La nueva jura de cuentas y su impugnación.


Sabido es que la regulación de la jura de cuentas en la Ley de Enjuiciamiento civil constituye una vía privilegiada de protección de los derechos y honorarios de abogados y de procuradores, siendo así que en el caso de los primeros se ampara el pago de los “honorarios que hubieren devengado en el asunto”, siempre que se presente una “minuta detallada” (art.35.1 LEC) y en de los Procuradores “los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto”, mediante la presentación de una cuenta detallada y justificada (art. 34.1 LEC). 

En teoría el requerido solo podía oponer una impugnación por indebida o por excesivas frente a la intimación y digo, en teoría, porque gracias a la deficiente regulación que se arrastra en este asunto, se confunde la jura de cuentas con la tasación de costas y mientras en la primera se pretende cobrar del cliente con auxilio judicial; en la segunda la reclamación contra el condenado al pago se liquidará en la tasación de costas (con aplicación de los límites de los arts. 394 y 243 LEC) y en una posible impugnación (art. 246 LEC). No hablamos de lo mismo. 

Buena prueba de ello la encontramos en la STS, Sala 1ª, de 19 de junio de 2008 (ROJ: STS 4138/2008) que define la jura de cuentas como un procedimiento ejecutivo, de naturaleza sumaria y especial, que otorga singular protección a los letrados, en cuanto les posibilita hacer efectivos de forma expeditiva los créditos derivados de su actuación profesional en los procesos, evitándoles acudir a la vía declarativa ordinaria, la cual, de todas formas, no quedará excluida ya que el interesado podrá optar por una u otra. Y aquí viene lo interesante, porque la doctrina del Tribunal Supremo, en atención al carácter sumarial del proceso de jura de cuentas, reconoce la posibilidad de excepcionar el pago, la prescripción, y el hecho de no haberse devengado en el pleito los honorarios o parte de ellos impugnándolos como excesivos

Y no solo la prescripción. También será posible el examen de oficio de la caducidad de la reclamación; posibilidad que ya se encuentra en una reiterada doctrina del Tribunal Supremo. Más aún el ATS, Sala 1ª, del 17 de junio de 2015 (ROJ: ATS 5027/2015) señala que las características propias del procedimiento de jura de cuenta conducen a reconocerle un carácter incidental, entendido como lo hace el primer inciso del art. 487 LEC, es decir, un procedimiento en dependencia inmediata con un pleito principal. 

Estas características serían las siguientes: (i) presupone siempre un proceso anterior; (ii) los sujetos legitimados activamente son los abogados y los procuradores que han intervenido en el proceso precedente; (iii) la integración del sujeto pasivo y del objeto vienen, igualmente, determinados por el proceso anterior; (iv) la comprobación de los presupuestos y requisitos para su admisión y el examen de las posibles excepciones e impugnaciones -a excepción del pago o en algunos supuestos de prescripción- han de hacerse en relación con el pleito anterior; (v) la clase de resolución que en la ley ha elegido el legislador para su conclusión adopta la forma de decreto; (vi) lo decidido en este trámite, como norma, no tiene efectos de cosa juzgada, en cuanto puede promoverse un juicio posterior; (vii) la competencia funcional para su tramitación corresponde al órgano que conoció del proceso anterior; y (viii) la propia sistemática seguida para la regulación del procedimiento se sitúa entre las disposiciones relativas a la intervención de los abogados y procuradores, y no dentro de los procesos especiales. 

Este criterio, permite concluir que el plazo de caducidad previsto para el proceso principal en el que se formula, opera como límite dentro del cual debe efectuarse la solicitud de jura, al margen de la efectividad del plazo de prescripción, de naturaleza sustantiva, que podrá ser interrumpido y habrá de ser alegado a instancia de parte, a diferencia del plazo de caducidad que será controlable de oficio, además de que "pensar que el silencio de la LEC al respecto supone que no existe ese límite temporal puede resultar absurdo al intérprete, en cuanto se contradice con la propia justificación de su existencia, si el legislador establece un trámite privilegiado, afectado por el principio de sumariedad, en atención, precisamente, a posibilitar el cobro inmediato, resulta una conclusión ilógica pensar que pueda ser promovido en cualquier momento posterior al litigio, sine die" (ex. ATS, Sala 1ª, del 9 de septiembre de 2015, ROJ: ATS 6713/2015)

La Ley 42/2015 no solo confirma esta doctrina del Tribunal Supremo sobre los límites de la impugnación, sino que al permitir la reclamación por los herederos de los abogados y procuradores, obliga también al examen de la legitimación del reclamante y no al simple análisis de la intervención en el proceso ya que lo que fundamenta la jura no es tanto el proceso, como el arrendamiento de servicios (por esa razón en el art. 35 LEC aparece la hoja de encargo) y, en ese punto no hace falta un estudio excesivamente profundo para concluir que la situación en la actualidad poco tiene que ver con la primera redacción de la jura de cuentas (año 1881), que es la con dos retoques, sigue vigente. Pensemos, por lo demás, que la relación del abogado con el cliente no tiene por qué significar que ese abogado sea el que intervenga en el proceso y, habrá de recordarse que la tasación de costas se practica aunque el letrado que presente la minuta sea uno de los que intervinieron en el proceso. 

La consecuencia de todo lo que se dice es la de que podemos encontrarnos ante impugnaciones que excedan los más que aparente límites de los arts. 34 y 35 LEC en tales supuestos, la repetida impugnación “presenta una complejidad que excede del ámbito del juicio sumario y debe examinarse en el juicio declarativo por la cuantía que corresponda” (ATS, Sala 1ª, 20 de septiembre de 2011, ROJ: ATS 9983/2011). Es decir, cuando exista una duda muy razonable sobre las condiciones del encargo realizado al profesional deberá ventilarse, en su caso, con plenitud de derechos, garantías y obligaciones en el proceso declarativo correspondiente en tanto lo resuelto en este procedimiento sumario y privilegiado no goza del efecto de cosa juzgada (por todos ATS, Sala 1ª de 9 de septiembre de 2015, ROJ: ATS 6742/2015).

Comentarios

  1. Si fuese contra una empresa marroquí, quiero tendría jurisdicción? España o Marruecos?

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  2. Lo ignoro. Quizá encuentre respuesta en esta dirección http://www.prontuario.org/portal/site/prontuario

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  3. Cabría una posible condena en costas si el deudor requerido tuviese su domicilio fuera del partido y la cuenta del procurador se archivase por caducidad?

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