29 marzo 2016

Bankia podrá ser demandada en Madrid (ATS. 16-3-2016)


En el año 2015 se presentó en Madrid, demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción principal de anulabilidad de una orden de adquisición de valores, tras la oferta pública de suscripción de acciones de la entidad "Bankia S.A.", dictándose por el Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid, auto por el que declaró su falta de competencia territorial y ordenó remitir los autos al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Valencia, en atención al domicilio social de la entidad bancaria.

Recibidas las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Valencia, dictó auto de fecha 20 de enero de 2016 en el que se rechazó la inhibición acordada por el Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid y planteó conflicto negativo de competencia en el Tribunal Supremo. En esta resolución se argumentó que el domicilio de la efectiva administración y dirección de Bankia era Madrid, de conformidad con los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital.

Dice el ATS, Sala 1ª de 16 de marzo de 2016 (Roj: ATS 2106/2016) que en la resolución del conflicto negativo de competencia territorial hemos de partir, de conformidad a la pretensión principal ejercitada en la demanda -nulidad por vicio en el consentimiento de la orden de adquisición de valores tras la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia-, de la aplicación del fuero competencial previsto en el art. 52.2 LEC, referido a los contratos relativos a bienes muebles cuya celebración hubiere sido precedida de una oferta pública. En este sentido el ATS de 8 de mayo de 2015 -conflicto de competencia nº 44/2015 -, fijó un criterio jurisprudencial en esta materia y diferenció, precisamente a los efectos de la aplicación del fuero del art. 52.2 LEC, esta adquisición de la compra de participaciones preferentes. 

Ahora bien, tras la reforma operada en el art. 52.2 LEC por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de aplicación a la cuestión controvertida, el fuero competencial ya no es único y referido exclusivamente al domicilio del comprador o suscriptor de acciones sino también, a su elección, al domicilio de la entidad demandada, dada la remisión que en la nueva redacción de este artículo se hace a los arts. 50 y 51 LEC reguladores de los fueros generales de competencia territorial. 

Pues bien, el análisis del art. 51 LEC ofrece distintas posibilidades en la elección fuero competencial aplicable. Así, su párrafo segundo, al establecer que la persona jurídica podrá ser demandada en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, si en dicho lugar tiene establecimiento abierto al público o representante autorizado, permitiría demandar ante los tribunales del lugar donde se suscribió la oferta pública de acciones, coincidente con la sucursal de Bankia donde se realizó este negocio de adquisición. Además, el primer párrafo de la norma permite demandar en el domicilio de la persona jurídica, salvo que la ley disponga otra cosa. 

En el análisis de este fuero es necesario realizar la siguiente precisión que es de aplicación a la controversia que analizamos. Los arts. 9 y 10 de la Ley de Sociedades de capital, a la hora de regular el domicilio de las sociedades establecen que «1. Las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación. 2. Las sociedades de capital cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España. (artículo 9) «En caso de discordancia entre el domicilio registral y el que correspondería según el artículo anterior, los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos» (artículo 10). 

En un adecuado entendimiento de estos preceptos legales, podemos fácilmente obtener que lo relevante para una sociedad no es sólo que exista un domicilio, al ser una mención estatutaria obligatoria, sino también que ese domicilio sea real en el sentido de que se corresponda con el centro efectivo de la actividad social, bien porque allí radique su efectiva administración o dirección, o bien porque se encuentre su principal establecimiento. Aun cuando la situación normal sea que el domicilio social coincida con el efectivo domicilio real de la empresa en el sentido visto, puede no darse esta coincidencia.


