25 abril 2016

La intervención no preceptiva de Letrado y de Procurador (art. 32.5 LEC)


El art. 32.5 LEC excluye de la tasación de costas – no de la condena en costas- los derechos y honorarios de abogados y procuradores en los casos en su intervención no sea preceptiva, salvo que el Tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio. 

El ATC del Pleno, 333/2006, de 26 de septiembre inadmitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona, rechazando que el art. 32.5 LEC incurriera en desigualdad en la ley al considerar que el tratamiento diferenciado en materia de costas, en atención a que la residencia de la parte estuviera en lugar distinto de aquél en el cual se hubiera celebrado el juicio tenía una justificación suficiente, objetiva y conforme con la prevención normativa a la que obedece el precepto. Más aún, acreditada la finalidad constitucionalmente legítima de la diferencia de trato legal, se reconoció igualmente la razonabilidad del elemento diferencial establecido por el legislador en el art. 32.5 LEC (la distancia al lugar de la celebración del juicio), habida cuenta de que, por un lado, ese derecho de reembolso de los honorarios de Letrado se reconoce a quien encuentra mayores dificultades para comparecer y defenderse a sí mismo, al tener su domicilio en lugar distinto de aquél en el cual debe celebrarse el juicio, y de que, por otro lado, la norma se inserta en el seno del ordenamiento procesal civil, en el que las partes, o bien pueden comparecer y defenderse por sí mismas, o bien, de hacerlo a través de terceros, deben, para ello, servirse de quienes ostentan la exclusividad de la representación y defensa procesal de las partes, es decir, a través de Abogado y Procurador (arts. 436 y 438 LOPJ) y que, con sujeción a ciertos límites, los gastos que genere esa intervención puedan incluirse en el contenido de las costas a cuyo pago sea condenada la parte contraria. 

También se puso en duda el mandato ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona planteó una cuestión prejudicial en el sentido de si en el ámbito de protección al acreedor derivado de la Directiva 2000/35 por la “que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales sería posible considerar coste de cobro de la deuda los gastos derivados del uso de abogado y procurador en el proceso monitorio instado para el cobro de dicha deuda”.La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 10 de marzo de 2005. (Asunto C-235/03) resolvió que dado que, sobre la base del Derecho nacional, no era posible incluir en el cálculo de las costas a las que podría ser condenado un particular obligado al pago de una deuda profesional, los gastos derivados de la intervención de un abogado o de un procurador en defensa o representación del acreedor en un proceso judicial de reclamación de dicha deuda, la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no podía servir por sí sola de fundamento a tal posibilidad. 

El problema de tanto recurso se debe a la deficiente redacción del apartado primero del art. 241 LEC cuando establece que tan sólo se incluirán en la tasación de costas los honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas, olvidando que puede no ser necesaria su intervención en el proceso y, sin embargo, tener cabida en la tasación de costas cuando se hubiera apreciado por el tribunal mala fe en la conducta del condenado en costas o el domicilio de la parte representada y defendida se encontrare en lugar distinto a aquel en que se hubiera tramitado el juicio (artículo 32.5 LEC). 

Y por si no tuviéramos bastante los arts. 23.2.1 y 31.2.1 LEC fueron modificados por la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, exceptuando la intervención de abogados y de procuradores en “los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley”. 

Como no podía ser de otra, esta peculiar técnica legislativa provocó opiniones enfrentadas sobre el art. 32.5 LEC en varios puntos; las primeras por su relación con los artículos 23 y 31 LEC y la segundas, más limitadas, por la interpretación del “domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio”. 

Antes de seguir, entiendo que no es materia propia de la tasación de costas la discusión sobre la preceptividad de la intervención de letrado y de procurador. Esto tiene que estar resuelto en sentencia. Suele ser una costumbre muy extendida la de postular sin más la condena en costas del contrario, para luego, cuando el Letrado de la A. de Justicia interpreta las normas reguladoras de la tasación de costas, comenzar un segundo debate sobre la cuantía del proceso – en los verbales y en algún ordinario que se nos haya escapado- y el carácter de la intervención del letrado y del procurador. Y del mismo modo que a nadie le extraña que la declaración de temeridad se haga en la sentencia, tampoco debería sorprender que se introdujera en ella la referencia al artículo 32.5 LEC. Sostengo, por tanto, que debe hacerse pronunciamiento expreso sobre la condena en costas, si bien y, cuando proceda, advirtiendo a las partes que se aplica el artículo 32.5 LEC

