18 enero 2016

Efectos de la traba sobre bienes inembargables


Establece el art. 609 LEC que el embargo trabado sobre bienes inembargables será nulo de pleno derecho. El ejecutado podrá denunciar esta nulidad ante el Tribunal mediante los recursos ordinarios o por simple comparecencia ante el Secretario Judicial si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo, resolviendo el Tribunal sobre la nulidad denunciada. 

Resumimos el precepto: mientras el bien no haya sido realizado, el ejecutado puede acudir a los recursos ordinarios y, si ello no es posible, instar la nulidad de actuaciones del art. 240.2 LOPJ. Vayamos con los primeros. Precisa el AAP GIJÓN, Sección 7ª, 17 de octubre de 2007 (Roj: AAP GI 657/2007) que el único recurso ordinario al que se refiere el art. 609 LEC es el de reposición ya que al no estar previsto expresamente que contra la resolución que acuerde el embargo quepa interponer recurso de apelación, es obvio que el único recurso posible sería el de reposición (art. 562-1 LEC). Y en idéntico sentido el AAP MADRID, Sección 21ª, 18 de diciembre de 2012 (Roj: AAP M 21309/2012) refiere la existencia de un régimen específico de actuación de medios de defensa de las partes que intervienen en un proceso de ejecución o de quienes resulten afectadas por él ya en relación a la actividad ejecutiva en sí misma considerada, ya respecto a actos concretos de ejecución. El art. 562 LEC prevé los medios de impugnación contra actos de ejecución siendo así que contra las resoluciones dictadas en la ejecución, salvo previsión legal en contrario, cabe recurso de reposición, mientras solamente tendrá cabida el de apelación cuando la ley procesal expresamente lo prevea, la cual por lo demás, tan solo alude de forma indirecta al recurso de apelación en el único supuesto de acto concreto de ejecución previsto en el art. 609 LEC, relativo al embargo de bienes inembargables. 

De todas formas no es una cuestión exenta de polémica y así el AAP GRANADA, Sección 3ª, 14 de mayo de 2010 (Roj: AAP GR 140/2010) señala que pese a las limitaciones legales sobre el recurso de apelación en el proceso de ejecución, la alegación de nulidad de la traba sobre un bien inembargable podrá ser objeto de revisión mediante los recursos ordinarios, tal y como dispone el art. 609 LEC. 

La reforma procesal del año 2009 facilita una tercera respuesta. Con la excepción del acta del art. 624 LEC, los embargos se acuerdan por decreto del Letrado de la Administración de Justicia y contra dichas resoluciones solo cabría recurso de revisión sin posterior apelación, pues contra el auto que se dictara resolviendo el citado recurso de revisión sólo cabrá recurso de apelación cuando pusiera fin al procedimiento o impidiera su continuación (art. 454 bis 3 LEC). Esta sería ahora la regla general en la materia, debiendo entenderse que el art. 609 LEC concede la siguiente alternativa en el caso de embargo sobre bienes inembargables: 

a) el recurso de revisión o, en su caso, el de reposición contra la diligencia de ordenación que hubiera podido dictarse, sin posterior apelación o revisión, según el supuesto y 

b) solicitud de nulidad en el caso de firmeza de las resoluciones que practicaran la traba. Y en tal sentido leemos en el AAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 4ª, 10 de julio de 2007 (Roj: AAP GC 1078/2007) que si la resolución en que se acordó y practicó el embargo cuya nulidad luego se postula devino firme al no haberse interpuesto en «tiempo» el correspondiente recurso de reposición, la actuación posterior instando la «nulidad de la traba» no podría formalizarse, por tanto, por medio de recurso alguno. La petición de nulidad únicamente podría tramitarse por el incidente excepcional de nulidad de actuaciones frente a cuya resolución no está autorizada legalmente la interposición de recurso alguno. 

Entrando ahora en el asunto de la nulidad habrá de recordarse que la de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate (art. 227.1 LEC) y ello exige el análisis de cada supuesto en tanto podemos encontrarnos con las siguientes situaciones: 

a) ejecutado personado que no recurre la resolución acordando la traba; 
b) ejecutado no personado que teniendo conocimiento de la traba no denuncia la nulidad mediante el recurso ordinario; y 
c) ejecutado no personado que tiene conocimiento extraprocesal de la traba. 

Solo en este último caso sería dable la nulidad en los términos de los arts. 227 y 609 LEC, pero con una salvedad: la indefensión deberá ser imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan (entre otras muchas, SSTC 101/1989, de 5 de junio; 237/2001, de 18 de diciembre; 109/2002, de 6 de mayo; 87/2003, de 19 de mayo; y STC 5/2004, de 16 de enero). En suma, ni sirve alegar sin más la indefensión, ni tampoco podrá exigirse una prueba rigurosa sobre la misma.

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