Entendemos que esta última situación es la que se produce en esta cuestión de competencia. Como refleja el informe del Ministerio Fiscal, Bankia tiene sus servicios centrales y su sede operativa en la ciudad de Madrid, dato objetivo que facilita la propia entidad bancaria en su página web, siendo, además, notorio que en esta ciudad desarrolla su actividad principal. De esta forma, podemos afirmar que esta entidad mantiene su domicilio social en Valencia, y en Madrid centraliza sus servicios de gestión. 
En este contexto consideramos, por aplicación del abanico de fueros competenciales previsto en el actual art. 52.2 LEC , en relación con el art. 10 LSC, que los suscriptores pueden demandar a Bankia, bien ante los tribunales de su domicilio, bien ante los tribunales del lugar donde se realizó la suscripción pública de acciones, si la adquisición se produjo en un partido diferente al de su domicilio, o bien en el domicilio de la entidad bancaria, que en este caso, por las razones expuestas, puede dar la lugar a la elección de Madrid o Valencia. 
Es importante destacar que esta decisión la adoptamos en atención a las circunstancias concretas que concurren en este supuesto, sin que tal solución pueda extrapolarse de forma automática a la situación de otras entidades mercantiles.

De esta forma, llevados estos razonamientos a la cuestión de competencia suscitada, procede declarar la competencia territorial del juzgado de primera instancia nº 18 de Madrid, al ser este fuero el elegido por la parte demandante al entablar la demanda.

23 marzo 2016

Regreso al futuro V: de la STC de 17-3-2016 y de cómo el primo de Zumosol no defiende a España (ii).


La STC de 17 de marzo de 2016 ya tratada en el comentario anterior, no soporta ningún análisis jurídico y no lo hace porque su examen deberá ser estrictamente político. Que en su redacción se hagan citas a dos derechos fundamentales (recordemos que pese a todo es una sentencia) no ocultan, ni puede hacerlo, sus antecedentes históricos, que se remontan al año 1985. 

En el año 2014 publiqué un libro de nulo éxito editorial titulado Reforme usted la justicia que a mí me da la risa en el que dediqué un Capítulo al Tribunal Constitucional del que extraigo los párrafos que dejo en este comentario (y no tenía una bola de cristal, ni falta que hacía): 

De cómo empezó todo. 

El curioso estado de nuestra Justicia se lo debemos a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, que introdujo en el gobierno del Poder Judicial el sistema de las ganaderías al que pronto se sumaron los de un lado, los del otro y los del más allá y que atrapó al Tribunal Constitucional y a sus Sentencias. 

En el año 1990 los Excmos. Sres. Don Eugenio Díaz Eimil, Don Luis López Guerra y Don Vicente Gimeno Sendra alumbran en la sentencia 56/1990 la doctrina de la «administración de la administración de justicia». Tan sesudo pensamiento concluyó que lo que la Constitución perseguía al atribuir al Estado una competencia exclusiva era el aseguramiento de un núcleo irreductible que garantizara los elementos estructurales básicos del Estado (la potestad jurisdiccional y la configuración abstracta de los órganos judiciales), pudiendo atribuirse a las Comunidades Autónomas el resto de las funciones a través de sus Estatutos y en virtud de la cláusula residual del art. 149.3 CE. Por ello, la provisión de medios materiales y económicos, integrada en la «administración de la Administración de la Justicia», podía ser asumida por las Comunidades Autónomas (art. 149.3 CE). 

Diez años después Mendizábal Allende – en un voto particular a la Sentencia del mismo Tribunal de 13 de abril de 2.000– definió la «mutación constitucional», como un cambio del contenido de las normas que, conservando la misma redacción, adquirían un significado diferente. La Constitución, sin utilizar sus mecanismos de reforma, se había ido transformando y deformando y con la donosa invención de una singular categoría, la «administración de la Administración de Justicia», se hizo entrar a un personaje que no estaba en el reparto, el Poder Ejecutivo, único poder real con una imparable tendencia expansiva. Les explicaré, si me permiten, el razonamiento. 

El famoso «núcleo irreductible» es ahora lo más parecido a la aldea de Astérix y Obélix y los Jueces, Poder del Estado, están en la aldea, pero todo lo demás, personal y medios materiales, que no son Poder del Estado y por ende, divisibles, detrás de los campamentos romanos. 

