La liquidación de la sociedad de gananciales por deudas privativas.


El art. 541.3 LEC dispone si la ejecución se siguiere a causa de deudas propias de uno de los cónyuges y se persiguiesen bienes comunes a falta o por insuficiencia de los privativos, el embargo de aquéllos habrá de notificarse al cónyuge no deudor. En tal caso, si éste optare por pedir la disolución de la sociedad conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes. 

En este supuesto la disolución y posterior liquidación de la sociedad de gananciales se produce cuando se persiguen bienes gananciales por la insuficiencia de los privativos, siendo así que el cónyuge no deudor podrá consentir el embargo, o solicitar al tribunal que sustituya el embargo sobre los bienes gananciales por una traba sobre la cuota indivisa del deudor en la sociedad. 

Nótese, pese a la desafortunada redacción del precepto, que el Juez no podrá denegar la disolución de tal modo que el objeto de la audiencia de los cónyuges es únicamente la división y en absoluto contempla la liquidación convencional de bienes gananciales. Es cierto, que la liquidación convencional es preferente a la liquidación judicial, pero esa premisa no puede trasponerse al ámbito del art. 541 .3 LEC, que única y exclusivamente está referida a la liquidación judicial (no convencional) de la masa ganancial, contemplando una facultad en favor del cónyuge no deudor, en las ejecuciones sobre bienes comunes, para pedir la disolución de la sociedad conyugal y suspensión provisional de la ejecución y por lo mismo la expresión «en su caso», no alude a una posibilidad alternativa de practicar la división de modo privado y convencional entre los cónyuges, posibilidad incompatible con la esencia y fundamento del precepto, sino que se refiere a la discrecionalidad del juzgador de decretar o no que se practique la división judicial del patrimonio (AAP MADRID, 120/2011, Sección 14ª, 31 de mayo de 2011, ROJ: AAP M 9049/2011). 

El mandato suscita múltiples interrogantes y entre ellos dos de especial importancia: a) el plazo en el que el cónyuge no deudor debe ejercitar su derecho a optar por la disolución y b) el procedimiento para ejercitar la opción. 

Sobre la primera cuestión el art. 541.3 LEC no establece ningún plazo y ese silencio ha llevado a la doctrina y a una escasa jurisprudencia a entender que debe concederse un plazo prudencial al cónyuge afectado por la traba. Esta solución no solo obliga a definir el «plazo prudencial», sino que choca con algunas compilaciones forales que sí lo fijan y puede contradecir, además, dos términos que sí aparecen en la Ley de Enjuiciamiento Civil: el de la oposición a la ejecución y el de la tercería de dominio. No obstante, razones de pura lógica obligan a resolver la cuestión en cada ejecución y a no fijar reglas generales, pues las circunstancias serán diferentes en cada proceso y no existe, en principio, ningún límite legal. 

Por lo demás ningún perjuicio reporta al ejecutante el hecho que el cónyuge no deudor consienta el embargo salvo, claro está, que la petición de disolución encubriera un fraude procesal como el que se produciría, por ejemplo, si días antes de la subasta del bien ganancial se ejercitara la opción, lo que debería rechazarse de plano (AAP SEVILLA, Sección 5ª, 8 de septiembre de 2004, ROJ: AAP SE 1954/2004). 

Ahora bien ¿qué ocurre cuando el cónyuge se limita a ejercitar la opción? Partiendo del principio de impulso de oficio que ya rige en la ejecución civil, el cónyuge no deudor podrá mantener una posición pasiva, pero en modo alguno el Juzgado, que deberá proceder de oficio a practicar la liquidación lo que incluiría, a falta de colaboración de los cónyuges, la investigación patrimonial correspondiente. Debe recordarse que puede recabarse información patrimonial de la sociedad en la vía de apremio (art. 590 LEC) de la que podría derivarse la localización de bienes gananciales sobre los que trabar embargo con apoyo en el art. 541 .3 LEC y en caso positivo proceder a la traba 

De cualquier forma, ante el silencio legislativo y teniendo en cuenta que la opción que la ley permite a la recurrente no puede perpetuarse, máxime si se tiene presente que el procedimiento de disolución de la sociedad conyugal suspende la ejecución, con el teórico y posible perjuicio para la parte ejecutante, deberá otorgarse un plazo concreto para que aquélla pueda llevar a cabo tal petición, entendiéndose que en otro caso se optaría por la aplicación del art. 1373 CC. 

Con respecto a la segunda cuestión ya se ha dicho que el derecho de opción determina el ejercicio de la disolución de la sociedad de gananciales, sin necesidad de petición alguna al juez que conoce de la ejecución, si bien habrá de procederse a la posterior liquidación del patrimonio de la sociedad para determinar los bienes, o parte de ellos que se atribuyen a cada uno de los cónyuges, y consecuentemente, los bienes del cónyuge deudor que han de sustituir en la traba al bien ganancial inicialmente embargado, conforme a doctrina jurisprudencial STS de 8 de febrero de 2001, 31 de mayo de 2002 y 17 de junio de 2003. Con la excepción de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1997, que establecía la tercería de dominio para el ejercicio de esta opción del art. 1373 CC, la corriente mayoritaria es poderla ejercitar como un incidente en el proceso de ejecución, oyéndose a los cónyuges, para determinar el porcentaje que tiene el cónyuge deudor sobre el bien ganancial, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes (AAP CADIZ, 83/2010, Sección 2ª, 18 de mayo de 2010, ROJ: AAP CA 464/2010).

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