Temeridad y cuantía a efectos de costas (ATS, 17-6-2015).

Pese a la reiteración con la que se discuten en el proceso extremos que no suscitan ninguna duda, tal práctica, de la que no se salva el Tribunal Supremo, permite que de vez en cuando tengamos algún pronunciamiento de dicho órgano sobre particulares de la Ley que quitan mucho tiempo en los órganos de la instancia. Si quiera sea por puro egoísmo procesal la cita a determinada resolución del alto tribunal suele evitar algún recurso. 

Pues bien en esa línea el ATS, Sala Especial de 17 de Junio de 2015 (Roj: ATS 4599/2015) resolviendo un recurso de revisión contra el Decreto del Sr. Secretario de Gobierno, como Secretario Judicial de la Sala, insistió en dos extremos que la Ley de Enjuiciamiento Civil regula con una claridad que suele olvidarse, por razones que se me escapan: 

Tenemos: 

(i) La declaración de temeridad a los efectos de no aplicar el límite del tercio contemplado en el art. 394.3 LEC debe ser expresa. Esto es, la temeridad en el proceso aparece como la conducta de la persona que, sabiendo o debiendo saber su falta de razón o de fundamentos jurídicos para litigar, promueve un procedimiento, una oposición o un recurso abusando de la jurisdicción. La temeridad es un concepto que se anuda a la condena en costas. Y así ocurre: 

1. En el art. 32.5 LEC, cuando se excluyen de la condena en costas los gastos de abogado y procurador en supuestos de intervención no preceptiva, « [...]salvo que el Tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado [...] ». 

2. También en el art. 394.2 LEC, cuando, en caso de estimaciones parciales, se excepcionan de la regla general de no imposición de costas los supuestos en que hubiera «méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad ». 

3. Por último, también en el art. 394.3 LEC, que, partiendo de la regla de la condena en costas al litigante vencido, añade una penalización especial consistente en que las mismas puedan superar, en el caso de los abogados y demás profesionales no sujetos a arancel, la tercera parte de la cuantía del proceso por cada uno de los litigantes. 

De estas consideraciones se pone de manifiesto que para que operen las especiales sanciones relacionadas con las costas anudadas a la temeridad es necesario que el tribunal, razonándolo debidamente (STS, Sala 1ª, de 6 de junio de 2007, rec. 799/2000), haga un especial pronunciamiento al respecto, apreciando la concurrencia de temeridad, como excepción que, en cada caso, permite o bien imponer las costas o bien no entender aplicable el límite legal. 

Doctrina que por cierto, es aplicable al ya citado art. 32 LEC respecto al domicilio de la parte defendida o representada, de tal modo que sin pronunciamiento expreso en la sentencia no cabrá luego suplir la omisión en la tasación de costas. 

(ii) La cuantía del proceso se fija por el demandante y de no hacerlo habrá de entenderse que el procedimiento no tendrá cuantía determinada o determinable conforme a las reglas contenidas en el art. 251 LEC, considerándose de cuantía inestimable. Siendo así, de conformidad con lo dispuesto en el art. 394.3 LEC, habrá de valorarse en 18.000 euros la cuantía del procedimiento a los solos efectos de aplicar el límite del tercio a que se refiere el precepto.

El foco del TJUE (STJUE 18-2-2016) llega tarde, por una vez, al monitorio español.

Pese a la relevancia publicitaria de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de febrero de 2016, la intervención de oficio del Juez en el proceso monitorio ya se introdujo en el apartado 4 del art. 815 LEC por la reforma de octubre de 2015 con lo que este nuevo pronunciamiento no aporta nada nuevo en la materia. 

Destaco los siguientes párrafos de la sentencia y en particular el número 51 que parece acabar con la oposición a la ejecución, advirtiendo nuevamente que interpreta la redacción previa a la reforma de octubre de 2015. 

Ignoro que efectos a medio y largo plazo puede producir el hecho que las cuestiones prejudiciales se hayan convertido en una fuente alternativa del ordenamiento español, aunque buena parte de la responsabilidad recae en lo que conocemos como "legislador" y su inactividad en los últimos años. 