Las Comunidades Autónomas asumieron la competencia con la lealtad que las caracteriza y salvo Madrid, que no quería la transferencia ni después de una noche de copas, gozamos de ocho aplicaciones informáticas incompatibles, catorce sueldos diferentes, diez formas de gestionar, ocho formas de hacer edificios, siete clases de papel de oficio (que ya ni es papel, ni es de oficio, porque es tan malo que estropea las impresoras), cinco clases de cursos sobre idiomas y peculiaridades forales y una burocracia que se ha multiplicado por siete. 

Frente a la obligada parálisis del ejecutivo central dedicado a controlar los asientos en los sucesivos Consejos Generales del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas, constituyeron el día 23 de octubre de 1999 la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia. En un documento de 14 de febrero de 2000 aprobaron el Protocolo para la planificación y desarrollo de la demarcación y de la planta judicial, y de los estudios iniciados para la reforma del estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia, de modo que se lograra la implantación de un nuevo modelo de oficina judicial y se permitiera ampliar las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia. 

Las Comunidades Autónomas reclamaron una posición de igualdad con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para la planificación, desarrollo de la demarcación y de la planta judicial y para las fechas de puesta en funcionamiento e inicio de actividades de las Secciones, Juzgados y plazas de Magistrado de nueva creación. Todo muy lógico bajo el principio general del derecho de que “quien paga manda”. 

Cuatro años después siguen funcionando los diecisiete sistemas informáticos, pero la falta de dinero ha paralizado nuevos inventos, gestiones novedosas o apaños de salón, como el de los Consejos Autonómicos de Justicia que pretendían implantarse en las Comunidades Autónomas para hacerle la cusqui al Consejo General del Poder Judicial. 

De cómo siguió todo. 

El Tribunal Constitucional no previó el triunfo del plural (ahora tenemos «administraciones de las administraciones de las justicias»), ni la derrota de la «competencia», que ha perdido todas las carreras que ha disputado con la «foralidad» y la «cultura». No escribo sobre la «eficacia» porque me da la risa tonta, ni sobre la «gestión racional» porque de tonta, la risa, pasa a floja. Pero claro, la presión debía ser terrible porque si dos más dos son cuatro, en justicia puede ser cualquier cosa. He citado antes un voto particular a una sentencia del año 2000, que se quedó en la nada porque en la Sentencia 253/2005 el Tribunal Constitucional, en una de esas piruetas de difícil explicación jurídica se descolgó, analizando una norma vasca del año 1998 con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el momento del enjuiciamiento (la del año 2003) y se pronunció a favor del Gobierno Vasco. Prisa, lo que se dice prisa, no se dieron en resolver el recurso, pero una pirueta no solo depende del tiempo sino del entrenamiento y del artista. 

Llamo la atención sobre dos extremos: 

(i) El Decreto vasco objeto del conflicto –número 63/1998, de 31 de marzo- fue sustituido por el Decreto 309/2000, de 26 de diciembre, impugnado ante el Tribunal, que también tenía pendiente de conocimiento un conflicto positivo de competencia contra el Decreto del Gobierno Vasco 117/2001, de 26 de junio, de medidas para la normalización lingüística. La sentencia entendió que se trataba de incidencias posteriores que no podían llevar a la total desaparición sobrevenida del objeto del recurso, máxime cuando las partes sostenían expresa o tácitamente sus pretensiones iniciales, lo que condujo al criterio que cuando «tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo persiste el interés en la determinación de la titularidad de la competencia controvertida debemos acometer su enjuiciamiento» (STC 128/1999, de 1 de julio). 