Sentado lo anterior tendríamos los siguientes supuestos: 

a) El límite cuantitativo fijado ahora en 2.000,00€ supone que el condenado en costas no deberá soportar los honorarios de letrado y de procurador en los juicios verbales que no superen esa cantidad. Otra cosa serán los gastos y, por eso insisto en la obligatoriedad de practicar la tasación de costas. 

b) Para los juicios verbales que no llegan al límite cuantitativo de 2.000,00€ se defendía la inclusión por razón de la “materia” y esto, que suponía una excepción porque la norma no distingue ningún juicio verbal por razón de la materia y tampoco suscitaba dudas el art. 253 LEC, cuando vincula la clase de juicio a la cuantía, encuentra ahora cierto sustento en la modificación de los arts. 23 y 31 LEC por la Ley 42/2015. 

c) En el juicio cambiario que termine por pago y en todas las ejecuciones de título no judicial se incluirán los honorarios y los derechos con independencia de la cuantía de la reclamación y del pronunciamiento sobre la condena en costas. Sobre las últimas, nada dice el art. 539.1 LEC, pero habida cuenta el régimen unitario de todos los procesos de ejecución (incluidos los acuerdos de medicación y los arbitrajes), el límite cuantitativo en unas y otras ejecuciones, podría y debería fijarse en el importe de 2.000,00€. Lo contrario implica la clara infracción de ese único régimen normativo y además, supone hacer de peor condición a unos determinados acreedores y deudores (ejecuciones de título judicial). 

Respecto a la segunda cuestión, la expresión “domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio” sigue dando vueltas en las Audiencias Provinciales y ha sido interpretada en diferentes sentidos, entendiéndola bien como la circunscripción territorial a la que se extiende el partido judicial, bien como sinónimo de término municipal o de "ciudad, villa o población" donde se tramita el juicio correspondiente; aunque en caso de personas jurídicas se abran vías de flexibilización cuando el domicilio legal se encuentra establecido fuera del lugar donde se desarrolla el pleito, pero con sucursales o establecimientos en dicho lugar. 

El domicilio de las personas jurídicas requiere una explicación más detallada. Acudo para ello a la SAP VIZCAYA, 503/2010, Sección 3ª, 27 de Octubre de 2010 (ROJ SAP BI 1632/2010). El Código Civil habla de domicilio, estableciéndolo en aquel lugar que determinen los estatutos o, en su defecto, en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto (artículo 41 CC); y cuando se trata de sociedad anónima, en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en que radique su principal establecimiento o explotación (art. 6 LSA). El domicilio de las personas jurídicas viene pues a identificarse con cualquier lugar donde la entidad ostente una mínima infraestructura material y humana (sucursales, agencias, delegaciones, establecimientos abiertos al público etc.) y a la vez, el art. 51.1 LEC , en relación con los artículos antes citados, admite que las personas jurídicas sean demandadas "en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado, para actuar en nombre de la entidad", de forma que, en su representación pueda obrar en el pleito cualquiera de sus dependientes o apoderados sin necesidad de desplazamiento. 

Fuera de este caso solo serán recuperables los honorarios del abogado cuando el tribunal aprecie “temeridad” en la conducta del condenado en costas, aunque siempre en función de la cuantía del pleito.

20 abril 2016

Competencia en la Jura de cuentas y naturaleza de los Letrados de la A. de Justicia.


En ese debate de dos minutos de duración (y de preocupación e interés de quien redacta) sobre la naturaleza del Cuerpo de Letrados de la A. de Justicia ha vuelto a intervenir la Sala especial del Tribunal Supremo en el Auto de 17 de marzo de 2016 (Roj: ATS 2648/2016), resolviendo un interesante conflicto negativo de competencia suscitado entre un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y un Juzgado de Primera Instancia, en relación con una impugnación de honorarios profesionales por indebidos formulada por un Ayuntamiento

El Ayuntamiento interpuso demanda de impugnación de honorarios profesionales por indebidos contra un abogado, en relación con la suma reclamada por éste (174.744,82 euros) como consecuencia de su intervención como Letrado del Consistorio en un procedimiento ordinario seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Planteada por el demandado declinatoria de jurisdicción -por entender que el enjuiciamiento del asunto no correspondía a la jurisdicción civil- el Juzgado de Primera Instancia dictó auto en el que estimó la citada declinatoria de jurisdicción y declaró la falta de jurisdicción del Juzgado por corresponder su conocimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dictó también auto en el que declinó la competencia de este Juzgado y orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el conocimiento del asunto, por corresponder el mismo al orden civil y suscitó conflicto de competencia ante la Sala Especial del Tribunal Supremo. 

