Regreso al futuro V: de la STC de 17-3-2016 y de cómo el primo de Zumosol no defiende a España (ii).


La STC de 17 de marzo de 2016 ya tratada en el comentario anterior, no soporta ningún análisis jurídico y no lo hace porque su examen deberá ser estrictamente político. Que en su redacción se hagan citas a dos derechos fundamentales (recordemos que pese a todo es una sentencia) no ocultan, ni puede hacerlo, sus antecedentes históricos, que se remontan al año 1985. 

En el año 2014 publiqué un libro de nulo éxito editorial titulado Reforme usted la justicia que a mí me da la risa en el que dediqué un Capítulo al Tribunal Constitucional del que extraigo los párrafos que dejo en este comentario (y no tenía una bola de cristal, ni falta que hacía): 

De cómo empezó todo. 

El curioso estado de nuestra Justicia se lo debemos a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, que introdujo en el gobierno del Poder Judicial el sistema de las ganaderías al que pronto se sumaron los de un lado, los del otro y los del más allá y que atrapó al Tribunal Constitucional y a sus Sentencias. 

En el año 1990 los Excmos. Sres. Don Eugenio Díaz Eimil, Don Luis López Guerra y Don Vicente Gimeno Sendra alumbran en la sentencia 56/1990 la doctrina de la «administración de la administración de justicia». Tan sesudo pensamiento concluyó que lo que la Constitución perseguía al atribuir al Estado una competencia exclusiva era el aseguramiento de un núcleo irreductible que garantizara los elementos estructurales básicos del Estado (la potestad jurisdiccional y la configuración abstracta de los órganos judiciales), pudiendo atribuirse a las Comunidades Autónomas el resto de las funciones a través de sus Estatutos y en virtud de la cláusula residual del art. 149.3 CE. Por ello, la provisión de medios materiales y económicos, integrada en la «administración de la Administración de la Justicia», podía ser asumida por las Comunidades Autónomas (art. 149.3 CE). 

Diez años después Mendizábal Allende – en un voto particular a la Sentencia del mismo Tribunal de 13 de abril de 2.000– definió la «mutación constitucional», como un cambio del contenido de las normas que, conservando la misma redacción, adquirían un significado diferente. La Constitución, sin utilizar sus mecanismos de reforma, se había ido transformando y deformando y con la donosa invención de una singular categoría, la «administración de la Administración de Justicia», se hizo entrar a un personaje que no estaba en el reparto, el Poder Ejecutivo, único poder real con una imparable tendencia expansiva. Les explicaré, si me permiten, el razonamiento. 

El famoso «núcleo irreductible» es ahora lo más parecido a la aldea de Astérix y Obélix y los Jueces, Poder del Estado, están en la aldea, pero todo lo demás, personal y medios materiales, que no son Poder del Estado y por ende, divisibles, detrás de los campamentos romanos. 

Las Comunidades Autónomas asumieron la competencia con la lealtad que las caracteriza y salvo Madrid, que no quería la transferencia ni después de una noche de copas, gozamos de ocho aplicaciones informáticas incompatibles, catorce sueldos diferentes, diez formas de gestionar, ocho formas de hacer edificios, siete clases de papel de oficio (que ya ni es papel, ni es de oficio, porque es tan malo que estropea las impresoras), cinco clases de cursos sobre idiomas y peculiaridades forales y una burocracia que se ha multiplicado por siete. 

Frente a la obligada parálisis del ejecutivo central dedicado a controlar los asientos en los sucesivos Consejos Generales del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas, constituyeron el día 23 de octubre de 1999 la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia. En un documento de 14 de febrero de 2000 aprobaron el Protocolo para la planificación y desarrollo de la demarcación y de la planta judicial, y de los estudios iniciados para la reforma del estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia, de modo que se lograra la implantación de un nuevo modelo de oficina judicial y se permitiera ampliar las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia. 

Las Comunidades Autónomas reclamaron una posición de igualdad con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para la planificación, desarrollo de la demarcación y de la planta judicial y para las fechas de puesta en funcionamiento e inicio de actividades de las Secciones, Juzgados y plazas de Magistrado de nueva creación. Todo muy lógico bajo el principio general del derecho de que “quien paga manda”. 

Cuatro años después siguen funcionando los diecisiete sistemas informáticos, pero la falta de dinero ha paralizado nuevos inventos, gestiones novedosas o apaños de salón, como el de los Consejos Autonómicos de Justicia que pretendían implantarse en las Comunidades Autónomas para hacerle la cusqui al Consejo General del Poder Judicial. 

De cómo siguió todo. 