(ii) La Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor en el momento del planteamiento del conflicto no contenía regulación específica sobre las plantillas de los cuerpos al servicio de Administración de Justicia motivo del recurso. En resumen, el Tribunal buscó la solución más sencilla garantizando a cualquier Comunidad Autónoma una peculiar intervención en la exégesis de los conceptos. Valentía interpretativa que sigue, por cierto, la senda marcada por las Sentencias STC 56/90, STC 62/90 y STC 105/00; puertas abiertas que hacen posible la intervención autonómica en las infraestructuras administrativas del poder judicial. Más tarde, la Sentencia Tribunal Constitucional 270/2006, de 13 de septiembre, estimando muy parcialmente el conflicto positivo de competencia que promovió el Gobierno, declaró la inconstitucionalidad del art. 7.1 y la disposición adicional tercera del citado Decreto 117/2001. Esta Sentencia declaró la constitucionalidad de la creación de los «coordinadores de las áreas de informática y relaciones con terceros». 

Perdonarán la licencia, pero si alguno está interesado en dicha figura le remito a la sentencia porque me niego a enrollarles en juegos de palabras jurídico-organizativos. Señala la sentencia que la introducción en los Juzgados de la figura del Coordinador no quebraba las funciones del Secretario judicial, ni perturbaba el funcionamiento de la oficina judicial, pues las funciones de coordinación se desarrollarían bajo su dirección e, incluso, se someterían a la superior dirección del juez o magistrado. En teoría la Constitución no ha querido atribuir a las Comunidades Autónomas ámbito alguno de gobierno del Poder Judicial, (inaplicabilidad del principio autonómico al Poder Judicial) lo que no significa que éste sea ajeno a la organización territorial de España. Y aquí aparece el último hito de un camino que parece no acabar nunca. La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, introdujo un cuarto, pero destacado actor, en el reparto competencial. 

El art. 103 atribuye a la Generalidad la competencia normativa sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, dentro del respeto al estatuto jurídico de ese personal establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial advirtió que este artículo incurría en un supuesto de inconstitucionalidad, aun cuando una futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial adaptase esta norma a los designios estatutarios. La Sentencia Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, resolvió cuatro años después un recurso de inconstitucionalidad contra el citado Estatuto, que solo ha perdido vigor por la financiación. 

No vayan a pensar que el citado art. 103 ha merecido la declaración de inconstitucionalidad o, que los Consejos Autonómicos de Justicia no se hayan terminado implantando por la falta de candidatos en lista de espera. 

El primo de Zumosol no defiende a España. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto Catalán fue lo de menos y más cuando el entonces Presidente del Gobierno de España ya adelantó la posibilidad de puentear el fallo con «iniciativas» para «reforzar el desarrollo del Estatut», que no sé lo que son, pero que no podía conducirnos a nada bueno. El respeto a la división de poderes es esencial en cualquier estado civilizado o, mejor dicho el equilibrio de poderes, pero en España, desde hace mucho tiempo, todos sabemos que ese respeto brilla por su ausencia y gracias, sea dicho, a los integrantes del primer y ya único poder: el político. Y el político español (incluidos los catalanes) nunca respeta las reglas del juego, nunca. 

Hacía falta valor, el propio de la institución que se representa para defender a España y no lo hubo. No es de extrañar que también, desde hace mucho tiempo, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias, por ejemplo, tengan mayor interés y relevancia y sobre todo mayor calidad. 

Así que en esto de la reforma de la justicia española siempre queda al margen el Tribunal Constitucional y su sede cuasi galáctica en Madrid, lo que explica muy bien el profesor Alejando Nieto, en su libro «El desgobierno de lo público», Editorial Ariel. 

Años después algunos de los ex Magistrados del Tribunal Constitucional en tropa de rubricantes afirmaron en un manifiesto que:
Cita:

«Los Juzgados y Tribunales españoles, considerados en conjunto y también uno por uno, acusan ya problemas importantes relacionados con la obligada dependencia de varios distintos centros de decisión: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y, en muchos casos, las Comunidades Autónomas».