En el asunto sometido a debate un abogado que ejerció la defensa jurídica del Ayuntamiento en un procedimiento contencioso-administrativo seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana instó, al amparo del art. 35 LEC un procedimiento de jura de cuentas frente a LA Corporación -en relación con su minuta de honorarios - que concluyó con un Decreto del Letrado de la Administración de Justicia de fecha 7 de octubre de 2013 en que se determinaba que la cantidad que había abonarse ascendía a la suma de 174.744,82€. 

El Ayuntamiento interpuso demanda civil frente al Letrado por considerar que los honorarios profesionales fijados en aquel Decreto eran indebidos al estar incluida la actividad profesional del mismo en un contrato (administrativo) de prestación de servicios de defensa jurídica y judicial adjudicado al citado abogado. La discrepancia entre los órganos judiciales se sustentó en la distinta naturaleza jurídico-material de la pretensión que el Ayuntamiento ejercita. Mientras que el juzgado civil consideró que no podía enjuiciar un asunto que requería el análisis de la interpretación y eficacia de un contrato público, el contencioso-administrativo entendió que no podía conciliarse la reclamación que la Administración dirigía a un particular con la estructura del proceso contencioso-administrativo, al no existir Administración demandada, ni actividad administrativa susceptible de impugnación. 

El Tribunal Supremo resuelve que la pretensión que la Corporación municipal ejercita frente al letrado se ampara en los efectos que atribuye a un contrato administrativo (de servicios de defensa y asistencia jurídica) y siendo cierto que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa atribuye a los órganos de dicho orden jurisdiccional el conocimiento de las pretensiones que se susciten en relación con " los contratos administrativos", lo es también que la competencia de estos mismos órganos requiere, imperativamente, "una actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo" (artículo 1.1 de la propia Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), que ha de concretarse en la existencia de un acto administrativo, disposición o resolución en la que se exteriorice la voluntad de alguna de las Administraciones Públicas reseñadas en el artículo 1.2 de la repetida Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En otras palabras, el proceso contencioso-administrativo exige una actividad administrativa susceptible de impugnación que pueda imputarse a alguna de las Administraciones Públicas legalmente previstas.


Es evidente que el secretario judicial (actual Letrado de la Administración de Justicia) no constituye una Administración Pública encuadrable en alguna de las previstas en el último de los preceptos mencionados. Es claro también, a nuestro juicio, que las resoluciones que dicho órgano dicte no son impugnables autónomamente ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, como si de actos administrativos se tratase. 
En el caso de los Decretos determinando la cantidad que ha de satisfacerse al procurador o abogado (que es el supuesto que ahora nos ocupa), la propia Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 34 y 35) rechaza su recurribilidad, afirmando que la decisión contenida en aquellas resoluciones" no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior".

La lógica consecuencia de lo expuesto es que la pretensión que el Ayuntamiento ejercita no podrá deducirse a través de los cauces de un proceso contencioso-administrativo, sino que habrá de efectuarse mediante la correspondiente demanda civil, en la que el órgano judicial competente podrá analizar, a los solos efectos prejudiciales, el contenido, alcance y eficacia del contrato de servicios que, a juicio de la Corporación, vinculaba al profesional citado con el Ayuntamiento. Entendemos que ese, y no otro, es el " juicio ordinario ulterior " al que se refiere, en relación con Decretos como el que nos ocupa, el art. 35 LEC.

18 abril 2016

Cómo nos entré un concurso nos vamos a partir y a mondar.


Esos maravillosos lunes de calorcillo con lupa (no se preocupen, nos les aburriré otra vez con la hormiga y el cactús que mora fallecido en mi despacho) y de Bankia y sus accionistas, no suelen tener otra novedad que el tiempo que perdemos en Sala con perjudicialidades resueltas; Sentencias del Tribunal Supremo que se leen a cachos; acuerdos que parecen desistimientos, pero que tampoco son allanamientos y, costas hasta el momento de la vista, suponiendo que la vista sea lo que estamos haciendo en dos minutos y algo. 

