29 diciembre 2015

El nuevo empleo de sistemas telemáticos o electrónicos en los trámites con la Administración de Justicia


La revista Actualidad Civil ha publicado un número especial sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que incluye el artículo “El nuevo empleo de sistemas telemáticos o electrónicos en los trámites con la Administración de Justicia”. 

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20 diciembre 2015

En Valencia el expediente judicial digital seguirá siendo manual y con grapas.


Este pasado viernes mientras quien redacta asistía a unas jornadas de formación del Colegio de Procuradores de Valencia, recibió un correo electrónico que se leyó a la numerosa concurrencia en el que se informaba que la Comunidad Valenciana quedaba al margen del presunto salto tecnológico de las Leyes 42/2015 y 18/2011 (esta última solo publicada, nada conocida y reiteradamente incumplida) y que, por lo tanto, seguiremos tirando de papel sellado en los Decanatos, grapa china de va y viene o fastener cortante, carpeta rotulada y papel reciclado. 

Otro de los ponentes, compañero destinado en otra Comunidad Autónoma, no daba crédito a la alegría de los asistentes – o, si lo prefieren, a su tranquilidad o a su sosiego- y eso pese a que el portátil que estaba utilizando se había colgado en varias ocasiones en un edifico (la famosísima Ciudad de la Justicia de Valencia) en el que a las siete de tarde de un viernes únicamente tendría funcionando en red los ordenadores del Juzgado de guardia. Y aun así eso se colgó y lo hizo en varias ocasiones. La sorpresa tenía su explicación: en otra Galaxia, perdón, en otras Comunidades Autónomas (la mayoría) Lexnet ya se usa como medio de presentación de escritos, Arconte (con lo que se graban los juicios) no se utiliza y Cicerone (con lo que se redacta) nadie sabe lo que es fuera de los límites de la Comunidad Valenciana; ni tampoco lo padece. 

Aclarada la sorpresa, explicaré lo del sosiego. Valencia puede tirar de sello de lacre y de ordenadores en modo de máquina de escribir hasta que se acabe el mundo (que camino llevamos), pero si el resto de la humanidad no lo hace alguien tendrá que decirlo, porque lo de ponerse estupendo con eso de la obligatoriedad es muy tentador y más cuando lo afirma una Ley. Así que a la declaración institucional de la Consejería de Justicia del día 16 de diciembre, siguió una comunicación posterior del Consejo del Poder Judicial de 18 de diciembre, en los mismos términos: nada entrará en vigor porque no hay nada con que hacerlo. 

Y quizá se pregunten por que no hay nada. No lo hagan y menos aún, no se quejen de la falta de medios. En España se ha tirado dinero por todas las Administraciones y no se ha tirado con pólvora de Rey, no, se han construido yates de recreo como motores atómicos y ahora cuando ni tan siquiera tenemos dos euros para un petardo es que cuando nos toca entrar en guerra o, mejor dicho, rendirnos. Pagamos ahora la idiotez de poner una unidad judicial al lado de cada supermercado, que han practicado todos los Gobiernos menos el actual por falta de metálico o, de construir enormes edificios de dudoso gusto y discutible eficacia, pero que exigían nulo esfuerzo intelectual, pues para lo primero bastaba echar mano al Boletín Oficial del Estado y para lo segundo sacar a concurso el proyecto y dejar el trabajo en manos de los arquitectos y todos los gremios que iban detrás. 

Pero claro, cualquiera hace nada, porque si realmente en algún momento se redactara un Plan de reforma de la Justicia Española no nos iba a gustar a ninguno (comenzando por la imposibilidad de colocar un Juzgado al lado de cada supermercado) y en el fondo, reconozcámoslo, nos encanta quejarnos.

17 diciembre 2015

Las nuevas competencias y funciones de los Letrados de la Administración de Justicia en el proceso civil


La revista Practica de Tribunales ha publicado un número especial sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluye el artículo “Las nuevas competencias y funciones de los Letrados de la Administración de Justicia en el proceso civil”

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13 diciembre 2015

¿Cuando habrá vista en el juicio verbal?


Una de las novedades más relevantes es la nueva regulación de la vista de los juicios verbales, que el actor pedirá en los tres días siguientes al traslado del escrito de contestación (sin que sea necesario que lo haga en la demanda) y el demandado en el escrito de contestación a la misma. 

El traslado al actor del art. 438.4 LEC no debería suscitar problemas y aunque en teoría pudiéramos distinguir entre un verbal de cuantía inferior a 2.000€ (en el que la postulación no es obligatoria y sería el Juzgado el que diera el traslado de la contestación) y un verbal por materia del art. 250.1 LEC u otro de cuantía superior a 2.000€ del art. 250.2 LEC (en los que habría un traslado previo de copias por los Procuradores) habría que esperar a que el Juzgado se pronunciara sobre la contestación a la demanda (incluida la subsanación posibles defectos) ya que la ley no prevé el dictado de dos resoluciones: la fije el señalamiento y la que se pronuncie, si procede, sobre algún particular de contestación. 