Un poco tarde vino lo de Bildu, la dimisión de tres Magistrados y una pelea barriobajera contra el Magistrado del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, publicada en el BOE de 25 de mayo de 2011. Cito el caso pero no es único. El Tribunal Supremo suele defenderse y la Sala 1º (Civil), la Sala 2ª (Penal) y hasta la 3ª (Contencioso- Administrativa), se suelen tomar muy a la toga que un órgano político ande tocando las sentencias cuatro años después porque la grapa se colocó a veinte grados sur y, no pierden ocasión en sacar los codos en cada rebote a ver si alguno o alguna pierde un diente. O, si prefieren un tono más jurídico: el Tribunal Constitucional no es la cuarta instancia judicial, pese al empeño en sentido contrario. 

Si han sido pacientes ahora verán porque citaba al primo de Zumosol en el título del epígrafe. El Boletín Oficial del Estado del día 18 de octubre de 2013 publicó que el Pleno del Tribunal Constitucional, había acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Tribunal, en un recurso de amparo en relación con el art. 102 bis, apartado 2, de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por posible vulneración del art. 24.1 CE. 

Lo que establece ese precepto es que contra el decreto del Secretario Judicial resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva. Y que cabrá recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento, impidan su continuación o contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea. 

No nos atrevemos con las Comunidades Autónomas, pero sí con los Secretarios Judiciales. 

Y aquí se acaba la historia con su manto jurídico, que no impide afirmar que no hay nada nuevo bajo el sol.

Por si algún lector está interesado en el libro pinche AQUI

21 marzo 2016

Regreso al futuro V: a propósito de la STC de 17-3-2016 y los Letrados de la A. de Justicia.


Creo que el Tribunal Constitucional se ha llevado por delante un artículo de la Ley de la Jurisdicción contenciosa administrativa que regulaba la imposibilidad de acudir en revisión cuando el Letrado de la Administración de Justicia resuelve con una previa reposición. La enjundiosísima cuestión jurídica que había resuelto el entonces Secretario Judicial consistió en fijar la fecha de señalamiento de un juicio a tres años vista, lo que provocó un recurso de amparo y una auto cuestión de inconstitucionalidad el día 8 de octubre de 2013, que se resuelve curiosamente casi tres años después o sea, el 21 de marzo de los corrientes. 

En la sentencia se declara la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del art. 102 bis.2 LJCA y se precisa que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del Letrado de la Administración de Justicia resolutivo de la reposición será el directo de revisión al que se refiere el propio art. 102 bis.2 LJCA. 

Afirmación que sostiene en que el citado párrafo primero del art. 102 bis.2 LJCA, redactado por la Ley 13/2009 (―Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva‖), crearía un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los Jueces y Tribunales integrantes del poder judicial. El precepto cuestionado, en cuanto excluiría del recurso judicial a determinados decretos definitivos del Letrado de la Administración de Justicia (aquellos que resuelven la reposición), cercenaría, como señala el ATC 163/2013, FJ 2, el derecho del justiciable a someter a la decisión última del Juez o Tribunal, a quien compete de modo exclusivo la potestad jurisdiccional, la resolución de una cuestión que atañe a sus derechos e intereses y legítimos, pudiendo afectar incluso a otro derecho fundamental: a un proceso sin dilaciones indebidas. Ello implica que tal exclusión deba reputarse lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva que a todos garantiza el art. 24.1 CE y del principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE). 

¿Decreto definitivo el que fija el señalamiento de un juicio?, ¿creación de un espacio de inmunidad jurisdiccional?, ¿dónde?, ¿en qué parte del proceso?, ¿dilaciones indebidas?, ¿y eso lo afirma un Tribunal que ha tardado casi tres años en resolver una auto cuestión de inconstitucionalidad? y por cierto ¿en qué consistiría la decisión última de un proceso?, ¿no era la sentencia o el auto? (no me atrevo a escribir "Decreto" por si vulnero alguna inmunidad).