Y dejando al margen que hoy no se le ha caído a nadie ninguno de los archivadores que adornan todos los tabiques de pladur del Juzgado y que ocupan la mitad del pasillo de emergencia y, que un tercio de la plantilla ha disfrutado de una interesante jornada de formación de dos horas sobre Cicerone, que nadie sabe de lo que va a servirnos, permanece amenazante sobre la mesa de mi despacho una solicitud de comunicación concursal del art. 5 bis LC. 

Desde que el legislador de no recuerdo qué mes del año pasado tuvo a bien competenciarnos a los instancia en el concurso de las personas físicas y viéndole los cuernos al toro solicité y resolicité que nos dieran acceso a los modelos de los Mercantiles; no sé si alguien habrá pedido formación en la materia (sic) y desconozco si algún aventurado lo ha hecho respecto a la entrega de manuales o de cualquier cosa que nos permita orientarnos con una ley (la concursal) que se ha modificado en no sé cuantas ocasiones y que tiene artículos de imposible lectura, no hablemos ya de la comprensión y de la interpretación del mandato en cuestión. En cualquier caso les deseo a unos y a los otros paciencia y feliz año 2017, porque no lo veo antes; tampoco después pero no vayamos a quitarle a nadie la ilusión. 

Sigo con lo mío que me pierdo. El éxito de la petición de tirar del modelaje de los Mercantiles ha sido ninguno y aunque piensen que estoy exagerando porque la comunicación del famoso art. 5 bis LC, cuya utilidad se me escapa en el caso de una persona física, se resuelve con un Decreto (salvo que el Tribunal Constitucional tenga a bien decirnos otra cosa dentro de tres años), no deberían olvidar que atrae la competencia para el concurso posterior y, aquí sí que la cosa se pone seria o, para partirse y mondarse (mano derecha a la altura del estómago moviéndola hacia delante y hacia atrás y la misma mano derecha dando vueltas sobre la cabeza), que es lo que por lo visto hacen los enanos en el patio del colegio. 

Esta mañana había pensado pedir desde esta tribuna algún enlace o fuente fiable de modelaje, pero después de hablar con la vecina del Juzgado colindante creo que tiraremos de USB y de compañero de lo Mercantil para solucionar el pequeño problema logístico que nos afecta.

Mañana será martes y seguramente tampoco habrá nada nuevo bajo el sol.

12 abril 2016

A ver si en Europa nos resuelven lo de las cesiones de crédito (que ni son cesiones, ni de un crédito)


El Diario Oficial de la Comunidad Europea publica la petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo (España) el 6 de enero de 2016 en un asunto seguido a instancia Banco Popular Español S.A. y PL Salvador, S.A.R.L. (Asunto C-7/16) sobre las conocidas CESIONES DE CRÉDITO, que ni son cesiones, ni de un crédito.


Cuestiones prejudiciales 
1) ¿Debe interpretarse la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz de los artículos 38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2), en el sentido de que es contraria a las mismas una interpretación jurisprudencial de una disposición legislativa de un Estado miembro, como el artículo 1535 del Código Civil español, que limite su aplicación a fase declarativa hasta que se dicte sentencia, impidiendo su aplicación a fase ejecutiva una vez se haya dictado sentencia o habiendo transcurrido el plazo sin haber contestado a la demanda, y entretanto no se satisfaga totalmente el crédito del acreedor? 
2) ¿Se oponen a las normas de la Unión Europea citadas en la primera cuestión una norma de Derecho interno, como el artículo 1535 del Código Civil español, que permiten la cesión a un tercero de un crédito litigioso en el que sea parte un empresario, por un lado, y un consumidor, por otro, sin que se exija una notificación fehaciente al referido consumidor del hecho mismo de la cesión, su título o razón de ser, y sin que sea preciso que se indique, documentalmente acreditado (y en todo caso), el precio cierto por el que se adquirió el crédito, señalando la quita o descuento realizado? 
3) ¿Debe entenderse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo de 1978, en el asunto [106/77], Simmenthal (3), en el sentido de que, en aras de la consecución del objetivo de la Directiva mencionada en la primera cuestión, a la luz de los artículos 38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el juez nacional no debe aplicar las disposiciones de Derecho interno, como el artículo 1535 del Código Civil español, que impide ejercer el retracto de créditos litigiosos en el mismo procedimiento en el que se ejecuta el crédito cedido, exigiendo al consumidor la carga de iniciar un nuevo proceso declarativo en el plazo de caducidad de 9 días tras la notificación de la cesión, con los costes que de ello se derivan (abogado, procurador, tasas judiciales, determinación del juzgado competente cuando el cesionario no tiene domicilio en España,…) contra el nuevo titular del crédito cedido para proceder al retracto?.

