20 noviembre 2015

A vueltas con la puesta en conocimiento de las ejecuciones civiles en el Registro Concursal.


La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, introdujo el siguiente párrafo en el art. 551.3.3º LEC:


El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor persona física o jurídica contra el que se despache la ejecución. El Registro Público Concursal notificará al juzgado que esté conociendo de la ejecución la práctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al número de identificación fiscal notificado a los efectos previstos en la legislación concursal. El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la finalización del procedimiento de ejecución cuando la misma se produzca.

Supongo que con la “puesta en conocimiento”, el legislador habrá querido decir “inscripción en el Registro Público Concursal” o quizá “anotación” y hasta es posible que se haya querido decir “nota simple”, porque dejaremos al margen el asunto del “post-it” o la “pegatina” de quita y pon en un Registro telemático, pero dado que el párrafo en cuestión habla de “asientos asociados” concluiré que algo se anotara. 

Y bien ¿qué es lo que se anota? Observe el lector que de una interpretación literal primero se “pondrá en conocimiento la existencia del auto por el que se despacha ejecución” y años, meses o días después “la finalización del procedimiento de ejecución” y es aquí dónde nos aparece un pequeño problema necesitado de pronta solución: si la anotación (o el pos-it) desaparece del Registro cuando finaliza la ejecución es evidente que aquella estará siempre condicionada por el cumplimiento del título ejecutivo y bajo esta perspectiva ni todas las ejecuciones podrán “comunicarse”, ni podrá ordenarse la citada “comunicación” sin atender a las circunstancias de cada proceso. 

Veamos, no podrán comunicarse las ejecuciones provisionales, ni las que se funden en títulos no judiciales o extraprocesales (sic); las primeras porque el despacho es una facultad del ejecutante y no una obligación para el ejecutado, quien solo estará obligado al cumplimiento cuando se produzca la firmeza; en las segundas, porque no habrá verdadera ejecución hasta que no se practique el requerimiento de pago y si me apuran, hasta que transcurra el plazo para oponerse. No les descubriré las consecuencias de una revocación (aunque sea parcial) en las ejecuciones provisionales o, las de la estimación de una oposición a la ejecución. 

Demos un segundo paso. Teniendo en cuenta que las “anotaciones se practicaran a los efectos de la Ley Concursal” parece lógico – arte hace siglos olvidado, el de la lógica, me refiero- que la “comunicación” deberá tener alguna relación con dicho ordenamiento porque no termino de verla, por ejemplo, en la ejecución de un desahucio (ya despachada con el decreto de admisión a trámite, que luego confirma el auto despachando ejecución) o en la de una obligación de hacer (sujeta habitualmente a la valoración del coste y con el importe consignado en la cuenta del Juzgado). 

Y dejamos el final para la solvencia. Supongo que BANKIA tendrá ya algunas anotaciones y desanotaciones y, otro tanto sucederá con todas las aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros en las ejecuciones de los autos de cuantía máxima, que supongo andarán encantados cuando aparezcan en el Registro Concursal “noticias ejecutivas” en todas las provincias del Reino “aunque sea los efectos de la legislación concursal”. 

Ignoro la finalidad de la reforma (lo que realmente pienso no puedo escribirlo) pero si tengo claro que la “comunicación automática” bordea la legalidad y, en consecuencia, la repetida comunicación solo podrá practicarse en los casos en que el objeto de la ejecución tenga algo que ver con la legislación concursal y el ejecutado no pueda satisfacer el título ejecutivo; en los demás casos y en las ejecuciones provisionales no hay fundamento legal para la tantas veces repetida “comunicación automática”.

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