Curiosamente el mejor análisis jurídico de esta sentencia lo encontremos en Alejando Nieto, en un libro publicado en el año 2008 al que cito literal:
Cita:

“Desgraciadamente no duró muchos años tan prometedora situación y a partir de la fatídica sentencia de RUMASA – en la que por primera vez cedió a la tentación política-, el tribunal se ha ido deteriorando aceleradamente hasta caer hoy en el desprestigio más absoluto. 
En la actualidad ya no se elige a sus vocales por su competencia jurídica y temple moral, sino por su “fidelidad inquebrantable” al partido que les propone, de tal manera que en los asuntos delicados ya se sabe de antemano el sentido del voto de cada uno. Además, la conciencia de esta servidumbre, el saber que han sido nombrados para ratificar la política de su partido desestimula inevitablemente el esfuerzo técnico. Su jurisprudencia ha perdido totalmente la originalidad creativa de los primeros años. Se ha técnica, rutinaria, como corresponde a sus redactores reales: un cuerpo de letrados competentísimo, pero al que lógicamente no corresponde ir más allá de una hermenéutica formal, por muy correcta que sea. El empuje creador es propio exclusivamente de los magistrados que, en manos de sus letrados y atentos sólo a las instrucciones políticas, no se preocupan tanto del trabajo como de asistir a congresos internacionales y dar conferencias. El Secretariado del tribunal actúa de hecho como una agencia de viajes. Y, en fin, a falta de ocupaciones de más enjundia, lo que nunca desatienden son las cuestiones retributivas y de preeminencias embarcándose en ásperos conflictos con el Tribunal Supremo”.

Así que sumen o mejor resten: ¿un auto recurso contra el nuevo diseño de la oficina judicial? Y todavía habría alguien que esperaría otro resultado. 

15 marzo 2016

La Directiva 93/13 afecta a la competencia territorial en asuntos de telefonía: el ATS 2 de marzo de 2016


El actor presentó ante los Juzgados de Ubeda una demanda sucinta de juicio verbal contra Vodafone España, S.A.U. con domicilio en Alcobendas en la que ejerció una acción individual de un consumidor contra una empresa prestadora de servicios de telefonía, en la que reclamó una indemnización por un servicio de portabilidad mal prestado, que le supuso el corte de la línea de su teléfono móvil.

El Juzgado declaró su falta de competencia territorial para conocer del asunto y la atribuyó a los Juzgados de Alcobendas, por tener en esa localidad la demandada su domicilio social (art. 51 LEC). El Juzgado de Alcobendas, también se declaró incompetente territorialmente para conocer del asunto, al considerar aplicable el art. 52.2 LEC, y planteó el conflicto negativo.

Para la resolución del conflicto negativo de competencia territorial en el ATS 2 de marzo de 2016 (ROJ: ATS 1644/2016) se parte de la consideración de que en el juicio verbal no será válida la sumisión expresa ni tampoco la tácita (art. 54.1 LEC). Cualquiera que sea la pretensión ejercitada en esta clase de juicio, la competencia territorial se determinará siempre de forma imperativa con arreglo a los fueros legalmente establecidos para cada caso: en primer lugar, el fuero especial que corresponda conforme a las previsiones del art. 52 LEC; y, en su defecto, los fueros generales relativos al domicilio o residencia del demandado (art. 50 LEC para las personas físicas y art. 51 para las personas jurídicas y entes sin personalidad). 

En segundo lugar se cita el criterio seguido en los Autos de 17 de mayo y de 5 de noviembre de 2004, asuntos nº 24/2004 y 73/2004 respectivamente. En estos dos precedentes las demandas de juicio verbal tenían por objeto reclamaciones derivadas de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles, precedidos de oferta pública. El conflicto negativo de competencia territorial se suscitó entre el tribunal del domicilio de la persona jurídica demandada, art. 51.1 LEC y el del domicilio del aceptante de la oferta, el del demandante, por aplicación del art. 52.2 LEC. La competencia se atribuyó al tribunal del domicilio de quien había aceptado la oferta. Las resoluciones destacan que la finalidad del fuero contenido en el mencionado art. 52.2 LEC es la de proteger a los asegurados, compradores, prestatarios y aceptantes de servicios o bienes muebles. 