06 abril 2016

Del Monte Badón a una lluvia sin nubes (1994-2016)


Desde que entré en la casa interioricé – que diría el psicólogo- el complejo de galo vecino de Asterix y Obelix. El certificado de la fe pública me lo firmó Belloch y los sucesivos trienios Mariscal de Gante, Michavilla, Acebes, López Aguilar y Bermejo -ya que ando escaso de protocolo elijan los lectores el Ilmo. o el Excmo. para ubicarlo delante del apellido- y, salvo Mariscal de Gante, cuya honestidad reconozco porque nos ignoró “ab initio” y sin recato; los demás una vez agarraban el primer atril que les ponían a tiro, calificaban al entonces Cuerpo de Secretarios Judiciales de elemento fundamental para el desarrollo de la civilización occidental y para la reforma de la oficina judicial; cuyos cursos, como bien sabemos, corren paralelos, más o menos, desde el reinado de los Reyes Católicos. 

En aquellos años (1993-2004) cada mando traía bajo el brazo derecho o el izquierdo, la reforma definitiva de lo segundo que se le ocurría (recuerden que lo primero era potenciar al Cuerpo de Secretarios Judiciales) y así, se amontonaron las reformas del Código Penal, de las Leyes de Enjuiciamiento, del Menor y de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por supuesto, la introducción del Jurado, que por aquí querían tres, quizá cuatro personas, pero que quedaba muy contemporánea y permitía la convergencia con los países de nuestro entorno. Convergencia, que dicho sea, también buscó el Consejo General del Poder Judicial con ese Libro Blanco del año 1.997 y sus palmaditas en la espalda a los buenos chicos del Cuerpo de Secretarios Judiciales. Todavía recuerdo el aroma de la plantación de algodón regada por el rio Mississippi. 

No se vivía mal en la aldea. De vez en cuando había un festín con Asuracenturix, el bardo, atado al árbol y las guarniciones romanas de Babaórum, Acuárium, Laudánum y Petibónum no pasaban del Boletín Oficial del Estado; además, como los manuales de instrucciones de cada invento venían en godo, o no venían, no pasaba medio año sin que los respectivos equipos ministeriales estuvieran ocupados con la segunda reforma de la primera reforma, que se suponía definitiva. Este quehacer no tiene nada que ver con Groucho Marx, aunque lo parezca, sino con la imposibilidad de romper un forjado a cabezazos, que suele ser lo tercero que se le ocurre al legislador (recuerden nuevamente que lo primero es potenciar al Cuerpo de Secretarios Judiciales). La costumbre patria de hacer los experimentos con dinamita, cuando lo apropiado es la gaseosa, logra resultados espantosos para el vecindario, pero tiene entretenido al legislador que así no molesta al funcionariado de las respectivas casas. Un sencillo ejemplo: la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, tan meditada y académica ella, se ha reformado ya en cuarenta y ocho ocasiones en los años 2002 (1), 2003 (7), 2004(1), 2005(1), 2006 (2), 2007 (2), 2009 (3), 2011, (8), 2012( 2) 2013(5), 2014 (6) y 2015 (10) 

Pero mientras engullíamos jabalís (aclaro que en los festines de la aldea se come jabalí), las Sentencias del Tribunal Constitucional seguían reforzando nuestra cultura y nuestro regreso a la Edad Media; ahora nos falta restaurar algún par de castillos, aprender a montar a caballo y a tirar con arco, porque de los lanzadores de las Baleares (fuerza auxiliar de cualquier Legión que se preciara) cualquiera se fía. O mejor, tirar de leyenda. Cuenta una de ellas que en la Batalla del Monte Badon fuerzas británicas, romanas y celtas derrotaron a una incursión anglosajona proveniente del norte aproximadamente en el siglo VI. La batalla aparece novelada por Massimo Manfredi en ”La última Legión”-cuya lectura sí recomiendo aunque se hace un poco pesada porque parece que Rómulo Augusto y su escolta nunca llegan a Britania-, que la convierte en leyenda, con una IX Legión que permanece leal a Roma y una espada Caliban de Julio Cesar que se convierte en la Excalibur del Rey Arturo. 

