intervención de abogados y de procuradores en “los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley”. 

Como no podía ser de otra, esta peculiar técnica legislativa provocó opiniones enfrentadas sobre el art. 32.5 LEC en varios puntos; las primeras por su relación con los artículos 23 y 31 LEC y la segundas, más limitadas, por la interpretación del “domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio”. 

Antes de seguir, entiendo que no es materia propia de la tasación de costas la discusión sobre la preceptividad de la intervención de letrado y de procurador. Esto tiene que estar resuelto en sentencia. Suele ser una costumbre muy extendida la de postular sin más la condena en costas del contrario, para luego, cuando el Letrado de la A. de Justicia interpreta las normas reguladoras de la tasación de costas, comenzar un segundo debate sobre la cuantía del proceso – en los verbales y en algún ordinario que se nos haya escapado- y el carácter de la intervención del letrado y del procurador. Y del mismo modo que a nadie le extraña que la declaración de temeridad se haga en la sentencia, tampoco debería sorprender que se introdujera en ella la referencia al artículo 32.5 LEC. Sostengo, por tanto, que debe hacerse pronunciamiento expreso sobre la condena en costas, si bien y, cuando proceda, advirtiendo a las partes que se aplica el artículo 32.5 LEC

Sentado lo anterior tendríamos los siguientes supuestos: 

a) El límite cuantitativo fijado ahora en 2.000,00€ supone que el condenado en costas no deberá soportar los honorarios de letrado y de procurador en los juicios verbales que no superen esa cantidad. Otra cosa serán los gastos y, por eso insisto en la obligatoriedad de practicar la tasación de costas. 

b) Para los juicios verbales que no llegan al límite cuantitativo de 2.000,00€ se defendía la inclusión por razón de la “materia” y esto, que suponía una excepción porque la norma no distingue ningún juicio verbal por razón de la materia y tampoco suscitaba dudas el art. 253 LEC, cuando vincula la clase de juicio a la cuantía, encuentra ahora cierto sustento en la modificación de los arts. 23 y 31 LEC por la Ley 42/2015. 

c) En el juicio cambiario que termine por pago y en todas las ejecuciones de título no judicial se incluirán los honorarios y los derechos con independencia de la cuantía de la reclamación y del pronunciamiento sobre la condena en costas. Sobre las últimas, nada dice el art. 539.1 LEC, pero habida cuenta el régimen unitario de todos los procesos de ejecución (incluidos los acuerdos de medicación y los arbitrajes), el límite cuantitativo en unas y otras ejecuciones, podría y debería fijarse en el importe de 2.000,00€. Lo contrario implica la clara infracción de ese único régimen normativo y además, supone hacer de peor condición a unos determinados acreedores y deudores (ejecuciones de título judicial). 

Respecto a la segunda cuestión, la expresión “domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio” sigue dando vueltas en las Audiencias Provinciales y ha sido interpretada en diferentes sentidos, entendiéndola bien como la circunscripción territorial a la que se extiende el partido judicial, bien como sinónimo de término municipal o de "ciudad, villa o población" donde se tramita el juicio correspondiente; aunque en caso de personas jurídicas se abran vías de flexibilización cuando el domicilio legal se encuentra establecido fuera del lugar donde se desarrolla el pleito, pero con sucursales o establecimientos en dicho lugar. 

El domicilio de las personas jurídicas requiere una explicación más detallada. Acudo para ello a la SAP VIZCAYA, 503/2010, Sección 3ª, 27 de Octubre de 2010 (ROJ SAP BI 1632/2010). El Código Civil habla de domicilio, estableciéndolo en aquel lugar que determinen los estatutos o, en su defecto, en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto (artículo 41 CC); y cuando se trata de sociedad anónima, en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en que radique su principal establecimiento o explotación (art. 6 LSA). El domicilio de las personas jurídicas viene pues a identificarse con cualquier lugar donde la entidad ostente una mínima infraestructura material y humana (sucursales, agencias, delegaciones, establecimientos abiertos al público etc.) y a la vez, el art. 51.1 LEC , en relación con los artículos antes citados, admite que las personas jurídicas sean demandadas "en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado, para actuar en nombre de la entidad", de forma que, en su representación pueda obrar en el pleito cualquiera de sus dependientes o apoderados sin necesidad de desplazamiento. 

Fuera de este caso solo serán recuperables los honorarios del abogado cuando el tribunal aprecie “temeridad” en la conducta del condenado en costas, aunque siempre en función de la cuantía del pleito.

1 comentario:

  1. El caso más espinoso y en mi opinión más difícil de tratar es el del Monitorio cuando el peticionario tiene su domicilio fuera del lugar del juicio, pues siguiendo las pautas del artículo no existe condena en costas propiamente dicha, ya que el Decreto que le pone fin, ya sea por pago del deudor o por no haber atendido el requerimiento no contiene (ni debería) pronunciamiento en costas, Y por otro lado, sea cuál sea la cuantía de la petición monitoria, nunca es preceptiva la intervención de profesionales, salvo los casos de la reclamación de deudas de la Comunidad de Propietarios.
    Considero que se debería reformar y aclarar esta cuestión, pues si el fundamento de incluir los gastos en que incurre un demandante se fundan en que su domicilio no es el del lugar del juicio sólo se deberían incluir los de representación (Procurador) pero no los de defensa (Abogado). La cuestión no deja de dar problemas continuos.

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