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En el presente asunto, es necesario señalar que el desarrollo y las particularidades del proceso monitorio español son tales que, cuando no concurran las circunstancias que determinan la intervención del juez, recordadas en el anterior apartado 24, éste concluye sin que pueda realizar un control de la existencia de cláusulas abusivas en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor. En consecuencia, si el juez que conoce de la ejecución del requerimiento de pago carece de competencia para apreciar de oficio la existencia de esas cláusulas, podría hacerse valer un título ejecutivo frente al consumidor sin que, en ningún momento del procedimiento, tenga la garantía de que se ha llevado a cabo esa apreciación. 

46 Pues bien, en este contexto, procede declarar que un régimen procesal de este tipo puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva 93/13. Así, tal protección efectiva de los derechos que se derivan de dicha Directiva sólo podría garantizarse en caso de que el sistema procesal nacional permita, en el marco del proceso monitorio o en el del procedimiento de ejecución del requerimiento de pago, un control de oficio del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato de que se trate. 

47 No queda en tela de juicio tal consideración por la circunstancia de que el Derecho procesal nacional, como el analizado en el litigio principal, confiera a la resolución dictada por el secretario judicial fuerza de cosa juzgada y reconozca a ésta efectos análogos a los de una resolución judicial. 

48 En efecto, debe señalarse que, si bien el sistema de aplicación del principio de fuerza de cosa juzgada se rige por el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal de éstos, este sistema debe en cualquier caso respetar los principios de equivalencia y efectividad (véase, en este sentido, la sentencia Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 38 y jurisprudencia citada). 

50 Por lo que se refiere al principio de efectividad, cuya observancia por los Estados miembros debe apreciarse a la luz, en particular, de los criterios enunciados en los apartados 43 y 44 de la presente sentencia, cabe señalar que, según el tenor de los artículos 815 y 816 de la LEC, el control por parte del secretario judicial de una petición de juicio monitorio se limita a la comprobación de que se cumplen las formalidades exigidas en relación con tal petición, concretamente la exactitud, a la luz de los documentos adjuntos a esa petición, del importe del crédito reclamado. De este modo, con arreglo al Derecho procesal español, no figura entre las competencias del secretario judicial la apreciación del carácter eventualmente abusivo de una cláusula contenida en un contrato que sirve de fundamento al crédito. 

51 Asimismo, debe recordarse que la resolución del secretario judicial por la que se pone fin al proceso monitorio adquiere fuerza de cosa juzgada, lo cual hace imposible el control de las cláusulas abusivas en la fase de la ejecución de un requerimiento de pago, y ello como consecuencia del mero hecho de que los consumidores no formularan oposición al requerimiento de pago en el plazo previsto para ello y de que el secretario judicial no requiriera la intervención del juez. 

52 A este respecto es preciso, no obstante, señalar en primer término que existe un riesgo no desdeñable de que los consumidores afectados no formulen la oposición requerida, ya sea debido al plazo particularmente breve previsto para ello, ya sea porque los costes que implica la acción judicial en relación con la cuantía de la deuda litigiosa puedan disuadirlos de defenderse, ya sea porque ignoran sus derechos o no perciben la amplitud de los mismos, o ya sea debido, por último, al contenido limitado de la petición de juicio monitorio presentada por los profesionales y, por ende, al carácter incompleto de la información de que disponen (véase, en este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 54). 

53 En segundo término, resulta del auto de remisión que el secretario judicial únicamente está obligado a requerir la intervención del juez cuando los documentos que se adjuntan a la petición revelan que la cantidad reclamada no es correcta. 

54 En estas circunstancias, tal como señaló en esencia el Abogado General en el punto 75 de sus conclusiones, cabe apreciar que la normativa española controvertida en el litigio principal, relativa al sistema de aplicación del principio de cosa juzgada en el marco del proceso monitorio, no resulta conforme con el principio de efectividad, en la medida que hace imposible o excesivamente difícil, en los litigios iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva 93/13 pretende conferir a estos últimos. 

55 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite al juez que conoce de la ejecución de un requerimiento de pago apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando la autoridad que conoció de la petición de juicio monitorio carece de competencia para realizar tal apreciación.

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Del cumplimiento voluntario de las sentencias dictadas en asuntos bancarios

La Diligencia de ordenación que se notifica con la Sentencia dice esto:

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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 

Habiéndose dictado sentencia condenatoria contra BANKIA se indica a las partes: 

1. El cumplimiento voluntario deberá realizarse mediante una transferencia a la cuenta bancaria del demandante, sin que se emplee para dicha finalidad la cuenta de consignaciones del Juzgado. En otro caso y dada la ausencia de previsión legal, se devolverá a BANKIA el importe que haya podido consignar. 