Pues bien siguiendo la doctrina que emana de las citadas resoluciones, se atribuyó la competencia al Juzgado de Úbeda, en aplicación de la regla imperativa de competencia prevista en el art. 52.2 LEC. Se destaca que el art. 52 LEC contiene, en materia de competencia territorial, una lista de supuestos en los que no se aplicarán las reglas de los artículos anteriores -fueros generales de los arts. 50 y 51 LEC -, sino una serie de fueros especiales que la casuística del precepto recoge.
Por dichas razones:

Aun cuando pueda ser dudoso el factor de la oferta pública precedente al contrato en el caso concreto, no lo es que la demanda tiene por objeto una reclamación de un consumidor contra una empresa de telefonía por un defectuoso servicio de portabilidad. Lo decisivo es que en la demanda se ejercita la acción individual de un consumidor, factor determinante de una interpretación favorable a dicho consumidor, conforme a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril (cuya trasposición al Derecho interno, tras la STJUE de 9 de septiembre de 1994, se llevó a cabo por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios). Seguir otro criterio podría mermar el derecho a la tutela judicial efectiva del consumidor demandante..

09 marzo 2016

Un Letrado de la A. de Justicia puede conseguir en el TJUE el reconocimiento que se nos niega en España (i)


Cuando se publicó la famosa y única Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de 28 de septiembre de 2011 (LA LEY 187848/2011) que resolvió un conflicto suscitado entre un Ayuntamiento y una Audiencia Provincial sobre un procedimiento de Jura de cuentas contra el Consistorio, no pocos quisieron extraer la conclusión que la Jurisprudencia confirmaba el contenido administrativo de los entonces Secretarios Judiciales, olvidando que el expediente de jura de cuentas no había perdido su carácter jurisdiccional tras la Ley Orgánica 13/2009, pues la nueva regulación permitía la aplicación de la doctrina jurisprudencial anterior en la materia y la citada jura no era un algo extraño al proceso; antes al contrario, se justificaba por su existencia. 

Luego vinieron las famosas cuestiones prejudiciales contra la hipoteca, la ejecución hipotecaria y el monitorio y en una de esas búsquedas sobre la famosa abusividad, encontré una cuestión publicada en el portal del Tribunal de Justicia de Unión Europa que formulaba el Secretario Judicial de Terrasa. Este Letrado de la Administración de Justicia se llama Óscar Ricardo Cabrera Galeano, Titular de la Secretaría del Juzgado de lo Social Número 2 e Interino de la del Juzgado de Violencia sobre la mujer único radicadas en la susodicha localidad y hoy ha recibido el dictamen de la COMISIÓN EUROPEA sobre la cuestión prejudicial que planteó el día 23 de septiembre de 2015, que más abajo les adjunto. 

Solo un pequeño comentario que no puedo evitar. Ya he felicitado en otro foro al autor del invento y ahora lo hago públicamente y digo invento porque hay que tener ganas y echarle horas para plantearse el debate, estudiarlo, y redactar lo que se crea conveniente, mientras sin una sola base de datos jurídica, nos inundan en los que estamos en la trinchera con tareas absurdas y propias de Grupos C o D en otras administraciones.

TJUEJURA CUENTAS - Comision by justiciayprehistoria

07 marzo 2016

3ª Edición de Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio.



La Ley publica la 3ª Edición del libro  Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio en el proceso de ejecución civil y creo que es un éxito, porque con los tiempos que corren es muy difícil convencer a un profesional que compre un manual (aunque sea en papel) y por tanto, doy las gracias, en primer lugar, a los que adquirieron las dos primeras ediciones Permítanme ahora que les aburra unos minutos (quizá segundos) porque en esta 3ª edición he dado una vuelta al estudio de una de las materias más sencillas a la par que enrevesadas del proceso civil: la ejecución civil. 

Sabido era que el pleito no terminaba con la Sentencia, el Auto o el Decreto y que gracias a una mala comprensión del principio dispositivo, la ejecución acababa pareciéndose a un vehículo que solo avanzaba a empujones: los del ejecutante. Pero desde el año 2010 la cosa ha cambiado mucho y no precisamente gracias a los descuidos de nuestro legislador. 