El Tribunal Constitucional no previó el triunfo del plural (ahora tenemos «administraciones de las administraciones de las justicias»), ni la derrota de la «competencia», que ha perdido todas las carreras que ha disputado con la «foralidad» y la «cultura». No escribo sobre la «eficacia» porque me da la risa tonta, ni sobre la «gestión racional» porque de tonta, la risa, pasa a floja. Pero claro, la presión debía ser terrible porque si dos más dos son cuatro, en justicia puede ser cualquier cosa. He citado antes un voto particular a una sentencia del año 2000, que se quedó en la nada porque en la Sentencia 253/2005 el Tribunal Constitucional, en una de esas piruetas de difícil explicación jurídica se descolgó, analizando una norma vasca del año 1998 con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el momento del enjuiciamiento (la del año 2003) y se pronunció a favor del Gobierno Vasco. Prisa, lo que se dice prisa, no se dieron en resolver el recurso, pero una pirueta no solo depende del tiempo sino del entrenamiento y del artista. 

Llamo la atención sobre dos extremos: 

(i) El Decreto vasco objeto del conflicto –número 63/1998, de 31 de marzo- fue sustituido por el Decreto 309/2000, de 26 de diciembre, impugnado ante el Tribunal, que también tenía pendiente de conocimiento un conflicto positivo de competencia contra el Decreto del Gobierno Vasco 117/2001, de 26 de junio, de medidas para la normalización lingüística. La sentencia entendió que se trataba de incidencias posteriores que no podían llevar a la total desaparición sobrevenida del objeto del recurso, máxime cuando las partes sostenían expresa o tácitamente sus pretensiones iniciales, lo que condujo al criterio que cuando «tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo persiste el interés en la determinación de la titularidad de la competencia controvertida debemos acometer su enjuiciamiento» (STC 128/1999, de 1 de julio). 

(ii) La Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor en el momento del planteamiento del conflicto no contenía regulación específica sobre las plantillas de los cuerpos al servicio de Administración de Justicia motivo del recurso. En resumen, el Tribunal buscó la solución más sencilla garantizando a cualquier Comunidad Autónoma una peculiar intervención en la exégesis de los conceptos. Valentía interpretativa que sigue, por cierto, la senda marcada por las Sentencias STC 56/90, STC 62/90 y STC 105/00; puertas abiertas que hacen posible la intervención autonómica en las infraestructuras administrativas del poder judicial. Más tarde, la Sentencia Tribunal Constitucional 270/2006, de 13 de septiembre, estimando muy parcialmente el conflicto positivo de competencia que promovió el Gobierno, declaró la inconstitucionalidad del art. 7.1 y la disposición adicional tercera del citado Decreto 117/2001. Esta Sentencia declaró la constitucionalidad de la creación de los «coordinadores de las áreas de informática y relaciones con terceros». 

Perdonarán la licencia, pero si alguno está interesado en dicha figura le remito a la sentencia porque me niego a enrollarles en juegos de palabras jurídico-organizativos. Señala la sentencia que la introducción en los Juzgados de la figura del Coordinador no quebraba las funciones del Secretario judicial, ni perturbaba el funcionamiento de la oficina judicial, pues las funciones de coordinación se desarrollarían bajo su dirección e, incluso, se someterían a la superior dirección del juez o magistrado. En teoría la Constitución no ha querido atribuir a las Comunidades Autónomas ámbito alguno de gobierno del Poder Judicial, (inaplicabilidad del principio autonómico al Poder Judicial) lo que no significa que éste sea ajeno a la organización territorial de España. Y aquí aparece el último hito de un camino que parece no acabar nunca. La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, introdujo un cuarto, pero destacado actor, en el reparto competencial. 

El art. 103 atribuye a la Generalidad la competencia normativa sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, dentro del respeto al estatuto jurídico de ese personal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial advirtió que este artículo incurría en un supuesto de inconstitucionalidad, aun cuando una futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial adaptase esta norma a los designios estatutarios. La Sentencia Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, resolvió cuatro años después un recurso de inconstitucionalidad contra el citado Estatuto, que solo ha perdido vigor por la financiación. 

No vayan a pensar que el citado art. 103 ha merecido la declaración de inconstitucionalidad o, que los Consejos Autonómicos de Justicia no se hayan terminado implantando por la falta de candidatos en lista de espera. 

El primo de Zumosol no defiende a España. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto Catalán fue lo de menos y más cuando el entonces Presidente del Gobierno de España ya adelantó la posibilidad de puentear el fallo con «iniciativas» para «reforzar el desarrollo del Estatut», que no sé lo que son, pero que no podía conducirnos a nada bueno. El respeto a la división de poderes es esencial en cualquier estado civilizado o, mejor dicho el equilibrio de poderes, pero en España, desde hace mucho tiempo, todos sabemos que ese respeto brilla por su ausencia y gracias, sea dicho, a los integrantes del primer y ya único poder: el político. Y el político español (incluidos los catalanes) nunca respeta las reglas del juego, nunca. 

Hacía falta valor, el propio de la institución que se representa para defender a España y no lo hubo. No es de extrañar que también, desde hace mucho tiempo, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias, por ejemplo, tengan mayor interés y relevancia y sobre todo mayor calidad. 