2. La sentencia es el único título en este proceso y no podrá acudirse al trámite de la liquidación de daños y perjuicios (arts. 712 y ss LEC) o al del art. 576 LEC para integrar el fallo. En el caso de discrepancia entre las partes, la liquidación deberá realizarse en ejecución de la sentencia. 

3. La tasación de costas solo se practicará a falta de acuerdo entre las partes sobre los honorarios y derechos devengados (art. 242.1 LEC).

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El Auto resolviendo la oposición contiene el siguiente fundamento de derecho:

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Primero. Contra el auto de 19 de enero de 2.015 se opuso la parte ejecutada alegando el pago de la sentencia dictada en el juicio ordinario 1036/2013 y del decreto de 13 de noviembre de 2014, que fijó los intereses debidos en la cantidad de 38.571,90€, aportando diferentes cálculos de los que resultaba que la ejecutante debía reintegrar la cantidad de 35.963,07€. 

Dichas alegaciones se rebatieron por la ejecutante que reconoció el pago, pero discrepó del medio empleado por BANKIA, fijando el importe a reintegrar en el de 33.981,48€. Sentado lo anterior deberá aclararse que el pago voluntario en la cuenta de consignaciones de un Juzgado, una vez resuelto el proceso declarativo no solo carece de soporte legal, sino que se realiza por las partes para su exclusivo beneficio, de tal modo que BANKIA actuó correctamente cuando cumplió la sentencia mediante el pago en la cuenta del demandante y en modo alguno dicho proceder puede causarle ningún perjuicio. Más aún, la ejecutada acredita pagos realizados los días 22 de julio, 24 de noviembre y 28 de noviembre todos ellos del año 2014, mientras que la demanda de ejecución se presentó el día 14 de enero de 2015, con lo que la ejecutante tuvo tiempo para comprobar cual era el importe de lo debido, si entendía que debía reclamar alguna cantidad y ese no ha sido el caso. En consecuencia y partiendo del reconocimiento del pago por la ejecutada deberá estimarse la oposición formulada por ésta (art.556.1 LEC) y declararse la improcedencia de la ejecución (art. 561.1.2ª LEC)..

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Y el Auto Audiencia Provincial de Valencia de la Sección 9ª de 27 de noviembre de 2015 confirmando el pronunciamiento de la instancia concluyó lo siguiente:

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SEGUNDO.- Se acepta la fundamentación jurídica del auto recurrido. Nos hallamos en el ámbito de la ejecución de título judicial frente a la que solo cabe oponer, conforme el Artículo 556LEC, el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución…” Resulta, en el supuesto analizado, ciertamente improcedente la ejecución instada por el ejecutante al que no asiste razón cuando impugna la imposición de costas recogida en la resolución recurrida. El incidente de ejecución no debió instarse en el modo en que se hizo, y, a la vista de lo acaecido, se planteó en forma innecesaria. 

Resulta realmente de difícil comprensión para esta Sala que se plantee una demanda de ejecución cuando la ejecutada ha cumplido voluntariamente, con ingreso en la cuenta de la ejecutante, y con bastante antelación al planteamiento de la demanda de ejecución, haciéndolo, además, en exceso, pues, de hecho, se acuerda reintegrar a la ejecutada una relevante cantidad. No llegó a realizarse en este procedimiento actuación de ejecución propiamente dicha, lo que avala la ausencia de necesidad que, por sí, ya justificaría la imposición de las costas causadas a quien planteó indebidamente el incidente, máxime porque la sobrecarga judicial derivada de este tipo de procedimientos aconseja potenciar y apurar las vías negociadoras y el cumplimiento voluntario, evitando, al propio tiempo, un exceso de gastos, actuaciones judiciales y costas, total y absolutamente innecesarias. 

