15 marzo 2016

La Directiva 93/13 afecta a la competencia territorial en asuntos de telefonía: el ATS 2 de marzo de 2016


El actor presentó ante los Juzgados de Ubeda una demanda sucinta de juicio verbal contra Vodafone España, S.A.U. con domicilio en Alcobendas en la que ejerció una acción individual de un consumidor contra una empresa prestadora de servicios de telefonía, en la que reclamó una indemnización por un servicio de portabilidad mal prestado, que le supuso el corte de la línea de su teléfono móvil.

El Juzgado declaró su falta de competencia territorial para conocer del asunto y la atribuyó a los Juzgados de Alcobendas, por tener en esa localidad la demandada su domicilio social (art. 51 LEC). El Juzgado de Alcobendas, también se declaró incompetente territorialmente para conocer del asunto, al considerar aplicable el art. 52.2 LEC, y planteó el conflicto negativo.

Para la resolución del conflicto negativo de competencia territorial en el ATS 2 de marzo de 2016 (ROJ: ATS 1644/2016) se parte de la consideración de que en el juicio verbal no será válida la sumisión expresa ni tampoco la tácita (art. 54.1 LEC). Cualquiera que sea la pretensión ejercitada en esta clase de juicio, la competencia territorial se determinará siempre de forma imperativa con arreglo a los fueros legalmente establecidos para cada caso: en primer lugar, el fuero especial que corresponda conforme a las previsiones del art. 52 LEC; y, en su defecto, los fueros generales relativos al domicilio o residencia del demandado (art. 50 LEC para las personas físicas y art. 51 para las personas jurídicas y entes sin personalidad). 

En segundo lugar se cita el criterio seguido en los Autos de 17 de mayo y de 5 de noviembre de 2004, asuntos nº 24/2004 y 73/2004 respectivamente. En estos dos precedentes las demandas de juicio verbal tenían por objeto reclamaciones derivadas de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles, precedidos de oferta pública. El conflicto negativo de competencia territorial se suscitó entre el tribunal del domicilio de la persona jurídica demandada, art. 51.1 LEC y el del domicilio del aceptante de la oferta, el del demandante, por aplicación del art. 52.2 LEC. La competencia se atribuyó al tribunal del domicilio de quien había aceptado la oferta. Las resoluciones destacan que la finalidad del fuero contenido en el mencionado art. 52.2 LEC es la de proteger a los asegurados, compradores, prestatarios y aceptantes de servicios o bienes muebles. 

Pues bien siguiendo la doctrina que emana de las citadas resoluciones, se atribuyó la competencia al Juzgado de Úbeda, en aplicación de la regla imperativa de competencia prevista en el art. 52.2 LEC. Se destaca que el art. 52 LEC contiene, en materia de competencia territorial, una lista de supuestos en los que no se aplicarán las reglas de los artículos anteriores -fueros generales de los arts. 50 y 51 LEC -, sino una serie de fueros especiales que la casuística del precepto recoge.
Por dichas razones:

Aun cuando pueda ser dudoso el factor de la oferta pública precedente al contrato en el caso concreto, no lo es que la demanda tiene por objeto una reclamación de un consumidor contra una empresa de telefonía por un defectuoso servicio de portabilidad. Lo decisivo es que en la demanda se ejercita la acción individual de un consumidor, factor determinante de una interpretación favorable a dicho consumidor, conforme a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril (cuya trasposición al Derecho interno, tras la STJUE de 9 de septiembre de 1994, se llevó a cabo por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios). Seguir otro criterio podría mermar el derecho a la tutela judicial efectiva del consumidor demandante..

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