La leyenda se convirtió en pesadilla en el año 2008 con el caso Mari Luz y con la intervención de una ex compañera (lo de la cuña de la madera o algo por el estilo) buscando dos cabezas de turco, que provocó una rebelión de Jueces y Magistrados que siguió a la que ya habíamos iniciado nosotros; lástima que ellos siguieran y nosotros volviéramos a la aldea a comer jabalí. 

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2.003 y la posteriores de los años 2009 y 2015, nos han colocado muy próximos al vacío si es que alguno (o algunos) no han (o hemos) decidido cerrar la puerta y esperar a que el último apague la luz, pero parece evidente que no tendremos nuestro particular Monte Badon porque romanos, lo que se dice romanos, no se encuentran ya en ningún sitio. 

Esto no es malo, ni bueno, es el presente de un pasado que ha venido impuesto y, solo faltaba que a estas alturas de la película quien redacta estas líneas osara calificar o valorar (o empleen el verbo que les dé la gana) dicha situación. No, lo de pista que va el artista se lo dejo a quien ande sobrado de flexibilidad y musculatura y, más teniendo en cuenta la estupendísima situación que deben padecer los Letrados destinados en los Juzgados Mixtos, suerte de orden jurisdiccional que se distingue de los demás por la cantidad de experimentos de toda clase que se realizan en sus instalaciones. 

He escrito Letrados porque llegamos al final de la leyenda o, mejor al del cuento y si quieren que les diga la verdad no hay romanos, ni galos comiendo jabalíes porque estamos en un curiosísimo proceso de conversión al Ejército de Salvación, en el que faltos de banda de música, paloteamos la estadística, tecleamos números en una aplicación bancaria (ninguna administración gestiona fondos de esa forma) y hacemos de correa de transmisión de las más variopintas comunicaciones, circulares y avisos entre la jerarquía, toda clase de instituciones y la oficina judicial, con camino de vuelta en no pocas ocasiones. 

El aislamiento hace mucho en este sentido (no tenemos, por ejemplo, un correo corporativo para la carrera) y, por supuesto, sería imprescindible la existencia de puestos elegidos democráticamente (como los Jueces Decanos) que deba rendir cuentas hacia abajo y no hacia arriba y que no se crearan nunca, así que si lo piensan está lloviendo e incluso diluviando, pero no verán una sola nube en el cielo.


04 abril 2016

La suspensión del lanzamiento por prejudicialidad penal.



Cuando el adquirente de una finca lo solicite, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado (art. 675 LEC). La petición de lanzamiento se notificará a los ocupantes indicados por el adquirente, con citación a una vista en la que podrán alegar y probar lo que consideren oportuno respecto de su situación. El Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolverá sobre el lanzamiento, que decretará en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieren sin justa causa (art. 675.3 LEC). 

Pero ¿qué ocurre cuando el ocupante se persona y solicita la suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal? Planteado el primer interrogante aparecen inmediatamente otros dos: la posibilidad que un tercero ajeno en principio a la ejecución formulara esta clase de peticiones y, si deberíamos analizar por separado cada clase de ejecución, pues la hipotecaria finaliza con el Decreto de adjudicación y el resto de las ejecuciones con el dictado del Decreto del art. 570 LEC. 

En cuanto a los derechos del tercero se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones. El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) «garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se dicte en un proceso judicial el derecho a conocer su existencia, a fin de que tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos». Y esta necesidad de promover la defensa, en la medida de lo posible, mediante la debida contradicción, impone a los órganos judiciales un especial deber de diligencia que tiene especial importancia en el proceso de ejecución. En concreto, y por lo que respecta a la posibilidad de intervenir en un proceso de ejecución, el derecho a la tutela judicial efectiva habilita a quienes ostenten algún derecho o interés legítimo que pueda verse afectado por los actos de ejecución a comparecer y actuar en el procedimiento, aunque no hubieran sido parte en el proceso principal y a este fin los arts. 270 LOPJ y 260.2 LEC exigen que las resoluciones judiciales se notifiquen no sólo a las partes procesales, sino también a las personas a quienes se refieren o puedan causar perjuicio (SSTC 229/2000, de 2 de octubre, y 56/2001, de 26 de febrero) (vide STC, Sala Segunda, 190/2014 de 17 de noviembre de 2014) 