El 561, 1 2ª LEC indica que tras la oposición, uno de los pronunciamientos posibles será la declaración de que “no procede la ejecución, cuando se estimare alguno de los motivos de oposición enumerados en los artículos 556 y 557 o se considerare enteramente fundada la pluspetición que se hubiere admitido conforme al artículo 558” Y añade el artículo 561,2 2 que “Si se estimara la oposición a la ejecución, se dejará ésta sin efecto y se mandará alzar los embargos y las medidas de garantía de la afección que se hubieren adoptado, reintegrándose al ejecutado a la situación anterior al despacho de la ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 533 y 534. También se condenará al ejecutante a pagar las costas de la oposición”. También por esta vía alcanzamos idéntica conclusión en cuanto que la condena en costas al ejecutante resulta pertinente. 

No se alcanza a entender el planteamiento de la parte recurrente, fundado en que el reintegro fue por cantidad inferior a la que indicaba BANKIA, cuando esta no es la cuestión esencial, sino que lo realmente relevante es que la demandada cumplió voluntariamente con la sentencia, y, de hecho, efectuó el ingreso en la propia cuenta del ejecutante, como este mismo admite. En este contexto, la referencia del recurrente relativa a que el ejecutado debió “anunciar” un ingreso en la propia cuenta del ejecutante y apelante, que este debe conocer, directamente, como titular de la cuenta, solo revela una gran falta de diligencia que, desde luego, no es imputable a la parte ejecutada. Confunde además lo que son presupuestos de la consignación -que exigiría una negativa al cobro- con lo que, propiamente es un cumplimiento voluntario de lo ordenado en la sentencia. Antes de presentar la demanda de ejecución debió cerciorarse el ejecutante de las sumas recibidas y, en su caso, solicitar aclaración de las mismas Todos los ingresos son muy anteriores a la fecha del escrito de la demanda de ejecución. No haciéndolo así ha provocado un incidente absolutamente prescindible, sin que la mera discrepancia cuantitativa, en cuanto a la suma a reintegrar a la ejecutada, puede enervar lo anterior, pues, no cabe olvidarlo, esto no forma parte de la ejecución de la sentencia, sino de un “exceso de ejecución de aquella”.

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No se hace ningún comentario sobre el relato porque no creo que sea necesario y salvo en seis ocasiones – una de ellas la que se refiere en esta entrada del Blog- todas las sentencias dictadas contra entidades financieras (no solo BANKIA) se han cumplido, sin necesidad de ninguna otra intervención procesal que la práctica de la tasación de costas.

El acto de conciliación en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.

La revista La Ley ha publicado el artículo “El acto de conciliación en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria”. El documento se contiene en el siguiente PDF

El Acto de Conciliación en la LJV 15/2015 by justiciayprehistoria

La nueva jura de cuentas y su impugnación.

Sabido es que la regulación de la jura de cuentas en la Ley de Enjuiciamiento civil constituye una vía privilegiada de protección de los derechos y honorarios de abogados y de procuradores, siendo así que en el caso de los primeros se ampara el pago de los “honorarios que hubieren devengado en el asunto”, siempre que se presente una “minuta detallada” (art.35.1 LEC) y en de los Procuradores “los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto”, mediante la presentación de una cuenta detallada y justificada (art. 34.1 LEC). 

En teoría el requerido solo podía oponer una impugnación por indebida o por excesivas frente a la intimación y digo, en teoría, porque gracias a la deficiente regulación que se arrastra en este asunto, se confunde la jura de cuentas con la tasación de costas y mientras en la primera se pretende cobrar del cliente con auxilio judicial; en la segunda la reclamación contra el condenado al pago se liquidará en la tasación de costas (con aplicación de los límites de los arts. 394 y 243 LEC) y en una posible impugnación (art. 246 LEC). No hablamos de lo mismo. 

Buena prueba de ello la encontramos en la STS, Sala 1ª, de 19 de junio de 2008 (ROJ: STS 4138/2008) que define la jura de cuentas como un procedimiento ejecutivo, de naturaleza sumaria y especial, que otorga singular protección a los letrados, en cuanto les posibilita hacer efectivos de forma expeditiva los créditos derivados de su actuación profesional en los procesos, evitándoles acudir a la vía declarativa ordinaria, la cual, de todas formas, no quedará excluida ya que el interesado podrá optar por una u otra. Y aquí viene lo interesante, porque la doctrina del Tribunal Supremo, en atención al carácter sumarial del proceso de jura de cuentas, reconoce la posibilidad de excepcionar el pago, la prescripción, y el hecho de no haberse devengado en el pleito los honorarios o parte de ellos impugnándolos como excesivos. 