El Punto Neutro Judicial, el apelotonamiento de reformas legales y sus correspondientes antinomias (paradigmático es el desahucio y su ejecución); la subasta y las particulares oposiciones a la ejecución, que se formulan en la actualidad encuentran ahora un sitio que antes no tenían. Como la doctrina del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales ya que recogen nuevos pronunciamientos de aquel y de estas y se han suprimido los que ya han perdido sentido o carecen de interés. 

Por último, siguiendo la línea marcada en los manuales precedentes, han tratado de buscarse soluciones ya sean las que se han ido asentando en la práctica con mayor o menor acierto o, las propias de quien redacta estas líneas. 

Queda lo demás a su juicio, aunque espero que les sirva. Saldrá a la venta a mediados del mes de marzo.

Dejo aquí el índice completo de la obra. 

02 marzo 2016

Revista de prensa: productividad y transparencia.


Ni he mandado la productividad del trimestre que sea, ni creo que vuelva a hacerlo. Ignoro se hago bien o mal y, sí con ello perjudico a algún compañero de trinchera, aumentando lo que se llevan los que la dejaron hace tiempo, pero me niego a seguir acumulando datos que no tienen que ver con la realidad de mi Juzgado para cobrar una cantidad que ha ido menguando y que ahora raya la vergüenza y que, por supuesto, tampoco sirve para que determinados abogados dejen de presentar demandas contra Bankia, mientras tan dignísima entidad bancaria sigue mirando para otro lado. Creo que es algo relacionado con la justicia y el ciudadano, pero no me hagan mucho caso porque quien redacta es socio del Real Madrid y lo del Sr. Casillas haciendo anuncios ajenos al futbol o a otros menesteres próximos, no termina de verlo. 

Y escribo esto por dos recientes sorpresas cuando uno creía haber visto la mitad del todo: el alta en la tesorería de los jueces sustitutos y el portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial, que hoy ha inaugurado una nueva sección publicando los nombres y apellidos de todos los Jueces y Magistrados de España y, las respectivas sedes judiciales. 

El primer asunto no tiene ningún recorrido jurídico porque es, sencillamente, el precio pagar por un Reglamento igual de largo que la Constitución de Corea del Norte y, que pretendía igualarnos a la Fiscalía General del Estado, sin que hubiera Fiscales por ningún lado. Si alguien estaba esperando amparo de la jerarquía podía esperar sentado o, mejor tumbado y lo que queda es lo que se está haciendo, irse al recurso. No obstante les recuerdo que la cosa puede ir a peor porque no solo veremos el día que algún Juez sustituto reclame contra un Letrado de la Administración de Justicia por la falta del alta (es lo que tiene crear una obligación que regula un derecho y, que por lo mismo debería estar en un Reglamento y no en una Circular), sino que pasado el tiempo alguien pedirá que se incluya en la productividad el número de altas y de bajas

Lo de la transparencia está muy bien, pero para todo y comenzando por lo que le importa al ciudadano, que no suele ser precisamente el nombre de un Juez al que no puede elegir; aspecto importante, el del interés, que suele pasarse por alto cuando nos ponemos a mal copiar inventos de los anglosajones (las FOI, Freedom Of Information). Pero claro la transparencia tiene mucho que ver con la información y esta con la estadística y la estadística con la informática y, si no hay informática o, las Comunidades Autónomas deciden ocultar la información de la que disponen, no habrá transparencia. El razonamiento es sencillo y hasta creo que sería de interés para el ciudadano la publicación de los nombres de todos los responsables de esta grotesca situación y, en una columna paralela el de los redactores de las leyes que padecemos. Como ciudadano me interesaría el nombre de un Juez si pudiera elegirlo, como el traumatólogo, pero en otro caso no sé qué beneficio puede tener el susodicho conocimiento.