18 febrero 2016

El foco del TJUE (STJUE 18-2-2016) llega tarde, por una vez, al monitorio español.


Pese a la relevancia publicitaria de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de febrero de 2016, la intervención de oficio del Juez en el proceso monitorio ya se introdujo en el apartado 4 del art. 815 LEC por la reforma de octubre de 2015 con lo que este nuevo pronunciamiento no aporta nada nuevo en la materia. 

Destaco los siguientes párrafos de la sentencia y en particular el número 51 que parece acabar con la oposición a la ejecución, advirtiendo nuevamente que interpreta la redacción previa a la reforma de octubre de 2015. 

Ignoro que efectos a medio y largo plazo puede producir el hecho que las cuestiones prejudiciales se hayan convertido en una fuente alternativa del ordenamiento español, aunque buena parte de la responsabilidad recae en lo que conocemos como "legislador" y su inactividad en los últimos años. 


En el presente asunto, es necesario señalar que el desarrollo y las particularidades del proceso monitorio español son tales que, cuando no concurran las circunstancias que determinan la intervención del juez, recordadas en el anterior apartado 24, éste concluye sin que pueda realizar un control de la existencia de cláusulas abusivas en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor. En consecuencia, si el juez que conoce de la ejecución del requerimiento de pago carece de competencia para apreciar de oficio la existencia de esas cláusulas, podría hacerse valer un título ejecutivo frente al consumidor sin que, en ningún momento del procedimiento, tenga la garantía de que se ha llevado a cabo esa apreciación. 
46 Pues bien, en este contexto, procede declarar que un régimen procesal de este tipo puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva 93/13. Así, tal protección efectiva de los derechos que se derivan de dicha Directiva sólo podría garantizarse en caso de que el sistema procesal nacional permita, en el marco del proceso monitorio o en el del procedimiento de ejecución del requerimiento de pago, un control de oficio del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato de que se trate. 
47 No queda en tela de juicio tal consideración por la circunstancia de que el Derecho procesal nacional, como el analizado en el litigio principal, confiera a la resolución dictada por el secretario judicial fuerza de cosa juzgada y reconozca a ésta efectos análogos a los de una resolución judicial. 
48 En efecto, debe señalarse que, si bien el sistema de aplicación del principio de fuerza de cosa juzgada se rige por el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal de éstos, este sistema debe en cualquier caso respetar los principios de equivalencia y efectividad (véase, en este sentido, la sentencia Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 38 y jurisprudencia citada). 
50 Por lo que se refiere al principio de efectividad, cuya observancia por los Estados miembros debe apreciarse a la luz, en particular, de los criterios enunciados en los apartados 43 y 44 de la presente sentencia, cabe señalar que, según el tenor de los artículos 815 y 816 de la LEC, el control por parte del secretario judicial de una petición de juicio monitorio se limita a la comprobación de que se cumplen las formalidades exigidas en relación con tal petición, concretamente la exactitud, a la luz de los documentos adjuntos a esa petición, del importe del crédito reclamado. De este modo, con arreglo al Derecho procesal español, no figura entre las competencias del secretario judicial la apreciación del carácter eventualmente abusivo de una cláusula contenida en un contrato que sirve de fundamento al crédito. 
51 Asimismo, debe recordarse que la resolución del secretario judicial por la que se pone fin al proceso monitorio adquiere fuerza de cosa juzgada, lo cual hace imposible el control de las cláusulas abusivas en la fase de la ejecución de un requerimiento de pago, y ello como consecuencia del mero hecho de que los consumidores no formularan oposición al requerimiento de pago en el plazo previsto para ello y de que el secretario judicial no requiriera la intervención del juez. 
52 A este respecto es preciso, no obstante, señalar en primer término que existe un riesgo no desdeñable de que los consumidores afectados no formulen la oposición requerida, ya sea debido al plazo particularmente breve previsto para ello, ya sea porque los costes que implica la acción judicial en relación con la cuantía de la deuda litigiosa puedan disuadirlos de defenderse, ya sea porque ignoran sus derechos o no perciben la amplitud de los mismos, o ya sea debido, por último, al contenido limitado de la petición de juicio monitorio presentada por los profesionales y, por ende, al carácter incompleto de la información de que disponen (véase, en este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 54). 
53 En segundo término, resulta del auto de remisión que el secretario judicial únicamente está obligado a requerir la intervención del juez cuando los documentos que se adjuntan a la petición revelan que la cantidad reclamada no es correcta. 
54 En estas circunstancias, tal como señaló en esencia el Abogado General en el punto 75 de sus conclusiones, cabe apreciar que la normativa española controvertida en el litigio principal, relativa al sistema de aplicación del principio de cosa juzgada en el marco del proceso monitorio, no resulta conforme con el principio de efectividad, en la medida que hace imposible o excesivamente difícil, en los litigios iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva 93/13 pretende conferir a estos últimos. 
55 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite al juez que conoce de la ejecución de un requerimiento de pago apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando la autoridad que conoció de la petición de juicio monitorio carece de competencia para realizar tal apreciación.

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