Así que en esto de la reforma de la justicia española siempre queda al margen el Tribunal Constitucional y su sede cuasi galáctica en Madrid, lo que explica muy bien el profesor Alejando Nieto, en su libro «El desgobierno de lo público», Editorial Ariel. 

Años después algunos de los ex Magistrados del Tribunal Constitucional en tropa de rubricantes afirmaron en un manifiesto que:
Cita:

«Los Juzgados y Tribunales españoles, considerados en conjunto y también uno por uno, acusan ya problemas importantes relacionados con la obligada dependencia de varios distintos centros de decisión: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y, en muchos casos, las Comunidades Autónomas».

Un poco tarde vino lo de Bildu, la dimisión de tres Magistrados y una pelea barriobajera contra el Magistrado del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, publicada en el BOE de 25 de mayo de 2011. Cito el caso pero no es único. El Tribunal Supremo suele defenderse y la Sala 1º (Civil), la Sala 2ª (Penal) y hasta la 3ª (Contencioso- Administrativa), se suelen tomar muy a la toga que un órgano político ande tocando las sentencias cuatro años después porque la grapa se colocó a veinte grados sur y, no pierden ocasión en sacar los codos en cada rebote a ver si alguno o alguna pierde un diente. O, si prefieren un tono más jurídico: el Tribunal Constitucional no es la cuarta instancia judicial, pese al empeño en sentido contrario. 

Si han sido pacientes ahora verán porque citaba al primo de Zumosol en el título del epígrafe. El Boletín Oficial del Estado del día 18 de octubre de 2013 publicó que el Pleno del Tribunal Constitucional, había acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Tribunal, en un recurso de amparo en relación con el art. 102 bis, apartado 2, de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por posible vulneración del art. 24.1 CE. 

Lo que establece ese precepto es que contra el decreto del Secretario Judicial resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva. Y que cabrá recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento, impidan su continuación o contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea. 

No nos atrevemos con las Comunidades Autónomas, pero sí con los Secretarios Judiciales. 

Y aquí se acaba la historia con su manto jurídico, que no impide afirmar que no hay nada nuevo bajo el sol.

Por si algún lector está interesado en el libro pinche AQUI

Comentarios

  1. Estimado Res Hostium: me parece curioso que diga que esta sentencia "no soporta ningún análisis jurídico". Y me parece curioso porque una cosa es que no soporte ese análisis, y otra que Vd. se abstenga totalmente de hacerlo. Si adolece de tantas inconsistencias desde el punto de vista jurídico, estaría bien que nos las revelase. Resulta muy cómodo dejarse el rigor jurídico en el perchero y utilizar las miserias institucionales del TC para despreciar las sentencias que no nos gustan.

    Pero es que, además, el análisis en "clave política" que Vd. hace no tiene ningún sentido: parece ver esta sentencia como un capítulo más en la historia de la colonización del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, cuando es justo lo contrario. Si uno de los instrumentos de esa colonización política (aparte de la cantinela de la "administración de la Administración de Justicia) fue la dichosa NOJ y su impulso a la figura del Secretario, lo que hace esta sentencia es revertir el proceso: le quita al Ministerio de Justicia (al que Vd. pertenece aunque no le agrade) algunas parcelas del proceso que éste había ido arañando y se las devuelve al juez. Es una sentencia "contratendencia" que, francamente, no creo que haya gustado a ninguno de los grupos políticos a cuyos intereses suele plegarse el Constitucional.

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    1. Sr. Lafuente:

      En primer lugar le doy las gracias por participar en esta bitácora y le pido disculpas por el retraso en la publicación y en la contestación (cuestiones ajenas a la voluntad del redactor).

      En segundo lugar y entrando en el fondo del asunto que plantea, verá que en el comentario cito diferentes sentencias del Tribunal Constitucional en las que tuvo la oportunidad de revertir la colonización del poder judicial con la "administración de la administración de justicia", un invento de dicho órgano del que resultan todos los males posteriores y que tanto mal ha hecho (dejando al margen la LOPJ de 1985). No se hizo, ni se hará y precisamente porque es un órgano político-jurídico el que resuelve, siendo el último ejemplo el de la sentencia sobre el Estatuto Catalán.

      Y en tercer lugar, si ha leído otras publicaciones en esta bitácora, no soy partidario de la NOJ y menos como se ha hecho, pero sorprende que el Tribunal Constitucional entre en una cuestión sobre el que el control del Poder Judicial es absoluto: el del señalamiento de las vistas. De ahí la sorpresa y la crítica y, si me lo permite, el desacierto, porque en esa materia ni hay polémica en la actualidad diaria de los Juzgados (ni la había hace mucho tiempo) y lo único que va a conseguir es aumentar los recursos de trámite en el orden contencioso.

      En suma, no hay motivo para realizar ningún enjundioso análisis jurídico de esta sentencia y no se trata de gustos, sino de que la politización del Poder Judicial no arranca, ni se conserva en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y, de ahí que aquella no suponga (a mi entender) ninguna novedad respecto al camino recorrido desde el año 1985.

      Alberto Martínez

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