Si ninguna de las partes solicita vista y el tribunal no considerase procedente su celebración, se dictará sentencia sin más trámites (art. 438.3 LEC); empero si la demandada renunciara a la vista y la actora nada dijera en el plazo legal, sería el Juzgador el que decidirá sobre la celebración. 

Otro tanto sucederá con el supuesto de la rebeldía del demandado. La ley no dice nada y singular será la demanda que no incluya como coletilla la petición de la vista, con lo que terminará decidiendo el órgano judicial sin necesidad de ningún traslado. 

Dicho esto dos serían los interrogantes a solventar: 

a) Cuando el Juez entienda que la cuestión a resolver sea estrictamente jurídica y no haya hechos controvertidos, dictará sentencia sin necesidad de vista (ex art. 438.4 LEC) sin que esa decisión esté condicionada por la petición o renuncia de las partes. 

b) Cuando solo haya prueba documental y no sea necesaria ninguna otra actuación podrá aplicarse, por remisión, lo dispuesto en el art. 429.8 LEC. El problema en este caso lo encontramos en que en el juicio verbal la prueba se propone y practica en la vista (art. 443 LEC), pero ello tampoco impide que en la providencia que se dicte haya un pronunciamiento sobre la misma y más cuando solo se proponga la documental. 

Por último, en cualquier momento posterior, previo a la celebración de la vista, cualquiera de las partes podrá apartarse de su solicitud por considerar que la discrepancia afecta a cuestión o cuestiones meramente jurídicas. En tal caso, se oirá a la otra parte por tres días y resolverá el Tribunal y, si no considera necesaria la vista, quedará visto para sentencia. 

Obsérvese que la renuncia se condiciona a que la discrepancia afecte a una cuestión meramente jurídica por lo que fuera de ese supuesto no será posible un apartamiento de la solicitud.

04 diciembre 2015

¿Por qué no le dan la ejecución hipotecaria a los Registradores de la Propiedad y nos ahorramos una sexta instancia?


Hace mucho tiempo y creo que en una Galaxia muy lejana, cuando el Tribunal Supremo decía algo, todos los demás íbamos detrás y en ocasiones, cuando el Tribunal Constitucional intervenía en asuntos de su incumbencia, seguíamos también todos detrás. La Galaxia se hizo más lejana cuando alguien no solo descubrió las cuestiones prejudiciales en la Unión Europea, sino que las probabilidades de admisión centuplicaban a las cuestiones de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional y, partiendo del prestigio jurídico de ambas instituciones y del hecho cierto que el art. 24 CE no ha logrado pasar los Pirineos, la lógica consecuencia terminó en la mesa de los todos los órganos judiciales españoles y en las peticiones para formular la cuestión prejudicial que tocara. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, que se ha reformado no sé cuántas veces en no sé cuántos años, tenía una lectura en el foro que colocaba al Tribunal Constitucional por encima del Tribunal Supremo (cuarta instancia) y en la última actualización ha colocado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por encima y al margen de todo el sistema, de tal modo que litigios aparentemente resueltos se discuten con cuestiones prejudiciales (quinta instancia). 

Y faltaban los Registradores de la Propiedad, que llevan haciéndose hueco a codazos en forma de calificaciones desde hace cinco años. En esta sexta instancia, que apareció cuando dejaron de inscribirse hipotecas y se sustituyeron por autos y luego decretos de adjudicación, comenzaron a revisarse con lupa las resoluciones de los Juzgados y en una primera etapa se advirtió a los Juzgados de las vulneraciones del art. 24 CE (sobre derechos reales o hipotéticos, que tanto daba) y de posibles nulidades; en la segunda, se interpretó la Ley de Enjuiciamiento Civil con lo que la advertencia paso a ser sanción (vid. por todas la Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, BOE 1 de octubre de 2015) y en la tercera, los Registradores han dejado de interpretar y directamente resuelven. Viene a cuento el comentario por la Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE 30 de septiembre de 2015) dedicada a introducir un nuevo requisito en la inscripción de los Decretos de adjudicación y a desarmar otro. 

Comencemos por lo último (y escribo en primera persona). Los testimonios-sábana (o pancarta) de los Decretos de adjudicación que firmó incluyen siempre una referencia a la firmeza en los siguientes términos: esta resolución es firme, lo que significa que no hay recursos de apelación en trámite, ni oposiciones pendientes de resolver. No hace falta darle muchas vueltas al asunto y pese a ello me cayeron calificaciones, según las reformas legales ampliatorias de plazos, pidiendo explicaciones que ahora solventa esa Resolución de 28 de julio de 2015 así: “Por tanto, a la vista de la afirmación del secretario judicial de que el decreto de adjudicación es firme a 10 de marzo de 2015 y, por tanto, una vez transcurrido con holgura el plazo para interponer el recurso de apelación, el registrador debe pasar por esta declaración, sin exigir mayores aclaraciones de los posibles incidentes procesales que hayan podido tener lugar en el procedimiento”. 

