20 abril 2016

Competencia en la Jura de cuentas y naturaleza de los Letrados de la A. de Justicia.


En ese debate de dos minutos de duración (y de preocupación e interés de quien redacta) sobre la naturaleza del Cuerpo de Letrados de la A. de Justicia ha vuelto a intervenir la Sala especial del Tribunal Supremo en el Auto de 17 de marzo de 2016 (Roj: ATS 2648/2016), resolviendo un interesante conflicto negativo de competencia suscitado entre un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y un Juzgado de Primera Instancia, en relación con una impugnación de honorarios profesionales por indebidos formulada por un Ayuntamiento

El Ayuntamiento interpuso demanda de impugnación de honorarios profesionales por indebidos contra un abogado, en relación con la suma reclamada por éste (174.744,82 euros) como consecuencia de su intervención como Letrado del Consistorio en un procedimiento ordinario seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Planteada por el demandado declinatoria de jurisdicción -por entender que el enjuiciamiento del asunto no correspondía a la jurisdicción civil- el Juzgado de Primera Instancia dictó auto en el que estimó la citada declinatoria de jurisdicción y declaró la falta de jurisdicción del Juzgado por corresponder su conocimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dictó también auto en el que declinó la competencia de este Juzgado y orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el conocimiento del asunto, por corresponder el mismo al orden civil y suscitó conflicto de competencia ante la Sala Especial del Tribunal Supremo. 

En el asunto sometido a debate un abogado que ejerció la defensa jurídica del Ayuntamiento en un procedimiento contencioso-administrativo seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana instó, al amparo del art. 35 LEC un procedimiento de jura de cuentas frente a LA Corporación -en relación con su minuta de honorarios - que concluyó con un Decreto del Letrado de la Administración de Justicia de fecha 7 de octubre de 2013 en que se determinaba que la cantidad que había abonarse ascendía a la suma de 174.744,82€. 

El Ayuntamiento interpuso demanda civil frente al Letrado por considerar que los honorarios profesionales fijados en aquel Decreto eran indebidos al estar incluida la actividad profesional del mismo en un contrato (administrativo) de prestación de servicios de defensa jurídica y judicial adjudicado al citado abogado. La discrepancia entre los órganos judiciales se sustentó en la distinta naturaleza jurídico-material de la pretensión que el Ayuntamiento ejercita. Mientras que el juzgado civil consideró que no podía enjuiciar un asunto que requería el análisis de la interpretación y eficacia de un contrato público, el contencioso-administrativo entendió que no podía conciliarse la reclamación que la Administración dirigía a un particular con la estructura del proceso contencioso-administrativo, al no existir Administración demandada, ni actividad administrativa susceptible de impugnación. 

El Tribunal Supremo resuelve que la pretensión que la Corporación municipal ejercita frente al letrado se ampara en los efectos que atribuye a un contrato administrativo (de servicios de defensa y asistencia jurídica) y siendo cierto que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa atribuye a los órganos de dicho orden jurisdiccional el conocimiento de las pretensiones que se susciten en relación con " los contratos administrativos", lo es también que la competencia de estos mismos órganos requiere, imperativamente, "una actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo" (artículo 1.1 de la propia Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), que ha de concretarse en la existencia de un acto administrativo, disposición o resolución en la que se exteriorice la voluntad de alguna de las Administraciones Públicas reseñadas en el artículo 1.2 de la repetida Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En otras palabras, el proceso contencioso-administrativo exige una actividad administrativa susceptible de impugnación que pueda imputarse a alguna de las Administraciones Públicas legalmente previstas.


Es evidente que el secretario judicial (actual Letrado de la Administración de Justicia) no constituye una Administración Pública encuadrable en alguna de las previstas en el último de los preceptos mencionados. Es claro también, a nuestro juicio, que las resoluciones que dicho órgano dicte no son impugnables autónomamente ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, como si de actos administrativos se tratase. 
En el caso de los Decretos determinando la cantidad que ha de satisfacerse al procurador o abogado (que es el supuesto que ahora nos ocupa), la propia Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 34 y 35) rechaza su recurribilidad, afirmando que la decisión contenida en aquellas resoluciones" no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior".

La lógica consecuencia de lo expuesto es que la pretensión que el Ayuntamiento ejercita no podrá deducirse a través de los cauces de un proceso contencioso-administrativo, sino que habrá de efectuarse mediante la correspondiente demanda civil, en la que el órgano judicial competente podrá analizar, a los solos efectos prejudiciales, el contenido, alcance y eficacia del contrato de servicios que, a juicio de la Corporación, vinculaba al profesional citado con el Ayuntamiento. Entendemos que ese, y no otro, es el " juicio ordinario ulterior " al que se refiere, en relación con Decretos como el que nos ocupa, el art. 35 LEC.

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