De nuevo sobre el recurso de revisión en el proceso civil.


Tratamos el recurso de revisión hace tiempo y volvemos ahora sobre esta cuestión dada la pasmosa facilidad con la que pretenden rebatirse las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia. Y en este sentido recordaremos que cabrá recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación. Dicho recurso carece de efectos suspensivos y, en ningún caso, podrá actuarse en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. También cabrá interponer recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea (art. 454 bis.1 LEC). 

No cabrá dicho recurso frente a las diligencias de ordenación, contra las que sólo será posible reposición ante el Letrado de la A. de Justicia que las dictó por disposición del art. 451 LEC; y además, tampoco cabrá ninguna revisión en los casos en los que la Ley de Enjuiciamiento Civil no prevea trámite alguno Me refiero, por ejemplo, al traslado del informe del Colegio de Abogados, que según el Tribunal Supremo tiene «un carácter meramente informativo para el Secretario a la hora de resolver la impugnación de la tasación de costas» (ex. ATS, Sala 1ª, 15 de enero de 2013, ROJ: ATS 404/2013). o, la dación de cuenta en forma de diligencia de ordenación para un posterior pronunciamiento del Tribunal. 

El recurso se interpone en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido y se admitirá mediante diligencia de ordenación, concediéndose a las demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo. Si no se cumplieran los requisitos de admisibilidad del recurso, se inadmitirá mediante providencia contra la que no cabría recurso alguno. Por eso, la falta de cita de la infracción en la que hubiese incurrido la resolución recurrida, incumpliría lo prevenido en el art. 454 bis 2 LEC y sería motivo suficiente para la inadmisión del recurso (ATS, Sala 1ª, 21 de mayo de 2013, ROJ: ATS 3997/2013). 

La revisión no autoriza una corrección generalizada de las resoluciones que dicte el Letrado de la A. de Justicia para adaptarlas al criterio de cada recurrente, sino que es un medio de impugnación en el que se valorará la existencia de infracciones legales, con arreglo a los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta en el momento del dictado del decreto. Será posible hacer aclaraciones, precisiones o alegaciones siempre que tengan que ver con la supuesta infracción cometida, pero en modo alguno podrán reproducirse cuestiones ya ventiladas en las que no haya infracción alguna, ni menos aún convertir el trámite en una apelación abreviada (art. 458.1 LEC en relación con el art. 454 bis 3 LEC). 

Esto es, aunque el recurso de revisión sea un recurso ordinario y devolutivo, que coloca al órgano que resuelve en segundo lugar en la misma posición procesal del que lo hizo primero, «no cabe entender que es posible utilizar el recurso para sustituir la realizada por el Secretario mediante un nuevo juicio de mejor criterio por el Tribunal, porque ello, además de no ajustarse a la propia naturaleza de la actividad procesal realizada, desvirtuaría la "ratio" de la reforma legal, pues, en lugar de simplificar la materia, se produciría el efecto contrario de multiplicar el trabajo de la oficina judicial, y probablemente, sin descargar de forma efectiva la carga del titular del órgano jurisdiccional. Lo anterior no obsta a que mediante el recurso de revisión se pueda someter al control del Tribunal, además de las infracciones de índole procesal, los casos de arbitrariedad o de irrazonabilidad, y dentro de ellos la desproporcionalidad, por cuanto afectan al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)» (Entre otros ATS, Sala 1ª, 18 de marzo de 2015 (ROJ: ATS 2173/2015) y ATS, Sala 1ª, 28 de febrero de 2012, (ROJ: ATS 2332/2012). 

Paradigmático es el caso de la mejora de embargo del art. 612 LEC, por cuanto la defectuosa técnica legislativa permite la interposición de un recurso de revisión sin que el embargo haya agotado sus efectos – de hecho, en el plazo de cinco días ni tan siquiera se habrá practicado, por ejemplo, la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad– y sin que, evidentemente, sea posible apreciar ningún cambio de circunstancias. Ni que decir tiene que en estos casos el recurso no podrá fundarse en ninguna infracción, siendo así que la tutela judicial efectiva es solo ejercitable por los cauces procesales existentes y con sujeción a su concreta ordenación legal. 

Tampoco es dable que por la vía del recurso de revisión se traigan a conocimiento hechos nuevos que no pudieron tenerse en cuenta en el momento del dictado del decreto o, que no se formularon, porque bajo esa premisa, la afectación desfavorable del art. 448.1 LEC fue provocada por la impugnante y no por el Letrado de la A. de Justicia. La revisión no es una segunda oportunidad y como ya se dijo antes no será posible otorgar plazos de subsanación cuando no estemos ante un acto defectuosamente realizado sino ante un acto omitido (ATS, Sala 1ª, 12 de febrero de 2013, ROJ ATS 1364/2013). 

Transcurrido el plazo para impugnación el Tribunal resolverá sin más trámites, mediante auto. Contra el auto dictado resolviendo el recurso de revisión sólo cabrá recurso de apelación cuando ponga fin al procedimiento o impida su continuación. 

Para terminar advierto al lector que la reforma del año 2009 puede llevarnos a resultados absurdos (vg. contra el decreto de liberación del art. 693 LEC no cabrá recurso alguno por la falta del gravamen que exige el art. 448.1 LEC. Esta afirmación cede ante la cautela del Legislador y la introducción de un recurso contra todas las resoluciones del Letrado de la A. de Justicia, con independencia de su contenido. En la práctica y por una analogía que no hace falta explicar con el art. 570 LEC, se concede recurso directo de revisión contra el citado decreto del art. 693.3 LEC) o, que el Tribunal pueda revisar de oficio la aplicación de la norma procesal efectuada por el Letrado de la A. de Justicia cuando concurra una causa de nulidad del art. 227.2 LEC, pero en este caso habrá de interponerse el correspondiente recurso de reposición (art. 227.1 LEC).

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