De todas formas voy a dar una pista. La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de octubre de 2015 falló que el plazo del mes de la Ley 1/2013 para formular oposición a la ejecución forzosa era contrario a la Directiva 93/13, con lo que siguiendo la doctrina registral habría que reinscribir todos los Decretos de adjudicación o, para los que intenten inscribirse, volver a pedir aclaraciones a los Juzgados sobre el curso de la ejecución (yo incluiría en esta ocasión los recursos de queja). 

El requisito que se introduce es el de la inscripción de la famosa certificación del art. 654 LEC y partiendo del hecho de que la inscripción de la adjudicación deberá realizarse cumpliendo estrictamente todas las garantías legalmente establecidas para la protección de los derechos (sic) del titular, entre los cuales se incluyen las previsiones contenidas en el art. 579.2 LEC, difícilmente podrían tener operatividad, si la certificación de deuda pendiente prevista en el art. 654.3 LEC no se hiciera constar en la inscripción de la adjudicación, al objeto de posibilitar calificaciones futuras que permitieran acreditar el cumplimiento de las previsiones que en favor del deudor establece el citado art. 579.2 LEC.

El art.654.3 LEC regula el importe por el que se seguirá la ejecución dineraria del art.579 LEC, para el supuesto que toda la deuda no se hubiera saldado en la ejecución hipotecaria anterior. Desde este punto de partida y como quiera que el art. 570 LEC impide terminar una ejecución hasta que el título no se haya satisfecho y que el primer apartado del citado art. 654 LEC regula el destino del precio del remate para las ejecuciones, sin distinguir la naturaleza del título ejecutivo, parece lógico entender que el desglose que prevé el art. 654.3 LEC se aplicará solo a las ejecuciones hipotecarias y cualquiera que sea el bien que se haya realizado, lo que deberá entenderse sin perjuicio de las especialidades que contiene el art. 579.2 LEC respecto a las viviendas habituales. 

Ahora bien, observe, estimado lector, que la Dirección General de Registros modifica el art. 551.2.3º LEC porque ¿qué ocurrirá si el importe por el que se despacha ejecución por la vía del art. 579 LEC es distinta a la que aparece en el Registro? y en segundo lugar ¿en qué artículo de la ley aparece la obligatoriedad de liquidar intereses y tasar costas siempre? Volvemos a comenzar por lo último. 

La ejecución hipotecaria termina con el dictado de alguna de las resoluciones del art. 670 LEC. Por tanto, la liquidación de intereses y la tasación de costas es siempre anterior a la resolución que la pone término, pues de otro modo será imposible conocer la existencia del sobrante (sirva a modo de ejemplo y por todos, el ap. 2 del art. 670 LEC) impidiéndose, en otro caso, el cumplimiento de los arts. 673 y 674 LEC. En tal sentido el AAP Madrid, Sección 21ª, 252/2010, de 18 de mayo, advierte que la realización del bien con entrega del precio obtenido al acreedor-ejecutante en pago de su crédito, será lo que determinará si ese proceso de ejecución hipotecario estaba concluido o acabado. «Para lo que resultará intrascendente alguna actuación accesoria, como la de tasación de costas y liquidación de intereses cuando el precio obtenido en la subasta del bien hipotecado ni siquiera cubre la totalidad del crédito garantizado con la hipoteca». Por lo dicho, el art. 671 LEC dispone que el ejecutante puede optar por la adjudicación, por la cantidad adeudada por todos los conceptos o por diferentes porcentajes del valor de tasación, según los casos, lo que también finalizará la ejecución hipotecaria, pero sin ninguna liquidación o tasación posterior. No hay en la Ley un tertium genus: la adjudicación por el 50 %, el 60 % o el 70 % del valor de tasación más todos los conceptos debidos. Vayamos ahora con lo primero. 

La certificación no es un título ejecutivo, ni sirve para liquidar ninguna deuda a los efectos de la posterior demanda de ejecución de título no judicial; aún más, si el ejecutante se vale de la escritura de hipoteca estaremos ante la ejecución de un título no judicial (art. 517.1.4º LEC) y deberán cumplirse nuevamente todos los requisitos de los arts. 572 y 573 LEC, lo que incluirá una nueva liquidación y el intento de notificación y por supuesto, la inaplicación de las cláusulas que hubieran podido declararse nulas por abusivas. Y, en segundo lugar, el ejecutante podrá reclamar en la nueva ejecución solo la diferencia entre el importe de adjudicación y aquel por el que se despachó la primera ejecución hipotecaria más los intereses del art. 576 LEC.

No apuesten sobre el éxito de la teoría, es lo que tiene una jerarquía eficaz (y la organización que la soporta) y el fracaso (o inexistencia) de la otra.