17 febrero 2016

Del cumplimiento voluntario de las sentencias dictadas en asuntos bancarios


La Diligencia de ordenación que se notifica con la Sentencia dice esto:


DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 
Habiéndose dictado sentencia condenatoria contra BANKIA se indica a las partes: 
1. El cumplimiento voluntario deberá realizarse mediante una transferencia a la cuenta bancaria del demandante, sin que se emplee para dicha finalidad la cuenta de consignaciones del Juzgado. En otro caso y dada la ausencia de previsión legal, se devolverá a BANKIA el importe que haya podido consignar. 
2. La sentencia es el único título en este proceso y no podrá acudirse al trámite de la liquidación de daños y perjuicios (arts. 712 y ss LEC) o al del art. 576 LEC para integrar el fallo. En el caso de discrepancia entre las partes, la liquidación deberá realizarse en ejecución de la sentencia. 
3. La tasación de costas solo se practicará a falta de acuerdo entre las partes sobre los honorarios y derechos devengados (art. 242.1 LEC).

El Auto resolviendo la oposición contiene el siguiente fundamento de derecho:


Primero. Contra el auto de 19 de enero de 2.015 se opuso la parte ejecutada alegando el pago de la sentencia dictada en el juicio ordinario 1036/2013 y del decreto de 13 de noviembre de 2014, que fijó los intereses debidos en la cantidad de 38.571,90€, aportando diferentes cálculos de los que resultaba que la ejecutante debía reintegrar la cantidad de 35.963,07€. 
Dichas alegaciones se rebatieron por la ejecutante que reconoció el pago, pero discrepó del medio empleado por BANKIA, fijando el importe a reintegrar en el de 33.981,48€. Sentado lo anterior deberá aclararse que el pago voluntario en la cuenta de consignaciones de un Juzgado, una vez resuelto el proceso declarativo no solo carece de soporte legal, sino que se realiza por las partes para su exclusivo beneficio, de tal modo que BANKIA actuó correctamente cuando cumplió la sentencia mediante el pago en la cuenta del demandante y en modo alguno dicho proceder puede causarle ningún perjuicio. Más aún, la ejecutada acredita pagos realizados los días 22 de julio, 24 de noviembre y 28 de noviembre todos ellos del año 2014, mientras que la demanda de ejecución se presentó el día 14 de enero de 2015, con lo que la ejecutante tuvo tiempo para comprobar cual era el importe de lo debido, si entendía que debía reclamar alguna cantidad y ese no ha sido el caso. En consecuencia y partiendo del reconocimiento del pago por la ejecutada deberá estimarse la oposición formulada por ésta (art.556.1 LEC) y declararse la improcedencia de la ejecución (art. 561.1.2ª LEC)..

Y el Auto Audiencia Provincial de Valencia de la Sección 9ª de 27 de noviembre de 2015 confirmando el pronunciamiento de la instancia concluyó lo siguiente:


SEGUNDO.- Se acepta la fundamentación jurídica del auto recurrido. Nos hallamos en el ámbito de la ejecución de título judicial frente a la que solo cabe oponer, conforme el Artículo 556LEC, el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución…” Resulta, en el supuesto analizado, ciertamente improcedente la ejecución instada por el ejecutante al que no asiste razón cuando impugna la imposición de costas recogida en la resolución recurrida. El incidente de ejecución no debió instarse en el modo en que se hizo, y, a la vista de lo acaecido, se planteó en forma innecesaria. 
Resulta realmente de difícil comprensión para esta Sala que se plantee una demanda de ejecución cuando la ejecutada ha cumplido voluntariamente, con ingreso en la cuenta de la ejecutante, y con bastante antelación al planteamiento de la demanda de ejecución, haciéndolo, además, en exceso, pues, de hecho, se acuerda reintegrar a la ejecutada una relevante cantidad. No llegó a realizarse en este procedimiento actuación de ejecución propiamente dicha, lo que avala la ausencia de necesidad que, por sí, ya justificaría la imposición de las costas causadas a quien planteó indebidamente el incidente, máxime porque la sobrecarga judicial derivada de este tipo de procedimientos aconseja potenciar y apurar las vías negociadoras y el cumplimiento voluntario, evitando, al propio tiempo, un exceso de gastos, actuaciones judiciales y costas, total y absolutamente innecesarias. 
El 561, 1 2ª LEC indica que tras la oposición, uno de los pronunciamientos posibles será la declaración de que “no procede la ejecución, cuando se estimare alguno de los motivos de oposición enumerados en los artículos 556 y 557 o se considerare enteramente fundada la pluspetición que se hubiere admitido conforme al artículo 558” Y añade el artículo 561,2 2 que “Si se estimara la oposición a la ejecución, se dejará ésta sin efecto y se mandará alzar los embargos y las medidas de garantía de la afección que se hubieren adoptado, reintegrándose al ejecutado a la situación anterior al despacho de la ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 533 y 534. También se condenará al ejecutante a pagar las costas de la oposición”. También por esta vía alcanzamos idéntica conclusión en cuanto que la condena en costas al ejecutante resulta pertinente. 
No se alcanza a entender el planteamiento de la parte recurrente, fundado en que el reintegro fue por cantidad inferior a la que indicaba BANKIA, cuando esta no es la cuestión esencial, sino que lo realmente relevante es que la demandada cumplió voluntariamente con la sentencia, y, de hecho, efectuó el ingreso en la propia cuenta del ejecutante, como este mismo admite. En este contexto, la referencia del recurrente relativa a que el ejecutado debió “anunciar” un ingreso en la propia cuenta del ejecutante y apelante, que este debe conocer, directamente, como titular de la cuenta, solo revela una gran falta de diligencia que, desde luego, no es imputable a la parte ejecutada. Confunde además lo que son presupuestos de la consignación -que exigiría una negativa al cobro- con lo que, propiamente es un cumplimiento voluntario de lo ordenado en la sentencia. Antes de presentar la demanda de ejecución debió cerciorarse el ejecutante de las sumas recibidas y, en su caso, solicitar aclaración de las mismas Todos los ingresos son muy anteriores a la fecha del escrito de la demanda de ejecución. No haciéndolo así ha provocado un incidente absolutamente prescindible, sin que la mera discrepancia cuantitativa, en cuanto a la suma a reintegrar a la ejecutada, puede enervar lo anterior, pues, no cabe olvidarlo, esto no forma parte de la ejecución de la sentencia, sino de un “exceso de ejecución de aquella”.

No se hace ningún comentario sobre el relato porque no creo que sea necesario y salvo en seis ocasiones – una de ellas la que se refiere en esta entrada del Blog- todas las sentencias dictadas contra entidades financieras (no solo BANKIA) se han cumplido, sin necesidad de ninguna otra intervención procesal que la práctica de la tasación de costas.

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