Y no solo la prescripción. También será posible el examen de oficio de la caducidad de la reclamación; posibilidad que ya se encuentra en una reiterada doctrina del Tribunal Supremo. Más aún el ATS, Sala 1ª, del 17 de junio de 2015 (ROJ: ATS 5027/2015) señala que las características propias del procedimiento de jura de cuenta conducen a reconocerle un carácter incidental, entendido como lo hace el primer inciso del art. 487 LEC, es decir, un procedimiento en dependencia inmediata con un pleito principal. 

Estas características serían las siguientes: (i) presupone siempre un proceso anterior; (ii) los sujetos legitimados activamente son los abogados y los procuradores que han intervenido en el proceso precedente; (iii) la integración del sujeto pasivo y del objeto vienen, igualmente, determinados por el proceso anterior; (iv) la comprobación de los presupuestos y requisitos para su admisión y el examen de las posibles excepciones e impugnaciones -a excepción del pago o en algunos supuestos de prescripción- han de hacerse en relación con el pleito anterior; (v) la clase de resolución que en la ley ha elegido el legislador para su conclusión adopta la forma de decreto; (vi) lo decidido en este trámite, como norma, no tiene efectos de cosa juzgada, en cuanto puede promoverse un juicio posterior; (vii) la competencia funcional para su tramitación corresponde al órgano que conoció del proceso anterior; y (viii) la propia sistemática seguida para la regulación del procedimiento se sitúa entre las disposiciones relativas a la intervención de los abogados y procuradores, y no dentro de los procesos especiales. 

Este criterio, permite concluir que el plazo de caducidad previsto para el proceso principal en el que se formula, opera como límite dentro del cual debe efectuarse la solicitud de jura, al margen de la efectividad del plazo de prescripción, de naturaleza sustantiva, que podrá ser interrumpido y habrá de ser alegado a instancia de parte, a diferencia del plazo de caducidad que será controlable de oficio, además de que "pensar que el silencio de la LEC al respecto supone que no existe ese límite temporal puede resultar absurdo al intérprete, en cuanto se contradice con la propia justificación de su existencia, si el legislador establece un trámite privilegiado, afectado por el principio de sumariedad, en atención, precisamente, a posibilitar el cobro inmediato, resulta una conclusión ilógica pensar que pueda ser promovido en cualquier momento posterior al litigio, sine die" (ex. ATS, Sala 1ª, del 9 de septiembre de 2015, ROJ: ATS 6713/2015). 

La Ley 42/2015 no solo confirma esta doctrina del Tribunal Supremo sobre los límites de la impugnación, sino que al permitir la reclamación por los herederos de los abogados y procuradores, obliga también al examen de la legitimación del reclamante y no al simple análisis de la intervención en el proceso ya que lo que fundamenta la jura no es tanto el proceso, como el arrendamiento de servicios (por esa razón en el art. 35 LEC aparece la hoja de encargo) y, en ese punto no hace falta un estudio excesivamente profundo para concluir que la situación en la actualidad poco tiene que ver con la primera redacción de la jura de cuentas (año 1881), que es la con dos retoques, sigue vigente. Pensemos, por lo demás, que la relación del abogado con el cliente no tiene por qué significar que ese abogado sea el que intervenga en el proceso y, habrá de recordarse que la tasación de costas se practica aunque el letrado que presente la minuta sea uno de los que intervinieron en el proceso. 

La consecuencia de todo lo que se dice es la de que podemos encontrarnos ante impugnaciones que excedan los más que aparente límites de los arts. 34 y 35 LEC en tales supuestos, la repetida impugnación “presenta una complejidad que excede del ámbito del juicio sumario y debe examinarse en el juicio declarativo por la cuantía que corresponda” (ATS, Sala 1ª, 20 de septiembre de 2011, ROJ: ATS 9983/2011). Es decir, cuando exista una duda muy razonable sobre las condiciones del encargo realizado al profesional deberá ventilarse, en su caso, con plenitud de derechos, garantías y obligaciones en el proceso declarativo correspondiente en tanto lo resuelto en este procedimiento sumario y privilegiado no goza del efecto de cosa juzgada (por todos ATS, Sala 1ª de 9 de septiembre de 2015, ROJ: ATS 6742/2015).