08 enero 2016

La cuestión prejudicial adelanta al Legislador español: otra de Procuradores.


Que le hemos cogido gusto a la cuestión prejudicial en la Unión Europea es un hecho irrebatible o si acaso, una presunción “iures et de iure” que se acerca a un principio general del derecho a la velocidad de la luz; pero que tal quehacer reporte a la larga algún beneficio alejado de la inseguridad jurídica que provoca está por ver y, ello porque uno acaba teniendo la impresión que hemos encontrado un medio para salvar la impericia de nuestro legislador o, lo que quizá sea peor, para buscar fuera lo que no nos dan dentro y en esta afirmación, no hay doble intención aunque lo sospechen. 

Respecto a la impericia poco hay que decir, pues disfrutamos todos los días de la técnica con la que se redactan Leyes, Decretos, Ordenes y lo que tengan a bien inventarse en el futuro, pero lo de la prejudicialidad va por otro camino ya que corremos el riesgo de crear una quinta instancia ajena a nuestra organización judicial (para lectores ocasionales les aclararé que la tercera instancia es el Tribunal Constitucional y la cuarta los Registradores de la Propiedad). 

Aunque, desde luego,  no será el abajo firmante el que esté en contra de acudir cuando se pueda al Tribunal de la Unión y viene a cuenta el comentario por la petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia de Olot (España) el 15 de octubre de 2015 (Asunto C-538/15) (2015/C 429/16) publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2015:
Cita:

1) ¿Resulta compatible el artículo 101 del TFUE, en relación con el artículo 10 y el 4.3 del TUE, con la regulación que establece el arancel de los procuradores, Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, que somete su retribución a un arancel o baremo de mínimos, que solo se puede alterar en un 12 % al alza o a la baja cuando las autoridades del Estado, no sus jueces, pueden apartarse de esos mínimos ni en caso de concurrir circunstancias extraordinarias? 
2) A efectos de aplicación del mencionado baremo legal, y no aplicar los mínimos que establece: ¿pueden considerarse circunstancias extraordinarias que exista gran desproporción entre los trabajos efectivamente realizados y el importe de honorarios que resulte de la aplicación del baremo? 
3) ¿Es compatible el art. 56 del TFUE con el Real Decreto 1373/2006? 
4) ¿Cumple dicho Real Decreto los requisitos de necesidad y proporcionalidad del art. 15.3 de la Directiva 2006/123/CE? 
5) ¿Incluye el artículo 6 del Convenio Europeo de derechos Humanos el derecho a poderse defender de forma efectiva frente a una determinación de los honorarios de procurador que resulten desproporcionadamente elevados y que no se correspondan con el trabajo efectivamente realizado?.

Advierto al lector que el Tribunal Supremo y el Constitucional ya se han pronunciado sobre el Arancel de Procuradores con criterios discrepantes; hubo una modificación de fin de semana en el Real Decreto Ley 5/2010 y dos cuestiones prejudiciales anteriores terminaron con el archivo del asunto, con lo que la que ahora se plantea por el Juzgado de Olot tiene una palmaria justificación.

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