21 marzo 2016

Regreso al futuro V: a propósito de la STC de 17-3-2016 y los Letrados de la A. de Justicia.


Creo que el Tribunal Constitucional se ha llevado por delante un artículo de la Ley de la Jurisdicción contenciosa administrativa que regulaba la imposibilidad de acudir en revisión cuando el Letrado de la Administración de Justicia resuelve con una previa reposición. La enjundiosísima cuestión jurídica que había resuelto el entonces Secretario Judicial consistió en fijar la fecha de señalamiento de un juicio a tres años vista, lo que provocó un recurso de amparo y una auto cuestión de inconstitucionalidad el día 8 de octubre de 2013, que se resuelve curiosamente casi tres años después o sea, el 21 de marzo de los corrientes. 

En la sentencia se declara la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del art. 102 bis.2 LJCA y se precisa que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del Letrado de la Administración de Justicia resolutivo de la reposición será el directo de revisión al que se refiere el propio art. 102 bis.2 LJCA. 

Afirmación que sostiene en que el citado párrafo primero del art. 102 bis.2 LJCA, redactado por la Ley 13/2009 (―Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva‖), crearía un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los Jueces y Tribunales integrantes del poder judicial. El precepto cuestionado, en cuanto excluiría del recurso judicial a determinados decretos definitivos del Letrado de la Administración de Justicia (aquellos que resuelven la reposición), cercenaría, como señala el ATC 163/2013, FJ 2, el derecho del justiciable a someter a la decisión última del Juez o Tribunal, a quien compete de modo exclusivo la potestad jurisdiccional, la resolución de una cuestión que atañe a sus derechos e intereses y legítimos, pudiendo afectar incluso a otro derecho fundamental: a un proceso sin dilaciones indebidas. Ello implica que tal exclusión deba reputarse lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva que a todos garantiza el art. 24.1 CE y del principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE). 

¿Decreto definitivo el que fija el señalamiento de un juicio?, ¿creación de un espacio de inmunidad jurisdiccional?, ¿dónde?, ¿en qué parte del proceso?, ¿dilaciones indebidas?, ¿y eso lo afirma un Tribunal que ha tardado casi tres años en resolver una auto cuestión de inconstitucionalidad? y por cierto ¿en qué consistiría la decisión última de un proceso?, ¿no era la sentencia o el auto? (no me atrevo a escribir "Decreto" por si vulnero alguna inmunidad).

Curiosamente el mejor análisis jurídico de esta sentencia lo encontremos en Alejando Nieto, en un libro publicado en el año 2008 al que cito literal:
Cita:

“Desgraciadamente no duró muchos años tan prometedora situación y a partir de la fatídica sentencia de RUMASA – en la que por primera vez cedió a la tentación política-, el tribunal se ha ido deteriorando aceleradamente hasta caer hoy en el desprestigio más absoluto. 
En la actualidad ya no se elige a sus vocales por su competencia jurídica y temple moral, sino por su “fidelidad inquebrantable” al partido que les propone, de tal manera que en los asuntos delicados ya se sabe de antemano el sentido del voto de cada uno. Además, la conciencia de esta servidumbre, el saber que han sido nombrados para ratificar la política de su partido desestimula inevitablemente el esfuerzo técnico. Su jurisprudencia ha perdido totalmente la originalidad creativa de los primeros años. Se ha técnica, rutinaria, como corresponde a sus redactores reales: un cuerpo de letrados competentísimo, pero al que lógicamente no corresponde ir más allá de una hermenéutica formal, por muy correcta que sea. El empuje creador es propio exclusivamente de los magistrados que, en manos de sus letrados y atentos sólo a las instrucciones políticas, no se preocupan tanto del trabajo como de asistir a congresos internacionales y dar conferencias. El Secretariado del tribunal actúa de hecho como una agencia de viajes. Y, en fin, a falta de ocupaciones de más enjundia, lo que nunca desatienden son las cuestiones retributivas y de preeminencias embarcándose en ásperos conflictos con el Tribunal Supremo”.

Así que sumen o mejor resten: ¿un auto recurso contra el nuevo diseño de la oficina judicial? Y todavía habría alguien que esperaría otro resultado. 

1 comentario:

  1. Estoy de acuerdo con la deficiente técnica de la resolución. en materia de señalamientos, tras el art. 182 LEC redacción Ley 13/09, aplicable supletoriamente en los demás órdenes jurisdiccionales, no existe ámbito de inmunidad ni falta de control judicial, porque si el señalamiento no se ajusta a los criterios generales del tribunal, éste puede revisar de oficio el señalamiento, ex art. 185.3 LEC. El propio TC ha dicho que las dilaciones estructurales no vulneran el art. 24 CE. Saludos.

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.