En consecuencia, concluye la STC, Sala Segunda, 190/2014 de 17 de noviembre de 2014 (LA LEY 170331/2014) «nuestra doctrina impone, con absoluta claridad, que la interdicción de la indefensión consagrada en el art. 24.1 CE implique a los órganos judiciales en el deber de velar por que quienes ostenten algún derecho o interés legítimo en un proceso de ejecución, aunque no hayan sido parte en el proceso principal, puedan comparecer y ser oídos en el mismo para garantizar su defensa, sin perjuicio del pronunciamiento que pueda recaer y de la posible existencia de otras acciones que puedan corresponder a los afectados (STC 43/2010, de 26 de julio, FJ 2)». 

Admitida la posibilidad de la intervención del ocupante en lo relativo al lanzamiento del inmueble, deberemos tratar por separado la ejecución hipotecaria de los demás procesos de apremio. En el primer caso nos encontraremos con un proceso finalizado en el que no habría nada que suspender, siendo así que la suspensión por la citada prejudicialidad penal del art. 697 LEC es muy clara cuando la sujeta a la acreditación, conforme a lo dispuesto en el art. 569 LEC, de la existencia de una causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución. Esto es, la suspensión se relaciona directamente con la falsedad de la escritura de hipoteca o con la ilicitud del despacho ejecutivo y, dejando al margen singularidades que no nos afectan, ningún ocupante podría acreditar tales particulares. En suma, se produciría el lanzamiento sin perjuicio de acudir a un proceso declarativo posterior. 

No llegamos a otra conclusión cuando el ocupante haya tenido alguna clase de relación contractual con el ejecutado y esa sea la causa de la prejudicialidad. El art. 569 LEC es una mera modulación del art. 40 LEC, exigiéndose que la decisión de la causa sea determinante para la continuación del proceso de ejecución. En otras palabras, para que surja una cuestión prejudicial penal se requeriría como condictio iuris el carácter decisivo de la calificación jurídico-penal en la resolución del pleito civil. Y difícilmente podrá concurrir dicho requisito si el pleito civil está resuelto por sentencia firme y los hechos a que se circunscribe la investigación penal en manera alguna pueden determinar la falsedad o nulidad de la sentencia. 

La reciente STS, Sala 1º, 3 de febrero de 2016 (ROJ: STS 92/2016) aclara que cuando se pretende obtener la suspensión por prejudicialidad penal será preciso razonar de qué forma el pronunciamiento penal podrá condicionar la decisión del proceso civil, pues no obligará a suspender la valoración penal que puedan tener algunos de los elementos de convicción traídos al proceso civil. La prejudicialidad penal vendrá determinada por los hechos objeto del proceso, no por su valoración. Los tribunales civiles deberán partir de los hechos declarados probados por las resoluciones firmes dictadas por tribunales de la jurisdicción penal, y, en especial, no podrán basar su decisión en la existencia de unos hechos que una sentencia penal haya declarado inexistentes. Pero ello no impide que en cada jurisdicción haya de producirse un enjuiciamiento y una calificación en el plano jurídico de forma independiente y con resultados distintos si ello resulta de la aplicación de los criterios de valoración propios de una y otra jurisdicción y de los diferentes principios que informan el proceso civil y el proceso penal, o, más exactamente, el ejercicio privado de los derechos y el ejercicio del ius puniendi. Esto es, aunque la decisión del tribunal penal fuera absolutoria, ello no determinaría la desestimación de las pretensiones formuladas en este proceso civil, pues no relevaría al tribunal civil de aplicar, conforme a los criterios y principios que rigen el enjuiciamiento de las cuestiones civiles, las normas contables y las del mercado de valores. De tal modo que si en el proceso penal no se considerara acreditada la falsedad de los documentos, en el plano fáctico tal decisión no supondría tanto una declaración de inexistencia de hechos (ya hemos dicho que no existe controversia sobre los hechos fundamentales), vinculante en el proceso civil, como una afirmación de que no se había alcanzado el estándar de prueba exigible en el proceso penal.

Dicho de otra forma, una cosa es la falsedad del título por el que se despachó ejecución y otra bien distinta la relación del ejecutado con el ocupante y los hechos de apariencia delictiva en el segundo caso no afectarán, ni privarán de validez, a la ejecución del primero.